Viña del Mar se cuadró con una Constitución Ecológica: instalación artística en hielo en la Playa El Sol mostró la urgencia de la crisis climática

Según un reciente informe de la ONU, Viña del Mar, Santiago y Concepción son tres ciudades que están con un nivel muy bajo de vegetación debido a los efectos del cambio climático. Este dato se suma a la contundente evidencia que devela la urgencia de la actual crisis climática y la necesidad de una Constitución Ecológica para hacerle frente.

ONG FIMA, con colaboración de los artistas Daniel Reyes León y Rubén Castillo Antivilo, realizó una intervención artística en la concurrida Playa El Sol, de Viña del Mar, que consistió en presentar en letras de hielo, de aproximadamente un metro, el concepto “Chile se derrite sin una Constitución Ecológica”. Las letras de hielo fueron puestas la mañana de este viernes 4 de febrero en esa playa viñamarina sobre una plataforma hasta derretirse por completo. La idea es representar lo que ocurre a nivel nacional y mundial con el alza de las temperaturas.

Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, explicó que “es necesario que se exprese fuerte y claro que queremos una Constitución Ecológica y recuperar la armonía con la naturaleza. Proteger a Chile en lugar de derretirlo”.

“El hielo es algo así como un indicador del clima, no por nada el derretimiento de los hielos ‘eternos’ es un síntoma inequívoco del calentamiento global”, dijo Daniel Reyes León, artista visual, editor y académico en la Universidad de Chile, a cargo de la instalación.

El evento contó con la presencia de Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, quien enfatizó en la urgencia de la crisis climática y la necesidad de que las instituciones apunten a la sostenibilidad. “No es razonable que al 2050 haya más basura que peces en el mar, y el 2050 está a la vuelta de la esquina. No es razonable que hoy comunidades pobres no puedan acceder al agua para cubrir sus necesidades vitales más básica. No podemos llegar a que nuestros sistemas colapsen por no hacer nada a tiempo (…) Todos los organismos públicos y privados, financieros, tienen que apuntar hacia la sostenibilidad,  porque no hay más planeta”, dijo la jefa comunal.

Adicionalmente, la intervención fue visitada por Katta Alonso, vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví; Liliana Plaza y Liliana Cancino, de la agrupación Ojos de Mar, de Llolleo.

“Es de suma importancia que esta nueva Constitución sea ecológica y social, es lo que la ciudadanía ha pedido”, señaló Katta Alonso. “Somos parte de la naturaleza y no la podemos seguir destruyendo si queremos dejarles vida a las nuevas generaciones. El cambio climático es real y evidente, y también cómo el hombre sigue destruyendo el planeta. Debemos detener las emisiones de CO2 y todo el desastre ecológico que el mismo hombre ha producido, y también intentar recuperar todo lo que se ha perdido”, agregó la vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio.

Para Liliana Cancino, de la agrupación Ojos de Mar, una Constitución Ecológica “es una necesidad urgente, porque ya hemos tenido suficiente con la ambición de las personas y de las empresas, que tienen graves efectos sobre los ecosistemas”, dijo. Y agrega que “cuando me voy de San Antonio es terrible ser los esteros secos a través del litoral. Es terrorífico lo que le hemos hecho a la naturaleza, porque no solo es que estamos en emergencia climática; tal como dice el informe del IPCC es el ser humano el principal responsable de esto”.

La instalación contó además, con carteles informativos sobre lo que significa tener una Constitución Ecológica y cifras impactantes sobre glaciares, emisiones de gases de efecto invernadero, crisis ecológica, etc.

Corte Suprema ordena al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de Participación Ciudadana para proyectos salmoneros en Reserva Nacional Kawésqar

“Quizás este pudiera ser un gran paso para comenzar la salida de esta industria de nuestros canales, de nuestro mar, y comenzar a conservar el equilibrio de nuestro territorio ancestral”

Santiago, 1 de febrero 2022 – Ayer la Corte Suprema (Rol No 60.548-2021) dio una nueva señal en favor de las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas, al sentenciar la apertura de un proceso de participación ciudadana previo a la autorización de instalación, fusión y relocalización de cuatro centros de cultivo de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La solicitud fue realizada por comunidades Kawésqar y las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA.

“Para nuestras comunidades es muy importante el fallo de la Corte Suprema, sobre todo porque está misma empresa que está instalada al otro lado del canal Aswalisnan, es la que ha provocado gran daño en el territorio, a los sitios funerarios, lugares sagrados, etc.”, señala Haydee Aguila, de la Comunidad Kawesqar ATA’P, quien ve con optimismo esta sentencia, y agrega “Es importante mencionar que quizás este pudiera ser un gran paso para comenzar la salida de esta industria de nuestros canales, de nuestro mar, y comenzar a conservar el equilibrio de nuestro territorio ancestral. Nuestros antepasados fueron desarraigados desde sus propios campamentos, no podemos seguir permitiendo las mismas prácticas en la actualidad, cuando todo está cambiando”.

Anteriormente, la autoridad ambiental se había negado a abrir estas etapas de consultas, situación que hoy es revertida por el fallo del máximo tribunal del país al acoger este Recurso de Protección. La sentencia, además, se refiere a los impactos que estos proyectos implican para los ecosistemas y las comunidades, debido al alto uso de antibióticos, degradación del fondo marino, y fugas periódicas de salmones, entre otras consecuencias, las cuales aumentan el área de influencia de los proyectos, más allá del lugar en el que se ubican.

“Valoramos la sentencia de la Corte Suprema, la que, por primera vez, decreta la apertura de procesos de participación ciudadana en el caso de proyectos acuícolas salmoneros. La Corte acierta en reconocer los enormes y extensos impactos que genera esta industria. Esperemos esta jurisprudencia tenga efectos en los actuales procedimientos de reclamación que se siguen tanto en tribunal ambiental como en el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de Nova Austral, donde se pueda reconocer que, no solo sus evaluaciones carecían de procedimientos de participación ciudadana, sino que se encuentran instalados dentro de un área protegida y maritorio Kawésqar”. explica Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA.      

Al respecto, Estefanía González de Greenpeace, señala que “es un tremendo triunfo de las comunidades que se haya reconocido el derecho a la participación, en particular en el caso de las comunidades indígenas, ya que los proyectos de salmonicultura impactan directamente en sus territorios.” No obstante, precisó, “hay que estar alerta, pues esperamos que lo mismo ocurra con los otros cinco proyectos de relocalización en la reserva nacional Kaweskar y que este sea el primer paso para que de manera efectiva se rechace la instalación de salmoneras en esta reserva. La salmonicultura es incompatible con los objetivos de creación de esta área protegida y esperamos que con el próximo gobierno esto se haga efectivo».                             

Los proyectos salmoneros que deberán someterse a procesos de participación ciudadana siguiendo lo ordenado por la Corte Suprema, consisten en proyectos de instalación fusión y relocalización de centros de cultivo de salmónidos, de la empresa Nova Austral S.A. Estos proyectos incluyen centros de engorda de salmones, artefactos navales con oficinas, bodegas, plataformas flotantes, entre otros, todos ubicados en la prístinas aguas de la Reserva Nacional Kawésqar, aledaña al Parque Nacional Kawésqar.

*Foto: Parque Nacional Kawésqar-8-©Antonio-Vizcaíno

Hacia una Constitución Ecológica: Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución

Para continuar en el camino hacia una Constitución Ecológica, ONG FIMA presenta un nuevo informe dónde analiza el desarrollo de los Derechos de la Naturaleza en el derecho, comparando la situación en 10 países.

Enero 2021. Nos encontramos en una crisis ecológica y climática donde los cambios que ha provocado el humano sobre los ecosistemas ya son evidentes. La contaminación, crisis hídrica, avances de las zonas áridas y la pérdida de biodiversidad son algunas muestras de que estamos ante un problema profundo.

La forma en que se ha desarrollado la humanidad con su entorno ha sido deficiente, generando la destrucción de la naturaleza. Ante esto, se plantea la necesidad de cambiar el paradigma antropocéntrico por uno ecocéntrico, que transite hacia una relación de respeto e igualdad con la naturaleza, donde se respeten sus ciclos y límites, reconociendo que todas las formas de vida son moralmente relevantes. Reconocer derechos de la naturaleza jurídicamente exigibles, se ha planteado como útil para avanzar hacia esta relación más armónica con el entorno.

El último informe de ONG FIMA «Hacia una Constitución Ecológica: Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución», realiza un análisis del desarrollo de los derechos de la naturaleza en el derecho, haciendo una breve revisión sobre su recepción e implementación, y comparando la situación de países como Ecuador, Colombia, Australia, India, Nueva Zelanda, Bolivia, Bangladesh, México, Uganda y Estados Unidos. Esto con la finalidad de plantear algunas propuestas que puedan resultar útiles para que, en Chile, estos derechos sean una herramienta eficaz para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos ambientales.

Descarga el informe completo y el resumen aquí:

Resumen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe completo:

¡Nuevo plazo! Concurso: «Salvemos los glaciares y la biodiversidad del Santuario Yerba Loca»

ONG FIMA junto a Patagonia invitan a participar de la iniciativa que para sensibilizar y difundir al público la necesidad de proteger y conservar esta área protegida y reserva de agua de gran importancia para el país y en particular para la Región metropolitana

20 Enero 2022. Los glaciares cumplen un rol fundamental para la biodiversidad y para las personas, manteniendo el equilibrio hídrico y climático de la cuenca, actuando como reservas de agua dulce, proporcionando lluvias a áreas urbanas cercanas, entre otros.

Bajo el contexto de crisis climática y ecológica, y de escasez hídrica, es relevante actuar por la protección de las reservas de agua dulce congelados para asegurar el acceso a la población y el equilibrio ecológico. La seguridad hídrica de Chile depende de la protección de los glaciares, pero lamentablemente, se encuentran bajo amenaza. Actividades como la extracción, excavación y uso de explosivos; el aceleramiento de la fusión debido al material emitido por las minas; la construcción de carreteras e infraestructuras en sus cimas; y los vertederos de relaves que contaminan las aguas superficiales y subterráneas, impactan negativamente sobre estos cuerpos de agua congelada.

En el caso de la cuenca de Santiago, el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, hotspot de biodiversidad, y el Glaciar La Paloma se están viendo afectados por el paso de proyectos de expansión mineros.

Es por esto que desde ONG FIMA y Patagonia invitan a participar del concurso «Salvemos los glaciares y la biodiversidad del Santuario Yerba Loca», a través de las categorías de Fotografía y Literatura, con obras inéditas que llamen la atención sobre la amenaza que representan las industrias extractivas.

Los premios son: Primer premio: Giftcard Patagonia $150.000; Segundo premio: Giftcard Patagonia $75.000; Menciones honrosas: Libro «Hacia una Constitución Ecológica» de Ezio Costa; Premio del público: Giftcard Patagonia $150.000

Envía tus postulaciones a partir del 20 de enero hasta el 31 de marzo al correo fima@fima.cl

Revisa las bases completas aquí: BASES

Descarga la Declaración Jurada: AQUÍ

¡Participa y comparte la importancia de proteger los glaciares!

 

SCAC PRESENTÓ INICIATIVA POPULAR DE NORMA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA Y ECOLÓGICA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La propuesta ingresada por la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) busca que la nueva Constitución tenga un enfoque ecológico transversal y ya suma más de 2000 firmas

El documento es el resultado de un esfuerzo colaborativo de diversas organizaciones nacionales que son parte de la SCAC, quienes durante meses se reunieron para la redacción de la Iniciativa Popular de Norma “Una Constitución Ecológica para enfrentar la crisis climática”, la cual quedó fichada con el número 45.658. En esta se busca incorporar elementos que hagan de la nueva Carta Magna una herramienta útil ante la emergencia climática y ecológica en nuestro país.

La propuesta busca ser debatida en la Comisión 2 Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Sus planteamientos se encuentran alineados con una visión ecocéntrica, además de reconocer el deber colectivo de protección del medio ambiente y los derechos humanos ambientales.

“Una de las mayores fortalezas de esta iniciativa de Constitución Ecológica es que, al estar dirigida a la Comisión de Principios, la protección del medio ambiente podría estar de forma transversal en la nueva Constitución, porque esta es una de las principales secciones y se encuentra al inicio del texto”, explica Violeta Rabi, vocera de la SCAC e investigadora de Rumbo Colectivo.

En específico, la iniciativa propone 6 ejes principales: el involucramiento de comunidades y pueblos en la toma de decisiones, garantizando el acceso a la información, participación y justicia ambiental; que la toma de decisiones sean basadas en la ciencia, teniendo en cuenta el Buen Vivir y la justicia intergeneracional; el deber del Estado de garantizar un equilibrio ecológico; asegurar la adaptación producto de la crisis climática y de biodiversidad bajo una transición justa; el deber del Estado de reducir emisiones de gases de efecto invernadero; y promover y garantizar la educación ambiental.

“El proceso constituyente en Chile es la primera experiencia a nivel mundial que se hace reconociendo la crisis climática y representa una gran oportunidad para proveer al país de mejores herramientas legales e institucionales para una protección robusta de la naturaleza”, dice Rabi. “Lograr una Constitución Ecológica puede ser el primer paso para dar solución a problemáticas socioambientales que se han arrastrado durante décadas, como la crisis hídrica o el extractivismo desenfrenado”, agrega.

La iniciativa popular se publicó en la plataforma oficial de la convención el miércoles 12 de enero, y en menos de 48 horas, logró recolectar más de mil apoyos. Se requiere de un mínimo de 15 mil firmas para que la propuesta sea discutida en la Convención Constitucional, las cuales deben reunirse antes del 1 de febrero.

Las iniciativas pueden ser apoyadas por todos las personas mayores de 16 años con nacionalidad chilena, o extranjeros y extranjeras que tengan residencia en Chile. Para hacerlo, solo se debe ingresar al este link y hacer clic en el botón “Apoyar”. Después de eso, la plataforma pedirá que se ingrese RUT y Clave Única o Número de Documento, el cual viene escrito en la parte delantera de la cédula de identidad.

La SCAC es una plataforma que reúne a más de 80 organizaciones del mundo ambiental, entre los que se incluyen movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones académicas. Solo quedan 2 semanas para apoyarlos y ayudar a llevar esta iniciativa a la Convención Constitucional.

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“Chile se derrite sin una Constitución Ecológica”: Con intervención artística en hielo buscan visibilizar la urgencia de la crisis climática

El año 2021 rompió algunos récords. En abril se registró la temperatura más alta en Santiago para la época, luego llegó el invierno más cálido de la historia en la capital, y octubre presentó el día más caluroso en 80 años. En total, este año se produjeron seis olas de calor desde abril a octubre.

La evidencia está a la vista, sin embargo, parece no ser suficiente para convencer a todos los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional Ambiental, el 29% de la población afirma que el cambio climático no es un problema actual, pero sí lo será en el futuro, y un 18% asegura que no es un problema del que haya que preocuparse.

¿Cómo mostrar la urgencia de la actual crisis climática y la necesidad de una Constitución Ecológica para hacerle frente?

ONG FIMA -con colaboración de los artistas Daniel Reyes León y Rubén Castillo Antivilo- realizará una intervención artística en el Parque Forestal que consiste en presentar en letras de hielo, de aproximadamente un metro, el concepto “Chile se derrite sin una Constitución Ecológica”. Las letras de hielo serán puestas la mañana del jueves 6 de enero en el Parque Forestal y se quedarán sobre una plataforma hasta derretirse por completo. La idea es representar lo que ocurre a nivel nacional y mundial con el alza de las temperaturas.

“El hielo es un material extremadamente sensible, más aún en verano. Es algo así como un indicador del clima, no por nada el derretimiento de los hielos ‘eternos’ es un síntoma inequívoco del calentamiento global”, explica Daniel Reyes León, artista visual, editor y académico en la Universidad de Chile. “En este caso, tomamos esa sensibilidad para invocar el nombre del país, como una metáfora donde los materiales son parlantes, tienen la voz en su tiempo”, agrega.

Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, dice que “una de las variables más importantes de las que tiene que hacerse cargo el proceso constituyente es de la manera en que nos relacionamos con el medioambiente. Es una demanda ciudadana importante, pero es necesario que se exprese fuerte y claro que queremos una Constitución Ecológica y recuperar la armonía con la naturaleza. Proteger a Chile en lugar de derretirlo”.

“En la Región Metropolitana este cambio se está notando todos los días, las temperaturas que estamos teniendo son temperaturas nunca vistas y lo que está en riesgo es la vida de esta ciudad y de esta Región. Es una urgencia moral y en esto todos, incluyendo las autoridades, debemos jugar un rol fundamental” afirmó Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana

¿Cuánto podría durar el hielo antes de derretirse? Daniel Reyes dice: “Es incierto predecir un tiempo para que se derrita el hielo, pero por las experiencias anteriores puedo decir que durará entre 6 y 8 horas, aunque depende del día, del calor, la humedad y el viento. Es una obra sensible, hecha para desaparecer”.

La instalación contará, además, con carteles informativos sobre lo que significa tener una Constitución Ecológica y cifras impactantes sobre glaciares, emisiones de gases de efecto invernadero, crisis ecológica, etc.

Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario

Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial.

15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile

Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado y el financiamiento estatal de la actividad económica.

Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones integrantes de la Plataforma.

Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada a estos temas.

La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.

Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas

Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl; Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.

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Columna: «La incompatibilidad de la salmonicultura con los fines de conservación»

Por Macarena Martinic

Abogada en ONG FIMA

La industria salmonicultora ha protagonizado más escándalos de los tolerables en el último tiempo. Anaerobismo, alto uso de antibióticos, vertimiento y escape de salmones, especies exóticas depredadoras de fauna nativa: nos encontramos con una industria que ha demostrado ser incompatible con la protección del medio ambiente y que, para su continuidad, requiere ir desplazándose hacia el sur en búsqueda de lugares prístinos.

Actualmente es el turno de la Reserva Nacional Kawésqar en la región de Magallanes, lugar donde ya hay 57 concesiones acuícolas otorgadas y -al menos- doce centros de cultivo aprobados desde que se declaró como reserva, a pesar de emplazarse en un área doblemente particular: área protegida de conservación y de territorio ancestral Kawésqar.

En octubre, más de 60 organizaciones locales y ambientales, además de comunidades indígenas, presentaron un proyecto de ley que busca expulsar a la salmonicultura de las áreas protegidas. Si bien carece de sentido la necesidad de aprobar un proyecto de ley que proteja estas áreas en Chile, lo cierto es que la única norma que excluye la actividad acuícola en áreas de conservación, contenida en la Ley General de Pesca y Acuicultura, no incluye todas las áreas protegidas -como es el caso de las Reservas Nacionales-, lo que ha permitido una interpretación a favor de la expansión de la industria en estos territorios.

A la intolerable expansión de la salmonicultura en áreas protegidas, debe sumarse su exclusión en territorios que han sido declarados espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO). La ley Nº 20.249, que las regula reconoce que su administración, deberá asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en él, así como propender al bienestar de las comunidades, avanzando en una gobernanza ambiental local en manos de quienes históricamente se han vinculado con un territorio.

Tanto las áreas protegidas -sin excepcióncomo las ECMPO son instrumentos jurídicos que buscan proteger y reconocer una particularidad territorial con fines diversos e incompatibles a la instalación de un centro de cultivo de salmones.

La exclusión de la salmonicultura en áreas protegidas y de ECMPOs en el mediano plazo es un objetivo que debe integrarse en la planificación de la industria. La actividad debe incorporar en su planificación la exclusión de aquellos territorios, aceptando la necesidad de conservación y de reconocimiento de usos consuetudinario que existen detrás de aquellas declaratorias.

Por otro lado, aquellos proyectos que se encuentran fuera de áreas protegidas y de ECMPOs, aún no cumplen con las exigencias mínimas de una evaluación ambiental, eludiendo evaluaciones rigurosas que contemplen procesos de participación ciudadana y de consulta indígena. La decisión sobre qué instrumento ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es entregada -al menos inicialmente- a los titulares de los proyectos.

En el caso de los centros de cultivo de salmónidos, esta decisión va aparejada de una infravaloración y ocultamiento de los reales impactos sobre ecosistemas marinos que producirán sus proyectos acuícolas. Lo anterior no es casual, ya que a través del ingreso mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -en desmedro de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)-, los titulares eluden que el diseño de sus proyectos cuenten con procesos de participación ciudadana obligatorios y vinculantes, así como de consulta indígena, en caso de ser susceptibles de afectar a comunidades indígenas.

El crecimiento de la industria salmonicultora hasta el momento no ha sido compatible con la protección del medio ambiente y del reconocimiento de usos consuetudinarios en territorios indígenas. Frente a esto, un real compromiso con la protección de los ecosistemas clama porque al menos la industria salga de áreas donde sus impactos pueden significar daños irreparables para el medio ambiente.

 

Columna publicada en Salmonexpert – Diciembre 2021

El camino de la transición socioecológica en Chile: ONG FIMA lanza informe con propuestas para una nueva política económica con perspectiva ambiental

Las discusiones sobre política económica han dejado de lado los factores sociales y ambientales, enfocándose únicamente en el crecimiento económico. Ante esto, y en búsqueda de revertir esta tendencia, ONG FIMA lanza un segundo informe -posterior a Reflexiones para la transición ecológica”-, con propuestas para transitar hacia una nueva política económica que considere el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.

Diciembre 2021. La economía ha sido definida tradicionalmente como la administración que la sociedad realiza sobre recursos escasos, y si bien la producción y consumo de los bienes y servicios son producidos por la comunidad y al interior de un ecosistema, en la discusión sobre políticas económicas el factor social y ecológico no son considerados, basándose únicamente en el crecimiento económico. Por ello, el informe “El camino de la transición socioecológica en Chile” viene a entregar propuestas para el desarrollo de un nuevo modelo que esté en línea con los factores socioecológicos del país.

Bajo un relato de visión ecológica, el documento inicia con un repaso histórico de conceptos asociados a las ciencias económicas y a la ecología, analizando cómo ha sido la inclusión de la arista ambiental en el debate económico. Luego, propone una nueva narrativa donde la economía y la ecología puedan dialogar, entendiendo que el crecimiento no puede ser la única meta, sino que se deben considerar las dimensiones cualitativas de la vida humana y de los ecosistemas.

Además, en vista del contexto histórico y ambiental del país, este documento reconoce el importante rol del proceso constituyente, siendo este una oportunidad para impulsar la discusión sobre la transformación socioecológica y la necesidad de relacionarnos de forma armónica con la naturaleza. Así, indica una serie de principios y elementos que son relevantes de contemplar para que este proceso de transformación sea exitoso.

De esta forma, y aunque no de manera exclusiva, el informe pretende ser un insumo para las y los constituyentes, estando en línea con el desafío que se ha propuesto ONG FIMA de iniciar un debate sobre cómo configurar una relación diferente entre nuestra sociedad y el medio ambiente en una nueva Constitución.

Descárgalo aquí:

Informe «De la movilización territorial a la Convención Constitucional: una visión desde los territorios»

La revuelta social de octubre de 2019 se convirtió en una ventana de oportunidad para incorporar temáticas socioambientales. En este contexto, el trabajo desarrollado entre ONG FIMA y el Colectivo de Estudios Político-Ambientales (CEPA) rescata experiencias, perspectivas y expectativas de activistas ambientales en el proceso constituyente, a partir de la interrogante: ¿Cuál es el rol que tienen los actores territoriales en el posicionamiento de las temáticas socioambientales en el proceso constituyente?

A partir de esta pregunta, el informe se propone 3 objetivos centrales:
1) Evidenciar los orígenes socioambientales de la revuelta de octubre.
2) Explorar la diversidad de perspectivas de las y los activistas territoriales en torno al proceso constituyente.
3) Visibilizar las preocupaciones y demandas socioambientales de estos en la confección de la nueva constitución.


Los objetivos presentados tienen por finalidad contribuir a la discusión político-ambiental en la Convención Constitucional, para así visibilizar las miradas territoriales sobre la discusión constitucional. Para esto, se aplicaron entrevistas y encuestas a activistas de distintas regiones, militancias, trayectorias, profesiones, etc., con el fin de dar cuenta de la diversidad de miradas y necesidades sobre el proceso.