Coalición “Supera el Plástico” y AChM lanzan programa para detener la contaminación por plásticos de un solo uso 

Actualmente, se encuentra en implementación la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos y de botellas plásticas, cuyas primeras obligaciones comenzaron a regir en febrero de 2022. Bombillas, cucharas, tenedores, cuchillos y revolvedores de plásticos de un solo uso, así como contenedores de plumavit, ya no pueden entregarse en ningún local de comida del país. En paralelo, se exige que todos los supermercados ofrezcan y reciban botellas retornables, tanto en sus canales de venta físico como online. 

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Entregan Informe lapidario a CONAF: salmonicultura es incompatible con la Reserva Nacional Kawésqar

El 43% de los centros que operan dentro de la Reserva, han arrojado condiciones anaeróbicas en el marco de sus operaciones, lo que, acompañado del uso intensivo de antibióticos; escape de salmones; e incidentes como accidentes navales, mortalidades masivas y basura en los mares ponen en riesgo su alto valor ecosistémico.

Este martes 24 de enero, representantes de las organizaciones AIDA, FIMA y Greenpeace, entregaron al director de CONAF, Christian Little, el informe “Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar: Antecedentes y contribuciones para el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva”. 

El informe tiene como objetivo contribuir en el proceso de generación del Plan de Manejo de la Reserva. El documento concluye que la posibilidad de desarrollar la actividad de salmonicultura dentro de la Reserva Nacional Kawésqar es incompatible desde un punto de vista ecosistémico y legal.

Actualmente en la Reserva existen 68 concesiones de salmonicultura aprobadas y 57 en trámite, las que ponen en riesgo el alto valor de las áreas a proteger, el interés en la conservación de las eco-regiones terrestres involucradas y el atractivo turístico de la zona.

“Esperamos que este informe contribuya a que -de una vez por todas- se declare la incompatibilidad de la salmonicultura con la categoría de Reserva Nacional, conforme la ley de pesca y los tratados internacionales lo ordenan y, ahora último, las luces del tribunal ambiental”  Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA.

La Reserva presenta características únicas de sus ecosistemas, los fiordos presentes en ella absorben dióxido de carbono y contribuyen al enfriamiento global del océano, procesos claves para enfrentar el cambio climático.  

“Los argumentos técnicos y jurídicos están, por lo que hacemos un llamado a cumplir con la ley y no permitir la aprobación e instalación de centros salmoneros en la Reserva Nacional Kawésqar, junto con poner un freno definitivo a la expansión de esta industria” afirma Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace.

El informe también agrega que la industria, en particular la empresa Nova Austral, ha sido objeto de numerosos procedimientos sancionatorios por sus reiteradas infracciones cometidas dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Estas infracciones transcurren entre sobreproducción, fraccionamiento, daño ambiental, así como la ocultación de información solicitada por el órgano fiscalizador y anaerobia, donde 14 de sus 19 concesiones ubicadas dentro del Parque Nacional se han presentado en estas condiciones. Las sanciones, que van desde multas a revocación de sus resoluciones de calificación ambiental, no han sido un disuasivo suficiente para que la empresa se ajuste a la ley.

“Este informe da cuenta de la incompatibilidad ambiental y jurídica de permitir la salmonicultura en espacios de especial protección ambiental como la Reserva Kawésqar. Si la autoridad va a diseñar políticas, planes, programas y normas con la mejor ciencia disponible -y en línea con los compromisos de Chile-, debe prohibir sin excepciones la acuicultura marina de especies invasoras” agrega Cristina Lux, abogada Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

Descarga el informe completo “Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar: Antecedentes y contribuciones para el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva” a continuación:

Columna: «El capital natural y los platos rotos del crecimiento»

Por Santiago Correa 

Investigador de ONG Fima

El capital natural y los platos rotos del crecimiento

Créditos: Agencia Uno.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

Hasta 1989, la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, no contaba con conectividad por tierra con el resto del territorio, por lo que su historia estaba marcada por la dificultad en el acceso a bienes y servicios básicos. Tras decenios de rezago, y de la mano de las salmoneras, llegó a fines de los noventa la esperada promesa del desarrollo.

La economía agrícola, ganadera y pesquera local fueron en parte reemplazadas por el empleo en la salmonicultura, que capacitó y contrató mano de obra local. Toda una generación acostumbrada a migrar a Puerto Montt en búsqueda de oportunidades laborales o educacionales vio un futuro y se estableció en el pueblo. Durante este boom, algunas casas de la comuna cambiaron, ampliándose incluso al punto de poder arrendar a trabajadores de la propia salmonicultura. Gracias al aporte directo de la industria, el último tramo que conecta Cochamó con Puerto Varas fue pavimentado, mejorando las condiciones materiales de sus habitantes.

En paralelo, la irresponsabilidad ambiental de esta industria implicó que paulatinamente se fuera acumulando una capa de alimento y de heces de salmón en el fondo marino, la que en su proceso de degradación agotó el oxígeno disponible en el estuario, dañando así el desarrollo de la vida. Ello sin mencionar la contaminación por plásticos y plumavit, la matanza indiscriminada a lobos marinos y otras especies que rompían las jaulas, entre otros daños a los ecosistemas y su biodiversidad. A medida que el agua se enturbió, la mayoría de las salmoneras abandonaron sin siquiera tomarse la molestia de retirar sus instalaciones.

Hoy el pueblo renace de la mano del turismo, pero los nuevos restaurantes que han surgido en los últimos años no sirven ni pescados ni mariscos locales, casi nadie vive ya del mar. El desarrollo fue real y algunos de sus beneficios se pueden disfrutar aún, pero este es uno de los muchos ejemplos donde el capital producido tuvo por contrapartida una depredación del capital natural.

Como sociedad no nos hacemos cargo aún de estos costos, en parte, porque no los medimos. Mientras que los salarios que recibió cada persona que trabajó en las salmoneras, la ampliación de viviendas, el pavimento del camino y todos los beneficios están cuantificados y sumaron al “milagro chileno” de aquellas décadas, no hay registro de los peces muertos ni de las oportunidades laborales truncadas por ello. Tampoco sabemos cuántas toneladas de gases de efecto invernadero dejó de absorber el estuario por la pérdida de su capacidad de fijación de carbono, o el efecto que pudo causar la menor presencia de insectos sobre las aves migratorias.

Es por ello que cabe celebrar la iniciativa del Gobierno de crear un Comité de Capital Natural que avance en mecanismos de medición de la riqueza contenida en la naturaleza, la posibilidad de monetizar algunos de sus servicios ecosistémicos y, con ello, tener una gestión que permita su conservación en el tiempo.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

El concepto de capital natural, en cambio, nos permite tener nociones del patrimonio natural del país y con ello gestionarlo de forma de que este pueda ser conservado para las futuras generaciones. ¿Está Cochamó en mejores condiciones que antes de la llegada de las salmoneras? No sabemos, pero sí sabemos que la respuesta es mucho más compleja que el majadero discurso que contrapone el crecimiento y el empleo con “los pescaditos y los pajaritos”. Es de esperar que este comité ayude a desentrañar parte de esas complejidades.

Columna publicada en El Mostrador- 22/01/2023

Columna: «Razones técnicas por las que rechazar Dominga»

Por María José Kaffman

Bióloga Ambiental y coordinadora del equipo de ciencias de ONG FIMA, organización parte de Alianza Humboldt.

Durante esta semana, el Comité de Ministros deliberará sobre la viabilidad del proyecto minero Dominga, una propuesta que fue rechazada en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental pero que luego de varias instancias judiciales terminó por aprobarse en 2021. Organizaciones sociales y medioambientales esperan hoy, luego de sus reclamos formales, el impedimento definitivo a la operación. La siguiente columna para CIPER expone los argumentos de ONG FIMA: «Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción, han dejado en ridículo la institucionalidad del país».

Durante los próximos días se espera que el Comité de Ministros decida el futuro del proyecto portuario minero Dominga, y con esto el del Archipiélago de Humboldt [foto superior], uno de los ecosistemas más valiosos y únicos del país. Como ONG FIMA y Alianza Humboldt, esperamos que este sea rechazado, pues los antecedentes técnicos que constan en el expediente dan cuenta de que el proyecto es inviable e incompatible con la existencia de las demás actividades de la zona y con la protección de la biodiversidad.

Desde una visión científica la cuestión es tan evidente, que vemos con mucha preocupación que sean las presiones políticas, que desde hace meses viene ejerciendo la minera Andes Iron SpA, las que terminen por entregarle una aprobación inconducente, en caso de que el Comité de Ministros ceda a dichas presiones. Dominga amenaza el hábitat de más de 560 especies marinas en el Archipiélago de Humboldt, sitio que destaca por su importancia para la preservación de hábitats críticos para la recuperación de especies de interés comercial, y para la conservación de diversas especies en categoría de conservación.

La instalación de un puerto y el tránsito sostenido de embarcaciones mayores a través del tiempo, impactaría de manera irreversible un sector caracterizado por ser hábitat de alimentación y descanso de muchas de las especies que se encuentran protegidas dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt [DTO.Nº: 4/1990] y de la Reserva Marina Isla Choros y Damas [DTO.Nº: 151/2005], afectando la integridad de estas áreas protegidas y la viabilidad biológica de sus poblaciones. Sólo a modo de ejemplo, una gran cantidad de especies que actualmente habitan en el archipiélago se encontrarían altamente amenazadas de desaparecer en el corto plazo junto a este ecosistema, como el pingüino de Humboldt [Pingüino de Humboldt], dado que más del 80% de su abundancia a nivel mundial se concentra en este ecosistema marino-costero, así como el 90% de la población mundial del pato yunco [Pelecanoides garnotii] y la única colonia residente del delfín nariz de botella [Tursiops truncatus] en el país. De esta manera, de continuarse con este proyecto se atenta contra la biodiversidad local y la sustentabilidad pesquera de las comunidades.

Pese a que Dominga fue rechazado en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental [COEVA] por sus graves deficiencias técnicas, Andes Iron SpA, su titular, fue capaz de revertir esta decisión luego de cuatro años en instancias judiciales. Se aprobó el 24 de agosto de 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Organizaciones sociales y medioambientales reclamaron ante el Comité de Ministros para revertir esta decisión. Por ahora, y  a no ser que el Comité rechace su Resolución de Calificación Ambiental, el proyecto no posee impedimentos para comenzar a operar.

Exponemos a continuación las razones por las cuales consideramos que el Comité de Ministros debe rechazar Dominga y ser así responsable con la biodiversidad y calidad y formas de vida de las personas en la zona afectada.

(1)
El principal motivo contra el proyecto tal cual fue evaluado es que sus antecedentes técnicos son insuficientes y no permiten evaluar correctamente cuáles serán los impactos socio-ambientales que genere, tanto en su etapa de construcción como de operación.

Debido a esto, al momento de ser aprobado el proyecto el año 2021, tanto las organizaciones sociales como la comunidad científica, e incluso los funcionarios públicos, mostraron gran asombro y decepción por parte del funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y su institucionalidad. Es así cómo la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Medioambiente [ANFUMMA], la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental [ANFUSEA] y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medioambiente [FENATRAMA] exigieron respeto y consideración a la mirada técnica de los trabajadores públicos de los servicios con competencia ambiental, quienes en diversas instancias y desde el primer momento en que el proyecto ingresó a evaluación, han manifestado claramente y de manera sistematizada cada una de sus deficiencias, las que fueron totalmente ignoradas para ceder a las influencias políticas del gobierno de turno [FENATRAMA 2021; elmostrador.cl 2021; ANEF 2021].

(2)
Ad portas de la definición del Comité de Ministros, los organismos técnicos con competencia ambiental, como la Subsecretaría del Medio Ambiente [ORD.Nº: 225175], CONAF [ORD.Nº: 317/2022], SAG [ORD.N°: 2534/2022], SUBPESCA [Oficio Nº: 926/2022] y el Ministerio de Salud [ORD.B23/Nº: 4987/2022] han redactado informes y pronunciamientos lapidarios para el proyecto. En estos pronunciamientos se observa, entre otras cosas, que:

2.1. el proyecto no aporta los antecedentes necesarios para evaluar correctamente los impactos contemplados en el literal b del artículo 11 de la ley 19.300, en relación a la estimación de sus emisiones atmosféricas. Esto, dado que no es posible establecer que todas las fuentes de emisión hayan sido incluidas en los datos de entrada del modelo de dispersión atmosférica, al no detallarse las fuentes consideradas para definir los escenarios de modelación de las fases de construcción y operación del proyecto;

2.2. el proyecto establece la no significancia de los impactos en cuanto a contaminación atmosférica utilizando normativas que actualmente no se encuentran vigentes, como es la norma primaria de calidad para material particulado respirable MP10, cuya actualización va dirigida a aumentar los estándares de salud de la población;

2.3. el proyecto cuenta con una línea de base insuficiente para caracterizar la totalidad de las especies protegidas del medio marino, y, por lo tanto, una definición inadecuada del área de influencia, lo cual desestima toda base científica. De igual manera, no se incorpora satisfactoriamente el área de influencia del proyecto en torno a sus rutas de navegación, lo que no permite descartar impactos significativos en los ecosistemas protegidos Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Isla Choros y Damas, cuya evaluación fue eludida reiteradamente por el titular durante todo el proceso;

2.4. el análisis de impactos a la fauna marina se restringe sólo en función de posibles colisiones, sin considerar funciones clave como son la afectación directa e indirecta a sitios de alimentación, reproducción, y de desplazamiento, posible de generar extinciones locales en el corto plazo;

2.5. el proyecto presenta carencias en la estimación y modelamiento de las emisiones de ruido subacuático, tanto para el hincado de pilotes como del tráfico marítimo, lo que imposibilita dimensionar la magnitud e intensidad del espacio geográfico impactado;

2.6. no se evalúan los impactos sinérgicos y acumulativos en la fauna marítima con el proyecto Puerto Cruz Grande, con el cual existen solapamientos en el área de influencia;

2.7. el plan de manejo, que considera el rescate y aviso a centros de rehabilitación de fauna, no es suficiente para mitigar el impacto generado a la fauna, ni mucho menos para responder oportunamente a eventos de afectación masiva a la fauna marina, los que se espera pueden ocurrir por eventos de contaminación por hidrocarburos y por colisiones con embarcaciones; y

2.8. finalmente, la línea de base fue realizada hace diez años, por lo que se desconoce cuál es el estado actual del ecosistema, así como la naturaleza y magnitud de los impactos que se podrían llegar a generar en la actualidad. Muchas de las metodologías de evaluación de impacto, como los método de mitigación, reparación y compensación propuestos, se encuentran obsoletas.

(3)
Pese a todos estos antecedentes científico-técnicos que demuestran la poca rigurosidad con que se evaluó el proyecto Dominga, Andes Iron SpA se encuentra tranquilo, dado el arduo apoyo dado al proyecto por algunos medios de comunicación y figuras políticas como el alcalde de la comuna de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien la mañana del 6 de enero cuando entregaba una carta al Ministerio de Hacienda solicitando ayuda para la ratificación del proyecto, señaló: «Confiamos en que el Gobierno cumplirá su promesa de escuchar a las comunidades y respetar las identidades y tradiciones de los territorios»; pasando así por alto la identidad y tradición de quienes actualmente viven en la zona costera de la comuna, y cuya economía se sustenta en el turismo y la pesca (además de que actualmente no se ha logrado descartar afectación para la salud de la población de La Higuera y su medioambiente).

***

Esperamos que las autoridades encargadas de tomar esta decisión no cedan a las presiones políticas y económicas provenientes de un proyecto cuyas irregularidades en su proceso de aprobación, tanto desde un punto de vista técnico-científico como aquellas ligadas directamente con casos de corrupción [ver «Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas» en CIPER 03.10.2021] han dejado en ridículo la institucionalidad del país. Recuperar la legitimidad de los conductos públicos, hacer cumplir la ley y proteger el futuro de Chile demandan el rechazo de un proyecto como este.

Columna publicada en Ciper– 17/01/2023

Columna: «Las alertas y avances en el resguardo de la Reserva Nacional Kawésqar»

Por Macarena Martinic Christensen

Coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA

El Parque y la Reserva Nacional Kawésqar son un patrimonio biocultural de dimensiones difíciles de imaginar. Durante miles de años, comunidades Kawésqar habitaron, navegaron e interactuaron con él, ejerciendo una cosmovisión que hoy se encuentra al borde de la extinción.

El maritorio de los Kawésqar ancestralmente ha sido comprendido como dos grandes sectores, divididos de este a oeste: Jáutok y Málte. El Málte, es el nombre que recibe la costa exterior que da al Océano Pacífico, donde la navegación es peligrosa. Es un lugar sagrado, porque por ahí el jekslok (“espíritu”) se va al hótk’a álowe, “más allá del horizonte”, donde el mar se junta con el cielo. En el Málte se producen las más fuertes marejadas provenientes del océano y es donde se reciben las mareas que traen salinidad y nutrientes que activan la productividad primaria, posibilitando la vida de muchas especies. Este se cuida porque es tránsito de ballenas y, por tanto, lugar de ceremonias.

Jáutok es el nombre que le dieron al área de los canales interiores, donde el mar es más calmo y existen muchos lugares de resguardo. Al interior, el aporte de agua dulce desde los campos de hielo sur y precipitaciones es mayor y, por tanto, hay una mayor variedad y particularidad única de biodiversidad. Ambos sitios constituyen la Reserva Nacional Kawésqar, lugar en el que al día de hoy hay 67 concesiones de salmonicultura aprobadas en su interior y otras 107 solicitudes en trámite.

El año 2020 fue aprobada la instalación de dos centros de engorda, “Clarence 6” y “Clarence 14”, que pretendían ubicarse al interior de la Reserva (porción marítima del Parque), específicamente en el Jautok. Ambos proyectos, de 10.000 toneladas anuales cada uno, forman parte de la intención del titular Nova Austral de relocalizar sus operaciones desde el Parque Nacional Alberto d’ Agostini, lugar donde no solo la empresa enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por incumplimiento a la Ley Navarino, sino que tres de sus RCA han sido revocadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por daño al fondo marino, tergiversación de información e incumplimientos a sus permisos.

Las comunidades Kawésqar y habitantes de la región de Magallanes, apoyados por las organizaciones AIDA, Greenpeace y FIMA, presentaron reclamaciones judiciales ante el Tercer Tribunal Ambiental, para evitar estas relocalizaciones, instancia que en diciembre recién pasado les dio la razón. Dos aspectos de este fallo son importantes de destacar.

El primero de ellos es que el tribunal concluye que ambos centros de engorda forman parte de un mismo proyecto que ingresó de manera dividida a evaluación ambiental, subestimando sus impactos sinérgicos. Ello lo sostiene observando varios elementos: titularidad común; rutas de navegación compartidas ( que, por lo demás, ninguno considera dentro de sus áreas de influencias); la simultánea evaluación ambiental; cronogramas de ejecución; el hecho de que ambos formen parte de un mismo proceso de relocalización; ubicación adyacente; y relación territorial de ambos proyectos.

De esa manera, el fallo es un precedente de que una evaluación íntegra para este tipo de industria exigiría, primero, que los centros de engorda emplazados próximamente y de un mismo titular deben ser estudiados como un solo proyecto; en segundo, incorporar adecuadamente las rutas de navegación en sus áreas de influencias y, por último, que se evalúen los impactos sinérgicos que ellos podrían producir.

El segundo aspecto a destacar responde a una demanda de larga data de defensores, comunidades y organizaciones ambientales. La sentencia abre la discusión sobre la compatibilidad de la Reserva con la salmonicultura. Primero, al resaltar que las actividades de acuicultura en general estarían permitidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura en Reserva Nacionales, siempre y cuando esta sea compatible con los fines para los cuales se creó el área protegida en específico. Constata que, en este caso, su creación fue para dar cumplimiento a las demandas que este pueblo expresó en el proceso de consulta indígen, es decir, la protección de sus aguas, la necesidad de ejercer actividades productivas en dicho espacio marítimo y el reconocimiento a través del cambio de nombre.

El tribunal adentra en su razonamiento señalando que, mientras actividades como el turismo de baja escala y pesca artesanal sí serían concordantes con dichos fines, distinto sería el caso de la salmonicultura, que – a diferencia de otras actividades de acuicultura- es de carácter intensivo y de especies exóticas.

En su sentencia, el tribunal no termina de pronunciarse sobre esta compatibilidad, debido a las deficiencias en una evaluación que no permite comprender adecuadamente los impactos de la actividad, sin perjuicio que habrían evidencias para sostener que estos podrían afectar los fines por los cuales se creó la Reserva Nacional Kawésqar.

Si bien esperamos que esta decisión sea ejemplificadora para otros proyectos de salmonicultura que intentan ubicarse al interior de la Reserva, el hecho de que permanezcan 67 concesiones de acuicultura aprobadas en su interior, es evidencia de que nos enfrentamos a una categoría de área protegida que ha sido insuficiente hasta el momento para proteger sus ecosistemas y vinculación con el pueblo Kawésqar.

El fallo sienta un precedente, pero nos recuerda que en Chile una Reserva Nacional tiene que ser llevada a Tribunales para que verdaderamente se proteja y que, a falta de Estado, sigue siendo el pueblo Kawésqar, los defensores y defensoras ambientales, el custodio de Málte y Jáutok.

Columna publicada en El Mostrador – 09/01/2022