Cuarenta años de secuelas tóxicas: la herencia minera que persiste en Alto Mañihuales

Desde 1983, la extracción subterránea y el mal manejo de relaves por parte de Minera El Toqui y sus sucesoras han contaminado suelo, agua y ganado, dejando a la comunidad de Alto Mañihuales expuesta al arsénico y sin un plan de cierre efectivo. Hoy, una formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medioambiente, confirma la urgencia de una solución definitiva. 

A 70 km al norte de Coyhaique, en la Región de Aysén, se ubica Alto Mañihuales, una pequeña localidad rodeada de lagos, ríos y bosques nativos de coigüe, lenga y notro. A pesar de su entorno privilegiado, la comunidad enfrenta una compleja realidad ambiental que arrastra desde hace décadas. La zona vive sumida en un pasivo ambiental heredado de la faena minera El Toqui, que comenzó a operar en 1983. Durante más de cuatro décadas, se extrajeron de forma subterránea y procesaron zinc, plomo, oro y plata en seis yacimientos, una planta de chancado, molienda, plantas concentradoras, sistemas de lixiviación y dos tranques de relaves: Confluencia y Doña Rosa.

Sin un plan de cierre integral ni evaluaciones de impacto para esas obras, los relaves quedaron expuestos al viento y al agua, dispersando metales pesados que hoy amenazan la salud humana, el ganado y el ecosistema. Informes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud, Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) han detectado presencia de arsénico en suelos agrícolas, aguas de vertientes y muestras biológicas de vecinos. 

Hoy la situación sigue en tensión. Aunque las empresas sucesoras han evitado asumir responsabilidades por el histórico daño ambiental, la SMA se acaba de pronunciar formulando dos cargos graves contra la Minera Pacífico Sur, actual titular del proyecto, haciendo hincapié en el incumplimiento de la evaluación y monitoreo ambiental, lo que significa la desprotección de la comunidad y sus territorios. 

Legado tóxico, comunidad expuesta

Los primeros cuestionamientos formales a la faena minera en Alto Mañihuales surgieron en 2015, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la Sociedad Contractual Minera El Toqui por arrastre de material particulado y descargas de residuos líquidos sin autorización. Ese mismo año, la Seremi de Salud de Aysén detectó altos niveles de arsénico en la orina de siete vecinos del sector y el SAG encontró que cinco de seis muestras de suelo superaban los límites de seguridad para fauna silvestre. Las advertencias sobre la contaminación no solo señalaban un problema ambiental, sino también un riesgo silencioso para la salud y el ecosistema local.

Pese a que en 2018 la SMA instruyó a la minera presentar un cronograma para evaluar ambientalmente el proyecto “Crecimiento Tranque de Relaves Confluencia”, el trámite quedó suspendido: la empresa entró en liquidación para luego ser vendida. Dos años más tarde, en marzo de 2020, los activos fueron tomados por las sociedades Minera Pacífico del Sur SpA y Cerro Esperanza SpA, quienes alegaron no tener responsabilidad sobre el tranque, pues solo custodiaban y no operaban las instalaciones. Esta postura detuvo nuevamente los procedimientos y mantuvo en pausa cualquier evaluación de sus impactos.

Con los relaves expuestos a la intemperie, el daño ambiental ha seguido su curso. Las partículas contaminantes se esparcen con el viento y la lluvia, transportando arsénico, plomo y otros metales pesados hacia el suelo, el aire y las aguas cercanas. En esteros y vertientes, los vecinos observan una creciente turbidez y falta de vida, mientras la degradación del suelo impide la regeneración de bosques nativos y cultivos tradicionales. A esto se suma la falta de monitoreo ambiental continuo, que impide dimensionar con certeza el daño actual del ecosistema.

“El río, inclusive en épocas que no son de lluvia, va con color plomizo en algunas jornadas, hasta 20 kilómetros más abajo. Los vecinos relatan que las playas del río brillan con el sol, y eso es por acumulación de algunos metales. También se mueren vacunos, se mueren caballos. Entonces, la evidencia de que algo está ocurriendo tiene que ver con eso”, explica Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y habitante de la región desde hace 37 años.

Además, agrega que “en las esferas más cercanas al tranque de relaves, las afectaciones a la salud hoy día son importantes. Los relatos de los vecinos hablan de muchos vecinos enfermos, no solo con temas pulmonares o asociados al cáncer, como el caso de una vecina, sino también con afecciones a la piel. Hay una vecina del área afectada que tiene una importante afectación crónica a su piel”.

Para la SMA, la situación no ha pasado desapercibida. En 2023 abrió un nuevo procedimiento sancionatorio por cuatro infracciones graves en el Depósito de Relaves Doña Rosa: derrames al estero San Antonio, mal manejo de residuos, incumplimientos en el plan de alerta temprana y disposición de desechos en zonas no autorizadas. 

Qué está pasando ahora

Las denuncias históricas sobre la contaminación y la falta de medidas efectivas de cierre por parte de la comunidad, se han reforzado en agosto de este año cuando la SMA formuló nuevos cargos contra la Sociedad Minera Pacífico Sur por incumplimientos en el proyecto Mina El Toqui, basándose en sanciones previas, la revisión de antecedentes remitidos por Sernageomin y una inspección ambiental en terreno junto al SAG y la Dirección General de Aguas (DGA). 

Según la SMA, la minera incurrió en dos incumplimientos graves, que datan del 2015 y 2020. El primero, por no someter a evaluación ambiental modificaciones relevantes del tranque de relaves Confluencia, las que incluyeron un aumento del tonelaje procesado por sobre lo aprobado, una altura de coronamiento que supera en más de un 50% la autorización original y la extensión de su vida útil en más de tres años. El segundo, por no catastrar ni monitorear todos los puntos de control de aguas superficiales exigidos para el depósito de relaves Doña Rosa, omitiendo también los reportes que la normativa establece.

«Por cuarta vez, la Superintendencia del Medio Ambiente inicia un procedimiento sancionatorio contra la minera El Toqui. Las sanciones anteriores —que han ido desde multas por 2.637 UTA hasta la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental— no han logrado frenar sus incumplimientos. Hoy, el titular vuelve a infringir la normativa, y las comunidades cercanas siguen pagando el precio con su salud y su entorno», señala Dominga Planella, abogada del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA. 

En enero 2025, Sernageomin difundió un informe crítico: el plan de cierre 2018 para el tranque Confluencia nunca se ejecutó, no se constituyeron garantías financieras y no se ha auditado ni actualizado el plan desde 2023. Sin embargo, la SMA no ha dictado sanciones adicionales ni exigido medidas de restauración o compensación.

Aún así desde las comunidades siguen a la espera de la principal respuesta: una solución definitiva que detenga la exposición crónica a metales pesados y garantice la reparación ambiental del territorio. Organizaciones como Codesa, FIMA y la Red de Protección y Defensa del Territorio que han acompañado a la comunidad.  

«Lamentablemente, aunque esta es una buena señal por parte de la SMA, es claro que ni las multas ni los procedimientos administrativos, que se dilatan en el tiempo, han podido solucionar este problema. Con ambos tranques de relaves de El Toqui bajo procedimientos sancionatorios y sin un plan de cierre efectivo, es urgente que la autoridad utilice todas sus facultades legales para paralizar por completo las operaciones hasta que el titular cumpla con las exigencias normativas y repare el daño causado. Solo así se protegerá de manera efectiva la salud de la comunidad y se pondrá fin a décadas de contaminación», puntualiza la abogada de ONG FIMA. 

Alto Mañihuales sigue enfrentando los efectos de décadas de contaminación minera sin resolución. La falta de un plan de cierre actualizado, monitoreo constante y garantías adecuadas mantiene en riesgo la salud de la comunidad y del ecosistema. Hoy la necesidad de una acción concreta se vuelve cada vez más urgente para detener el daño a un ecosistema único en la Carretera Austral.

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Usocioambiental finaliza su séptima edición con más de 1.700 personas inscritas y gran presencia regional

La  versión 2025 de la iniciativa de ONG FIMA contó con participantes de 19 países de América Latina y el Caribe y finalizó este 7 de agosto con una charla magistral sobre Derechos de La Naturaleza a cargo de Natalia Greene.

Agosto, 2025. Luego de tres meses de formación virtual, la Usocioambiental 2025 cierra una nueva edición con cifras que reflejan su alcance y consolidación como espacio formativo abierto. La iniciativa, organizada por ONG FIMA con el apoyo e la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación, ofreció este año 11 cursos y talleres enfocados en temáticas socioambientales claves.

Desde su primera versión, la Usocioambiental se ha propuesto ser un espacio abierto, gratuito y sin requisitos de ingreso, para promover la participación ciudadana informada frente a los desafíos sociales, ambientales y políticos de la actualidad. Este año, bajo el lema “Conocimiento para la acción”, los cursos y talleres estuvieron enfocados en el empoderamiento jurídico, la incidencia política y nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza. 

“La Usocioambiental también funciona como un barómetro social de aquellas materias socioambientales que están siendo más relevantes para las personas, y en ese sentido, no es raro que el curso ‘Salares y minería del litio’ fuera el más demandado en virtud de que refleja el creciente interés por los impactos ambientales que está teniendo la transición energética. También hay otros cursos que fueron destacados y que tuvieron gran interés, y que también van reflejando cómo las materias ambientales van evolucionando y van siendo contingentes, como por ejemplo, las políticas internacionales, el financiamiento climático, o las herramientas de litigio climático”, comenta Sofía Rivera, coordinadora del proyecto de ONG FIMA. 

Conocimientos que atraviesan fronteras y generaciones

Además de Chile, este año destacó la participación significativa desde México, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador, confirmando que las problemáticas medioambientales se extienden a lo largo de toda latinoamérica y la importancia de mantener estos temas en el debate público. A nivel nacional, las regiones con mayor cantidad de inscripciones fueron la Metropolitana, Antofagasta, Biobío, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Otro elemento que marcó esta séptima versión fue su diversidad generacional. La edad de las personas inscritas fue desde quienes aún están en edad escolar (15 años) hasta mayores de 50 años, lo que permitió identificar ciertos patrones en los intereses formativos. Por un lado, los menores de 30 años optaron por cursos vinculados a los desafíos globales actuales, que cruzan lo jurídico con lo ambiental; mientras que las personas entre 30 y 49 años se inclinaron por contenidos más específicos y técnicos, como el financiamiento climático. En tanto, las personas mayores de 50 años destacaron por su interés en herramientas de fiscalización ciudadana y mecanismos de participación.

Tanto los cursos y talleres de este año, como los de versiones anteriores, están disponibles de forma abierta en www.usocioambiental.cl, fortaleciendo así el acceso libre al conocimiento.

Además, con más de un 60% de participación, las mujeres representaron la mayoría de las personas inscritas. Esta cifra da cuenta del alto interés que tienen por formarse e involucrarse en temáticas socioambientales.

Cierre con mirada regional: Derechos de la Naturaleza

El cierre de esta séptima edición estuvo a cargo de la actual Directora Global de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), Natalia Greene, quien compartió su experiencia y visión en la charla magistral virtual “Derechos de la naturaleza desde Ecuador al mundo” el jueves 7 de agosto. 

Greene es una destacada activista ecuatoriana que ha trabajado por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. En su labor, promovió activamente la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, siendo este el primer país del mundo en reconocerlos en el año 2008. Además, ha trabajado en la iniciativa Yasuní-ITT que buscaba mantener el petróleo bajo tierra en la Amazonía.

La charla fue abierta y gratuita, y su grabación quedó disponible en el canal de YouTube de ONG FIMA.

Derechos de la Naturaleza: Nuevo libro de ONG FIMA profundiza en sus fundamentos interdisciplinarios

La publicación reúne siete capítulos en los que los autores y autoras exploran herramientas conceptuales y jurídicas para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.

En los últimos años, la idea de otorgar derechos a la naturaleza ha dejado de ser una aspiración marginal para instalarse con fuerza en debates constitucionales, jurídicos y territoriales. Desde la Asamblea Constituyente en Ecuador hasta el proceso constitucional chileno, pasando por decisiones judiciales en Colombia y movilizaciones ciudadanas en Bolivia y México, la noción de “Derechos de la Naturaleza” ha ido tomando fuerza y contenido. 

En ese contexto, la ONG FIMA lanza una publicación que viene a dialogar directamente con este momento histórico: “Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza”, un libro que invita a pensar desde distintas disciplinas cómo avanzar hacia un nuevo marco de relación entre las sociedades humanas y el mundo natural. En siete capítulos, el libro ofrece una mirada crítica y diversa sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, proponiendo herramientas conceptuales y prácticas desde disciplinas como la filosofía, el derecho ambiental, las ciencias ambientales y las ciencias sociales.

El valor de esta publicación se ve reforzado con la reciente liberación de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual marcó un hito jurídico al reconocer que los derechos de la naturaleza pueden derivarse directamente del derecho internacional, y que los Estados deben considerarla como un sujeto digno de protección autónoma. Esta interpretación abre nuevas puertas para avanzar hacia un paradigma ecocéntrico en América Latina y el Caribe.

“Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza” surge para enriquecer ese debate. El libro ha sido coordinado por Constanza Gumucio y María José Kaffman, con edición de Antonio Pulgar y Constanza Araya. El prólogo está a cargo de la reconocida activista ecuatoriana Natalia Greene, directora y cofundadora de la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN), quien destaca el valor del texto como una invitación abierta a repensar nuestras categorías y vínculos con la Naturaleza.

“Si he de resaltar el hilo conductor de este libro, hablaría de la constante búsqueda de los autores por entender lo que es la Naturaleza y definirla, como punto de partida para avanzar con los derechos de la Naturaleza. Y este es un punto clave, porque hay que entender al sujeto que buscamos reconocer. Pero, en todos los autores y autoras prima la comprensión de que hay que superar la visión utilitarista de la Naturaleza y trascender hacia un entendimiento que somos parte interrelacionada de un todo y que la Naturaleza no es externa a nosotros, sino que somos Naturaleza que se defiende”, señala Greene en el prólogo.

Lejos de ser una obra cerrada o doctrinaria, el libro propone una exploración abierta, consciente de que los Derechos de la Naturaleza son un terreno aún en construcción. Sus páginas invitan a recorrer ese camino, planteando más preguntas que respuestas, y proponiendo un diálogo interdisciplinario como herramienta para avanzar.

Antonio Pulgar, editor del libro, comenta: “En un momento donde el sistema jurídico comienza a reconocer formas integrales de comprender aspectos de justicia ambiental en el contexto de regresión generalizada en la región, este libro busca contribuir sobre el desarrollo que ha tenido en la región aspectos sobre la relación entre sociedad y naturaleza, así como valorar el funcionamiento de los ecosistemas. Así, se busca generar una contribución para que estas discusiones puedan darse de manera informada, crítica y relacionada a las experiencias de los territorios”.

La presentación oficial de la obra se realizará en un webinar el martes 2 de septiembre a las 12:00 hrs. con inscripción previa aquí y contará con la participación de Andrés Pinto, abogado y académico de la Universidad de Chile y de Constanza Gumucio, abogada y máster en Ciencias de Gobernanza del Riesgo y Recursos, junto a la moderación de María José Kaffmann, bióloga ambiental e investigadora de Estudios en ONG FIMA.

Descargar el libro aquí

Histórico avance para la justicia climática: Corte IDH orienta a los Estados sobre sus obligaciones climáticas y reconoce derechos de la Naturaleza

Histórico avance para la justicia climática: Corte IDH orienta a los Estados sobre sus obligaciones climáticas y reconoce derechos de la Naturaleza

En un hito jurídico y ambiental sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves que el derecho humano a un clima sano es un derecho autónomo, exigible por sí mismo, y reconoció que la Naturaleza puede ser considerada como sujeto de derechos. 

Esta definición surge de la Opinión Consultiva solicitada en 2023 por Chile y Colombia, y sienta un precedente clave para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos, con implicancias para todos los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El pronunciamiento constituye la interpretación más relevante y vinculante hasta la fecha sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Llega tras un proceso participativo de gran envergadura, que incluyó más de 200 presentaciones de Estados, pueblos indígenas, organizaciones sociales y científicas, y audiencias públicas en tres ciudades de la región: Bridgetown (Barbados), Brasilia y Manaos (Brasil).

La Corte fue enfática: el mundo enfrenta una emergencia climática global, progresiva y desigual, causada principalmente por la acción humana. Sus efectos golpean con mayor dureza a pueblos indígenas, comunidades rurales, mujeres, infancia y otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo que exige respuestas urgentes, ambiciosas y justas.

“El resultado de la opinión consultiva emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy positiva para  efectos de la protección ambiental puesto que clarifica la manera en que los Estados deben proteger a las personas y la naturaleza en la crisis climática. Hace un reconocimiento de algunos elementos que son muy importantes porque es primera vez que se reconocen de manera tan explícita”, comenta Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA y quien tan bien fue parte de los abogados que expusieron ante la CIDH en las audiencias previas.

Sobre los puntos más relevantes de la resolución, Costa explica “En primer lugar, se reconoce el derecho al clima seguro, esto es importante evidentemente, porque lo que está diciendo la Corte Interamericana, es que para que las persona podamos efectivamente tener nuestros derechos protegidos, necesitamos tener un clima que sea estable y seguro, y eso depende de la forma en que los Estados cumplen con sus obligaciones climáticas y por lo tanto, los Estados están obligados a tomar determinaciones, tanto en disminución de los gases de efecto invernadero, como de adaptación que sean consistentes con la protección de las personas y del territorio de sus países. En segundo lugar, la corte hace un reconocimiento detallado de cómo los derechos humanos se ven vulnerados por la crisis climática y eso mira derechos como el derecho a la vida, a la educación, a la viviendo, y a la propiedad, todos los cuales se ven de alguna manera dañados por la crisis climática y cómo los Estados tienen que resguardarlos, especialmente para las personas en situaciones más vulnerables. 

Además, agrega, “se hace un énfasis en el Acuerdo de Escazú y por lo tanto cómo el acceso a la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia son necesarios para hacerle frente a la crisis climática. En este sentido, también se hace un especial reconocimiento a la necesidad de proteger a los defensores y defensoras ambientales que están en distintos riesgos en el mundo y en América Latina por distintos tipos de violencia en su contra, como también por riesgos que tienen que ver con la promoción por parte de los grupos poder,  de leyes para acallar o censurar o disminuir el trabajo de las ONG y de los defensores y defensoras ambientales. Por último, algo que es muy propio del derecho ambiental latinoamericano, hay un reconocimiento explícito a los derechos de la naturaleza y la necesidad de protegerla de distintas formas, incluyendo lo que existe en muchos países de la región, que son los Derechos de la Naturaleza. Lo anterior, entendiendo que la naturaleza es un sistema complejo, un todo, del cual participamos también las personas y que se requiere proteger como sistema, precisamente para que tanto las vidas humanas como el resto de las vidas, estén efectivamente a salvo, de la mejor manera posible, durante esta crisis climática”.     

Entre sus principales puntos, la Opinión Consultiva señala que:

  • El derecho a un clima sano es autónomo y no solo una dimensión del derecho al medio ambiente, siendo exigible en sí mismo.
  • La Naturaleza posee derechos, reforzando la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo y reconociendo su valor intrínseco.
  • Los Estados tienen responsabilidades diferenciadas, según su contribución histórica a las emisiones y su capacidad actual de respuesta.
  • La acción climática debe guiarse por los principios de equidad intergeneracional e intrageneracional.
  • El acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental son obligaciones clave, así como la protección de personas defensoras del ambiente frente a amenazas, criminalización o violencia.
  • Los saberes indígenas, locales y científicos deben integrarse activamente en la toma de decisiones sobre el clima y el territorio.

Esta Opinión Consultiva entrega directrices jurídicas claras y una hoja de ruta ética y legal para avanzar hacia una justicia climática que proteja tanto a las personas como a los ecosistemas. Con este pronunciamiento, la Corte IDH eleva los estándares regionales e internacionales sobre acción climática y refuerza la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos en el contexto de la urgente crisis ambiental.

Material de interés

Te invitamos a revisar la opinión consultiva emitida este jueves 3 de julio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el sitio web de la Opinión Consultiva 32 de 2025 y su transmisión en español e inglés. Además, puedes revisar la intervención en el período de audiencias públicas de nuestro director ejecutivo Ezio Costa aquí, y el documento «Reconocimiento de las personas, grupos y organizaciones defensoras ambientales como un grupo en situación de vulnerabilidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obligaciones de los Estados para su protección en el contexto de la emergencia climática« en el que participaron nuestros abogados Marcos Emilfork, Karla Vargas y Javiera Pérez.

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

Se trata del centro de engorda ubicado en la Península Barros Arana

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

  • Después de casi dos años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, por presentar deficiencias en su proceso de evaluación.
  • La reclamación fue presentada por la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace.

Valdivia, Junio 2025. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Engorda de Salmones de la empresa Australis, en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.

El proyecto buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, lo que implicaba una intensificación significativa de la actividad acuícola en aguas cercanas al territorio de la Reserva, lo que llevó a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, a presentar una reclamación ante la justicia la que, luego de casi dos años de tramitación, resultó favorable para ellos.

En el fallo, el tribunal sostiene que la  evaluación ambiental presentada por la empresa fue insuficiente respecto del área de influencia definida para el centro, sobre todo en lo relativo a la fauna marina, paisaje y turismo. Además, advierte que esta deficiencia se replicaba en el análisis del tránsito de embarcaciones y de la dispersión nociva de nutrientes en el agua, propias de la actividad acuícola.

A juicio de los reclamantes, esta sentencia confirma lo importante de una adecuada evaluación ambiental, ya que la sobrecarga de biomasa (salmones, fecas, alimento no consumido) que generaría este centro de cultivo causaría  colapsos ecológicos, aumento de enfermedades, uso intensivo de antibióticos y generación de residuos que devastan el fondo marino y afectan al resto de las especies, lo que pudo provocar un daño irreparable en el mar patagónico.

Y agregan que el proyecto fue autorizado sin medir adecuadamente sus impactos en las comunidades Kawésqar por el tránsito de embarcaciones, los ecosistemas marinos, sus efectos en el turismo, el paisaje y todas las especies que dependen del buen estado de las condiciones de los océanos para vivir.

Por último, denuncian que el titular no esperó obtener el permiso ambiental definitivo y aumentó igualmente su producción, al margen de la ley.

Usocioambiental 2025 inicia con charla magistral sobre el rol transformador de la educación social

La séptima versión de este espacio formativo gratuito impulsado por ONG FIMA partió con una exposición a cargo de Santiago Álvarez (FUHEM Ecosocial), quien abordó los desafíos de la transición socioecológica desde la educación.

Con una charla magistral titulada “La educación social como espacio de disputa para la transición socioecológica”, a cargo del investigador y director del área Ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) de España, Santiago Álvarez, se dio inicio oficial a la séptima versión de la Usocioambiental, el lunes 26 de mayo en la sala Enrique Sazié de la Universidad de Chile. La actividad fue abierta a todo público y se transmitió en formato híbrido, marcando el lanzamiento de este reconocido espacio de formación ciudadana para la acción climática.

“Cada vez resulta más imperioso que exista una ciudadanía concienciada respecto a los problemas en los que nos encontramos. La ciencia lo viene diciendo hace décadas: estamos en una situación de emergencia que afecta a toda la población de forma desigual. Ser conscientes de esto requiere buen conocimiento científico, información y, sobre todo, procesos educativos que permitan una acción coordinada de la ciudadanía”, señaló el doctor en Economía Internacional y Desarrollo. 

“Conocimiento para la acción” es el lema de este 2025, con el que la Usocioambiental busca seguir fortaleciendo el rol activo de las personas frente a la crisis climática, ofreciendo una propuesta formativa abierta, gratuita y sin requisitos de ingreso. La iniciativa es impulsada por ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación y la colaboración de la Universidad de Chile.

“Para la Universidad de Chile es fundamental participar en alianzas colaborativas con organizaciones que promueven el resguardo de nuestro planeta, en ese sentido, la Usocioambiental es una instancia relevante para construir y formar una ciudadanía más involucrada y crítica sobre los temas que hoy nos preocupan en materia medioambiental, legislativa y participativa. Estamos muy felices de colaborar con ONG FIMA, este vínculo muestra nuestro compromiso por activar en diferentes niveles los aportes de la Universidad de Chile con la sociedad civil y traspasar las aulas universitarias en espacios abiertos y transversales como es la Usocioambiental”, comentó Claudia Rojas, Secretaria Ejecutiva del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

Durante sus seis versiones anteriores, la Usocioambiental ha impartido más de 104 cursos y talleres, con un total de 22.787 personas inscritas, y se ha consolidado como un referente en educación ambiental crítica, promoviendo el aprendizaje entre pares y el empoderamiento jurídico de la ciudadanía. “El rol que cumple es que permite adquirir conocimientos y compartirlos con otros, generando redes, lazos y empoderamiento entre quienes buscan actuar ante la crisis climática y ecológica”, explicó Sofía Rivera, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA.

A diferencia de las estructuras educativas tradicionales, la Usocioambiental no entrega grados académicos ni exige evaluaciones, sino que promueve un espacio horizontal de aprendizaje entre pares. Este año, además, su lema cobra especial relevancia en el contexto de la próxima COP30, donde se discutirá el financiamiento climático y la necesidad de implementar de forma efectiva los compromisos asumidos a nivel global, reforzando su enfoque de democratización del conocimiento y acción climática urgente.

Las inscripciones siguen abiertas a través del sitio web de la Usocioambiental, donde también se puede revisar el detalle de cada curso y taller. La versión 2025 se desarrolla de manera 100% virtual entre mayo y agosto, y contempla tres modalidades formativas: cursos de especialización, cursos de formación y talleres:

Cursos de especialización:
  • Gobernanza del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe
  • Camino a la COP30: incidencia política en materia de cambio climático
Cursos de formación: 
  • Herramientas de litigio climático 
  • Movilidad ambiental y climática ; desafío de escenarios futuros en Chile
  • Introducción a la triple crisis ambiental
  • Introducción al derecho ambiental
  • Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental
  • Financiamiento Climático: Estrategias y Oportunidades
  • Salares y minería del litio: biodiversidad y marco legal
Talleres: 
  • Agroecología Popular 
  • Herramientas de acceso ciudadano para la fiscalización y acción socioambiental

Desde ONG Fima esperan llevar esta experiencia formativa a todos los rincones del país y aumentar el público internacional,  “conocemos el interés que genera la Usocioambiental en otros países, y por eso uno de nuestros objetivos es descentralizar el acceso a la información socioambiental dentro de Chile como en otros territorios. Los cursos son impartidos por personas y organizaciones de diversos países, lo que permite una difusión mutua y una mayor proyección internacional”, puntualizó Sofía Rivera.

 

Te invitamos a escuchar la charla magistral de Santiago Álvarez. Disponible en YouTube:

A medio camino: nuevo informe sobre el anteproyecto de NDC en Chile

El nuevo Policy Brief de ONG FIMA analiza los principales vacíos del anteproyecto de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), proponiendo recomendaciones clave para fortalecer la acción climática del país.

Mayo, 2025. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos que los países presentan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, en el marco del Acuerdo de París. Estos compromisos deben actualizarse periódicamente para reflejar una mayor ambición climática, especialmente frente a la creciente urgencia de la crisis ecológica global.

Chile se encuentra actualmente en proceso de actualizar su NDC presentada en 2020, y en este contexto, es que ONG FIMA presenta un nuevo policy brief titulado «Anteproyecto de NDC en Chile: a medio camino para una política de cambio climático efectiva y ambiciosa», donde se analiza críticamente el contenido del anteproyecto sometido a consulta pública.

Si bien en el documento se reconocen ciertos avances, como la incorporación de una Estrategia Nacional de Transición Justa y un enfoque más profundo de integración entre ejes, también se identifican puntos críticos que deben ser abordados antes de su presentación en la COP30. Entre estos, se señala la falta de articulación con otros instrumentos de política climática, la necesidad de aumentar la ambición en todas las medidas propuestas, y la urgencia de incluir mecanismos eficaces de seguimiento, financiamiento y justicia climática.

Finalmente, en el apunte se ofrecen recomendaciones concretas para que Chile avance hacia una política climática coherente con sus compromisos internacionales y las demandas locales por justicia ambiental, en miras a la próxima COP30 de cambio climático a realizarse en noviembre de este año.

Descarga el documento aquí

Corte Suprema revierte fallo que anulaba la protección del humedal La Poza en Villarrica

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y ordenó al Tercer Tribunal Ambiental pronunciarse sobre todas las reclamaciones pendientes. 

Mayo, 2025. El humedal La Poza y el Delta del Trancura, ubicados en la ciudad de Villarrica, Región de La Araucanía, conforman un ecosistema de gran relevancia para la biodiversidad local. Albergan especies vulnerables y en peligro de extinción, y cumplen funciones esenciales como la regulación del ciclo del agua, la recarga de acuíferos y la mitigación de eventos climáticos extremos. Sin embargo, este territorio se encuentra bajo fuerte presión debido a proyectos inmobiliarios, contaminación por aguas servidas y una urbanización acelerada y desregulada.

En 2022, el Ministerio del Medio Ambiente declaró oficialmente este sector como “Humedal Urbano”, según lo establece la Ley 21.202, lo que permitía proteger más de 800 hectáreas. La decisión fue cuestionada por particulares que presentaron una serie de reclamaciones argumentando el incumplimiento de los criterios para la declaración. En mayo de 2024, el Tercer Tribunal Ambiental  acogió parcialmente las reclamaciones, indicando que no existía una mayor conexión entre las áreas urbanas y rurales del humedal, anulando su protección. 

Frente a este escenario, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, contra los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, sosteniendo que el fallo vulneró el principio de protección ambiental al anular el acto administrativo que reconocía el humedal urbano. Cuestionó que los ministros dieran prioridad al interés social y económico por sobre el análisis ecológico, y criticó que se negara la existencia de una unidad ecosistémica solo porque parte del humedal se encuentra degradada o ubicada en el límite entre lo urbano y lo rural.

El recurso fue acogido el 19 de mayo de 2025, dejando sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ambiental. El máximo tribunal estableció que el Tercer Tribunal Ambiental incurrió en ilegalidad al anular la declaratoria de humedal urbano sin revisar todos los antecedentes del caso, enfatizando que,ante la duda o falta de prueba, debe aplicarse una interpretación que favorezca la protección ambiental del ecosistema.

En este sentido, la Corte ordenó al tribunal ambiental retomar la causa y pronunciarse sobre las reclamaciones que no fueron resueltas en el fallo anterior. “En virtud de lo resuelto, y atendido el cambio sobreviniente en la composición del Tercer Tribunal Ambiental, éste deberá proceder a una nueva vista y fallo que emita pronunciamiento respecto de aquellos puntos de las reclamaciones acumuladas que fueron omitidos por la sentencia recurrida”, concluye el escrito.

Puedes revisar la sentencia aquí

¿Por qué El Mercurio ataca a las ONG ambientales cuando se discute la ley de permisos ambientales?

El viernes 16 de mayo, el medio El Mercurio publicó un inserto de 12 páginas con una versión parcializada respecto al rol que ocupan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección ambiental en Chile. Esta publicación se da en el contexto de la discusión sobre la mal llamada “permisología” y la búsqueda de flexibilizar la tramitación ambiental para facilitar la aprobación de proyectos de inversión. 

La narrativa de la sección “Crónica para el Futuro” supone erróneamente que las ONG ambientales producen una demora en ciertos proyectos, como si ello fuera un objetivo por nuestra parte. ONG FIMA es ampliamente mencionada, existiendo además una serie de aseveraciones que no se condicen con la realidad de nuestro trabajo. 

  1. En la editorial del mencionado suplemento, se atribuyen intenciones completamente equivocadas a nuestra labor, utilizando un lenguaje que busca sembrar dudas y desconfianzas. Por supuesto las ONG trabajan juntas cuando corresponde, como lo hace cualquier otro actor en la vida nacional y más todavía entre actores que creen en la colaboración por un futuro mejor. Ello no significa que exista un interés particular en oponerse a la inversión en general, ni menos al desarrollo del país. Sí es del caso que nos interesa profundizar en la idea de desarrollo, pues nuestra visión del mismo se relaciona con tener un país donde todos podamos respirar aire limpio, beber agua limpia y tener una naturaleza que dejar a nuestros descendientes. Por lo mismo, no toda inversión nos parece igualmente positiva y poder discutir eso, como parte de las libertades básicas de una sociedad democrática, no debiera significar que grandes medios de comunicación usen su poder para atacar la reputación de nuestras organizaciones. 

  2. Asimismo, la editorial, sin ninguna razonabilidad, acusa a las ONG de sobre utilizar las herramientas legales que democrácticamente han sido aprobadas en el país para defender los derechos de las personas. Es lamentable que se crea que el uso de las herramientas institucionales y pacíficas constituye un abuso, más cuando nos enfrentamos a una realidad donde grandes poderes concentrados por el Estado y las empresas, se oponen en general a personas que no tienen acceso a la justicia, el cual es proveído por ONG como la nuestra. Querer mermar las posibilidades de acción de organizaciones como la nuestra, simplemente redunda en dejar a las personas sin derecho de acceder a la justicia, dando carta blanca para el abuso de actores que quieran imponerse por vías ilegítimas. 

  3. En uno de los artículos del suplemento se indica que dos abogados de ONG FIMA podría ser multados por 400 millones. Esta información es falsa, y solo da cuenta del desconocimiento del sistema legal de nuestro país y del interés del medio por desprestigiar nuestro trabajo.
    La situación real es que actualmente dos abogados que trabajaron en FIMA se encuentran demandados en lo que es conocido mundialmente como “SLAPP” (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son demandas judiciales estratégicas que tienen como objetivo silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación pública. Generalmente, estas demandas son presentadas por entidades poderosas contra individuos o grupos que critiquen o cuestionen sus acciones.
    Para que se entienda el sinsentido de la demanda, es útil explicar que dichos abogados ni siquiera eran demandantes, sino representantes de un grupo de personas, que interpusieron un recurso de protección y ganaron la paralización de un proyecto que opera sin  permisos y que fue, posteriormente, multado por la misma razón. La empresa que operaba en la ilegalidad decidió demandar a los abogados por daños y perjuicios, con la clara intención de amedrentarlos, cuestión que por supuesto no ha logrado. La demanda, que actualmente se encuentra en proceso probatorio, no ha sido resuelta por los tribunales y en ningún caso significa una multa por algún accionar fraudulento por parte de nuestros abogados.
    Se puede ver más información de ese caso aquí.

  4. El financiamiento de nuestra organización está transparentado en nuestra web, así como las memorias anuales. Tal como lo indica el artículo, nuestro financiamiento proviene principalmente de organizaciones internacionales, y en menor medida de las asesorías que hacemos a municipios que contratan nuestros servicio. No existe ni ha existido nunca una sanción por algún problema en la rendición o adjudicación de ninguno de los proyectos que llevamos a cabo y todas nuestras acciones están debidamente respaldadas en todos las instancias pertinentes. Esto no significa que en el marco de investigaciones a otras organizaciones, se haya querido hacer un aprovechamiento político para enlodar nuestra labor y se nos haya acusado al voleo. Peor aún, no significa que no existan publicaciones en medios de propaganda en que se haya publicado información falsa o descontextualizada en nuestra contra. 

El compromiso de ONG FIMA con la defensa del medio ambiente, los derechos de las personas y el patrimonio del país continúa igual de firme que siempre. El ascenso de visiones políticas extremas y exclusorias que quieren eliminar derechos y dañar la democracia es uno de los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Les invitamos a mantenerse alerta, contrastar la información que reciban y defender la democracia y los derechos humanos. 

Entrevista | Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA: «Es corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos»

El abogado destaca que en la mayoría de los proyectos «no hay conflictos», pero añade que «en algunos los hay, y hay que tener claro que es importante poder decirle que no a una inversión cuando causa daño».

Entrevista por Nadia Cabello.

Viernes 16 de mayo, 2025. Su nombre es reconocido entre ambientalistas, pero también en el mundo académico, político y empresarial.

Ezio Costa es abogado, máster en Ciencias de la Regulación de la London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho de la U. de Chile. Es autor de los libros «Por una Constitución Ecológica» y «El asilo contra la extinción» -este último, junto a la científica y exconvencional Cristina Dorador-, y de varias publicaciones académicas donde trata sobre derechos de la naturaleza, participación ciudadana y justicia ambiental, entre otros temas.

Llegó la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en 2006 y seis años después se convirtió en el director ejecutivo de esta agrupación que ha sido parte de los litigios de HidroAysén, Alto Maipo y Río Cuervo, entre otros. Acá, accede a responder por escrito las preguntas de «El Mercurio».

¿Cómo describiría la labor que realiza FIMA, que ya cumple 27 años?

Me parece que ha tenido un desarrollo interesante. FIMA nace para darle asistencia jurídica en materia ambiental a personas que lo necesiten y en el proceso fuimos descubriendo otras necesidades en torno a la protección del derecho al ambiente sano y la conservación del patrimonio ambiental, pero también se ha ido agravando la situación, por lo que nuestro trabajo se ha hecho mucho más necesario y complejo. Organizaciones como FIMA son necesarias para el adecuado funcionamiento institucional y la protección del interés general, me alegra que podamos hacer esa labor.

Durante este tiempo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros?

Recuerdo muchos más desafíos que logros, la verdad. Pero hay algunas actividades que me han parecido especialmente interesantes. Me gusta mucho el proyecto de educación de la Usocioambiental y el sitio web poderambiental.cl que permite a las personas conocer sus derechos en los conflictos ambientales. Luego hay otras actividades como la Asamblea Climática de la Región de Los Lagos, el rol que jugamos en la organización de la Cumbre Social por la Acción Climática en 2019, los informes que hemos presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la mantención de la revista de derecho ‘Justicia Ambiental’.

Ustedes han representado a varias comunidades y grupos locales en distintos litigios. ¿Cómo llegan a ellos?

Normalmente cuando las personas tienen conflictos y quieren resolverlos de manera pacífica e institucional, buscan las vías para hacerlo y supongo que preguntando llegan a nosotros. Ofrecemos ayuda en esas vías y así llegan esas comunidades y personas a nosotros, buscando ayuda. Recibimos decenas de casos al mes, no podemos ayudarlos a todos porque no tenemos capacidad para hacerlo, pero intentamos al menos orientar y dar herramientas a la mayor cantidad de personas posibles, precisamente porque creemos que cualquiera debiera poder usar sus derechos.

«Pero es interesante la pregunta, porque coincide con la narrativa de algunos. Para nosotros lo ideal sería que hubiera menos conflictos ambientales, pero eso requiere un trato muy distinto de las empresas y el Estado para con las personas y el medio ambiente», agrega.

¿Cómo debiera ser ese trato de las empresas y el Estado?

Con un trato igualitario, deliberativo y que valore la vida. Y un punto de partida podría ser cumplir con la ley entendiendo que el derecho ambiental tiene por objetivo prevenir daños a las personas y a la naturaleza, razón por la cual algunas actividades no pueden realizarse en algunos lugares. Mire, le doy un par de avances muy sencillos que podríamos tener: el primero, consultores independientes y no contratados por las empresas que quieren hacer un proyecto, de manera que la información sea más neutral. Un segundo es que exista un servicio público autónomo que le de acceso a la justicia ambiental a las personas, en lugar de que esa carga tenga que ser soportada solo por la sociedad civil y nuestra limitada capacidad para otorgar ese servicio.

¿Cree que es posible conciliar el desarrollo de proyectos de inversión con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo?

Claro que es posible y en muchos casos se hacen esfuerzos para que ello suceda. En la inmensa mayoría de los casos, además, no hay conflictos. Pero en algunos casos los hay y hay que tener claro que es importante también poder decirle que no a una inversión cuando causa daño. En este sentido, probablemente una cuestión es dar un paso atrás y preguntarse si la inversión es buena por sí misma o si podemos mirar en qué se está invirtiendo, para qué y quién gana y pierde con eso.

El abogado grafica: «Por ejemplo, no parece razonable hacer un proyecto minero de bajo valor y que durará 20 o 25 años, y a cambio comprometer el futuro de una zona de alto valor ambiental, donde las personas tienen un buen sistema de vida en armonía con dicha naturaleza, que puede mantenerse por siglos. En los números, el proyecto es “inversión” y la mantención de la vida no suma gran cosa al PIB, pero en la realidad material cualquier persona puede razonablemente darse cuenta de que es más conveniente la mantención de un sistema de vida funcional y armónico».

Hay quienes dicen que algunas ONGs, entre ellas Fima, buscan obstruir proyectos a través de observaciones, reclamaciones y judicialización. ¿Qué responde al respecto?

Es lamentable que haya personas que crean que los derechos de los demás son obstrucciones y un poco corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos. Lo que las ONG hacemos es ayudar a representar derechos e intereses, la mayoría de las veces no propios aunque alineados con nuestra visión. El problema radica en la creencia de que por el solo hecho de ser un actor del mercado una idea productiva, entonces esta idea tiene que poder desarrollarse. En el mundo real hay valores y personas que tienen que ser consideradas antes de llevar adelante esas ideas, personas que no necesariamente tendrán un interés económico, sino que también pueden tener un interés ético, cultural, estético, de salud o incluso religioso.

«Piense que una vez por ejemplo tuvimos que ayudar a defenderse a un convento de monjas carmelitas a quienes querían instalarles una central de energía en su convento, un lugar que para ellas era sagrado. Pensar en que usar el derecho también en defensa de sus derechos y de su forma de ver el mundo es una obstrucción, solo da cuenta de un pensamiento lineal donde lo único válido es generar ingresos. Afortunadamente el mundo es mucho más complejo que eso y afortunadamente hay gente que pone en energía en defender esa complejidad de la naturaleza y la humanidad».

¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que las ONGs deban transparentar su financiamiento? ¿Por qué?

Me encantaría tener una ley que transparente el financiamiento y actividades de todas las organizaciones privadas. Por ejemplo, saber cuánto se invierte en lobby para evitar leyes de protección ambiental o cómo se financian páginas web de propaganda que aparentan ser medios de comunicación. En nuestro caso, tenemos en línea nuestro financiamiento y no hay problema en mostrarlo. Sobre el proyecto de ley, por lo mismo, creo que hay que extenderlo a todas las organizaciones privadas, de otro modo aparece solo como un intento de complejizar a un sector para beneficiar a otros, algo que es típico de Estados capturados, donde se ha perdido la brújula democrática.

¿De dónde proviene el financiamiento de FIMA?

Está publicado en nuestra página web, pero la gran mayoría de él proviene de fondos internacionales a los que postulamos nuestras actividades. En general son procesos competitivos abiertos, parecidos a las licitaciones, con la diferencia de que no hay un encargo específico por parte de quien financia, sino que la idea de proyecto es del financiado y lo que mira el fondo es que se alinee con sus objetivos. Es parecido a lo que hacen los inversionistas, con la diferencia de que estos fondos internacionales no buscan tener un retorno económico, sino en términos de impacto social. Como decía antes, por suerte en el mundo queda mucha gente dispuesta a poner su dinero y esfuerzo para lograr mejoras que son para todos y no sólo para generarse un beneficio económico individual.

Usted participó en los equipos asesores del candidato Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa su gestión, que prometía ser el primer “gobierno ecológico? 

Esta es una pregunta personal, pues FIMA no tiene una alineación político-paridista y por lo tanto como organización se mantiene al margen de esas instancias. En mi caso, sí, participé en la segunda vuelta, cuando el país tenía que optar entre el presidente Boric y un contendor de visiones extremas cuyo programa contenía varias medidas que apuntaban hacia la autocracia.

«Creo que la evaluación no se puede hacer sin tomar en cuenta el escenario alternativo, pues aún cuando me gustaría que este gobierno hubiera sido más activo en la protección del medio ambiente y hubiera generado más poder para lograrlo, no es menos cierto que en los lugares donde se han instalados esos gobiernos autoritarios o autocráticos se ha entregado más poder a los grandes grupos económicos en desmedro de la ciudadanía, se ha degradado la dignidad humana, perseguido a personas y grupos que no son del gusto de los gobernantes e incentivado la destrucción del medio ambiente sin ningún respeto por las generaciones futuras ni el bien común». 

Entrevista publicada en El Mercurio – 16/05/25