Bill Gates, Trump y el cambio climático

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Hace unos días, Bill Gates volvió a hablar del cambio climático, y lo hizo con un tono distinto. En un texto reciente, sostuvo que la crisis ambiental es “un problema muy importante”, pero que “no llevará al fin de la civilización”, pues “las proyecciones de emisiones han bajado, y con las políticas e inversiones correctas, la innovación nos permitirá reducir las emisiones mucho más”. Su mensaje, más que una renuncia, era una invitación a cambiar el foco: dejar de pensar la acción climática solo en términos de temperatura y emisiones, y concentrarse en algo más inmediato y humano, como reducir el sufrimiento y mejorar la vida de las personas que ya están siendo afectadas.

El comentario desató una oleada de interpretaciones oportunistas. La derecha negacionista lo celebró como una victoria ideológica. Donald Trump, fiel a su estilo, lo utilizó como prueba de que su escepticismo tenía fundamento y repitió que el cambio climático es una “estafa”. Pero esa lectura es, como tantas veces, una manipulación. Gates no niega la existencia del problema ni la necesidad de actuar. Lo que propone, en realidad, es un ajuste moral: si ya no podemos evitar todos los impactos, debemos orientar los esfuerzos hacia la protección de quienes más sufren.

Esa distinción es crucial. Durante años, la conversación climática se ha centrado en metas como no aumentar la temperatura más allá de 1,5 °C, alcanzar las cero emisiones netas o lograr la neutralidad de carbono. Pero mientras las cifras se discutían en conferencias internacionales, los efectos del calentamiento ya se sentían en lugares donde las decisiones globales apenas llegan: comunidades desplazadas, cosechas perdidas, territorios secos, enfermedades agravadas, alimentos encarecidos. La crisis climática dejó de ser una amenaza futura y se transformó en una experiencia cotidiana.

En ese contexto, la sugerencia de que el objetivo no puede limitarse a controlar el termómetro no solo es razonable, sino que está muy en línea con el discurso de la mayoría de las organizaciones sociales y ambientales del Sur Global. La acción climática debe incluir la adaptación, la cooperación y la justicia. No basta con medir el éxito por la reducción de gases de efecto invernadero, sino por la capacidad de proteger vidas, reducir la pobreza y evitar sufrimientos innecesarios. En otras palabras, el desafío no es solo ambiental, sino profundamente humano.

Trump, en cambio, representa la negación activa de esa idea. Su discurso sigue anclado en la sospecha hacia toda forma de acción colectiva. Defiende un mundo donde cada uno se salva por sí mismo, donde la regulación es enemiga y la solidaridad, una debilidad. En esa lógica, el cambio climático no existe, o, si existe, no merece atención porque los costos recaerán sobre otros. Es la política del sálvese quien pueda, elevada a programa de Gobierno. Una política que no solo daña a los estadounidenses, sino al mundo.

Parte del daño que los regímenes de ultraderecha y otros Gobiernos autoritarios están provocando es que, al minar la acción colectiva en favor del negocio de los combustibles fósiles, están volviendo imposible controlar el aumento de la temperatura. Reducir el calentamiento global es la forma más sencilla y menos costosa de evitar los daños de la crisis climática. Pero, al hacerse menos probable, se hace necesario buscar otras vías para mitigar sus consecuencias, y ahí una estrategia dominante es fortalecer a quienes están en posiciones más vulnerables.

Así, el error en la celebración de la ultraderecha es doble. No solo Gates reafirma la urgencia de la crisis climática, sino que además busca reorientar la acción hacia la solidaridad y la cooperación internacional, algo abiertamente contrario a las ideas individualistas que esta ideología promueve.

La gobernanza global de la crisis climática está fracasando en su primer objetivo, detener el aumento de las temperaturas para reducir la gravedad del problema. Pero el problema está muy lejos de desaparecer. Las promesas de financiamiento climático se incumplen, la ayuda internacional se desvanece y la transición ecológica avanza a distintas velocidades, reproduciendo las mismas asimetrías que produjeron la crisis. Frente a eso, la noción de justicia climática aparece no como consigna, sino como brújula: reducir el sufrimiento donde más duele, compartir recursos, proteger a los más vulnerables.

Tal vez por eso las palabras de Gates, más allá de sus límites y contradicciones, resuenan en este momento. Porque admiten lo que muchos prefieren negar: que el desastre ya comenzó y que la respuesta no puede seguir siendo una suma de compromisos incumplidos. Que el planeta seguirá existiendo, pero el mundo que conocemos podría no hacerlo. Y que el verdadero dilema no es si podremos evitar el cambio climático, sino cómo decidiremos vivir, y quiénes podrán hacerlo, dentro de él.

Podría esperarse que los negacionistas cambiaran de postura, que la evidencia los convenciera, pero esa esperanza es ingenua. Su negacionismo no es falta de información, sino una forma de poder. Por eso, el sentido de las palabras de Gates no está en tranquilizar, sino en mover el tablero. Frente a la arremetida de la ultraderecha contra la vida, la lucha ha cambiado de frente y debemos enfocarnos en salvarnos unos a otros.

Columna publicada en El País – 08/11/25

50 años de excusas: seguridad climática, la prioridad olvidada

  • Por Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia en ONG FIMA.

Fue en la década de 1970 cuando por primera vez se comenzó a tener noción del fenómeno del cambio climático entre políticos, economistas y científicos. Sorprendentemente han pasado 50 años, múltiples cambios geopolíticos, sociales y tecnológicos y el problema se sigue profundizando. Esta semana, el multimillonario Bill Gates publicó un manifiesto en el cual declara que el cambio climático «no conducirá a la desaparición de la humanidad» y que «la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad».

En lo político internacional, Donald Trump ha expresado su negacionismo climático en numerosas decisiones, entre ellas, la retirada del Acuerdo de París. En el ámbito nacional, las cosas no se ven mucho mejor orientadas: los postulantes a La Moneda o niegan el cambio climático o parecen no comprender la magnitud del problema.

Las excusas siempre son las mismas: que los cambios deben ser paulatinos; los posibles impactos en la economía y la fe ciega en que esta se autorregula; que se necesita que las «futuras generaciones tomen conciencia…» y muchas otras que seguramente todas hemos escuchado y que nos perpetúan en la inacción. No se trata de que Chile no haya avanzado en temas climáticos y ambientales; pero no es suficiente y la desidia política, y el negacionismo, pueden llevarnos a perder el camino andado, a pesar de que la evidencia científica nos sitúa como un país altamente vulnerable frente al cambio climático y de que según la última evaluación de desempeño ambiental de la OCDE en 2024, los mayores desafíos que enfrentamos tienen que ver con la contaminación atmosférica, la gestión de residuos y la grave crisis hídrica que amenaza con el suministro de agua potable a medida que el desierto avanza por nuestro país.

En ese mismo sentido convive el discurso, instalado desde sectores empresariales, como «permisología». Una idea errada de que la evaluación ambiental estaría siendo un impedimento burocrático para el aumento a la inversión. A ciegas y sin cuestionar ni contrastar la información, casi todas las candidaturas han acuñado este relato, que antagoniza la idea de desarrollo con la protección ambiental.

Podemos coincidir en que las problemáticas que enfrenta el país hoy son variadas, y es de esperar que los candidatos al sillón presidencial ofrezcan ideas y soluciones para darle seguridad a la población no solo en materia de crimen y orden público, sino también en temas como seguridad hídrica y climática, cuestiones mínimas para la salud de la ciudadanía. De forma decepcionante, esas propuestas están al debe en la mayoría de los programas de las candidaturas presidenciales. José Antonio Kast y Johannes Kaiser derechamente creen que estas ideas son fruto de la ideología y, al igual que Trump, Milei o Bolsonaro; amenazan los avances que se han conseguido durante años de negociaciones y de amplio consenso político. Lo que deciden ignorar los políticos de la ultraderecha y el mismo Bill Gates es que la crisis climática se va a seguir agravando. Y dentro de los efectos de esta crisis, están la generación de más pobreza, más migración, más incertidumbre, más crisis social, sanitaria y económica.

En un escenario en el que el tema ambiental ha sido excluido de los debates, minimizado en los programas y convertido a posicionamientos netamente economicistas, desde la sociedad civil hacemos un llamado a no olvidar los mínimos. Esperamos del próximo presidente o presidenta de Chile se comprometa: en primer lugar a no retroceder en leyes, reglamentos y políticas que actualmente protegen al medio ambiente y las personas. En segundo lugar, un irrestricto respeto a los tratados internacionales a los que Chile ha suscrito y la legislación vigente, entendiendo que estas leyes siempre se pueden mejorar. Por último, esperamos que exista un compromiso con la transparencia de la información, accesible para toda la ciudadanía y que evidentemente esta sea también exigible a los privados que operan sobre bienes nacionales. Sabemos que el período presidencial de 4 años es corto, sin embargo no podemos esperar otros 50 años para hacernos cargo de esta crisis.

Columna de opinión publicada en Cooperativa – 4/11/25

Necesidad de aclaración en caso de Julia Chuñil

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Señor Director:

Hace once meses, Julia Chuñil salió de su casa con su perro y nunca regresó. Su familia teme, con razón, que su desaparición esté vinculada a amenazas recibidas por su labor como defensora ambiental.

La filtración de que “la quemaron” ha generado un profundo impacto público, especialmente considerando el creciente aumento de la violencia contra defensores y defensoras ambientales y la impunidad con que actúan quienes la ejercen.

Consultado el fiscal nacional sobre el asunto, se limitó a calificarlo como un “antecedente parcial y sesgado”, cuestión que poco ayuda a esclarecer los hechos y calmar la razonable preocupación ciudadana.

Una aclaración más contundente sobre el actuar del Estado en el asunto parece un paso necesario para recuperar, en parte, confianzas que se han ido erosionando.

Carta al director publicada en La Tercera – 10/10/25

El peor de los ciegos: las políticas regresivas ambientales se intensifican en América Latina

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA
Navegamos la transición ecológica sin guía ni propósito y los Estados, en lugar de proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librar al azar.

Estamos ante un absurdo retroceso de la protección ambiental en América Latina, impulsado por la evitación, una especie de revancha mal dirigida y el empuje de quienes se apropian de todo para aumentar su riqueza. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha sido suprimido y puesto bajo el Ministerio de Minas y Energía; en Brasil se aprobó una “ley de devastación” que reduce los estándares de protección ambiental para favorecer a las grandes empresas y, en Argentina, el desmantelamiento institucional y legislativo ha alcanzado niveles alarmantes.

Mientras tanto, en Chile se ha aprobado una ley que pone en riesgo la protección ambiental y social, y el año electoral marcado por un discurso empresarial ha puesto al medio ambiente y sus defensores como enemigos. Los candidatos presidenciales han olvidado completamente las responsabilidades del Estado en esta materia y se muestran feroces en contra de los derechos de las personas, pero dóciles ante los intereses económicos.

Es útil recordar que el mundo atraviesa, con o sin voluntad de quienes están en el poder, por una transición ecológica. Los cambios en el medio ambiente fuerzan cambios en los sistemas sociales—incluido el económico—, que se ven obligados a adaptarse a la nueva realidad del entorno. En América Latina navegamos esta transición sin guía ni propósito y, los Estados, en lugar de cumplir con su deber de dirigir este cambio para proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librado al azar, agravando la vulnerabilidad de quienes ya están en la periferia y facilitando el camino para que actores paraestatales tomen el control de territorios.

No es difícil ver la pulsión emocional que mueve esta inacción. El sesgo de evitación lleva a nuestros gobernantes a buscar refugio en supuestos tiempos más simples, de estabilidad segura. Son niños, niñas y jóvenes de 1980 y 1990 que ahora, puestos en posición de elegir sobre su futuro y ante la incertidumbre reinante, aspiran a volver a esas épocas en que se sintieron protegidos. Esa aspiración, sin embargo, es una ilusión. Ser adultos significa precisamente hacerle frente a esas condiciones y entender la relevancia de tomar acción.

Esa acción, a su vez, debe construirse sobre realidades, como es la crisis climática. Podemos discutir la manera de afrontar la crisis según las preferencias de cada uno, pero la existencia de esta situación es una cuestión material y mensurable sobre la que, lamentablemente, nuestras preferencias no tienen consecuencia alguna. Ya sea por el efecto de las actividades humanas (como asegura la ciencia) o por cualquier otra causa, la realidad es que el planeta está considerablemente más degradado que 30 años atrás, cuando empezamos a crear mínimas medidas para protegerlo.

En los noventa, y a pesar de contar con mucha menos información certera, el mundo ya sabía que la situación ambiental era grave y riesgosa. En ese escenario, los adultos se comportaron como tales y la Cumbre de Río de 1992 marcó un momento de conciencia colectiva que selló los principales acuerdos internacionales en la materia, vigentes al día de hoy. Lo anterior, sin embargo, no ha sido para nada suficiente.

Hoy la situación es considerablemente peor que en esa época. Los suelos degradados a nivel global han pasado de un 15% a un 28,5%. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 20,8% y la temperatura global se encuentra, en promedio, entre 1,3 °C y 1,4 °C sobre los niveles preindustriales, cuadruplicando el aumento que existía a 1992. Las especies en riesgo han aumentado un 1.080%, mientras un 99% de la población del mundo vive con niveles de contaminación atmosférica por encima de las normas para la protección de la salud.

Pero la infantil mirada sobre el asunto busca también venganzas fáciles y mal dirigidas. Ven en la desprotección del ambiente una forma de revancha contra el “injusto” mundo de la empatía y, al ambientalismo, como una ideología adversaria. Eso les permite nublar aún más la visión sobre la realidad material, como si proteger nuestro hábitat no fuera una condición de supervivencia que no mira colores políticos. Por supuesto, hay discusiones legítimas entre visiones más inclusivas o que excluyen, colectivistas o individualistas, y nacionalistas o universalistas. Sin embargo, ninguna de esas discusiones puede razonablemente llevar al desmantelamiento de la protección ambiental, sino a modificaciones en la manera en que se hace.

Por último, es clara la existencia de actores que empujan esta narrativa antiambiente por intereses de a corto plazo, despreciando el bienestar a medio y largo plazo e, incluso, la estabilidad de la nación. Dichos actores no necesariamente niegan la realidad material, sino que están dispuestos a tolerarla en el entendido de que ellos no serán mayormente afectados, pues tienen los medios para protegerse de la mayoría de los efectos que son capaces de prever. No es lo mismo una ola de calor para una persona que tiene aire acondicionado y puede pagar la cuenta de la electricidad, que para otra que no cumpla esas condiciones. Tampoco es lo mismo ser un pequeño agricultor que se queda sin agua, que una gran empresa minera que aumenta su producción para alimentar a la industria de los nuevos automóviles eléctricos.

Parece importante observar y reconocer los precursores que alimentan la desprotección ambiental. Sin que ninguno de ellos sea simple de abordar, observarlos puede permitirnos una acción más efectiva para hacerle frente al fenómeno y prevenir su profundización. Avanzar en la degradación del ambiente provoca más inseguridad actual y futura: es una revancha autodestructiva y no aporta al progreso de los países. Quienes hoy prefieren la ceguera, pronto descubrirán que la realidad no espera. La transición ecológica avanza y, cuanto más se la niegue, más devastadoras serán sus consecuencias.

Columna publicada en América Futura de El País – 11/09/25

Sanción a salmonera

Hace unos días se dio a conocer que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió, luego de una larga y compleja investigación, sancionar a la empresa salmonera Cooke Aquaculture por incumplir sus permisos ambientales y sectoriales en tres de sus centros ubicados al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, Laguna San Rafael, en la región de Aysén. 

Según la fiscalización de la autoridad ambiental, la empresa sobreprodujo y modificó sustantivamente los proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, además de operar fuera de su área de concesión, cuestión que llevó a una multa económica y a  ordenar la clausura de aquella parte de la operación que estaba funcionando ilegalmente.

Ante esto, la empresa  reaccionó airadamente  y con una estrategia de victimización, utilizando  frases que catalogan la sanción de clausura como “un acto expropiatorio” y que supuestamente incumpliría el TLC con Canadá. 

Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce; sino también ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía, olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal, el resto de la producción de estos centros al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, de un modo totalmente inexplicable a la luz de la magnitud de las infracciones cometidas por la empresa, no serían afectadas por la sanción.

Carta publicada en El Mercurio – 27/08/25

Candidatos al debe en debate

  • Por Roxana Núñez, experta en Incidencia en Greenpeace Chile; Cristina Lux, abogada senior en AIDA; Sofía Barrera, encargada de litigios en FIMA.

Hace unos días se realizó la segunda edición del Salmon Summit, encuentro organizado por SalmonChile y que en esta oportunidad contó con la presencia de los principales candidatos a la presidencia. Más allá de la evidente falta de autocrítica de esta industria –sobre todo considerando los mediáticos casos de sobreproducción, las múltiples sanciones y fraudes que involucran a algunas de sus empresas–, llaman profundamente la atención los discursos de los aspirantes a La Moneda: mientras un candidato expuso que impulsaría “una profunda desregulación”, otro invitó al sector a “usar la fuerza” para lograr los cambios que demandan.

Aunque comprendemos que buena parte de estos discursos están dirigidos a sus votantes, es fundamental que exista un respeto por las instituciones que nos gobiernan y entender que las regulaciones, aunque perfectibles, existen para proteger los bienes comunes y garantizar operaciones sostenibles social, ambiental y económicamente. En este caso, no debemos olvidar que se trata de una industria particularmente asidua a los incumplimientos, sanciones e, incluso, escándalos. Por eso es aún más grave que los candidatos fueran tan tímidos al exigir (o, en algunos casos, derechamente no lo hicieran) una mayor fiscalización para asegurar el cumplimiento apropiado de la normativa vigente.

Apostar por propuestas que favorezcan la expansión de una industria que pone en riesgo nuestras áreas protegidas e indígenas, pretende disminuir la fiscalización de sus prácticas y, aparentemente, busca desprestigiar a quienes demandan el cumplimiento de la ley habla de una profunda falta de amor y respeto por el país y da cuenta de una grave incomprensión sobre la dignidad del cargo al que aspiran.

Publicada en El Llanquihue – 11/08/25

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

UNOC3: la línea azul que conecta Francia, Brasil y el mundo

  • Por Macarena Martinic, coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA; y Felipe Cárcamo, analista de programa en ONG FIMA.

Esta semana, Niza se convertirá en el epicentro de la política oceánica global. A orillas del mar Mediterráneo, se está celebrando la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), una instancia que marcará el ritmo de los compromisos internacionales por el futuro del mar.

Su lema, “Trabajando juntos por una gestión sostenible de los océanos”, no podría ser más pertinente: en plena cuenta regresiva hacia 2030, la UNOC3 busca articular ciencia, política y acción concreta para enfrentar el deterioro acelerado de los océanos del mundo.

El programa oficial contempla diez paneles temáticos que abordan grandes desafíos de la gobernanza marina: desde la restauración de ecosistemas costeros y profundos, la reducción de la contaminación y el impulso a la pesca artesanal, hasta la promoción de economías oceánicas sostenibles, el financiamiento azul y la aplicación del derecho internacional reflejado en la Convención del Mar (UNCLOS). La diversidad y profundidad de estos temas reflejan que el futuro del océano está directamente vinculado con la justicia climática y social.

Aunque la Declaración Final de UNOC3 no será jurídicamente vinculante, su borrador ya apunta a compromisos concretos en restauración de ecosistemas, financiamiento azul y cumplimiento del Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés), que podrían marcar el rumbo hacia la próxima Conferencia de las partes de Cambio Climático de Belém 2025. De esta manera, la conferencia se perfila también como una etapa decisiva en la carrera por ratificar y poner en marcha el nuevo Tratado de Alta Mar, el cual, pese a los llamados políticos para que entre en vigor antes de la COP 30, todavía necesita ser ratificado por 29 países más.

Línea azul

La idea de una “línea azul” que conecte Niza con Belém ya ha sido adoptada por líderes globales. En diciembre de 2024, los presidentes Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron la declaración conjunta “De Niza a Belém”, comprometiéndose a avanzar en gobernanza oceánica, descarbonización marítima y ratificación del tratado BBNJ. Meses después, desde Valparaíso, Chile y Francia reforzaron ese compromiso con una declaración propia, apuntando al liderazgo conjunto para proteger la alta mar y combatir la pesca ilegal.

Pero estas señales diplomáticas deben ser valoradas con realismo. La brecha entre las declaraciones y la acción efectiva es aún demasiado amplia. Alta mar, que representa más del 60% del océano global, sigue siendo un territorio con reglas débiles o nulas, gobernado por intereses fragmentados y con graves déficits de fiscalización. Las Áreas Marinas Protegidas carecen, en la mayoría de los casos, de presupuesto suficiente y monitoreo.

Y la presión industrial sobre los océanos no cesa: minería submarina, expansión portuaria sin evaluación ambiental estratégica, proyectos energéticos en el océano, entre otros, avanzan sin normas claras ni mecanismos de justicia ambiental.

Latinoamérica juega un rol decisivo

La región posee vastas zonas marinas bajo jurisdicción nacional y un capital ecológico incomparable. Países como Chile y Costa Rica ya han ratificado el Tratado BBNJ. México, Perú, Colombia, Argentina y otros, avanzan a distintas velocidades, convirtiendo a la articulación en nuestro gran desafío.

Necesitamos un bloque regional que impulse la implementación de este nuevo tratado con criterios de justicia ambiental, participación pública y de pueblos indígenas, y equidad intergeneracional.

Chile, en particular, tiene una oportunidad histórica. Además de ser uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Alta Mar, ha postulado oficialmente para albergar la Secretaría permanente del mismo en la ciudad de Valparaíso, “la joya del Pacífico”. Esta decisión, si se acompaña de coherencia interna, podría posicionar al país como líder global en política oceánica. Pero ese liderazgo no puede convivir con la expansión de industrias contaminantes en zonas costeras, ni con una visión de “industrialización verde” que ignora los límites ecológicos y sociales del mar. Ser sede del tratado requiere algo más que voluntad: exige coherencia.

Columna publicada en Biobío Chile – 11/06/25

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Construir democracia

Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).

Señor Director:

El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.

Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.

En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.

Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.

Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25