Ancud: Corte Suprema declara ilegal vertedero Puntra El Roble y acoge recurso de protección interpuesto por comunidades.

El pasado 6 de septiembre la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones en la que rechazó un recurso de protección interpuesto por las comunidades del sector de Puntra, en la comuna de Ancud, declarando así ilegal el vertedero Puntra El Roble.

Septiembre 2021. Luego de que en abril de 2019 se clausurara el vertedero municipal, ubicado en la comuna de Ancud, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para la Provincia de Chiloé y se solicitó a la Ilustre Municipalidad de Ancud informar un nuevo lugar para disponer los residuos, ante lo cual presentaron el de Disposición Transitoria en el sector de Puntra El Roble.

Esta elección causó molestia en las comunidades del sector, principalmente porque el nuevo relleno sanitario no había sido sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tal como lo indica la Ley Nº19.300.

Ante esto, se interpuso un recurso de protección en contra de la Jefa de la Oficina Provincial de Chiloé de Salud de Los Lagos y en contra de la I. Municipalidad de Ancud. Sin embargo, la Corte de Apelaciones indicó que el incumplimiento se amparaba en el contexto de alerta sanitaria y Covid-19, por lo que una vez finalizado el plazo otorgado por autoridad sanitaria, este debería someterse al SEIA.

Si bien la alerta se extendía hasta el 31 de diciembre de 2019, se realizaron una serie de autorizaciones a lo largo del tiempo, que aumentaban el tiempo de operación y, en la práctica, Puntra pasó de ser un Sitio transitorio de disposición a uno de disposición final.

La sentencia de la Corte Suprema

Con estos antecedentes, este lunes 6 de septiembre la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones, estableciendo que la actuación se traduciría en una “desviación de poder” y acogiendo el recurso de protección.

Una de las cuestiones relevantes de esta sentencia es que la Corte Suprema señala que las facultades de la autoridad de salud, aún en situaciones de alerta o emergencia sanitaria, no la habilitan para eludir la aplicación de normas legales como la Ley Nº19.300 y, por tanto, los actos impugnados estarían vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Así, la sentencia ordena, en un plazo de 90 días, la paralización del funcionamiento del vertedo y el retiro de todos los desechos sólidos domiciliarios dispuestos en Puntra, además de que la Municipalidad y la Seremi deberán actuar bajo un proyecto elaborado, evaluado y aprobado con una Resolución de Calificación Ambiental conforme a la normativa ambiental y sanitaria.

No es un hecho aislado: campaña de ONG FIMA por las y los defensores ambientales

La campaña da a conocer diez historias de personas que han vivido situaciones de amenazas y hostigamientos por su rol como defensores del medio ambiente.

Agosto 2021. Latinoamérica es la región más peligrosa para ser defensor ambiental y cuenta con los índices más altos de asesinados por proteger el medio ambiente. La situación en Chile es mejor comparada a otros países como Colombia y Brasil, sin embargo, los conflictos ambientales sí son una realidad.

Se han registrado, según el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 127 conflictos, de los cuales 70 se encuentran activos. Ante esto, las y los defensores ambientales cumplen el rol fundamental de dar a conocer su existencia y alzar la voz por el bienestar de la naturaleza y sus territorios. Esto los ubica en el foco para recibir amenazas y hostigamientos de quienes no persiguen los mismos intereses, pero muchas veces estas historias pasan desapercibidas y, por lo tanto, no se toma como una problemática real.

En ONG FIMA quisimos visibilizar las historias de personas que han vivido experiencias de amenazas por su rol como defensores del medio ambiente. Uriel González, Marcela Nieto, Michael Lieberherr, Verónica Vilches, Diego Ovalle, Rodrigo Mundaca, Andrea Rojas, Gabriela Simonetti, Rafael Sotomayor y Katta Alonso nos contaron sus historias para entregar el mensaje de que estos no son hechos aislados, sino que las y los defensores ambientales se encuentran en peligro y es necesaria la existencia de garantías de protección.

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Nuevo aporte al debate constitucional: lanzan libro “Por una Constitución Ecológica”, del abogado Ezio Costa Cordella

La presentación del libro se realizará este miércoles 08 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y estará a cargo de la bióloga y constituyente, Cristiana Dorador, y del abogado y académico, Diego Pardow.

Septiembre 2021. “Uno de los factores diferenciadores entre nuestro presente y el pasado es el aumento de la conciencia en materia ambiental. Sin embargo, esto no se ha convertido aún en sistemas sociales, económicos y jurídicos que den cuenta de los desafíos que se imponen (…) Si la Constitución que Chile se propone redactar y poner en vigencia en los próximos años pretende tener alguna lógica de realidad, es esencial que tome como base las condiciones ambientales en las que se desarrollará la comunidad jurídico-política que constituyen los pueblos de Chile”.

Estas palabras dan inicio al nuevo libro de Ezio Costa Cordella, abogado, académico de la Universidad de Chile y director ejecutivo de ONG FIMA. En «Por una Constitución Ecológica», Costa explora los detalles de ese concepto que por estos días es tema obligado de los y las convencionales constituyentes, y se sumerge en las normas que debería contener una Constitución Ecológica, situando como uno de los ejes centrales de la organización social a la protección ambiental.

Para el autor, este libro es un llamado expreso a quienes pretendan asumir un rol protagónico por tener una Constitución Ecológica, como una manera de salir adelante de la crisis climática y ecológica que vive la humanidad. “Por mi trabajo en ONG FIMA, estamos acostumbrados a tratar con casos muy difíciles, con un abuso sistemático de los bienes comunes naturales y una lógica general que mira a la naturaleza como una colección de recursos para explotar, en lugar de verla como la base de la vida. Al día siguiente del acuerdo por una nueva Constitución, con el equipo de ONG FIMA dijimos: ‘Este es el momento’. La nueva Constitución es quizás la última oportunidad de frenar a tiempo nuestra trayectoria destructiva y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos por lograr una Carta Magna que proteja realmente el medioambiente”, comenta Ezio Costa.

El lanzamiento fue este miércoles 08 de septiembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501, Santiago). “Este libro no está escrito solo para los convencidos, sino que para que personas que quizás miran esto como una ‘novedad’ o como algo más lejano puedan reflexionar con su lectura, quizás ordenar algunas ideas o darle nombre a algunas sensaciones que tienen respecto a la situación actual y cómo podemos cambiarla», explica Costa.

«Por una Constitución Ecológica» será presentado por la bióloga, doctora en Ciencias Naturales y constituyente, Cristina Dorador, y por el abogado, doctor en Derecho por la Universidad de California, Berkeley, y expresidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow.

“Este libro es publicado en un momento muy importante para Chile, donde estamos discutiendo y escribiendo una nueva Constitución”, comenta Cristina Dorador. “Ofrece una mirada muy actual y ecosistémica de la política, relata de forma amena y clara temas complejos, como los derechos de la naturaleza, y también señala la ruta para avanzar hacia el derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es un libro fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos de Constitución Ecológica”, agrega la convencional.

«Por una Constitución Ecológica» es un libro de Editorial Catalonia y ya está disponible en las principales librerías de todo el país.

Por el aforo permitido actualmente en lugares cerrados, la actividad presencial tuvo un público limitado; sin embargo, fue transmitido por streaming a través de las redes sociales de ONG FIMA y de El Desconcierto. Revive el evento aquí:

 

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Justicia para Chesque: Tribunal Ambiental anuló permiso para proyecto de piscicultura en zona cordillerana de la Región de la Araucanía

Las comunidades mapuche y los operadores turísticos del lugar habían presentado reclamaciones por la Resolución de Calificación Ambiental favorable entregada a esta iniciativa, que operó de manera irregular durante 20 años.

Agosto 2021. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló el pasado miércoles 25 de agosto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que había aprobado el proyecto “Mejoramiento Ambiental Piscicultura Chesque Alto”, iniciativa ubicada en esa localidad de la zona cordillerana de la Región de la Araucanía, donde conviven comunidades mapuche ancestrales y emprendimientos turísticos.

El proyecto preocupaba a la población del lugar por la emisión de contaminantes en el canal del río, la eliminación de residuos sólidos y el uso de antibióticos. Además, llevaba más de 20 años funcionando de manera irregular.

Luego de un análisis de las observaciones y reclamaciones de los afectados, el Tercer Tribunal Ambiental estableció que la autoridad ambiental no respondió adecuadamente a las preocupaciones que las comunidades habían manifestado por la afectación de las aguas, de su cosmovisión -íntimamente vinculada con el componente hídrico-, el valor turístico de la zona y el patrimonio cultural representado por el Trawunko y el Lawentue o Menoko, ambos reconocidos como sitios de significación cultural.

Desde el año 2013, la comunidad mapuche José Caripán con el apoyo de abogados de ONG FIMA, ha presentando distintas medidas y acciones para evitar su expansión. Sin embargo, en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, que buscaba regularizar su funcionamiento. Ante esto, se presentaron dos reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental, en representación de las comunidades mapuche José Caripang, Gregorio Alcapan, Juan Cayulef, y otras personas naturales de habitantes de Chesque Alto: Juan Paillamilla, Mónica Paillamilla, Mauricio González, Camilo Carrillo, Ana Gallardo y Jorge Caripán.

Marcos Emilfork, abogado del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA, explica que no se pudo descartar que las emisiones del proyecto generaran un efecto adverso en la calidad de las aguas del estero Nalcahue y el río Chesque. “Esta sentencia es importante para las comunidades mapuche que reclamaron en contra de la calificación favorable del proyecto, porque reconoce la existencia de su cosmovisión, la que no puede explicarse ni desarrollarse sin una calidad adecuada de las aguas en el territorio en el que viven y desarrollan sus sistemas de vida y costumbres”, explicó Emilfork.

Juan Paillamilla, lawentuchefe y miembro de la comunidad José Caripán, comenta que los efectos adversos del proyecto eran tangibles: “Agua con desechos de la producción de salmones, malos olores, turbiedad y espuma, enfermando el espacio sagrado mapuche, extinguiendo algunas plantas medicinales y, más aún, contaminando nuestra agua sagrada para las ceremonias propias de nuestra cultura mapuche”. Paillamilla recuerda que fueron casi 10 años de sacrificio de las comunicades, las organizaciones y las personas naturales. «Ahora tenemos que seguir el compromiso de cuidar nuestras fuentes de agua que nos dan la vida para quienes vivimos en el territorio, agrega.

Para Hans Labra, vecino de la piscicultura, esto es un triunfo intergeneracional muy importante para la comunidad, ya que se podrá transmitir su cultura a las nuevas generaciones, dándole énfasis a la espiritualidad del territorio: “Este fallo amplía la lucha territorial a lo que realmente es el espacio del Ngen-ko, el espíritu que está dañado”.

ONG FIMA presentó en la Convención Constitucional sobre los principios para una Constitución Ecológica

Este miércoles 25 de agosto, Gabriela Burdiles, directora de proyectos, y Patricia Araya, directora de incidencia, de ONG FIMA participaron en la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial

Agosto 2021. La Convención Constitucional ha contado en sus distintas comisiones con diversas presentaciones de expertos y organizaciones que buscan orientar y apoyar este proceso desde sus áreas de trabajo.

 En ese contexto, la directora de proyectos de ONG FIMA, Gabriela Burdiles, asistió a la Comisión Nº21 de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, para expresar el trabajo que se ha realizado en esa materia. “Quisiera mostrar cómo el centralismo y las diversas barreras a la participación de las regiones en los territorios, que largamente se han abordado en estas audiencias y en estas sesiones, han sido causa de numerosas injusticias ambientales en Chile y, sobre todo, qué podemos hacer al respecto”, indicó.

En una presentación de alrededor de 10 minutos, repasó datos que reflejan el centralismo en la toma de decisiones ambientales y los problemas que ello genera, mencionando, entre otras cosas, que el 40% de los conflictos se dan desde la Región del Ñuble al sur, y el 36% de Coquimbo al norte, mostrando una distribución inequitativa de las cargas y conflictos ambientales. 

Finalmente, presentó las propuestas que desde nuestro equipo se han elaborado para incluir la perspectiva ecológica y la democracia ambiental en las normas de descentralización y equidad territorial en la nueva Constitución, las que además se pueden encontrar en el documento «Bases para una Constitución Ecológica en Chile».

Te invitamos a revisar la presentación aquí:

 

Reflexiones para una transición ecológica: informe de ONG FIMA sobre el modelo de desarrollo actual y la consecuente desprotección de la naturaleza

El proceso constituyente abre las puertas para cambiar el modelo de desarrollo actual. Por ello, este informe de ONG FIMA busca reflexionar sobre las propuestas que nos permitan acercarnos a una transición ecológica y a establecer un nuevo modelo adaptado a la situación climática y ecológica actual.

Agosto 2021. El modelo económico actual ha generado consecuencias en el estado del medioambiente y definido nuestra relación con la naturaleza. En esa línea, el informe “La consagración jurídica de un modelo de desarrollo en la constitución de 1980 y sus consecuencias ambientales: reflexiones para la transición ecológica” busca caracterizar y explicar cómo la presente Constitución ha impactado en la visión actual de desarrollo del país, marcada por un modelo económico neoliberal y extractivista, y cómo esto se traduce en una desprotección de la naturaleza.

Comenzando con una reseña histórica, se repasan las bases teóricas del modelo actual y la visión tradicional de desarrollo que este implica, el cual ha sido incluso autocriticado por el Banco Mundial al indicar que este no puede ser entendido sólo como crecimiento económico sino que, entre otras cosas, debe considerar variables como la integración social y la protección del medioambiente. Además, se analiza el denominado Orden Público Económico, que son los principios y normas que establecen cuál es el ámbito de acción del Estado en materias económicas.

Así, el informe concluye que Chile cuenta con un Estado con baja capacidad de intervención en materias económicas, limitado en sus posibilidades de actuar respecto al bien común y fuertemente marcado por su tarea de incentivar la iniciativa privada, impidiendo plasmar las preocupaciones y realidades ambientales del territorio.

Considerando que el proceso constituyente que se esta viviendo en el país se presenta como una oportunidad para el cambio, este documento, escrito por Raquel Águila, Sofía Riveros, Ezio Costa y Luciano González y producto del equipo de Estudios de ONG FIMA, responde a la búsqueda de propuestas que contribuyan a avanzar hacia una transición ecológica más respetuosa con la naturaleza, dejando atrás el modelo económico actual y estableciendo las bases de uno nuevo, adaptado a la crisis climática y ecológica, y al contexto socioambiental del país.

Descarga aquí: Resumen Ejecutivo y el documento completo.

 

Te invitamos a revisar el siguiente video donde Victoria Belemmi, coordinadora de Estudios de ONG FIMA, nos comenta sobre este informe.

Comunidades no se rinden ante destrucción de Canal Kirke

Dos recursos de invalidación contra la autorización ambiental que permite el ensanchamiento del Canal Kirke en Seno Taraba, Magallanes, presentaron hoy las comunidades Kawésqar y la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes)

23 de agosto 2021. Hasta la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, llegaron representantes de la agrupación “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar” y SCAC Magallanes, acompañados de abogados de ONG FIMA, para presentar dos Recursos de Invalidación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental que califica favorablemente el proyecto de Ensanchamiento del Canal Kirke.

“El Nakjerre kst’ai o canal Kirke, es un paso milenario que ha servido a los Kawésqar para transitar por el territorio, además, es un lugar ancestral de morada de espíritus; nos parece extraño que quieran explotarlo y no sabemos qué consecuencias podría traer ese ensanche a nuestro territorio. Lo que sí sabemos, es que es una más de las situaciones que vulneran los derechos de nuestras comunidades”, comenta Letica Caro, de las Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar.

“Emplazamos al gobernador regional, Jorge Flies, a que desista del proyecto. De esta manera nos permitiría ahorrarnos este trance, porque es un trance largo, y lo emplazamos también, a que cumpla con lo que ha dicho de respetar los derechos de los pueblos indígenas, porque aquí hay uno claramente vulnerado, y es la consulta”, agrega Caro.

La acción busca que la autoridad ambiental deje sin efecto el proyecto, debido a que la aprobación se realizó sin la debida consulta indigena, además, de no evaluarse apropiadamente los impactos sobre las comunidades ni sobre el medio marino, todo lo cual se suma a que un proyecto así no es compatible con los objetivos de protección del Parque y Reserva Nacional Kawésqar.

“Hoy se han presentado dos Recursos de Invalidación, uno por parte de las comunidades Kawésqar, que nosotros, como ONG FIMA, patrocinamos; y otro por parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes. En ambos casos el objetivo es que se anule la Resolución de Calificación del proyecto por el ensanchamiento del Canal Kirke, la cual fue dada sin considerar adecuadamente sus impactos ambientales, sobre todo lo que implicará para las comunidades Kawésqar al ejecutarse al interior de la Reserva Nacional Kawésqar” Explica Macarena Martinic, abogada de la ONG.

Por su parte, desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma que agrupa a más de 40 organizaciones y personas preocupadas por la defensa del medio ambiente y el clima en Magallanes y con participación a nivel Nacional, se suman a esta acción motivada por su compromiso con contribuir a la construcción de una región que se haga cargo de la crisis climática y ecológica que vivimos, con justicia ambiental y participación ciudadana.

“Es importante entender y valorizar el hábitat de los pueblos y las comunidades originarias y por sobre todo en el espíritu de entender que el desarrollo regional debe tener a la naturaleza como centro”, indicó Cristian Valle, miembro de SCAC Magallanes.

La organización argumenta que entre los problemas de la evaluación del proyecto, está la falta de participación ciudadana efectiva, y la falta de información sobre la afectación a los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y marina y al valor paisajístico de la Zona de Interés Turístico Torres de Paine- Puerto Natales, entre otros.

Corte Suprema mantiene rechazo a salmonera que pretendía instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar y a 1600 metros del Parque

El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la empresa Trusal y el SEA en contra del fallo del Tercer Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental que autorizaba la instalación de un centro de cultivo en el Seno Taraba, región de Magallanes.

 La falta de evaluación de los impactos adversos significativos que podría causar un centro de cultivo en un área protegida, motivó al Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, a revocar la autorización del proyecto de la empresa Trusal.

 A juicio de los ministros, el proyecto, ingresado por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no contenía información suficiente respecto a sus impactos. En particular, concluyeron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no requirió al titular la totalidad de la información solicitada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, desde donde se manifestó la necesidad de evaluar los impactos que provocaría la descarga de contaminantes sobre las especies claves y estructuradoras de los ecosistemas.  

 “Este fallo es muy importante para la conservación de la biodiversidad, ya que establece que el Tribunal llegó a una correcta convicción respecto a que no se habrían descartado los efectos adversos significativos sobre la biota marina del lugar, por lo que la Declaración de Impacto Ambiental debió haber sido rechazada”, explica Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA. 

Protección de fiordos y ecosistemas frágiles

Este caso se suma a las múltiples acciones que las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar conformadas por Ata’p, Residentes en Rio Primero, As wal Lajep, Inés Caro, y Grupos Familiares Nómades del Mar,con el apoyo de las ONG AIDA, Greenpeace y FIMA, están realizando para proteger los prístinos ecosistemas marinos de Magallanes, territorios ancestrales indígenas, de la depredación producida por las salmoneras, las cuales ya han protagonizado múltiples eventos de daño y contaminación masiva en las regiones de Los Lagos y Aysén.

 «Para nosotros como comunidades este nuevo triunfo es muy importante, comprueba lo que hemos venido diciendo durante años respecto al tremendo daño que generan las salmoneras y también que no es posible que se nos excluya de los procesos de decisión respecto del territorio a las comunidades Kawésqar. Que la Corte Suprema haya mantenido el rechazo es un tremendo paso y señal respecto a lo incompatible que son las salmoneras con la protección de territorio. El Seno Taraba es muy importante para cada una de las comunidades que somos parte de este trabajo” señaló Maria Navarro Águila, de la comunidad Seno Obstrucción. 

 Por su parte, Florencia Ortúzar de AIDA, celebró el hecho de que “el fallo reconoce el problema de la contaminación orgánica que generan los centros de salmonicultura, por la descarga de fecas y alimento no consumido en el fondo marino y su disolución en la columna de agua. Lo anterior lleva a un aumento en la demanda de oxígeno, lo que genera zonas anaeróbicas o anóxicas, donde la vida se torna difícil o imposible. En Magallanes constantemente alrededor del 50% de las concesiones reportan aguas con este desequilibrio de oxígeno, y no hay medidas específicas para evitar que esto suceda o para exigir que se resuelva inmediatamente (incluyendo la reparación de daños que la asfixia implica)”. 

 El Parque Nacional Kawésqar se extiende por 2,8 millones de hectáreas terrestres, siendo el segundo parque más grande de Chile. Las zonas costeras que lo rodean, sin embargo, están protegidas bajo la figura de Reserva Nacional, categoría de menor protección. El problema es que dichas aguas están actualmente amenazadas por 67 concesiones otorgadas dentro de la reserva, a las que se suman otras 61 concesiones en trámite.

“No es posible que se continúe permitiendo la aprobación de concesiones de salmonicultura dentro de áreas protegidas, sus alrededores y en territorio indígena. Estamos ante ecosistemas muy frágiles de los cuales dependen diversas especies y comunidades locales. Es impensable pensar en la aprobación de un centro en estas zonas sin que sean afectadas. Por eso nuestro llamado a detener la expansión de la industria y frenar la aprobación de concesiones. El mar no da para más”, explica Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace.

Te invitamos a revisar el video donde Marcos Emilfork de ONG FIMA, nos explica el fallo.

Oceana y FIMA ponen a disposición de las y los constituyentes estudio que compara protección del medio ambiente en constituciones de 30 países

Principales conclusiones serán comentadas en un seminario a realizarse el 7 de julio a las 17 horas.

Santiago, 6 de julio, 2021. La organización de conservación marina Oceana y la ONG FIMA lanzaron un reporte que analiza ejemplos sobre cómo otros estados protegen el medio ambiente a través de sus constituciones. El informe, encargado a la Directora del programa de derecho ambiental de la Universidad Diego Portales y doctora en derecho, Dominique Hervé, revisa la forma en que 30 países han incorporado el reconocimiento y protección del medio ambiente en sus Constituciones.

“Nuestro propósito es nutrir el debate nacional y poner a disposición de las y los constituyentes algunas herramientas que permitan discutir sobre la mejor manera de incluir la dimensión ambiental en la nueva Constitución”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile. “Esta carta magna será escrita en medio de una de las mayores crisis climáticas que ha enfrentado nuestro país, por eso garantizar e incluir la protección ambiental es imperante”, agregó.

Desde FIMA, su Director Ejecutivo, Ezio Costa, manifestó que la actual Constitución entrega gran relevancia al individuo, a la propiedad privada y a la libertad económica en desmedro del medio ambiente. “La inclusión de la preocupación ambiental en un nuevo texto constitucional, implica reconocer que para nuestra existencia el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es esencial, y que debemos reconfigurar la relación con la naturaleza, entendiendo que las actividades de la sociedad deben estar en armonía con su entorno”, aseveró.

El reporte incluye análisis de países en cuyas constituciones se incorpora la protección del medio ambiente y en donde destacan estados miembros de la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como Alemania y España; de Sudamérica, Asia y África. Las temáticas que se consideraron en el estudio fueron el derecho al medio ambiente sano, derechos de acceso, propiedad y bienes comunes, derechos de la naturaleza y buen vivir, derecho humano al agua, cambio climático, desarrollo sostenible y justicia intergeneracional y ordenamiento territorial.

Las principales conclusiones del reporte serán analizadas por su autora principal, Dominique Hervé en el webinar “Constitución y Medio Ambiente: Revisando ejemplos de otros países” que se realizará el miércoles 7 de julio a las 17 horas vía Zoom, que contará con los comentarios de la abogada de FIMA, Victoria Belemmi y el director de pesquerías de Oceana, César Astete.

Revisa el informe aquí:

Llamado a concurso: Estudio sobre monitoreo y medición de contaminación atmosférica en Mejillones

Se extiende el plazo para postular al concurso hasta el viernes 23 de julio.

 

I. Fundamento de la investigación

ONG FIMA con el apoyo de European Climate Foundation, está desarrollando un proyecto que busca acelerar el proceso de descarbonización y transición justa a energías limpias, a través del cierre de las plantas termoeléctricas que actualmente están operando en zonas altamente contaminadas como Huasco y Mejillones (ambas denominadas como Zonas en Sacrificio Ambiental).

En paralelo a este objetivo, debido a la vulneración de derechos humanos que significa la falta de justicia ambiental en dichos territorios, se identifica como una urgencia mejorar lo antes posible los estándares de monitoreo y regulación de la contaminación atmosférica en dichas zonas, con el fin de proteger la salud de la población mientras se avanza en la descarbonización de la matriz energética.

Frente a ello, Chile cuenta con diferentes instrumentos de gestión ambiental que contribuyen a la regulación de las actividades más contaminantes, como son las normas de calidad y emisión ambiental, la declaratoria de zona latente y/o saturada, y los consecuentes Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDAs).

En el caso de Mejillones, a pesar de que contiene un complejo industrial con alrededor de 8 termoeléctricas y otras industrias altamente contaminantes, es la única localidad identificada por el INDH como Zona en Sacrificio, que no ha sido declarada como zona latente ni saturada, no contando con un PPDA que pueda regular estrictamente la actividad de las industrias más dañinas para la población.

Si bien la falta de la declaración de latencia o saturación puede deberse a múltiples factores, una hipótesis levantada por las industrias del sector es que los sistemas de ventilación natural de Mejillones permiten que las emisiones de gases y la mayor parte de la contaminación atmosférica se dispersen lejos de los centros poblados. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil señalan que lo determinante serían los problemas en la cantidad, distribución y funcionamiento de los puntos de monitoreo existentes. Los estudios existentes en la materia por lo general no han sido concluyentes, principalmente por problemas metodológicos.

Por lo tanto, para poder impulsar las acciones de protección ambiental idóneas para Mejillones, es fundamental contar con evidencia científica que nos permita tener un mejor diagnóstico y análisis de la contaminación atmosférica del territorio. De este modo, buscamos identificar una priorización de las medidas necesarias a implementar por parte de las instituciones pertinentes para garantizar una adecuada medición atmosférica en esta zona, ya sean cambios en la gestión y administración de las estaciones de monitoreo o bien la necesidad de instalar nuevas estaciones.

II. Convocatoria y contenido del estudio

Para ello, ONG FIMA ha abierto esta convocatoria para realizar un estudio sobre la medición actual de contaminantes atmosféricos asociados a la actividad de las termoeléctricas que operan en el complejo industrial de Mejillones, específicamente respecto de los gases MP2,5, MP10, SO2, NO2, CO, O3, Pb, y As; que efectúa la autoridad ambiental. El estudio debe contemplar los siguientes aspectos:

  1. Verificar los datos oficiales de monitoreo de calidad del aire existentes a partir de las normas de calidad ambiental vigentes en Mejillones y su zona circundante (período de referencia desde 1997 a la fecha2).
  2. Identificar las entidades a cargo de la administración y gestión de las estaciones de monitoreo, y la forma en la que es reportada la información recopilada a los organismos ambientales competentes y/o población en general.
  3. Identificar niveles y eventuales episodios de superación de las normas primarias de calidad ambiental de MP2,5, MP10, SO2, NO2, CO, O3, Pb, y As; y tendencias en los niveles de contaminación (presencia/ no presencia de contaminación) a partir de la información oficial y no oficial existente.
  4. Identificar y evaluar las razones y fundamentos de la autoridad para la determinación y localización de los actuales puntos de monitoreo atmosférico en Mejillones.
  5. Identificar puntos críticos de contaminación atmosférica en Mejillones y su zona circundante, considerando las condiciones geográficas de la zona, donde pueda existir posible superación de normas de calidad, pero no se cuente con información suficiente debido a inexistencia o mal funcionamiento de estaciones de monitoreo.
  6. Entregar, a partir de la información recopilada, un diagnóstico científico de la situación atmosférica en Mejillones, y propuestas para mejorar el monitoreo de contaminación del aire en la zona.

III. Condiciones, presupuesto y consideraciones

Para la selección de la persona o entidad a realizar el estudio, se considerará:

  • Que se trate de profesionales del área de ciencias naturales y/o ambientales.
  • Pueden postular tanto personas naturales como jurídicas.
  • Posibilidad de concretar viajes a terreno para realizar mediciones.
  • Temporalidad del estudio: 3 meses (julio, agosto y septiembre 2021).
  • Número de entregas: 2. Una intermedia a mediados de agosto, y una definitiva a finales de septiembre.

En caso de estar interesado en postular para la elaboración del presente estudio, enviar correo a fima@fima.cl a más tardar el jueves 15 de julio, manifestando dicha intención, junto con el respectivo CV de las y los investigadores propuestos para llevar a cabo el estudio, junto con una propuesta metodológica y presupuestaria de todos los gastos asociados a la investigación. Consultas y observaciones se recibirán sólo a través del correo indicado.

Descarga las bases del concurso aquí