Categoría: Columnas

Nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa, escribe hoy en una carta a La Tercera, las implicancias que tendría el retraso en la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales y la necesidad de no seguir demorando el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lea y comente aquí]]>

El día de hoy, 14 de noviembre de 2012, el diario el Mercurio publica una crónica en la que asegura que podría haber un atraso en la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales. Dicha situación es atribuida a las dificultades de la Alta Dirección Pública para dar con “el perfil” de las personas que estaban buscando

para ocupar los cargos, así como otras cuestiones administrativas más que predecibles, como la ocupada agenda del Senado en las últimas semanas del año. Esta situación no nos parece justificable en ningún sentido, en tanto la entrada en vigencia de los tribunales también implica la entrada en funciones de la Superintendencia de Medio Ambiente y por lo tanto, la entrada en vigencia de la mentada nueva institucionalidad ambiental. Al respecto, el día martes de 9 de noviembre, nuestro Director Ejecutivo envió una carta al diario El Mercurio, la que no fue publicada y que compartimos con ustedes: “Sr. Director: En relación con la preocupación manifestada en carta del día de ayer por el profesor Luis Cordero, referida al retraso en la tramitación para la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales, pareciera que este es un germen que ha afectado a toda la Institucionalidad Ambiental y que aquella “nueva institucionalidad” de la que tanto se habló desde 2010, al día de hoy sigue entrampada. En efecto, la ley 20.417 que modificó la Institucionalidad ambiental, consideraba una serie de reformas que, aunque no con la fuerza que quisiéramos, venían en densificar la regulación ambiental de tal forma de concretizar de mejor manera el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entre ellas; mejoras al sistema de evaluación de proyectos, la incorporación de la evaluación ambiental estratégica, la creación de una Superintendencia que fiscalizara los instrumentos de gestión ambiental, y el mandato de crear un Tribunal que sirviera de contrapeso a la Superintendencia y de un Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. A más de dos años de la entrada en vigencia de dicha ley, la mentada institucionalidad y los otros cambios siguen en su mayoría en estado de latencia No hay nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental ni Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica. La Superintendencia, sin entrar aún en funciones, ha sufrido cambios de Superintendente y varios otros en puestos claves y el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas no pasó de ser un proyecto de ley destinado a dormir junto a tantos otros sobre esas materias. Parte de ello debiera cambiar ahora con la entrada en funciones dos instituciones de extrema relevancia para la gobernanza ambiental, como son la Superintendencia y el Tribunal, claves en cuestiones relativas a cumplimiento y fiscalización. Pero el retraso en el proceso de selección de jueces del Tribunal Ambiental pone una nueva incertidumbre sobre si efectivamente este cumplirá con los plazos establecidos en la ley y si el 28 de diciembre podremos tener a estas instituciones operando adecuadamente. Mientras tanto, la gobernanza ambiental es cada vez más compleja, la confianza en las instituciones cada vez menor, el rechazo de las comunidades a los proyectos más fuerte y cuando la justicia se pronuncia en derecho se ve enfrentada al cuestionamiento de las mismas autoridades que no han logrado sacar adelante los procesos que les permitirían tener herramientas más adecuadas para enfrentar estos problemas. Ezio Costa Cordella Director Ejecutivo ONG Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA”]]>

El fallo señala que no se respetó el «derecho a consulta» consagrado en el Convenio 169 OIT. La Corte Suprema ratificó el fallo de segunda instancia, que en febrero pasado había revertido la aprobación ambiental del proyecto minero El Morro, de la canadiense Goldcorp, otorgado en 2011, debido a que no se hicieron consultas a las comunidades indígenas de la zona. El proyecto minero está ubicado en la Región de Atacama y su inversión asciende a los 3.900 millones de dólares para producir oro y cobre, siendo el octavo mayor del país, de acuerdo a cifras que maneja la Sociedad Nacional de Minería. Goldcorp había solicitado al máximo tribunal del país que dejara sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual había acogido el recurso de protección interpuesto por miembros de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos. Esta comunidad, que agrupa a agricultores de la etnia diaguita aledaños al megaproyecto, alegaron contra la Comisión de Evaluación de la III Región de Atacama, instancia que es presidida por la intendenta Ximena Matas. El reclamo de la comunidad se basa en que no se cumplieron las exigencias de la Ley Indígena y se violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hae referencia a los pueblos autóctonos. Lo anterior se refiere a que se tendrían que haber hecho consultas a los pueblos originarios si un proyecto interviene en sus terrenos. Ante esta petición, los ministros Pedro Pierry, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval y los abogados Alfredo Prieto y Arturo Prado, integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema, ratificaron unánimemente el fallo del tribunal de alzada, dejando sin efecto la resolución de calificación ambiental. En una parte del fallo se señala que se “deja sin efecto”… “en tanto no se subsanen las deficiencias observadas”. La empresa tendrá que analizar en detalle el fallo, para así estudiar los pasos que deberá seguir en adelante. La misma sala había, a mediados de marzo, revocado la aprobación

ambiental del parque eólico Chiloé de la empresa chileno-sueca Ecopower, también a que no se había consultado a la comunidad indígena Antu Lafqué. [Fuente. Diario el Mostrador. 29 de abril 2012]]]>