Minería chilena: deudas pendientes para proyectar el futuro

  • Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

El 6 de marzo se publicó en este mismo medio la columna “Minería chilena: más que extracción y comercialización de minerales”. En ella, el actual Subsecretario de Minería, Willy Kracht, remarca la necesidad de que Chile “exporte minería”, que comparta su capacidad de entregar soluciones a este sector a nivel mundial, por medio de la agregación de valor a la explotación y exportación de minerales, así como globalizando soluciones tecnológicas y de optimización de los procesos productivos. Todo esto en el marco de los desafíos climáticos que nos ponen en primera línea para ser un agente comercial clave en el mundo, aportando insumos esenciales para los desafíos de transición energética y electromovilidad.

Lo anterior, muy relacionado con iniciativas como la de Congreso Futuro de “minería verde”, reavivan un discurso que, apuntando a la responsabilidad mundial de proveer de los minerales estratégicos para la electromovilidad, ponen a Chile en primera línea del sacrificio ambiental. Resulta fácil reproducir el argumento desarrollista, reformulado incansablemente durante las últimas décadas en torno a las estrategias de crecimiento que, apelando a una mayor capacidad y eficiencia en la producción, olvidaron considerar los límites biofísicos que los ecosistemas son capaces de soportar, y que produjeron las condiciones de la crisis climática y ecológica actual.

El aumento de la producción mineral conlleva costos socioambientales de corto, mediano y largo plazo que nadie quiere asumir. Esos costos no son distribuidos equitativamente en la sociedad, sino que recaen en las comunidades más vulnerables y que no cuentan con las herramientas para ejercer su derecho a la participación de manera debida. Evidencia de esto abunda en nuestro país. Las faenas mineras, incluso las que publicitan altos estándares verdes, no logran hacerse responsables de obligaciones ambientales -que en realidad no son tan altas-. La afectación a los cuerpos de agua y la falta de mantención en los sistemas de monitoreo, la deficiente aplicación de metodologías para la evaluación de las variables ambientales y climáticas, o el daño irreparable al patrimonio arqueológico del país, son algunos de los casos recurrentes del desarrollo minero.

Este discurso no solo evoca la discusión en torno a la real responsabilidad del Estado chileno de participar en la explotación y sus rentas. Nos permite poner también en la mesa la problemática relación norte-sur global, que desplaza los costos de la transición energética mundial hacia los territorios que deben soportar procesos de producción cada vez más intensos, que siguen amenazando la calidad ambiental, incluyendo la supervivencia de la biodiversiad y la calidad y cantidad de las aguas de nuestras cuencas, con una institucionalidad que no genera un el involucramiento real de las comunidades en su planificación y que, finalmente, replican las mismas estrategias que durante los últimos 50 años nos dirigieron directamente a la crisis.

Para subsanar aquello, cualquier discusión sobre la agregación de valor en la minería debe considerar en serio las obligaciones ambientales. Debemos reflexionar y replantearnos la contribución a los efectos climáticos extremos que las prácticas productivas actuales generan en nuestros ecosistemas. Para exponer a Chile en la escena internacional de la minería, ninguna estrategia puede olvidar la necesaria consideración a los ecosistemas, territorios y comunidades que habitan nuestro país, realzando las obligaciones de prevención y garantía en torno a sus condiciones de dignidad mínima que deben ser resguardadas. De otra manera, las estrategias de transición socioecológica no lograrán incorporar la dimensión de “justicia” que tanto se necesita.

Columna publicada en La Tercera – 13/03/23

Cuidado con el péndulo

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Empieza la tercera fase del proceso constituyente chileno y el péndulo de las opciones ideológicas se mueve sobre nuestras cabezas, amenazando con dejarnos nuevamente en un estado de bloqueo donde la deliberación pública no termine por dar solución a nuestros problemas institucionales.

Mientras la primera fase (2016-2018) fue frustrada desde arriba, la segunda fase (2021-2022) terminó con un rechazo popular orquestado por sectores desde el centro hacia la derecha quienes, entre otras cosas, consideraron que sus visiones del mundo quedaban excluidas.

Algo similar a lo que sucedió entre octubre 2019 y comienzos de 2020, con otra parte muy importante de la sociedad que sintió como la desigualdad y los abusos eran contrarios a la posibilidad de vivir con dignidad. Millones salieron a marchar y cacerolear, votaron para que existiera una nueva Constitución y que ella fuera generada por un órgano mayormente ciudadano.

En esta nueva fase, y de solo observar la manera en que se ha planteado, ya es posible saber que un porcentaje de la derecha, sobre todo sus manifestaciones extremistas, votará en contra de la propuesta. Lamentablemente en ese sector aún hay pleitesía por el legado de la dictadura y se le defiende con religiosidad. En la izquierda, si bien la oportunidad de terminar con ese legado será un incentivo a aprobar, quienes se posicionan de manera más extrema o anti-institucional también rechazarán lo que sea que se les presente.

El camino que tendrán que recorrer los constituyentes será muy estrecho para lograr que se apruebe un nuevo texto. Se deberán balancear las opciones y preocupaciones del 38% que quería aprobar la propuesta constitucional en 2022, con las de ese porcentaje desconocido de personas que rechazaron, pero que quieren ver otro proyecto que sí los represente. Cualquier exceso, pero también cualquier bloqueo muy relevante hacia un lado y otro, puede desequilibrar la propuesta y amenazar su viabilidad. En el peor de los casos, un eventual nuevo rechazo puede empoderar a las fuerzas populistas y profundizar la crisis social e institucional del país, cuestión que bien saben quienes quieren que así suceda y que no escatimarán esfuerzos para lograrlo. Detener el péndulo y posicionarse en el plano de la igualdad, con miradas de largo plazo, será esencial en esta tarea.

Columna publicada en La Segunda – 10/03/23

Defensoras del medio ambiente

  • Por Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones de ONG FIMA

Con el avance de la crisis climática y ecológica se ha evidenciado mediante diversos estudios, el impacto desigual que esta tiene sobre las mujeres, en particular por la asociación que existe entre género y labores de cuidado que históricamente les han sido asignadas.

En ese contexto, al ser las encargadas de ir a buscar agua, recolectar alimentos, y hacerse cargo en general de las labores domésticas y de subsistencia de la familia, muchas de ellas se ven más expuestas a las inclemencias meteorológicas.

Además, otro factor son las desigualdades estructurales, como el desmedro en el poder adquisitivo, lo que las hace necesitar de los recursos naturales, pero no poder ser dueñas de ellos.

Esto no es una situación que ocurra solo en lugares que culturalmente vemos como muy lejanos. También sucede en nuestro país. Al respecto, es interesante analizar el Sexto Reporte Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Sin embargo, por estos mismos roles, la necesidad de adaptarse frente a los cambios del ambiente, y los impactos directos que estos tienen en sus vidas, las mujeres han debido tomar acción.

Así las hemos visto actuando contra la contaminación que impacta a todo su entorno familiar, como lo que ocurre en las denominadas zonas de sacrificio y otros lugares a lo largo de Chile; en el rescate de sus tradiciones, como lo hacen las mujeres Kawésqar o Changas o Aymarás, o Mapuche, y tantas otras pertenecientes a de cada uno de los pueblos originarios presentes en nuestro país; defender el agua como lo hacen en Petorca, Aculeo y muchos lugares asolados por los monocultivos; y así una suma y sigue de catástrofes, en su mayoría producto de las acciones humanas, que tienen directo impacto en el clima.

Pero siempre se hace evidente que la defensa territorial no es suficiente y las demandas han de escalar al sistema político y jurídico, encontrándose muchas veces con una nueva barrera de acceso, que castiga el conocimiento empírico por no haber pasado por la academia y no tener los recursos para contratar expertos externos al territorio.

Y a pesar de todo lo anterior, en Chile, las mujeres siguen en la lucha por el cuidado del medio ambiente. Como mencionamos antes, desde las necesidades del territorio y el conocimiento al que se llega a través de la observación y vivencias, pero también desde la academia y la sororidad para llevar las voces de esas mujeres a otros lugares donde deben ser escuchadas.

Ocupar espacios de incidencia nacional no ha sido fácil y los logros no siempre son lo suficientemente impactantes en términos mediáticos. Pero poco a poco, se ha ido construyendo un sistema, que si bien, sigue teniendo muchas falencias, está más adelante que lo que había hace 30 años.

Es necesario aprovechar  este momento para reconocer esa labor a personas como Berta y Nicolasa Quintremán, Adriana Hoffmann, Flavia Liberona, Sara Larraín, Katta Alonso, Cristina Dorador, Marcela Mella, Miriam Chible y tantas otras que corrieron la barrera de los mínimos que hoy entendemos como aceptables cuando hablamos de medioambiente.

Junto con la experiencia concentrada en estas mujeres, nuevas defensoras se ponen al servicio del medioambiente. Formando una retroalimentación de conocimientos, recordándonos que la lucha seguirá y que es urgente tener presente la justicia intergeneracional para abordar la actual crisis planetaria.

Nuevas generaciones que no pueden olvidar que su camino también será seguido por otras y así sucesivamente, los saberes recogidos por sus predecesoras, serán la mejor herramienta para enfrentar el futuro.

Columna publicada en El Desconcierto – 08/03/23

Columna: «El capital natural y los platos rotos del crecimiento»

Por Santiago Correa 

Investigador de ONG Fima

El capital natural y los platos rotos del crecimiento

Créditos: Agencia Uno.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

Hasta 1989, la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, no contaba con conectividad por tierra con el resto del territorio, por lo que su historia estaba marcada por la dificultad en el acceso a bienes y servicios básicos. Tras decenios de rezago, y de la mano de las salmoneras, llegó a fines de los noventa la esperada promesa del desarrollo.

La economía agrícola, ganadera y pesquera local fueron en parte reemplazadas por el empleo en la salmonicultura, que capacitó y contrató mano de obra local. Toda una generación acostumbrada a migrar a Puerto Montt en búsqueda de oportunidades laborales o educacionales vio un futuro y se estableció en el pueblo. Durante este boom, algunas casas de la comuna cambiaron, ampliándose incluso al punto de poder arrendar a trabajadores de la propia salmonicultura. Gracias al aporte directo de la industria, el último tramo que conecta Cochamó con Puerto Varas fue pavimentado, mejorando las condiciones materiales de sus habitantes.

En paralelo, la irresponsabilidad ambiental de esta industria implicó que paulatinamente se fuera acumulando una capa de alimento y de heces de salmón en el fondo marino, la que en su proceso de degradación agotó el oxígeno disponible en el estuario, dañando así el desarrollo de la vida. Ello sin mencionar la contaminación por plásticos y plumavit, la matanza indiscriminada a lobos marinos y otras especies que rompían las jaulas, entre otros daños a los ecosistemas y su biodiversidad. A medida que el agua se enturbió, la mayoría de las salmoneras abandonaron sin siquiera tomarse la molestia de retirar sus instalaciones.

Hoy el pueblo renace de la mano del turismo, pero los nuevos restaurantes que han surgido en los últimos años no sirven ni pescados ni mariscos locales, casi nadie vive ya del mar. El desarrollo fue real y algunos de sus beneficios se pueden disfrutar aún, pero este es uno de los muchos ejemplos donde el capital producido tuvo por contrapartida una depredación del capital natural.

Como sociedad no nos hacemos cargo aún de estos costos, en parte, porque no los medimos. Mientras que los salarios que recibió cada persona que trabajó en las salmoneras, la ampliación de viviendas, el pavimento del camino y todos los beneficios están cuantificados y sumaron al “milagro chileno” de aquellas décadas, no hay registro de los peces muertos ni de las oportunidades laborales truncadas por ello. Tampoco sabemos cuántas toneladas de gases de efecto invernadero dejó de absorber el estuario por la pérdida de su capacidad de fijación de carbono, o el efecto que pudo causar la menor presencia de insectos sobre las aves migratorias.

Es por ello que cabe celebrar la iniciativa del Gobierno de crear un Comité de Capital Natural que avance en mecanismos de medición de la riqueza contenida en la naturaleza, la posibilidad de monetizar algunos de sus servicios ecosistémicos y, con ello, tener una gestión que permita su conservación en el tiempo.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

El concepto de capital natural, en cambio, nos permite tener nociones del patrimonio natural del país y con ello gestionarlo de forma de que este pueda ser conservado para las futuras generaciones. ¿Está Cochamó en mejores condiciones que antes de la llegada de las salmoneras? No sabemos, pero sí sabemos que la respuesta es mucho más compleja que el majadero discurso que contrapone el crecimiento y el empleo con “los pescaditos y los pajaritos”. Es de esperar que este comité ayude a desentrañar parte de esas complejidades.

Columna publicada en El Mostrador- 22/01/2023

Columna: «Razones técnicas por las que rechazar Dominga»

Por María José Kaffman

Bióloga Ambiental y coordinadora del equipo de ciencias de ONG FIMA, organización parte de Alianza Humboldt.

Durante esta semana, el Comité de Ministros deliberará sobre la viabilidad del proyecto minero Dominga, una propuesta que fue rechazada en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental pero que luego de varias instancias judiciales terminó por aprobarse en 2021. Organizaciones sociales y medioambientales esperan hoy, luego de sus reclamos formales, el impedimento definitivo a la operación. La siguiente columna para CIPER expone los argumentos de ONG FIMA: «Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción, han dejado en ridículo la institucionalidad del país».

Durante los próximos días se espera que el Comité de Ministros decida el futuro del proyecto portuario minero Dominga, y con esto el del Archipiélago de Humboldt [foto superior], uno de los ecosistemas más valiosos y únicos del país. Como ONG FIMA y Alianza Humboldt, esperamos que este sea rechazado, pues los antecedentes técnicos que constan en el expediente dan cuenta de que el proyecto es inviable e incompatible con la existencia de las demás actividades de la zona y con la protección de la biodiversidad.

Desde una visión científica la cuestión es tan evidente, que vemos con mucha preocupación que sean las presiones políticas, que desde hace meses viene ejerciendo la minera Andes Iron SpA, las que terminen por entregarle una aprobación inconducente, en caso de que el Comité de Ministros ceda a dichas presiones. Dominga amenaza el hábitat de más de 560 especies marinas en el Archipiélago de Humboldt, sitio que destaca por su importancia para la preservación de hábitats críticos para la recuperación de especies de interés comercial, y para la conservación de diversas especies en categoría de conservación.

La instalación de un puerto y el tránsito sostenido de embarcaciones mayores a través del tiempo, impactaría de manera irreversible un sector caracterizado por ser hábitat de alimentación y descanso de muchas de las especies que se encuentran protegidas dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt [DTO.Nº: 4/1990] y de la Reserva Marina Isla Choros y Damas [DTO.Nº: 151/2005], afectando la integridad de estas áreas protegidas y la viabilidad biológica de sus poblaciones. Sólo a modo de ejemplo, una gran cantidad de especies que actualmente habitan en el archipiélago se encontrarían altamente amenazadas de desaparecer en el corto plazo junto a este ecosistema, como el pingüino de Humboldt [Pingüino de Humboldt], dado que más del 80% de su abundancia a nivel mundial se concentra en este ecosistema marino-costero, así como el 90% de la población mundial del pato yunco [Pelecanoides garnotii] y la única colonia residente del delfín nariz de botella [Tursiops truncatus] en el país. De esta manera, de continuarse con este proyecto se atenta contra la biodiversidad local y la sustentabilidad pesquera de las comunidades.

Pese a que Dominga fue rechazado en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental [COEVA] por sus graves deficiencias técnicas, Andes Iron SpA, su titular, fue capaz de revertir esta decisión luego de cuatro años en instancias judiciales. Se aprobó el 24 de agosto de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Organizaciones sociales y medioambientales reclamaron ante el Comité de Ministros para revertir esta decisión. Por ahora, y  a no ser que el Comité rechace su Resolución de Calificación Ambiental, el proyecto no posee impedimentos para comenzar a operar.

Exponemos a continuación las razones por las cuales consideramos que el Comité de Ministros debe rechazar Dominga y ser así responsable con la biodiversidad y calidad y formas de vida de las personas en la zona afectada.

(1)
El principal motivo contra el proyecto tal cual fue evaluado es que sus antecedentes técnicos son insuficientes y no permiten evaluar correctamente cuáles serán los impactos socio-ambientales que genere, tanto en su etapa de construcción como de operación.

Debido a esto, al momento de ser aprobado el proyecto el año 2021, tanto las organizaciones sociales como la comunidad científica, e incluso los funcionarios públicos, mostraron gran asombro y decepción por parte del funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y su institucionalidad. Es así cómo la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Medioambiente [ANFUMMA], la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental [ANFUSEA] y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medioambiente [FENATRAMA] exigieron respeto y consideración a la mirada técnica de los trabajadores públicos de los servicios con competencia ambiental, quienes en diversas instancias y desde el primer momento en que el proyecto ingresó a evaluación, han manifestado claramente y de manera sistematizada cada una de sus deficiencias, las que fueron totalmente ignoradas para ceder a las influencias políticas del gobierno de turno [FENATRAMA 2021; elmostrador.cl 2021; ANEF 2021].

(2)
Ad portas de la definición del Comité de Ministros, los organismos técnicos con competencia ambiental, como la Subsecretaría del Medio Ambiente [ORD.Nº: 225175], CONAF [ORD.Nº: 317/2022], SAG [ORD.N°: 2534/2022], SUBPESCA [Oficio Nº: 926/2022] y el Ministerio de Salud [ORD.B23/Nº: 4987/2022] han redactado informes y pronunciamientos lapidarios para el proyecto. En estos pronunciamientos se observa, entre otras cosas, que:

2.1. el proyecto no aporta los antecedentes necesarios para evaluar correctamente los impactos contemplados en el literal b del artículo 11 de la ley 19.300, en relación a la estimación de sus emisiones atmosféricas. Esto, dado que no es posible establecer que todas las fuentes de emisión hayan sido incluidas en los datos de entrada del modelo de dispersión atmosférica, al no detallarse las fuentes consideradas para definir los escenarios de modelación de las fases de construcción y operación del proyecto;

2.2. el proyecto establece la no significancia de los impactos en cuanto a contaminación atmosférica utilizando normativas que actualmente no se encuentran vigentes, como es la norma primaria de calidad para material particulado respirable MP10, cuya actualización va dirigida a aumentar los estándares de salud de la población;

2.3. el proyecto cuenta con una línea de base insuficiente para caracterizar la totalidad de las especies protegidas del medio marino, y, por lo tanto, una definición inadecuada del área de influencia, lo cual desestima toda base científica. De igual manera, no se incorpora satisfactoriamente el área de influencia del proyecto en torno a sus rutas de navegación, lo que no permite descartar impactos significativos en los ecosistemas protegidos Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Isla Choros y Damas, cuya evaluación fue eludida reiteradamente por el titular durante todo el proceso;

2.4. el análisis de impactos a la fauna marina se restringe sólo en función de posibles colisiones, sin considerar funciones clave como son la afectación directa e indirecta a sitios de alimentación, reproducción, y de desplazamiento, posible de generar extinciones locales en el corto plazo;

2.5. el proyecto presenta carencias en la estimación y modelamiento de las emisiones de ruido subacuático, tanto para el hincado de pilotes como del tráfico marítimo, lo que imposibilita dimensionar la magnitud e intensidad del espacio geográfico impactado;

2.6. no se evalúan los impactos sinérgicos y acumulativos en la fauna marítima con el proyecto Puerto Cruz Grande, con el cual existen solapamientos en el área de influencia;

2.7. el plan de manejo, que considera el rescate y aviso a centros de rehabilitación de fauna, no es suficiente para mitigar el impacto generado a la fauna, ni mucho menos para responder oportunamente a eventos de afectación masiva a la fauna marina, los que se espera pueden ocurrir por eventos de contaminación por hidrocarburos y por colisiones con embarcaciones; y

2.8. finalmente, la línea de base fue realizada hace diez años, por lo que se desconoce cuál es el estado actual del ecosistema, así como la naturaleza y magnitud de los impactos que se podrían llegar a generar en la actualidad. Muchas de las metodologías de evaluación de impacto, como los método de mitigación, reparación y compensación propuestos, se encuentran obsoletas.

(3)
Pese a todos estos antecedentes científico-técnicos que demuestran la poca rigurosidad con que se evaluó el proyecto Dominga, Andes Iron SpA se encuentra tranquilo, dado el arduo apoyo dado al proyecto por algunos medios de comunicación y figuras políticas como el alcalde de la comuna de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien la mañana del 6 de enero cuando entregaba una carta al Ministerio de Hacienda solicitando ayuda para la ratificación del proyecto, señaló: «Confiamos en que el Gobierno cumplirá su promesa de escuchar a las comunidades y respetar las identidades y tradiciones de los territorios»; pasando así por alto la identidad y tradición de quienes actualmente viven en la zona costera de la comuna, y cuya economía se sustenta en el turismo y la pesca (además de que actualmente no se ha logrado descartar afectación para la salud de la población de La Higuera y su medioambiente).

***

Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción [ver «Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas» en CIPER 03.10.2021] han dejado en ridículo la institucionalidad del país. Recuperar la legitimidad de los conductos públicos, hacer cumplir la ley y proteger el futuro de Chile demandan el rechazo de un proyecto como este.

Columna publicada en Ciper– 17/01/2023

Columna: «Las alertas y avances en el resguardo de la Reserva Nacional Kawésqar»

Por Macarena Martinic Christensen

Coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA

El Parque y la Reserva Nacional Kawésqar son un patrimonio biocultural de dimensiones difíciles de imaginar. Durante miles de años, comunidades Kawésqar habitaron, navegaron e interactuaron con él, ejerciendo una cosmovisión que hoy se encuentra al borde de la extinción.

El maritorio de los Kawésqar ancestralmente ha sido comprendido como dos grandes sectores, divididos de este a oeste: Jáutok y Málte. El Málte, es el nombre que recibe la costa exterior que da al Océano Pacífico, donde la navegación es peligrosa. Es un lugar sagrado, porque por ahí el jekslok (“espíritu”) se va al hótk’a álowe, “más allá del horizonte”, donde el mar se junta con el cielo. En el Málte se producen las más fuertes marejadas provenientes del océano y es donde se reciben las mareas que traen salinidad y nutrientes que activan la productividad primaria, posibilitando la vida de muchas especies. Este se cuida porque es tránsito de ballenas y, por tanto, lugar de ceremonias.

Jáutok es el nombre que le dieron al área de los canales interiores, donde el mar es más calmo y existen muchos lugares de resguardo. Al interior, el aporte de agua dulce desde los campos de hielo sur y precipitaciones es mayor y, por tanto, hay una mayor variedad y particularidad única de biodiversidad. Ambos sitios constituyen la Reserva Nacional Kawésqar, lugar en el que al día de hoy hay 67 concesiones de salmonicultura aprobadas en su interior y otras 107 solicitudes en trámite.

El año 2020 fue aprobada la instalación de dos centros de engorda, “Clarence 6” y “Clarence 14”, que pretendían ubicarse al interior de la Reserva (porción marítima del Parque), específicamente en el Jautok. Ambos proyectos, de 10.000 toneladas anuales cada uno, forman parte de la intención del titular Nova Austral de relocalizar sus operaciones desde el Parque Nacional Alberto d’ Agostini, lugar donde no solo la empresa enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por incumplimiento a la Ley Navarino, sino que tres de sus RCA han sido revocadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por daño al fondo marino, tergiversación de información e incumplimientos a sus permisos.

Las comunidades Kawésqar y habitantes de la región de Magallanes, apoyados por las organizaciones AIDA, Greenpeace y FIMA, presentaron reclamaciones judiciales ante el Tercer Tribunal Ambiental, para evitar estas relocalizaciones, instancia que en diciembre recién pasado les dio la razón. Dos aspectos de este fallo son importantes de destacar.

El primero de ellos es que el tribunal concluye que ambos centros de engorda forman parte de un mismo proyecto que ingresó de manera dividida a evaluación ambiental, subestimando sus impactos sinérgicos. Ello lo sostiene observando varios elementos: titularidad común; rutas de navegación compartidas ( que, por lo demás, ninguno considera dentro de sus áreas de influencias); la simultánea evaluación ambiental; cronogramas de ejecución; el hecho de que ambos formen parte de un mismo proceso de relocalización; ubicación adyacente; y relación territorial de ambos proyectos.

De esa manera, el fallo es un precedente de que una evaluación íntegra para este tipo de industria exigiría, primero, que los centros de engorda emplazados próximamente y de un mismo titular deben ser estudiados como un solo proyecto; en segundo, incorporar adecuadamente las rutas de navegación en sus áreas de influencias y, por último, que se evalúen los impactos sinérgicos que ellos podrían producir.

El segundo aspecto a destacar responde a una demanda de larga data de defensores, comunidades y organizaciones ambientales. La sentencia abre la discusión sobre la compatibilidad de la Reserva con la salmonicultura. Primero, al resaltar que las actividades de acuicultura en general estarían permitidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura en Reserva Nacionales, siempre y cuando esta sea compatible con los fines para los cuales se creó el área protegida en específico. Constata que, en este caso, su creación fue para dar cumplimiento a las demandas que este pueblo expresó en el proceso de consulta indígen, es decir, la protección de sus aguas, la necesidad de ejercer actividades productivas en dicho espacio marítimo y el reconocimiento a través del cambio de nombre.

El tribunal adentra en su razonamiento señalando que, mientras actividades como el turismo de baja escala y pesca artesanal sí serían concordantes con dichos fines, distinto sería el caso de la salmonicultura, que – a diferencia de otras actividades de acuicultura- es de carácter intensivo y de especies exóticas.

En su sentencia, el tribunal no termina de pronunciarse sobre esta compatibilidad, debido a las deficiencias en una evaluación que no permite comprender adecuadamente los impactos de la actividad, sin perjuicio que habrían evidencias para sostener que estos podrían afectar los fines por los cuales se creó la Reserva Nacional Kawésqar.

Si bien esperamos que esta decisión sea ejemplificadora para otros proyectos de salmonicultura que intentan ubicarse al interior de la Reserva, el hecho de que permanezcan 67 concesiones de acuicultura aprobadas en su interior, es evidencia de que nos enfrentamos a una categoría de área protegida que ha sido insuficiente hasta el momento para proteger sus ecosistemas y vinculación con el pueblo Kawésqar.

El fallo sienta un precedente, pero nos recuerda que en Chile una Reserva Nacional tiene que ser llevada a Tribunales para que verdaderamente se proteja y que, a falta de Estado, sigue siendo el pueblo Kawésqar, los defensores y defensoras ambientales, el custodio de Málte y Jáutok.

Columna publicada en El Mostrador – 09/01/2022