La publicación es un proyecto colectivo que reúne aportes de más de diez académicos de diversas regiones del mundo que analizan las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática y sus impactos en los derechos humanos.
La publicación fue presentada originalmente en inglés en octubre del año pasado en La Haya, en el marco de las audiencias de la CIJ sobre la opinión consultiva solicitada por Vanuatu. Su versión en español fue lanzada recientemente en un evento en Santiago de Chile que reunió a Andrea Lucas del Heidelberg Center para América Latina, Pilar Moraga del CDA, Vicente Velasco de la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Ezio Costa de ONG FIMA, quienes compartieron sus reflexiones sobre justicia climática.
A lo largo de sus capítulos, el texto aborda temas como la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas por el cambio climático, la necesidad de reconocer la naturaleza como sujeto de protección, y el rol de los tribunales —nacionales e internacionales— en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad climática.
Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señala que este libro reúne debates más urgentes que nunca, porque “muestran cómo el derecho internacional puede y debe responder frente a la crisis climática. Precisamente en esa dirección van lo que han señalado la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son grandes noticias porque construyen muros de protección frente al fenómeno desregulatorio que enfrentamos hoy.”
Este libro busca ser más que una publicación meramente académica, entregando herramientas prácticas para estudiantes, profesionales y activistas que trabajan por la justicia climática. Para esto, en paralelo se desarrolló un curso MOOC (Massive Open Online Course) gratuito en la plataforma Udemy, que permite profundizar en los contenidos y explorar cómo el litigio climático puede impulsar transformaciones institucionales y sociales a través de dos módulos: “Legal Standards and Global Litigation” y “Climate Action through Advisory Opinions and More”.
Navegamos la transición ecológica sin guía ni propósito y los Estados, en lugar de proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librar al azar.
Estamos ante un absurdo retroceso de la protección ambiental en América Latina, impulsado por la evitación, una especie de revancha mal dirigida y el empuje de quienes se apropian de todo para aumentar su riqueza. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha sido suprimido y puesto bajo el Ministerio de Minas y Energía; en Brasil se aprobó una “ley de devastación” que reduce los estándares de protección ambiental para favorecer a las grandes empresas y, en Argentina, el desmantelamiento institucional y legislativo ha alcanzado niveles alarmantes.
Mientras tanto, en Chile se ha aprobado una ley que pone en riesgo la protección ambiental y social, y el año electoral marcado por un discurso empresarial ha puesto al medio ambiente y sus defensores como enemigos. Los candidatos presidenciales han olvidado completamente las responsabilidades del Estado en esta materia y se muestran feroces en contra de los derechos de las personas, pero dóciles ante los intereses económicos.
Es útil recordar que el mundo atraviesa, con o sin voluntad de quienes están en el poder, por una transición ecológica. Los cambios en el medio ambiente fuerzan cambios en los sistemas sociales—incluido el económico—, que se ven obligados a adaptarse a la nueva realidad del entorno. En América Latina navegamos esta transición sin guía ni propósito y, los Estados, en lugar de cumplir con su deber de dirigir este cambio para proteger los derechos de las personas y la estabilidad de los países, están dejándolo librado al azar, agravando la vulnerabilidad de quienes ya están en la periferia y facilitando el camino para que actores paraestatales tomen el control de territorios.
No es difícil ver la pulsión emocional que mueve esta inacción. El sesgo de evitación lleva a nuestros gobernantes a buscar refugio en supuestos tiempos más simples, de estabilidad segura. Son niños, niñas y jóvenes de 1980 y 1990 que ahora, puestos en posición de elegir sobre su futuro y ante la incertidumbre reinante, aspiran a volver a esas épocas en que se sintieron protegidos. Esa aspiración, sin embargo, es una ilusión. Ser adultos significa precisamente hacerle frente a esas condiciones y entender la relevancia de tomar acción.
Esa acción, a su vez, debe construirse sobre realidades, como es la crisis climática. Podemos discutir la manera de afrontar la crisis según las preferencias de cada uno, pero la existencia de esta situación es una cuestión material y mensurable sobre la que, lamentablemente, nuestras preferencias no tienen consecuencia alguna. Ya sea por el efecto de las actividades humanas (como asegura la ciencia) o por cualquier otra causa, la realidad es que el planeta está considerablemente más degradado que 30 años atrás, cuando empezamos a crear mínimas medidas para protegerlo.
En los noventa, y a pesar de contar con mucha menos información certera, el mundo ya sabía que la situación ambiental era grave y riesgosa. En ese escenario, los adultos se comportaron como tales y la Cumbre de Río de 1992 marcó un momento de conciencia colectiva que selló los principales acuerdos internacionales en la materia, vigentes al día de hoy. Lo anterior, sin embargo, no ha sido para nada suficiente.
Hoy la situación es considerablemente peor que en esa época. Los suelos degradados a nivel global han pasado de un 15% a un 28,5%. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 20,8% y la temperatura global se encuentra, en promedio, entre 1,3 °C y 1,4 °C sobre los niveles preindustriales, cuadruplicando el aumento que existía a 1992. Las especies en riesgo han aumentado un 1.080%, mientras un 99% de la población del mundo vive con niveles de contaminación atmosférica por encima de las normas para la protección de la salud.
Pero la infantil mirada sobre el asunto busca también venganzas fáciles y mal dirigidas. Ven en la desprotección del ambiente una forma de revancha contra el “injusto” mundo de la empatía y, al ambientalismo, como una ideología adversaria. Eso les permite nublar aún más la visión sobre la realidad material, como si proteger nuestro hábitat no fuera una condición de supervivencia que no mira colores políticos. Por supuesto, hay discusiones legítimas entre visiones más inclusivas o que excluyen, colectivistas o individualistas, y nacionalistas o universalistas. Sin embargo, ninguna de esas discusiones puede razonablemente llevar al desmantelamiento de la protección ambiental, sino a modificaciones en la manera en que se hace.
Por último, es clara la existencia de actores que empujan esta narrativa antiambiente por intereses de a corto plazo, despreciando el bienestar a medio y largo plazo e, incluso, la estabilidad de la nación. Dichos actores no necesariamente niegan la realidad material, sino que están dispuestos a tolerarla en el entendido de que ellos no serán mayormente afectados, pues tienen los medios para protegerse de la mayoría de los efectos que son capaces de prever. No es lo mismo una ola de calor para una persona que tiene aire acondicionado y puede pagar la cuenta de la electricidad, que para otra que no cumpla esas condiciones. Tampoco es lo mismo ser un pequeño agricultor que se queda sin agua, que una gran empresa minera que aumenta su producción para alimentar a la industria de los nuevos automóviles eléctricos.
Parece importante observar y reconocer los precursores que alimentan la desprotección ambiental. Sin que ninguno de ellos sea simple de abordar, observarlos puede permitirnos una acción más efectiva para hacerle frente al fenómeno y prevenir su profundización. Avanzar en la degradación del ambiente provoca más inseguridad actual y futura: es una revancha autodestructiva y no aporta al progreso de los países. Quienes hoy prefieren la ceguera, pronto descubrirán que la realidad no espera. La transición ecológica avanza y, cuanto más se la niegue, más devastadoras serán sus consecuencias.
Las soluciones provienen de la innovación popular, los derechos indígenas y las protecciones efectivas, según los participantes de un taller sobre gobernanza oceánica organizado por Dialogue Earth y FIMA.
Por Fermin Koop.
En la última década, Chile se ha convertido en un líder mundial en conservación marina, al menos sobre el papel. El país ha recibido elogios internacionales por designar más del 40% de sus aguas territoriales como áreas marinas protegidas (AMP) y por liderar iniciativas oceánicas internacionales. Sin embargo, en una reciente reunión celebrada en la ciudad costera de Viña del Mar, en el centro de Chile, los participantes de grupos de la sociedad civil, organizaciones indígenas, el mundo académico y comunidades costeras describieron un panorama más complejo.
Dialogue Earth y la ONG chilena FIMA reunieron a más de 30 participantes en un taller celebrado en julio para evaluar la gobernanza oceánica del país y explorar vías de avance. El taller puso de manifiesto la preocupación por las deficiencias en la aplicación de la ley, las presiones de las industrias extractivas y la exclusión de partes interesadas clave. Pero también destacó los poderosos esfuerzos locales para recuperar la gestión del mar.
La reunión se celebró bajo la regla de Chatham House, que prohíbe a los asistentes revelar la identidad o afiliación de los demás. Por lo tanto, Dialogue Earth no identifica a los ponentes individuales en este artículo.
Triple crisis oceánica
Los ecosistemas marinos de Chile se enfrentan a presiones crecientes en tres frentes interrelacionados: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Los efectos del calentamiento global en el océano, como el aumento de las temperaturas, la acidificación y la migración de especies, están alterando los ecosistemas de formas impredecibles. “La ciencia es nuestra prueba”, afirmó uno de los expertos del taller. Se pidió una mayor aportación científica en la elaboración de políticas marinas.
Al mismo tiempo, las prácticas de pesca industrial, como la pesca de arrastre de fondo, siguen destruyendo hábitats vitales como los bosques de algas marinas. Y la sobreexplotación de las algas marinas amenaza la base de la cadena alimentaria marina. La contaminación por plásticos, la escorrentía de nutrientes y los efectos de la acuicultura del salmón —incluido el uso masivo de antibióticos y el vertido de residuos— han creado zonas muertas y degradado las aguas costeras en muchos lugares a lo largo de la extensa costa chilena.
A pesar de la extensa red de AMP del país, estas amenazas persisten, en parte porque las protecciones a menudo sólo existen en teoría. Los participantes destacaron la falta de planes de gestión, la insuficiencia de la supervisión y la limitada inclusión de las comunidades locales o indígenas en varias zonas supuestamente protegidas. Otra cuestión que se planteó fue la dificultad de identificar a los beneficiarios finales de las empresas involucradas en la pesca ilegal o la contaminación, una laguna crítica en la gobernanza oceánica chilena.
Otros participantes señalaron que, a pesar de la elevada cifra global del 40% de los océanos de Chile que se encuentran bajo protección, existen importantes lagunas en la red. En el centro de Chile, por ejemplo, solo una pequeña parte de las aguas costeras está protegida, a pesar de su alto valor ecológico y humano.
Conservación de base: refugios marinos y más allá
Teniendo en cuenta estos retos, el taller presentó iniciativas locales que ofrecen una visión más esperanzadora de la gestión marina.
Uno de estos modelos es el refugio marino. En estas zonas gestionadas por la comunidad, no se permite ningún tipo de extracción. En la Región de Valparaíso, las comunidades pesqueras artesanales han establecido cinco refugios de este tipo en colaboración con la Fundación Capital Azul. Estas zonas, que incluyen Maitencillo y Cachagua, son supervisadas tanto por científicos como por pescadores, estos últimos se encargan de hacer cumplir las normas y de educar a las generaciones más jóvenes. Con el tiempo, especies como el abulón (conocido localmente como «locos») y los erizos de mar han regresado, al tiempo que se ha profundizado la cohesión de la comunidad.
“Al principio hubo resistencia, la gente temía perder el acceso a especies clave”, relató un pescador durante una visita de campo a Maitencillo. “Pero hemos llegado a comprender que proteger una parte del océano garantiza su abundancia para todos en el futuro”.
Otras iniciativas de la sociedad civil incluyen el uso de la ciencia ciudadana para supervisar y regular la recolección de algas marinas, que son esenciales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Una de las presentaciones del taller detalló un proyecto de cartografía de algas marinas y defensa de la protección del hábitat en el que participan grupos locales del norte de Chile.
El taller también abordó las herramientas de transparencia que están ayudando a supervisar las industrias marinas. Por ejemplo, organizaciones como Global Fishing Watch están utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial para rastrear buques pesqueros, detectar actividades ilegales y reforzar la aplicación de la ley. Como dijo uno de los participantes en el taller, «no se puede gestionar lo que no se ve».
El poder de la educación y la imaginación
Más allá de las herramientas tecnológicas y legales, muchos participantes destacaron la necesidad de una transformación cultural. Organizaciones chilenas como Aula de Mar y Oceanósfera son pioneras en iniciativas de educación oceánica, desde programas escolares con temática oceánica hasta grupos de natación en aguas abiertas y talleres prácticos de identificación de algas.
“La conservación no se limita a la biodiversidad”, afirmó uno de los participantes. “Se trata de las emociones, los recuerdos y las historias que compartimos con el mar”.
El equipo de Oceanósfera en una feria de ciencias en Valdivia, en el sur de Chile, en 2023. La fundación ha desarrollado más de 20 recursos educativos marinos como libros, juegos y afiches (Imagen: Pablo Lloncón)
Estos programas tienen como objetivo cultivar una conexión “biocultural” con el medio marino, animando a las personas a ver a las ballenas, los peces y los crustáceos no solo como recursos, sino como seres con los que compartimos un territorio. Algunos participantes hablaron de una “imaginación oceánica” que amplía el marco ético de la gobernanza para incluir el cuidado entre especies y los futuros colectivos.
Gobernanza indígena de los océanos
Un tema recurrente a lo largo del taller fue la exclusión de los pueblos indígenas de la toma de decisiones sobre el mar. Esto ocurre a pesar de que Chile ha ratificado acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que supuestamente garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
“Existe racismo estructural en las políticas costeras”, afirmó un participante del taller. “La inclusión no es un favor. Es un derecho”.
Las comunidades y redes de todo Chile luchan por recuperar los espacios marinos ancestrales y los sistemas de conocimiento, pero se puede hacer más. Los participantes en el taller coincidieron, por ejemplo, en que las Áreas Marinas Costeras de Pueblos Indígenas (ECMPO), consagradas en la legislación chilena para permitir la cogobernanza marina indígena, siguen siendo ignoradas y carecen de recursos suficientes.
Cita destacada: “Existe racismo estructural en las políticas costeras. La inclusión no es un favor. Es un derecho”.
Para muchas comunidades, la gobernanza marina no es simplemente un marco burocrático que debe cumplirse. Se trata de vivir con y dentro del océano. El consenso general en el taller fue que comprender esto requiere un cambio de los modelos verticales hacia estructuras de cogestión que se centren en las voces y los estilos de vida indígenas.
El papel global de Chile y sus contradicciones
El taller también profundizó en el potencial liderazgo de Chile en la gobernanza internacional de los océanos, en particular a través del tratado sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). Adoptado tras dos décadas de negociaciones, el tratado tiene por objeto proteger la biodiversidad en alta mar y promover la equidad en el uso de los recursos marinos.
Chile ha desempeñado un papel activo en estas conversaciones y ha expresado su interés en acoger la secretaría del BBNJ en Valparaíso, una medida que los participantes consideraron tanto simbólica como estratégica.
“Si el Sur Global va a ser parte de la solución, debe liderarla”, señaló uno de los ponentes. Acoger el tratado podría ayudar a acercar el centro de la diplomacia marina a la realidad de países de primera línea como Chile.
Sin embargo, los participantes también señalaron las tensiones entre las aspiraciones internacionales de Chile y la realidad interna. Destacaron ejemplos de la brecha entre la retórica y la implementación: la expansión continua de las granjas de salmón en zonas costeras sensibles, la débil aplicación de los derechos indígenas y los limitados avances en la conservación local.
Avanzando
Al concluir el taller, se llegó a un consenso: una gobernanza oceánica significativa en Chile requiere algo más que declaraciones. Necesita procesos inclusivos, transparentes e impulsados por la comunidad que respeten tanto los ecosistemas como a las personas que dependen de ellos.
Entre las prioridades clave citadas por los participantes se encuentran el fortalecimiento de la implementación de las AMP con una participación genuina de la comunidad y los pueblos indígenas, y el apoyo a modelos de base como los refugios marinos y las ECMPO. Además, ampliar el conocimiento sobre los océanos a través de la educación, el arte y la participación pública, y garantizar la trazabilidad total y la responsabilidad corporativa de la pesca y la acuicultura.
Lo más importante es que los participantes pidieron un cambio cultural más profundo: pasar a considerar el océano no sólo como un espacio que hay que regular, sino como un ser vivo con el que todos estamos entrelazados y del que debemos cuidar.
Como reflexionó una persona durante los momentos finales del taller: “Debemos hablar del océano, sin olvidar las costas y las comunidades que viven allí”.
Hace unos días se dio a conocer que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió, luego de una larga y compleja investigación, sancionar a la empresa salmonera Cooke Aquaculture por incumplir sus permisos ambientales y sectoriales en tres de sus centros ubicados al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, Laguna San Rafael, en la región de Aysén.
Según la fiscalización de la autoridad ambiental, la empresa sobreprodujo y modificó sustantivamente los proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, además de operar fuera de su área de concesión, cuestión que llevó a una multa económica y a ordenar la clausura de aquella parte de la operación que estaba funcionando ilegalmente.
Ante esto, la empresa reaccionó airadamente y con una estrategia de victimización, utilizando frases que catalogan la sanción de clausura como “un acto expropiatorio” y que supuestamente incumpliría el TLC con Canadá.
Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce; sino también ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía, olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal, el resto de la producción de estos centros al interior del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, de un modo totalmente inexplicable a la luz de la magnitud de las infracciones cometidas por la empresa, no serían afectadas por la sanción.
Según la sentencia, el Plan de Cumplimiento de la Procesadora Dumestre Ltda. no es eficaz para corregir una infracción cometida en la etapa de construcción de la planta.
Agosto, 2025. La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió rechazar la apelación presentada por Procesadora Dumestre Ltda., titular de la planta procesadora procesadora de salmones “Puerto Demaistre” en Puerto Natales, confirmando así el fallo del Tercer Tribunal Ambiental (3TA) que en enero de este año había anulado la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa para responder por la infracción grave cometida entre 2019 y 2021.
El reciente fallo argumenta que las medidas contempladas en el PdC (entre las que estaban control satelital de camiones, mejoras en seguridad vial y humectación de rutas para reducir el polvo) no cumplen con el criterio de eficacia exigido por la ley, ya que la obligación de usar rutas autorizadas aplicaba únicamente durante la etapa de construcción, la que ya finalizó. Por lo tanto, las acciones propuestas para la fase operativa no pueden reparar ni revertir el incumplimiento cometido.
Este pronunciamiento representa un avance importante para las comunidades y organizaciones ambientales, pues reafirma que los incentivos para cumplir con las normas solo tienen sentido si se logra un retorno efectivo a la legalidad. Para Sofía Barrera, encargada del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA, “Esta sentencia indica que cuando se genera un incumplimiento en una fase ya finalizada de un proyecto, como por ejemplo la fase de construcción, no es posible volver al cumplimiento a través de un programa, porque precisamente ya se produjeron los efectos sobre el medioambiente”. Respecto a los impactos de esta sentencia, la abogada agrega que,“vemos como una señal correcta que la respuesta de la institucionalidad no sea promover un cumplimiento ineficaz, cuando en realidad lo que procede es iniciar una formulación de cargos, que debiese terminar con una sanción proporcional al incumplimiento total de las rutas de los camiones para la construcción del Puerto Dumestre, y que interfirieron completamente en la vida de las personas de Puerto Natales al pasar en medio de la ciudad y por un lugar muy importante para los Natalinos, como es la costanera”.
Antecedentes
La planta procesadora de recursos hidrobiológicos Puerto Demaistre, operada por la Porcesodadora Dumestre Ltda. (parte de Australis Seafoods), se dedica al procesamiento de salmones y se ubica en la ciudad de Puerto Natales, en el camino que conecta la ciudad con el Seno Obstrucción. Su cercanía a zonas de alto valor ambiental y turístico, como las Torres del Paine, significa un desafío para la conservación del territorio, ya que cualquier actividad que genere un aumento de tránsito pesado de forma irregular puede afectar el bienestar de las comunidades y de las zonas protegidas.
La infracción apelada, se remonta a la etapa de construcción de la planta, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recibió denuncias por irregularidades. Las fiscalizaciones comprobaron que la empresa extrajo áridos desde canteras distintas a las aprobadas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y utilizó rutas no autorizadas para el transporte, incluyendo la Ruta 9, la Ruta Y-340 y la costanera de Puerto Natales. Estos caminos atraviesan la Zona de Interés Turístico “Destino Torres del Paine”, lo que incrementó el tránsito pesado en áreas de alto valor ambiental y turístico.
La RCA autorizaba la extracción de 31.000 metros cúbicos de áridos desde una cantera ubicada a 500 metros del sitio de construcción. Sin embargo, la SMA constató que se utilizaron 62.000 metros cúbicos, de los cuales más de la mitad provino de otras canteras. La infracción fue calificada como grave y se sumó a otra de carácter leve, relacionada con la intervención de un área mayor a la permitida.
Para evitar sanciones, Dumestre presentó un Plan de Cumplimiento, el que fue aprobado por la SMA en marzo de 2024. Ante esto, desde la organización A.C.U.E, presentaron una reclamación, argumentando que el plan no servía para corregir la infracción principal, ya que las acciones propuestas se aplicarían en la etapa de operación, cuando el incumplimiento había ocurrido exclusivamente en la fase de construcción.
En enero de este año, el 3TA dio la razón a la reclamante y anuló la aprobación del PdC en lo relativo al cargo grave, ordenando a la SMA reanudar el procedimiento sancionatorio, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Desde 1983, la extracción subterránea y el mal manejo de relaves por parte de Minera El Toqui y sus sucesoras han contaminado suelo, agua y ganado, dejando a la comunidad de Alto Mañihuales expuesta al arsénico y sin un plan de cierre efectivo. Hoy, una formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medioambiente, confirma la urgencia de una solución definitiva.
A 70 km al norte de Coyhaique, en la Región de Aysén, se ubica Alto Mañihuales, una pequeña localidad rodeada de lagos, ríos y bosques nativos de coigüe, lenga y notro. A pesar de su entorno privilegiado, la comunidad enfrenta una compleja realidad ambiental que arrastra desde hace décadas. La zona vive sumida en un pasivo ambiental heredado de la faena minera El Toqui, que comenzó a operar en 1983. Durante más de cuatro décadas, se extrajeron de forma subterránea y procesaron zinc, plomo, oro y plata en seis yacimientos, una planta de chancado, molienda, plantas concentradoras, sistemas de lixiviación y dos tranques de relaves: Confluencia y Doña Rosa.
Sin un plan de cierre integral ni evaluaciones de impacto para esas obras, los relaves quedaron expuestos al viento y al agua, dispersando metales pesados que hoy amenazan la salud humana, el ganado y el ecosistema. Informes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud, Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) han detectado presencia de arsénico en suelos agrícolas, aguas de vertientes y muestras biológicas de vecinos.
Hoy la situación sigue en tensión. Aunque las empresas sucesoras han evitado asumir responsabilidades por el histórico daño ambiental, la SMA se acaba de pronunciar formulando dos cargos graves contra la Minera Pacífico Sur, actual titular del proyecto, haciendo hincapié en el incumplimiento de la evaluación y monitoreo ambiental, lo que significa la desprotección de la comunidad y sus territorios.
Legado tóxico, comunidad expuesta
Los primeros cuestionamientos formales a la faena minera en Alto Mañihuales surgieron en 2015, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la Sociedad Contractual Minera El Toqui por arrastre de material particulado y descargas de residuos líquidos sin autorización. Ese mismo año, la Seremi de Salud de Aysén detectó altos niveles de arsénico en la orina de siete vecinos del sector y el SAG encontró que cinco de seis muestras de suelo superaban los límites de seguridad para fauna silvestre. Las advertencias sobre la contaminación no solo señalaban un problema ambiental, sino también un riesgo silencioso para la salud y el ecosistema local.
Pese a que en 2018 la SMA instruyó a la minera presentar un cronograma para evaluar ambientalmente el proyecto “Crecimiento Tranque de Relaves Confluencia”, el trámite quedó suspendido: la empresa entró en liquidación para luego ser vendida. Dos años más tarde, en marzo de 2020, los activos fueron tomados por las sociedades Minera Pacífico del Sur SpA y Cerro Esperanza SpA, quienes alegaron no tener responsabilidad sobre el tranque, pues solo custodiaban y no operaban las instalaciones. Esta postura detuvo nuevamente los procedimientos y mantuvo en pausa cualquier evaluación de sus impactos.
Con los relaves expuestos a la intemperie, el daño ambiental ha seguido su curso. Las partículas contaminantes se esparcen con el viento y la lluvia, transportando arsénico, plomo y otros metales pesados hacia el suelo, el aire y las aguas cercanas. En esteros y vertientes, los vecinos observan una creciente turbidez y falta de vida, mientras la degradación del suelo impide la regeneración de bosques nativos y cultivos tradicionales. A esto se suma la falta de monitoreo ambiental continuo, que impide dimensionar con certeza el daño actual del ecosistema.
“El río, inclusive en épocas que no son de lluvia, va con color plomizo en algunas jornadas, hasta 20 kilómetros más abajo. Los vecinos relatan que las playas del río brillan con el sol, y eso es por acumulación de algunos metales. También se mueren vacunos, se mueren caballos. Entonces, la evidencia de que algo está ocurriendo tiene que ver con eso”, explica Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y habitante de la región desde hace 37 años.
Además, agrega que “en las esferas más cercanas al tranque de relaves, las afectaciones a la salud hoy día son importantes. Los relatos de los vecinos hablan de muchos vecinos enfermos, no solo con temas pulmonares o asociados al cáncer, como el caso de una vecina, sino también con afecciones a la piel. Hay una vecina del área afectada que tiene una importante afectación crónica a su piel”.
Para la SMA, la situación no ha pasado desapercibida. En 2023 abrió un nuevo procedimiento sancionatorio por cuatro infracciones graves en el Depósito de Relaves Doña Rosa: derrames al estero San Antonio, mal manejo de residuos, incumplimientos en el plan de alerta temprana y disposición de desechos en zonas no autorizadas.
Qué está pasando ahora
Las denuncias históricas sobre la contaminación y la falta de medidas efectivas de cierre por parte de la comunidad, se han reforzado en agosto de este año cuando la SMA formuló nuevos cargos contra la Sociedad Minera Pacífico Sur por incumplimientos en el proyecto Mina El Toqui, basándose en sanciones previas, la revisión de antecedentes remitidos por Sernageomin y una inspección ambiental en terreno junto al SAG y la Dirección General de Aguas (DGA).
Según la SMA, la minera incurrió en dos incumplimientos graves, que datan del 2015 y 2020. El primero, por no someter a evaluación ambiental modificaciones relevantes del tranque de relaves Confluencia, las que incluyeron un aumento del tonelaje procesado por sobre lo aprobado, una altura de coronamiento que supera en más de un 50% la autorización original y la extensión de su vida útil en más de tres años. El segundo, por no catastrar ni monitorear todos los puntos de control de aguas superficiales exigidos para el depósito de relaves Doña Rosa, omitiendo también los reportes que la normativa establece.
«Por cuarta vez, la Superintendencia del Medio Ambiente inicia un procedimiento sancionatorio contra la minera El Toqui. Las sanciones anteriores —que han ido desde multas por 2.637 UTA hasta la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental— no han logrado frenar sus incumplimientos. Hoy, el titular vuelve a infringir la normativa, y las comunidades cercanas siguen pagando el precio con su salud y su entorno», señala Dominga Planella, abogada del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA.
En enero 2025, Sernageomin difundió un informe crítico: el plan de cierre 2018 para el tranque Confluencia nunca se ejecutó, no se constituyeron garantías financieras y no se ha auditado ni actualizado el plan desde 2023. Sin embargo, la SMA no ha dictado sanciones adicionales ni exigido medidas de restauración o compensación.
Aún así desde las comunidades siguen a la espera de la principal respuesta: una solución definitiva que detenga la exposición crónica a metales pesados y garantice la reparación ambiental del territorio. Organizaciones como Codesa, FIMA y la Red de Protección y Defensa del Territorio que han acompañado a la comunidad.
«Lamentablemente, aunque esta es una buena señal por parte de la SMA, es claro que ni las multas ni los procedimientos administrativos, que se dilatan en el tiempo, han podido solucionar este problema. Con ambos tranques de relaves de El Toqui bajo procedimientos sancionatorios y sin un plan de cierre efectivo, es urgente que la autoridad utilice todas sus facultades legales para paralizar por completo las operaciones hasta que el titular cumpla con las exigencias normativas y repare el daño causado. Solo así se protegerá de manera efectiva la salud de la comunidad y se pondrá fin a décadas de contaminación», puntualiza la abogada de ONG FIMA.
Alto Mañihuales sigue enfrentando los efectos de décadas de contaminación minera sin resolución. La falta de un plan de cierre actualizado, monitoreo constante y garantías adecuadas mantiene en riesgo la salud de la comunidad y del ecosistema. Hoy la necesidad de una acción concreta se vuelve cada vez más urgente para detener el daño a un ecosistema único en la Carretera Austral.
Por Roxana Núñez, experta en Incidencia en Greenpeace Chile; Cristina Lux, abogada senior en AIDA; Sofía Barrera, encargada de litigios en FIMA.
Hace unos días se realizó la segunda edición del Salmon Summit, encuentro organizado por SalmonChile y que en esta oportunidad contó con la presencia de los principales candidatos a la presidencia. Más allá de la evidente falta de autocrítica de esta industria –sobre todo considerando los mediáticos casos de sobreproducción, las múltiples sanciones y fraudes que involucran a algunas de sus empresas–, llaman profundamente la atención los discursos de los aspirantes a La Moneda: mientras un candidato expuso que impulsaría “una profunda desregulación”, otro invitó al sector a “usar la fuerza” para lograr los cambios que demandan.
Aunque comprendemos que buena parte de estos discursos están dirigidos a sus votantes, es fundamental que exista un respeto por las instituciones que nos gobiernan y entender que las regulaciones, aunque perfectibles, existen para proteger los bienes comunes y garantizar operaciones sostenibles social, ambiental y económicamente. En este caso, no debemos olvidar que se trata de una industria particularmente asidua a los incumplimientos, sanciones e, incluso, escándalos. Por eso es aún más grave que los candidatos fueran tan tímidos al exigir (o, en algunos casos, derechamente no lo hicieran) una mayor fiscalización para asegurar el cumplimiento apropiado de la normativa vigente.
Apostar por propuestas que favorezcan la expansión de una industria que pone en riesgo nuestras áreas protegidas e indígenas, pretende disminuir la fiscalización de sus prácticas y, aparentemente, busca desprestigiar a quienes demandan el cumplimiento de la ley habla de una profunda falta de amor y respeto por el país y da cuenta de una grave incomprensión sobre la dignidad del cargo al que aspiran.
La versión 2025 de la iniciativa de ONG FIMA contó con participantes de 19 países de América Latina y el Caribe y finalizó este 7 de agosto con una charla magistral sobre Derechos de La Naturaleza a cargo de Natalia Greene.
Agosto, 2025. Luego de tres meses de formación virtual, la Usocioambiental 2025 cierra una nueva edición con cifras que reflejan su alcance y consolidación como espacio formativo abierto. La iniciativa, organizada por ONG FIMA con el apoyo e la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación, ofreció este año 11 cursos y talleres enfocados en temáticas socioambientales claves.
Desde su primera versión, la Usocioambiental se ha propuesto ser un espacio abierto, gratuito y sin requisitos de ingreso, para promover la participación ciudadana informada frente a los desafíos sociales, ambientales y políticos de la actualidad. Este año, bajo el lema “Conocimiento para la acción”, los cursos y talleres estuvieron enfocados en el empoderamiento jurídico, la incidencia política y nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza.
“La Usocioambiental también funciona como un barómetro social de aquellas materias socioambientales que están siendo más relevantes para las personas, y en ese sentido, no es raro que el curso ‘Salares y minería del litio’ fuera el más demandado en virtud de que refleja el creciente interés por los impactos ambientales que está teniendo la transición energética. También hay otros cursos que fueron destacados y que tuvieron gran interés, y que también van reflejando cómo las materias ambientales van evolucionando y van siendo contingentes, como por ejemplo, las políticas internacionales, el financiamiento climático, o las herramientas de litigio climático”, comenta Sofía Rivera, coordinadora del proyecto de ONG FIMA.
Conocimientos que atraviesan fronteras y generaciones
Además de Chile, este año destacó la participación significativa desde México, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador, confirmando que las problemáticas medioambientales se extienden a lo largo de toda latinoamérica y la importancia de mantener estos temas en el debate público. A nivel nacional, las regiones con mayor cantidad de inscripciones fueron la Metropolitana, Antofagasta, Biobío, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.
Otro elemento que marcó esta séptima versión fue su diversidad generacional. La edad de las personas inscritas fue desde quienes aún están en edad escolar (15 años) hasta mayores de 50 años, lo que permitió identificar ciertos patrones en los intereses formativos. Por un lado, los menores de 30 años optaron por cursos vinculados a los desafíos globales actuales, que cruzan lo jurídico con lo ambiental; mientras que las personas entre 30 y 49 años se inclinaron por contenidos más específicos y técnicos, como el financiamiento climático. En tanto, las personas mayores de 50 años destacaron por su interés en herramientas de fiscalización ciudadana y mecanismos de participación.
Tanto los cursos y talleres de este año, como los de versiones anteriores, están disponibles de forma abierta en www.usocioambiental.cl, fortaleciendo así el acceso libre al conocimiento.
Además, con más de un 60% de participación, lasmujeres representaron la mayoría de las personas inscritas. Esta cifra da cuenta del alto interés que tienen por formarse e involucrarse en temáticas socioambientales.
Cierre con mirada regional: Derechos de la Naturaleza
El cierre de esta séptima edición estuvo a cargo de la actual Directora Global de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), Natalia Greene, quien compartió su experiencia y visión en la charla magistral virtual “Derechos de la naturaleza desde Ecuador al mundo” el jueves 7 de agosto.
Greene es una destacada activista ecuatoriana que ha trabajado por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. En su labor, promovió activamente la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, siendo este el primer país del mundo en reconocerlos en el año 2008. Además, ha trabajado en la iniciativa Yasuní-ITT que buscaba mantener el petróleo bajo tierra en la Amazonía.
La charla fue abierta y gratuita, y su grabación quedó disponible en el canal de YouTube de ONG FIMA.
La publicación reúne siete capítulos en los que los autores y autoras exploran herramientas conceptuales y jurídicas para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.
En los últimos años, la idea de otorgar derechos a la naturaleza ha dejado de ser una aspiración marginal para instalarse con fuerza en debates constitucionales, jurídicos y territoriales. Desde la Asamblea Constituyente en Ecuador hasta el proceso constitucional chileno, pasando por decisiones judiciales en Colombia y movilizaciones ciudadanas en Bolivia y México, la noción de “Derechos de la Naturaleza” ha ido tomando fuerza y contenido.
En ese contexto, la ONG FIMA lanza una publicación que viene a dialogar directamente con este momento histórico: “Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza”, un libro que invita a pensar desde distintas disciplinas cómo avanzar hacia un nuevo marco de relación entre las sociedades humanas y el mundo natural. En siete capítulos, el libro ofrece una mirada crítica y diversa sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, proponiendo herramientas conceptuales y prácticas desde disciplinas como la filosofía, el derecho ambiental, las ciencias ambientales y las ciencias sociales.
El valor de esta publicación se ve reforzado con la reciente liberación de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual marcó un hito jurídico al reconocer que los derechos de la naturaleza pueden derivarse directamente del derecho internacional, y que los Estados deben considerarla como un sujeto digno de protección autónoma. Esta interpretación abre nuevas puertas para avanzar hacia un paradigma ecocéntrico en América Latina y el Caribe.
“Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza” surge para enriquecer ese debate. El libro ha sido coordinado por Constanza Gumucio y María José Kaffman, con edición de Antonio Pulgar y Constanza Araya. El prólogo está a cargo de la reconocida activista ecuatoriana Natalia Greene, directora y cofundadora de la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN), quien destaca el valor del texto como una invitación abierta a repensar nuestras categorías y vínculos con la Naturaleza.
“Si he de resaltar el hilo conductor de este libro, hablaría de la constante búsqueda de los autores por entender lo que es la Naturaleza y definirla, como punto de partida para avanzar con los derechos de la Naturaleza. Y este es un punto clave, porque hay que entender al sujeto que buscamos reconocer. Pero, en todos los autores y autoras prima la comprensión de que hay que superar la visión utilitarista de la Naturaleza y trascender hacia un entendimiento que somos parte interrelacionada de un todo y que la Naturaleza no es externa a nosotros, sino que somos Naturaleza que se defiende”, señala Greene en el prólogo.
Lejos de ser una obra cerrada o doctrinaria, el libro propone una exploración abierta, consciente de que los Derechos de la Naturaleza son un terreno aún en construcción. Sus páginas invitan a recorrer ese camino, planteando más preguntas que respuestas, y proponiendo un diálogo interdisciplinario como herramienta para avanzar.
Antonio Pulgar, editor del libro, comenta: “En un momento donde el sistema jurídico comienza a reconocer formas integrales de comprender aspectos de justicia ambiental en el contexto de regresión generalizada en la región, este libro busca contribuir sobre el desarrollo que ha tenido en la región aspectos sobre la relación entre sociedad y naturaleza, así como valorar el funcionamiento de los ecosistemas. Así, se busca generar una contribución para que estas discusiones puedan darse de manera informada, crítica y relacionada a las experiencias de los territorios”.
La presentación oficial de la obra se realizará en un webinar el martes 2 de septiembre a las 12:00 hrs. con inscripción previa aquí y contará con la participación de Andrés Pinto, abogado y académico de la Universidad de Chile y de Constanza Gumucio, abogada y máster en Ciencias de Gobernanza del Riesgo y Recursos, junto a la moderación de María José Kaffmann, bióloga ambiental e investigadora de Estudios en ONG FIMA.
Histórico avance para la justicia climática: Corte IDH orienta a los Estados sobre sus obligaciones climáticas y reconoce derechos de la Naturaleza
En un hito jurídico y ambiental sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves que el derecho humano a un clima sano es un derecho autónomo, exigible por sí mismo, y reconoció que la Naturaleza puede ser considerada como sujeto de derechos.
Esta definición surge de la Opinión Consultiva solicitada en 2023 por Chile y Colombia, y sienta un precedente clave para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos, con implicancias para todos los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El pronunciamiento constituye la interpretación más relevante y vinculante hasta la fecha sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Llega tras un proceso participativo de gran envergadura, que incluyó más de 200 presentaciones de Estados, pueblos indígenas, organizaciones sociales y científicas, y audiencias públicas en tres ciudades de la región: Bridgetown (Barbados), Brasilia y Manaos (Brasil).
La Corte fue enfática: el mundo enfrenta una emergencia climática global, progresiva y desigual, causada principalmente por la acción humana. Sus efectos golpean con mayor dureza a pueblos indígenas, comunidades rurales, mujeres, infancia y otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo que exige respuestas urgentes, ambiciosas y justas.
“El resultado de la opinión consultiva emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy positiva para efectos de la protección ambiental puesto que clarifica la manera en que los Estados deben proteger a las personas y la naturaleza en la crisis climática. Hace un reconocimiento de algunos elementos que son muy importantes porque es primera vez que se reconocen de manera tan explícita”, comenta Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA y quien tan bien fue parte de los abogados que expusieron ante la CIDH en las audiencias previas.
Sobre los puntos más relevantes de la resolución, Costa explica “En primer lugar, se reconoce el derecho al clima seguro, esto es importante evidentemente, porque lo que está diciendo la Corte Interamericana, es que para que las persona podamos efectivamente tener nuestros derechos protegidos, necesitamos tener un clima que sea estable y seguro, y eso depende de la forma en que los Estados cumplen con sus obligaciones climáticas y por lo tanto, los Estados están obligados a tomar determinaciones, tanto en disminución de los gases de efecto invernadero, como de adaptación que sean consistentes con la protección de las personas y del territorio de sus países. En segundo lugar, la corte hace un reconocimiento detallado de cómo los derechos humanos se ven vulnerados por la crisis climática y eso mira derechos como el derecho a la vida, a la educación, a la viviendo, y a la propiedad, todos los cuales se ven de alguna manera dañados por la crisis climática y cómo los Estados tienen que resguardarlos, especialmente para las personas en situaciones más vulnerables.
Además, agrega, “se hace un énfasis en el Acuerdo de Escazú y por lo tanto cómo el acceso a la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia son necesarios para hacerle frente a la crisis climática. En este sentido, también se hace un especial reconocimiento a la necesidad de proteger a los defensores y defensoras ambientales que están en distintos riesgos en el mundo y en América Latina por distintos tipos de violencia en su contra, como también por riesgos que tienen que ver con la promoción por parte de los grupos poder, de leyes para acallar o censurar o disminuir el trabajo de las ONG y de los defensores y defensoras ambientales. Por último, algo que es muy propio del derecho ambiental latinoamericano, hay un reconocimiento explícito a los derechos de la naturaleza y la necesidad de protegerla de distintas formas, incluyendo lo que existe en muchos países de la región, que son los Derechos de la Naturaleza. Lo anterior, entendiendo que la naturaleza es un sistema complejo, un todo, del cual participamos también las personas y que se requiere proteger como sistema, precisamente para que tanto las vidas humanas como el resto de las vidas, estén efectivamente a salvo, de la mejor manera posible, durante esta crisis climática”.
Entre sus principales puntos, la Opinión Consultiva señala que:
El derecho a un clima sano es autónomo y no solo una dimensión del derecho al medio ambiente, siendo exigible en sí mismo.
La Naturaleza posee derechos, reforzando la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo y reconociendo su valor intrínseco.
Los Estados tienen responsabilidades diferenciadas, según su contribución histórica a las emisiones y su capacidad actual de respuesta.
La acción climática debe guiarse por los principios de equidad intergeneracional e intrageneracional.
El acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental son obligaciones clave, así como la protección de personas defensoras del ambiente frente a amenazas, criminalización o violencia.
Los saberes indígenas, locales y científicos deben integrarse activamente en la toma de decisiones sobre el clima y el territorio.
Esta Opinión Consultiva entrega directrices jurídicas claras y una hoja de ruta ética y legal para avanzar hacia una justicia climática que proteja tanto a las personas como a los ecosistemas. Con este pronunciamiento, la Corte IDH eleva los estándares regionales e internacionales sobre acción climática y refuerza la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos en el contexto de la urgente crisis ambiental.
