Autor: Equipo Comunicaciones

[caption id="attachment_1883" align="alignleft" width="262"] Ezio Costa
Director Ejecutivo de FIMA[/caption] Columna publicada en El Dínamo

Sin que todavía haya un documento oficial, el gobierno al menos ha enunciado algunas de las medidas que serán propuestas al congreso en materia de derechos de aguas. En lo sustantivo, lo que el Ministro Undurraga ha dicho es que se buscaría el reconocimiento constitucional del agua como bienes nacionales de uso público, darle uso prioritario para el consumo humano y ampliar en alguna medida las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) en casos de sequía y en transferencia de derechos.

Como es de esperar, el nivel de alerta se levantó de inmediato, pues el agua es insumo esencial de toda la producción industrial y extractiva de nuestro país y es utilizada con intensidad especialmente en aquellas áreas donde hay menos: en la extracción minera en el norte de Chile. Y como es de esperar, la alerta se ha levantado en dos códigos complementarios, el primero es alegar que se podría estar vulnerando derechos fundamentales (propiedad) y el segundo es señalar que se podría estar comprometiendo la certeza jurídica y con ello la inversión. El ruido de fondo que ya parece inevitable.

Respecto de la propuesta y como muchas veces se ha repetido en diversos foros, el reconocimiento constitucional del agua como bien nacional de uso público es una medida que aunque vistosa y de buena reputación, podría no tener muchos efectos, sobre todo si consideramos que el agua ya es un bien público no solo por la declaración legal, sino que de manera natural. Sí es muy valorable la priorización del consumo humano por sobre lo demás, primera medida que estaría en línea con la necesidad de reconocer el derecho humano al agua como derecho fundamental, complemento necesario del derecho a la vida y a la salud. Finalmente, en lo que se refiere a otorgar mayores facultades a la DGA, creo que el anuncio es aún muy corto.

Ahora bien, siendo que los anuncios están en la línea de lo mínimo, el hecho de que el ruido de fondo ya se haya empezado a sentir da cuenta de la escasa o nula voluntad de cambio, lo cual es muy comprensible viniendo de quien tiene actualmente el control casi absoluto sobre el recurso. Sin embargo, este ruido tiene que ser desatendido, especialmente cuando usa como argumento la vulneración del derecho fundamental a la propiedad, porque en este caso hay una cuestión de proporcionalidad mínima. El uso de esa especie de derecho de propiedad se opone y compite con el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano, y parece lógico que se aseguren los segundos antes que el primero, sobre todo cuando estamos hablando de un bien que es comunitario. Además, no lo olvidemos, los derechos de agua fueron regalados por el Estado de Chile y el hecho de que ahora valgan millones, en general no tiene tampoco mucho que ver con que quienes se apropiaron de ellos los hayan convertido en algo distinto y más valioso. Incluso se da la paradoja de que entre más negligente haya sido en el uso del recurso, probablemente más valor le haya dado, pues entre más seca esté la cuenca de la que se extrae el agua, habrá más escasez y por lo tanto ese derecho valdrá más.

Por último, hay dos cosas que creo que es necesario considerar seriamente. La primera es la influencia del cambio climático en los conflictos por el agua, y cómo a pesar de los esfuerzos que hagamos en gestión de recursos hídricos, es muy probable que la sequía se acreciente en los años venideros. En este sentido, todos los esfuerzos en esta materia y en mejorar la distribución de poder en relación con el agua son bienvenidos, pero sería muy miope de nuestra parte dejar de lado el hecho de que todos esos esfuerzos se hacen en un plano de incertidumbre y que las proyecciones son que las lluvias seguirán disminuyendo en los años venideros. Esas mismas comunidades que hoy tienen problemas en la gestión de derechos de aguas o no tienen acceso a ellos, van a ver aumentados sus problemas en el futuro. Pensar en cómo el cambio climático nos afectará y la manera en que nos adaptaremos a esa afectación, es clave para la paz social a mediano plazo.

La segunda es respecto del rol del Estado, donde urge la modernización de la DGA hacia una Agencia Nacional de Aguas que tenga poderes regulatorios y sancionatorios, que goce de una independencia funcional y que posea una experticia que le permita plantear políticas creíbles de largo plazo. Una Agencia Nacional de Aguas estaría mucho mejor equipada para hacer frente a las contingencias y a los escenarios de cambio de mediano plazo, como el cambio climático, así como podría plantear estrategias para el futuro, que son muy necesarias en esta materia. Su independencia aseguraría, además, poder tener personal más capacitado y que se mantenga de manera estable; así como podría dar garantías tanto a comunidades como a inversionistas en el sentido de mantener ciertos lineamientos previsibles.

El avance de las políticas públicas y modificaciones legales relacionadas con agua, es urgente en un país donde crece alarmantemente el número de personas que no tiene acceso directo a agua para beber y con ello se multiplican los conflictos socio ambientales. Estas nuevas regulaciones, tienen que ser sustantivas y pensadas en el largo plazo, pues se observa que a futuro estos problemas podrían ser cada vez mayores.