Karla Vargas, Ezio Costa y Sofía Rivera escribieron para la publicación coordinada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Octubre, 2025. La revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe” busca aportar a la comprensión del estado actual del derecho a la justicia ambiental en la región, en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, la criminalización de personas defensoras y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos ambientales. Para esto, cuenta con artículos que analizan el estado del derecho en siete países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Chile. A través de sus capítulos, se estudian los marcos normativos y políticas públicas de cada país, identificando avances, retrocesos y desafíos en la implementación de la justicia ambiental.
Con esto, en la publicación se entregan recomendaciones para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva, enfatizando en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales, garantizar la gratuidad y accesibilidad de los procesos, y promover la especialización de magistrados y operadores de justicia en materia ambiental.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una organización sin fines de lucro que promueve el derecho ambiental y las políticas de desarrollo sostenible. Recientemente, presentaron una nueva publicación para abordar .
La contribución de FIMA desde Chile
Para el capítulo de Chile, tres integrantes de ONG FIMA, Ezio Costa, director ejecutivo; Karla Vargas, encargada de procesos territoriales; y Sofía Rivera, investigadora de estudios, participaron con artículos que analizan distintos aspectos del ejercicio del derecho a la justicia ambiental en el país. Sus aportes abordan temas como el fortalecimiento de los tribunales ambientales, los desafíos en la aplicación del Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y los obstáculos que aún enfrentan las comunidades para acceder a mecanismos efectivos de reparación y defensa de sus derechos.
En este, concluyen que si bien Chile ha desarrollado avances importantes en materia institucional, como la creación de tribunales ambientales y la incorporación de estándares internacionales en su marco normativo, aún existen brechas importantes que impiden garantizar un acceso pleno y equitativo a la justicia ambiental. Entre los principales desafíos destacan la falta de recursos y capacidades en los organismos encargados de aplicar la legislación, la desigualdad en el acceso a la información y la participación, y las barreras que enfrentan las comunidades afectadas por conflictos socioambientales para obtener reparación efectiva. Los autores enfatizan que fortalecer la justicia ambiental en Chile requiere no solo mejoras normativas e institucionales, sino también un compromiso político y social para hacer de los derechos ambientales una realidad tangible para todas las personas.
Te invitamos a revisar la publicación completa aquí.
El Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú es una instancia clave para el seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024–2030.
Octubre, 2025. El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en Chile en 2023, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a las y los defensores de derechos humanos en temas ambientales.
En ese marco, se creó el Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú, un espacio de articulación entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado, que permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile. Esta es una instancia de trabajo multinivel y multiactor que reúne a representantes de la sociedad civil, el sector académico, privado y público, con el objetivo de fortalecer la democracia ambiental, fomentar la participación ciudadana y avanzar en la justicia ambiental en Chile.
Para ser parte del consejo, se llevó a cabo un proceso de postulación en el que más de 135 organizaciones sociales, académicas y empresariales participaron. En este proceso es que ONG FIMA fue elegida para ser uno de los representantes de la sociedad civil.
La Gobernanza de Escazú contempla además instancias por sector, como academia y privados, y comités regionales.
Puedes seguir al tanto de las novedades en torno al Acuerdo de Escazú y su implementación en Chile en escazu.mma.gob.cl
La relación entre las personas y la naturaleza es inseparable. Proteger el medio ambiente no es solo un deber ético: es la base de la calidad de vida, la justicia social y la seguridad humana.
Hace prácticamente 40 años lo ambiental estaba ausente del debate público. Hoy, en plena crisis climática, resulta urgente avanzar hacia políticas integrales con definiciones tempranas de alcance y coordinación, que permitan la eficiencia de los permisos sectoriales, anticipen impactos, fortalezcan la resiliencia de comunidades y ecosistemas, y garanticen condiciones dignas frente a emergencias presentes y futuras.
En este contexto, es indispensable que la protección ambiental esté al centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de ecosistemas, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan económicamente estratégicos, especialmente en un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales, y tenemos una alta vulnerabilidad climática. Sin protección ambiental no hay futuro.
Mantener estándares ambientales reduce costos futuros asociados a sequías, incendios, inundaciones y desertificación; aporta seguridad jurídica para la inversión; optimiza la asignación de recursos y equilibra las cargas ambientales; además de promover innovaciones que sostienen la productividad en el tiempo. Reconocer esta interdependencia demuestra que la protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base indispensable.
Por ello, hacemos un llamado a las y los candidatos presidenciales a comprometerse sin retrocesos con el medio ambiente. Como organizaciones, planteamos tres pilares mínimos para cualquier programa: No regresión, Respeto a la legislación vigente y Transparencia.
NO REGRESIÓN
El principio de no regresión establece que los estándares de protección ambiental, salud, participación y transparencia son un piso mínimo que no puede debilitarse. Chile ha avanzado en normativa ambiental y retroceder sería inaceptable.
Se requiere fortalecer los estándares actuales, mejorar los procesos evaluativos y asegurar que la evaluación ambiental sea rigurosa, predecible y basada en evidencia. Esto implica que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con información completa (líneas base sólidas, alternativas reales, medidas verificables), con definiciones tempranas de alcance y coordinación eficaz entre permisos sectoriales.
El próximo gobierno debe comprometerse a:
Aumentar la dotación y capacidades técnicas de las instituciones que evalúan proyectos y fiscalizan la ejecución de los mismos, así como los componentes ambientales de regulaciones sectoriales (agua, energía, minería, bosques, pesca y acuicultura, entre otros) .
Garantizar evaluaciones ambientales oportunas y coordinar los servicios sectoriales, donde suelen producirse las demoras.
RESPETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Cumplir la legislación ambiental significa aplicar integralmente las normas y tratados internacionales ratificados por Chile, incorporándolos en políticas, leyes, reglamentos y otras regulaciones con presupuestos adecuados para su implementación y fiscalización. Supone decisiones ajustadas al marco legal, con trazabilidad, transparencia y participación ciudadana, sancionando los incumplimientos.
Esto incluye:
La Constitución y tratados internacionales (Acuerdo de París, Escazú, Marco Mundial Kunming-Montreal, entre otros).
Las leyes marco y sectoriales (Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Servicio Nacional Forestal, Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas , Ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo, así como regulaciones sobre aguas, residuos, energía, minería, entre otras).
Reglamentos, normas de calidad y emisión, planes de descontaminación, manejo y áreas protegidas.
Resoluciones administrativas y obligaciones de transparencia.
La legislación ambiental chilena ha sido fruto de aprendizajes colectivos. El próximo gobierno debe aplicarla plenamente, con plazos, presupuestos y responsables claros, asegurando que:
La salud sea eje de planes de descontaminación y evaluaciones de impacto.
No se concentren cargas en ciertos territorios, definiendo zonas de exclusión, resguardo y restauración.
Se fomente la implementación (apoyo a regiones y municipios) y
Que existan sanciones efectivas que eviten que las grandes industrias traten las infracciones y las multas que deriven de ellas como costos de operación y que efectivamente sean una forma de desincentivar malas prácticas.
TRANSPARENCIA
La transparencia es esencial para la democracia. Implica que la información pública sea accesible y clara, y que también lo sea la información técnica que fundamenta decisiones estatales y privadas sobre bienes comunes.
La ciudadanía, sin importar nivel educativo, debe comprender las políticas y regulaciones ambientales, así como los impactos de proyectos de inversión e infraestructura en los territorios. Transparencia también significa dar a conocer los intereses —estatales, privados o sociales— detrás de las decisiones.
No basta con exigir transparencia activa al Estado y a la sociedad civil: también debe aplicarse a instituciones privadas y a acuerdos con el Estado. Esperamos que las y los candidatos se comprometan a avanzar en esta línea y a garantizar que la información sea comprensible y accesible para toda la población.
ONG FIMA publica recomendaciones para una estrategia justa que integre aspectos ambientales y sociales.
Octubre, 2025. El Gobierno de Chile ha estado trabajando en una Estrategia Nacional de Minerales Críticos para la transición energética. En ese contexto, creó un Comité Consultivo de Alto Nivel encargado de elaborar y aportar a esta estrategia, instancia para la cual ONG FIMA fue invitada a participar como representante de la sociedad civil. Sin embargo, nuestra percepción fue que el debate estuvo mayoritariamente centrado en dar mayor agilidad a proyectos y certezas regulatorias para el sector empresarial, mientras que la protección ambiental representó un interés muy minoritario.
El debate minero debería considerar el lugar y territorio en donde la actividad se va a desarrollar, y por ende, incorporar las dimensiones ambientales y sociales en estas discusiones. Ante esto, publicamos el «Apunte de Política Ambiental: Estrategia de Minerales Críticos para la transición energética» con recomendaciones para una estrategia justa, donde presentamos la experiencia del proceso, los aportes que formulamos en materias de producción responsable, participación y transparencia, y las narrativas que predominan en la discusión pública.
Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el Encuentro Nacional Municipio Verde, instancia que reúne a representantes de las áreas de medio ambiente de distintas municipalidades de Chile para discutir sobre los principales desafíos de la gestión ambiental local, así como para intercambiar experiencias y conocimientos.
Octubre, 2025. El evento se realizó el pasado 26 de septiembre en el Hotel O’Higgins, en Viña del Mar, y fue organizado por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar. Contó con la participación de 48 funcionarias y funcionarias de 15 municipios, tales como Villa Alemana, Pedro Aguirre Cerda, Rancagua y Valdivia.
Como una forma de contribuir al intercambio de experiencias, el equipo organizador realizó una presentación con algunas de las iniciativas destacadas en gestión ambiental local desarrolladas por municipalidades que forman parte del proyecto. Entre ellas estuvo la Municipalidad de Viña del Mar, que expuso ante el resto de los funcionarios sus avances en materia de participación ciudadana.
Por otra parte, el encuentro contó con la participación del senador por la Región de Los Ríos, Alfonso de Urresti, quien compartió detalles sobre el proceso que permitió obtener el reconocimiento de Valdivia como Ciudad Humedal por parte de la Convención Ramsar.
Lanzamiento de Informe sobre gestión de residuos sólidos
Durante el evento se llevó a cabo el lanzamiento del informe “El problema de la gestión de los residuos sólidos: soluciones desde 4 comunas de Chile”, un documento en el que se recopilaron y caracterizaron las estrategias implementadas por las municipalidades de Ancud, Lampa, Valdivia y Villa Alemana para enfrentar los desafíos de gestión de residuos en sus territorios.
“Todos los municipios comparten desafíos en su gestión ambiental local, sobre todo en la gestión de residuos, el cual significa un gasto presupuestario enorme que se podría destinar a otras necesidades”, comentó Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA y quien encabeza el equipo de Municipio Verde. “Nadie quiere tener su comuna sucia y es por eso que debemos avanzar en la disminución de basura. Esa labor recae en los municipios, quienes en este encuentro comentaron sobre sus experiencias y problemas al momento de la gestión de la basura”.
El informe busca ofrecer una base de referencia para la aplicación de iniciativas innovadoras y efectivas en esta materia, a través del análisis de los principales resultados, desafíos y aprendizajes de cada caso estudiado.
Posteriormente, se desarrolló un panel de conversación con la participación de Diego Torrealba, director del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lampa; Alejandro Vives, director ambiental de la Municipalidad de Villa Alemana; Andrés Valdivia, coordinador de residuos de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valdivia; y Loreto Vera, profesional de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso.
El documento, elaborado por el área de Incidencia de ONG FIMA, analiza los sistemas de compensación en Chile y propone salvaguardas ambientales y sociales para que estos mecanismos sean una oportunidad real de protección de comunidades y ecosistemas.
Septiembre, 2025. En los últimos años, Chile ha avanzado en la creación de mecanismos de mercado para enfrentar la crisis climática y ecológica, como los sistemas de compensación de emisiones de carbono y de biodiversidad. Estas herramientas pueden contribuir a reducir impactos y promover la conservación, pero también presentan riesgos importantes si no cuentan con reglas claras que los orienten.
El informe revisa los avances de Chile en la materia, así como los estándares internacionales y la experiencia de otras iniciativas. Sobre esa base, propone lineamientos para el diseño de un sistema robusto que considere, entre otros, la participación temprana e inclusiva de comunidades, respeto a pueblos indígenas y sus derechos, y mecanismos de transparencia y distribución justa de los beneficios, enfatizando que Chile está en un momento clave para aprovechar la ventana regulatoria e incorporar salvaguardas que fortalezcan la justicia ambiental y eviten repetir errores del pasado.
La publicación es un proyecto colectivo que reúne aportes de más de diez académicos de diversas regiones del mundo que analizan las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática y sus impactos en los derechos humanos.
La publicación fue presentada originalmente en inglés en octubre del año pasado en La Haya, en el marco de las audiencias de la CIJ sobre la opinión consultiva solicitada por Vanuatu. Su versión en español fue lanzada recientemente en un evento en Santiago de Chile que reunió a Andrea Lucas del Heidelberg Center para América Latina, Pilar Moraga del CDA, Vicente Velasco de la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Ezio Costa de ONG FIMA, quienes compartieron sus reflexiones sobre justicia climática.
A lo largo de sus capítulos, el texto aborda temas como la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas por el cambio climático, la necesidad de reconocer la naturaleza como sujeto de protección, y el rol de los tribunales —nacionales e internacionales— en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad climática.
Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señala que este libro reúne debates más urgentes que nunca, porque “muestran cómo el derecho internacional puede y debe responder frente a la crisis climática. Precisamente en esa dirección van lo que han señalado la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son grandes noticias porque construyen muros de protección frente al fenómeno desregulatorio que enfrentamos hoy.”
Este libro busca ser más que una publicación meramente académica, entregando herramientas prácticas para estudiantes, profesionales y activistas que trabajan por la justicia climática. Para esto, en paralelo se desarrolló un curso MOOC (Massive Open Online Course) gratuito en la plataforma Udemy, que permite profundizar en los contenidos y explorar cómo el litigio climático puede impulsar transformaciones institucionales y sociales a través de dos módulos: “Legal Standards and Global Litigation” y “Climate Action through Advisory Opinions and More”.
Navegamos la transición ecológica sin guía ni propósito y los Estados, en lugar de proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librar al azar.
Estamos ante un absurdo retroceso de la protección ambiental en América Latina, impulsado por la evitación, una especie de revancha mal dirigida y el empuje de quienes se apropian de todo para aumentar su riqueza. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha sido suprimido y puesto bajo el Ministerio de Minas y Energía; en Brasil se aprobó una “ley de devastación” que reduce los estándares de protección ambiental para favorecer a las grandes empresas y, en Argentina, el desmantelamiento institucional y legislativo ha alcanzado niveles alarmantes.
Mientras tanto, en Chile se ha aprobado una ley que pone en riesgo la protección ambiental y social, y el año electoral marcado por un discurso empresarial ha puesto al medio ambiente y sus defensores como enemigos. Los candidatos presidenciales han olvidado completamente las responsabilidades del Estado en esta materia y se muestran feroces en contra de los derechos de las personas, pero dóciles ante los intereses económicos.
Es útil recordar que el mundo atraviesa, con o sin voluntad de quienes están en el poder, por una transición ecológica. Los cambios en el medio ambiente fuerzan cambios en los sistemas sociales—incluido el económico—, que se ven obligados a adaptarse a la nueva realidad del entorno. En América Latina navegamos esta transición sin guía ni propósito y, los Estados, en lugar de cumplir con su deber de dirigir este cambio para proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librado al azar, agravando la vulnerabilidad de quienes ya están en la periferia y facilitando el camino para que actores paraestatales tomen el control de territorios.
No es difícil ver la pulsión emocional que mueve esta inacción. El sesgo de evitación lleva a nuestros gobernantes a buscar refugio en supuestos tiempos más simples, de estabilidad segura. Son niños, niñas y jóvenes de 1980 y 1990 que ahora, puestos en posición de elegir sobre su futuro y ante la incertidumbre reinante, aspiran a volver a esas épocas en que se sintieron protegidos. Esa aspiración, sin embargo, es una ilusión. Ser adultos significa precisamente hacerle frente a esas condiciones y entender la relevancia de tomar acción.
Esa acción, a su vez, debe construirse sobre realidades, como es la crisis climática. Podemos discutir la manera de afrontar la crisis según las preferencias de cada uno, pero la existencia de esta situación es una cuestión material y mensurable sobre la que, lamentablemente, nuestras preferencias no tienen consecuencia alguna. Ya sea por el efecto de las actividades humanas (como asegura la ciencia) o por cualquier otra causa, la realidad es que el planeta está considerablemente más degradado que 30 años atrás, cuando empezamos a crear mínimas medidas para protegerlo.
En los noventa, y a pesar de contar con mucha menos información certera, el mundo ya sabía que la situación ambiental era grave y riesgosa. En ese escenario, los adultos se comportaron como tales y la Cumbre de Río de 1992 marcó un momento de conciencia colectiva que selló los principales acuerdos internacionales en la materia, vigentes al día de hoy. Lo anterior, sin embargo, no ha sido para nada suficiente.
Hoy la situación es considerablemente peor que en esa época. Los suelos degradados a nivel global han pasado de un 15% a un 28,5%. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 20,8% y la temperatura global se encuentra, en promedio, entre 1,3 °C y 1,4 °C sobre los niveles preindustriales, cuadruplicando el aumento que existía a 1992. Las especies en riesgo han aumentado un 1.080%, mientras un 99% de la población del mundo vive con niveles de contaminación atmosférica por encima de las normas para la protección de la salud.
Pero la infantil mirada sobre el asunto busca también venganzas fáciles y mal dirigidas. Ven en la desprotección del ambiente una forma de revancha contra el “injusto” mundo de la empatía y, al ambientalismo, como una ideología adversaria. Eso les permite nublar aún más la visión sobre la realidad material, como si proteger nuestro hábitat no fuera una condición de supervivencia que no mira colores políticos. Por supuesto, hay discusiones legítimas entre visiones más inclusivas o que excluyen, colectivistas o individualistas, y nacionalistas o universalistas. Sin embargo, ninguna de esas discusiones puede razonablemente llevar al desmantelamiento de la protección ambiental, sino a modificaciones en la manera en que se hace.
Por último, es clara la existencia de actores que empujan esta narrativa antiambiente por intereses de a corto plazo, despreciando el bienestar a medio y largo plazo e, incluso, la estabilidad de la nación. Dichos actores no necesariamente niegan la realidad material, sino que están dispuestos a tolerarla en el entendido de que ellos no serán mayormente afectados, pues tienen los medios para protegerse de la mayoría de los efectos que son capaces de prever. No es lo mismo una ola de calor para una persona que tiene aire acondicionado y puede pagar la cuenta de la electricidad, que para otra que no cumpla esas condiciones. Tampoco es lo mismo ser un pequeño agricultor que se queda sin agua, que una gran empresa minera que aumenta su producción para alimentar a la industria de los nuevos automóviles eléctricos.
Parece importante observar y reconocer los precursores que alimentan la desprotección ambiental. Sin que ninguno de ellos sea simple de abordar, observarlos puede permitirnos una acción más efectiva para hacerle frente al fenómeno y prevenir su profundización. Avanzar en la degradación del ambiente provoca más inseguridad actual y futura: es una revancha autodestructiva y no aporta al progreso de los países. Quienes hoy prefieren la ceguera, pronto descubrirán que la realidad no espera. La transición ecológica avanza y, cuanto más se la niegue, más devastadoras serán sus consecuencias.
Las soluciones provienen de la innovación popular, los derechos indígenas y las protecciones efectivas, según los participantes de un taller sobre gobernanza oceánica organizado por Dialogue Earth y FIMA.
Por Fermin Koop.
En la última década, Chile se ha convertido en un líder mundial en conservación marina, al menos sobre el papel. El país ha recibido elogios internacionales por designar más del 40% de sus aguas territoriales como áreas marinas protegidas (AMP) y por liderar iniciativas oceánicas internacionales. Sin embargo, en una reciente reunión celebrada en la ciudad costera de Viña del Mar, en el centro de Chile, los participantes de grupos de la sociedad civil, organizaciones indígenas, el mundo académico y comunidades costeras describieron un panorama más complejo.
Dialogue Earth y la ONG chilena FIMA reunieron a más de 30 participantes en un taller celebrado en julio para evaluar la gobernanza oceánica del país y explorar vías de avance. El taller puso de manifiesto la preocupación por las deficiencias en la aplicación de la ley, las presiones de las industrias extractivas y la exclusión de partes interesadas clave. Pero también destacó los poderosos esfuerzos locales para recuperar la gestión del mar.
La reunión se celebró bajo la regla de Chatham House, que prohíbe a los asistentes revelar la identidad o afiliación de los demás. Por lo tanto, Dialogue Earth no identifica a los ponentes individuales en este artículo.
Triple crisis oceánica
Los ecosistemas marinos de Chile se enfrentan a presiones crecientes en tres frentes interrelacionados: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Los efectos del calentamiento global en el océano, como el aumento de las temperaturas, la acidificación y la migración de especies, están alterando los ecosistemas de formas impredecibles. “La ciencia es nuestra prueba”, afirmó uno de los expertos del taller. Se pidió una mayor aportación científica en la elaboración de políticas marinas.
Al mismo tiempo, las prácticas de pesca industrial, como la pesca de arrastre de fondo, siguen destruyendo hábitats vitales como los bosques de algas marinas. Y la sobreexplotación de las algas marinas amenaza la base de la cadena alimentaria marina. La contaminación por plásticos, la escorrentía de nutrientes y los efectos de la acuicultura del salmón —incluido el uso masivo de antibióticos y el vertido de residuos— han creado zonas muertas y degradado las aguas costeras en muchos lugares a lo largo de la extensa costa chilena.
A pesar de la extensa red de AMP del país, estas amenazas persisten, en parte porque las protecciones a menudo sólo existen en teoría. Los participantes destacaron la falta de planes de gestión, la insuficiencia de la supervisión y la limitada inclusión de las comunidades locales o indígenas en varias zonas supuestamente protegidas. Otra cuestión que se planteó fue la dificultad de identificar a los beneficiarios finales de las empresas involucradas en la pesca ilegal o la contaminación, una laguna crítica en la gobernanza oceánica chilena.
Otros participantes señalaron que, a pesar de la elevada cifra global del 40% de los océanos de Chile que se encuentran bajo protección, existen importantes lagunas en la red. En el centro de Chile, por ejemplo, solo una pequeña parte de las aguas costeras está protegida, a pesar de su alto valor ecológico y humano.
Conservación de base: refugios marinos y más allá
Teniendo en cuenta estos retos, el taller presentó iniciativas locales que ofrecen una visión más esperanzadora de la gestión marina.
Uno de estos modelos es el refugio marino. En estas zonas gestionadas por la comunidad, no se permite ningún tipo de extracción. En la Región de Valparaíso, las comunidades pesqueras artesanales han establecido cinco refugios de este tipo en colaboración con la Fundación Capital Azul. Estas zonas, que incluyen Maitencillo y Cachagua, son supervisadas tanto por científicos como por pescadores, estos últimos se encargan de hacer cumplir las normas y de educar a las generaciones más jóvenes. Con el tiempo, especies como el abulón (conocido localmente como «locos») y los erizos de mar han regresado, al tiempo que se ha profundizado la cohesión de la comunidad.
“Al principio hubo resistencia, la gente temía perder el acceso a especies clave”, relató un pescador durante una visita de campo a Maitencillo. “Pero hemos llegado a comprender que proteger una parte del océano garantiza su abundancia para todos en el futuro”.
Otras iniciativas de la sociedad civil incluyen el uso de la ciencia ciudadana para supervisar y regular la recolección de algas marinas, que son esenciales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Una de las presentaciones del taller detalló un proyecto de cartografía de algas marinas y defensa de la protección del hábitat en el que participan grupos locales del norte de Chile.
El taller también abordó las herramientas de transparencia que están ayudando a supervisar las industrias marinas. Por ejemplo, organizaciones como Global Fishing Watch están utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial para rastrear buques pesqueros, detectar actividades ilegales y reforzar la aplicación de la ley. Como dijo uno de los participantes en el taller, «no se puede gestionar lo que no se ve».
El poder de la educación y la imaginación
Más allá de las herramientas tecnológicas y legales, muchos participantes destacaron la necesidad de una transformación cultural. Organizaciones chilenas como Aula de Mar y Oceanósfera son pioneras en iniciativas de educación oceánica, desde programas escolares con temática oceánica hasta grupos de natación en aguas abiertas y talleres prácticos de identificación de algas.
“La conservación no se limita a la biodiversidad”, afirmó uno de los participantes. “Se trata de las emociones, los recuerdos y las historias que compartimos con el mar”.
El equipo de Oceanósfera en una feria de ciencias en Valdivia, en el sur de Chile, en 2023. La fundación ha desarrollado más de 20 recursos educativos marinos como libros, juegos y afiches (Imagen: Pablo Lloncón)
Estos programas tienen como objetivo cultivar una conexión “biocultural” con el medio marino, animando a las personas a ver a las ballenas, los peces y los crustáceos no solo como recursos, sino como seres con los que compartimos un territorio. Algunos participantes hablaron de una “imaginación oceánica” que amplía el marco ético de la gobernanza para incluir el cuidado entre especies y los futuros colectivos.
Gobernanza indígena de los océanos
Un tema recurrente a lo largo del taller fue la exclusión de los pueblos indígenas de la toma de decisiones sobre el mar. Esto ocurre a pesar de que Chile ha ratificado acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que supuestamente garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
“Existe racismo estructural en las políticas costeras”, afirmó un participante del taller. “La inclusión no es un favor. Es un derecho”.
Las comunidades y redes de todo Chile luchan por recuperar los espacios marinos ancestrales y los sistemas de conocimiento, pero se puede hacer más. Los participantes en el taller coincidieron, por ejemplo, en que las Áreas Marinas Costeras de Pueblos Indígenas (ECMPO), consagradas en la legislación chilena para permitir la cogobernanza marina indígena, siguen siendo ignoradas y carecen de recursos suficientes.
Cita destacada: “Existe racismo estructural en las políticas costeras. La inclusión no es un favor. Es un derecho”.
Para muchas comunidades, la gobernanza marina no es simplemente un marco burocrático que debe cumplirse. Se trata de vivir con y dentro del océano. El consenso general en el taller fue que comprender esto requiere un cambio de los modelos verticales hacia estructuras de cogestión que se centren en las voces y los estilos de vida indígenas.
El papel global de Chile y sus contradicciones
El taller también profundizó en el potencial liderazgo de Chile en la gobernanza internacional de los océanos, en particular a través del tratado sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Adoptado tras dos décadas de negociaciones, el tratado tiene por objeto proteger la biodiversidad en alta mar y promover la equidad en el uso de los recursos marinos.
Chile ha desempeñado un papel activo en estas conversaciones y ha expresado su interés en acoger la secretaría del BBNJ en Valparaíso, una medida que los participantes consideraron tanto simbólica como estratégica.
“Si el Sur Global va a ser parte de la solución, debe liderarla”, señaló uno de los ponentes. Acoger el tratado podría ayudar a acercar el centro de la diplomacia marina a la realidad de países de primera línea como Chile.
Sin embargo, los participantes también señalaron las tensiones entre las aspiraciones internacionales de Chile y la realidad interna. Destacaron ejemplos de la brecha entre la retórica y la implementación: la expansión continua de las granjas de salmón en zonas costeras sensibles, la débil aplicación de los derechos indígenas y los limitados avances en la conservación local.
Avanzando
Al concluir el taller, se llegó a un consenso: una gobernanza oceánica significativa en Chile requiere algo más que declaraciones. Necesita procesos inclusivos, transparentes e impulsados por la comunidad que respeten tanto los ecosistemas como a las personas que dependen de ellos.
Entre las prioridades clave citadas por los participantes se encuentran el fortalecimiento de la implementación de las AMP con una participación genuina de la comunidad y los pueblos indígenas, y el apoyo a modelos de base como los refugios marinos y las ECMPO. Además, ampliar el conocimiento sobre los océanos a través de la educación, el arte y la participación pública, y garantizar la trazabilidad total y la responsabilidad corporativa de la pesca y la acuicultura.
Lo más importante es que los participantes pidieron un cambio cultural más profundo: pasar a considerar el océano no sólo como un espacio que hay que regular, sino como un ser vivo con el que todos estamos entrelazados y del que debemos cuidar.
Como reflexionó una persona durante los momentos finales del taller: “Debemos hablar del océano, sin olvidar las costas y las comunidades que viven allí”.
Hace unos días se dio a conocer que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió, luego de una larga y compleja investigación, sancionar a la empresa salmonera Cooke Aquaculture por incumplir sus permisos ambientales y sectoriales en tres de sus centros ubicados al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, Laguna San Rafael, en la región de Aysén.
Según la fiscalización de la autoridad ambiental, la empresa sobreprodujo y modificó sustantivamente los proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, además de operar fuera de su área de concesión, cuestión que llevó a una multa económica y a ordenar la clausura de aquella parte de la operación que estaba funcionando ilegalmente.
Ante esto, la empresa reaccionó airadamente y con una estrategia de victimización, utilizando frases que catalogan la sanción de clausura como “un acto expropiatorio” y que supuestamente incumpliría el TLC con Canadá.
Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce; sino también ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía, olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal, el resto de la producción de estos centros al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, de un modo totalmente inexplicable a la luz de la magnitud de las infracciones cometidas por la empresa, no serían afectadas por la sanción.
