El viernes 16 de mayo, el medio El Mercurio publicó un inserto de 12 páginas con una versión parcializada respecto al rol que ocupan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección ambiental en Chile. Esta publicación se da en el contexto de la discusión sobre la mal llamada “permisología” y la búsqueda de flexibilizar la tramitación ambiental para facilitar la aprobación de proyectos de inversión.
La narrativa de la sección “Crónica para el Futuro” supone erróneamente que las ONG ambientales producen una demora en ciertos proyectos, como si ello fuera un objetivo por nuestra parte. ONG FIMA es ampliamente mencionada, existiendo además una serie de aseveraciones que no se condicen con la realidad de nuestro trabajo.
- En la editorial del mencionado suplemento, se atribuyen intenciones completamente equivocadas a nuestra labor, utilizando un lenguaje que busca sembrar dudas y desconfianzas. Por supuesto las ONG trabajan juntas cuando corresponde, como lo hace cualquier otro actor en la vida nacional y más todavía entre actores que creen en la colaboración por un futuro mejor. Ello no significa que exista un interés particular en oponerse a la inversión en general, ni menos al desarrollo del país. Sí es del caso que nos interesa profundizar en la idea de desarrollo, pues nuestra visión del mismo se relaciona con tener un país donde todos podamos respirar aire limpio, beber agua limpia y tener una naturaleza que dejar a nuestros descendientes. Por lo mismo, no toda inversión nos parece igualmente positiva y poder discutir eso, como parte de las libertades básicas de una sociedad democrática, no debiera significar que grandes medios de comunicación usen su poder para atacar la reputación de nuestras organizaciones.
- Asimismo, la editorial, sin ninguna razonabilidad, acusa a las ONG de sobre utilizar las herramientas legales que democrácticamente han sido aprobadas en el país para defender los derechos de las personas. Es lamentable que se crea que el uso de las herramientas institucionales y pacíficas constituye un abuso, más cuando nos enfrentamos a una realidad donde grandes poderes concentrados por el Estado y las empresas, se oponen en general a personas que no tienen acceso a la justicia, el cual es proveído por ONG como la nuestra. Querer mermar las posibilidades de acción de organizaciones como la nuestra, simplemente redunda en dejar a las personas sin derecho de acceder a la justicia, dando carta blanca para el abuso de actores que quieran imponerse por vías ilegítimas.
- En uno de los artículos del suplemento se indica que dos abogados de ONG FIMA podría ser multados por 400 millones. Esta información es falsa, y solo da cuenta del desconocimiento del sistema legal de nuestro país y del interés del medio por desprestigiar nuestro trabajo.
La situación real es que actualmente dos abogados que trabajaron en FIMA se encuentran demandados en lo que es conocido mundialmente como “SLAPP” (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son demandas judiciales estratégicas que tienen como objetivo silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación pública. Generalmente, estas demandas son presentadas por entidades poderosas contra individuos o grupos que critiquen o cuestionen sus acciones.
Para que se entienda el sinsentido de la demanda, es útil explicar que dichos abogados ni siquiera eran demandantes, sino representantes de un grupo de personas, que interpusieron un recurso de protección y ganaron la paralización de un proyecto que opera sin permisos y que fue, posteriormente, multado por la misma razón. La empresa que operaba en la ilegalidad decidió demandar a los abogados por daños y perjuicios, con la clara intención de amedrentarlos, cuestión que por supuesto no ha logrado. La demanda, que actualmente se encuentra en proceso probatorio, no ha sido resuelta por los tribunales y en ningún caso significa una multa por algún accionar fraudulento por parte de nuestros abogados.
Se puede ver más información de ese caso aquí. - El financiamiento de nuestra organización está transparentado en nuestra web, así como las memorias anuales. Tal como lo indica el artículo, nuestro financiamiento proviene principalmente de organizaciones internacionales, y en menor medida de las asesorías que hacemos a municipios que contratan nuestros servicio. No existe ni ha existido nunca una sanción por algún problema en la rendición o adjudicación de ninguno de los proyectos que llevamos a cabo y todas nuestras acciones están debidamente respaldadas en todos las instancias pertinentes. Esto no significa que en el marco de investigaciones a otras organizaciones, se haya querido hacer un aprovechamiento político para enlodar nuestra labor y se nos haya acusado al voleo. Peor aún, no significa que no existan publicaciones en medios de propaganda en que se haya publicado información falsa o descontextualizada en nuestra contra.
El compromiso de ONG FIMA con la defensa del medio ambiente, los derechos de las personas y el patrimonio del país continúa igual de firme que siempre. El ascenso de visiones políticas extremas y exclusorias que quieren eliminar derechos y dañar la democracia es uno de los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Les invitamos a mantenerse alerta, contrastar la información que reciban y defender la democracia y los derechos humanos.
