Karla Vargas, Ezio Costa y Sofía Rivera escribieron para la publicación coordinada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Octubre, 2025. La revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe” busca aportar a la comprensión del estado actual del derecho a la justicia ambiental en la región, en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, la criminalización de personas defensoras y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos ambientales. Para esto, cuenta con artículos que analizan el estado del derecho en siete países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Chile. A través de sus capítulos, se estudian los marcos normativos y políticas públicas de cada país, identificando avances, retrocesos y desafíos en la implementación de la justicia ambiental.
Con esto, en la publicación se entregan recomendaciones para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva, enfatizando en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales, garantizar la gratuidad y accesibilidad de los procesos, y promover la especialización de magistrados y operadores de justicia en materia ambiental.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una organización sin fines de lucro que promueve el derecho ambiental y las políticas de desarrollo sostenible. Recientemente, presentaron una nueva publicación para abordar .
La contribución de FIMA desde Chile
Para el capítulo de Chile, tres integrantes de ONG FIMA, Ezio Costa, director ejecutivo; Karla Vargas, encargada de procesos territoriales; y Sofía Rivera, investigadora de estudios, participaron con artículos que analizan distintos aspectos del ejercicio del derecho a la justicia ambiental en el país. Sus aportes abordan temas como el fortalecimiento de los tribunales ambientales, los desafíos en la aplicación del Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y los obstáculos que aún enfrentan las comunidades para acceder a mecanismos efectivos de reparación y defensa de sus derechos.
En este, concluyen que si bien Chile ha desarrollado avances importantes en materia institucional, como la creación de tribunales ambientales y la incorporación de estándares internacionales en su marco normativo, aún existen brechas importantes que impiden garantizar un acceso pleno y equitativo a la justicia ambiental. Entre los principales desafíos destacan la falta de recursos y capacidades en los organismos encargados de aplicar la legislación, la desigualdad en el acceso a la información y la participación, y las barreras que enfrentan las comunidades afectadas por conflictos socioambientales para obtener reparación efectiva. Los autores enfatizan que fortalecer la justicia ambiental en Chile requiere no solo mejoras normativas e institucionales, sino también un compromiso político y social para hacer de los derechos ambientales una realidad tangible para todas las personas.
