El abogado destaca que en la mayoría de los proyectos «no hay conflictos», pero añade que «en algunos los hay, y hay que tener claro que es importante poder decirle que no a una inversión cuando causa daño».
Entrevista por Nadia Cabello.
Viernes 16 de mayo, 2025. Su nombre es reconocido entre ambientalistas, pero también en el mundo académico, político y empresarial.
Ezio Costa es abogado, máster en Ciencias de la Regulación de la London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho de la U. de Chile. Es autor de los libros «Por una Constitución Ecológica» y «El asilo contra la extinción» -este último, junto a la científica y exconvencional Cristina Dorador-, y de varias publicaciones académicas donde trata sobre derechos de la naturaleza, participación ciudadana y justicia ambiental, entre otros temas.
Llegó la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en 2006 y seis años después se convirtió en el director ejecutivo de esta agrupación que ha sido parte de los litigios de HidroAysén, Alto Maipo y Río Cuervo, entre otros. Acá, accede a responder por escrito las preguntas de «El Mercurio».
¿Cómo describiría la labor que realiza FIMA, que ya cumple 27 años?
Me parece que ha tenido un desarrollo interesante. FIMA nace para darle asistencia jurídica en materia ambiental a personas que lo necesiten y en el proceso fuimos descubriendo otras necesidades en torno a la protección del derecho al ambiente sano y la conservación del patrimonio ambiental, pero también se ha ido agravando la situación, por lo que nuestro trabajo se ha hecho mucho más necesario y complejo. Organizaciones como FIMA son necesarias para el adecuado funcionamiento institucional y la protección del interés general, me alegra que podamos hacer esa labor.
Durante este tiempo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros?
Recuerdo muchos más desafíos que logros, la verdad. Pero hay algunas actividades que me han parecido especialmente interesantes. Me gusta mucho el proyecto de educación de la Usocioambiental y el sitio web poderambiental.cl que permite a las personas conocer sus derechos en los conflictos ambientales. Luego hay otras actividades como la Asamblea Climática de la Región de Los Lagos, el rol que jugamos en la organización de la Cumbre Social por la Acción Climática en 2019, los informes que hemos presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la mantención de la revista de derecho ‘Justicia Ambiental’.
Ustedes han representado a varias comunidades y grupos locales en distintos litigios. ¿Cómo llegan a ellos?
Normalmente cuando las personas tienen conflictos y quieren resolverlos de manera pacífica e institucional, buscan las vías para hacerlo y supongo que preguntando llegan a nosotros. Ofrecemos ayuda en esas vías y así llegan esas comunidades y personas a nosotros, buscando ayuda. Recibimos decenas de casos al mes, no podemos ayudarlos a todos porque no tenemos capacidad para hacerlo, pero intentamos al menos orientar y dar herramientas a la mayor cantidad de personas posibles, precisamente porque creemos que cualquiera debiera poder usar sus derechos.
«Pero es interesante la pregunta, porque coincide con la narrativa de algunos. Para nosotros lo ideal sería que hubiera menos conflictos ambientales, pero eso requiere un trato muy distinto de las empresas y el Estado para con las personas y el medio ambiente», agrega.
¿Cómo debiera ser ese trato de las empresas y el Estado?
Con un trato igualitario, deliberativo y que valore la vida. Y un punto de partida podría ser cumplir con la ley entendiendo que el derecho ambiental tiene por objetivo prevenir daños a las personas y a la naturaleza, razón por la cual algunas actividades no pueden realizarse en algunos lugares. Mire, le doy un par de avances muy sencillos que podríamos tener: el primero, consultores independientes y no contratados por las empresas que quieren hacer un proyecto, de manera que la información sea más neutral. Un segundo es que exista un servicio público autónomo que le de acceso a la justicia ambiental a las personas, en lugar de que esa carga tenga que ser soportada solo por la sociedad civil y nuestra limitada capacidad para otorgar ese servicio.
¿Cree que es posible conciliar el desarrollo de proyectos de inversión con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo?
Claro que es posible y en muchos casos se hacen esfuerzos para que ello suceda. En la inmensa mayoría de los casos, además, no hay conflictos. Pero en algunos casos los hay y hay que tener claro que es importante también poder decirle que no a una inversión cuando causa daño. En este sentido, probablemente una cuestión es dar un paso atrás y preguntarse si la inversión es buena por sí misma o si podemos mirar en qué se está invirtiendo, para qué y quién gana y pierde con eso.
El abogado grafica: «Por ejemplo, no parece razonable hacer un proyecto minero de bajo valor y que durará 20 o 25 años, y a cambio comprometer el futuro de una zona de alto valor ambiental, donde las personas tienen un buen sistema de vida en armonía con dicha naturaleza, que puede mantenerse por siglos. En los números, el proyecto es “inversión” y la mantención de la vida no suma gran cosa al PIB, pero en la realidad material cualquier persona puede razonablemente darse cuenta de que es más conveniente la mantención de un sistema de vida funcional y armónico».
Hay quienes dicen que algunas ONGs, entre ellas Fima, buscan obstruir proyectos a través de observaciones, reclamaciones y judicialización. ¿Qué responde al respecto?
Es lamentable que haya personas que crean que los derechos de los demás son obstrucciones y un poco corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos. Lo que las ONG hacemos es ayudar a representar derechos e intereses, la mayoría de las veces no propios aunque alineados con nuestra visión. El problema radica en la creencia de que por el solo hecho de ser un actor del mercado una idea productiva, entonces esta idea tiene que poder desarrollarse. En el mundo real hay valores y personas que tienen que ser consideradas antes de llevar adelante esas ideas, personas que no necesariamente tendrán un interés económico, sino que también pueden tener un interés ético, cultural, estético, de salud o incluso religioso.
«Piense que una vez por ejemplo tuvimos que ayudar a defenderse a un convento de monjas carmelitas a quienes querían instalarles una central de energía en su convento, un lugar que para ellas era sagrado. Pensar en que usar el derecho también en defensa de sus derechos y de su forma de ver el mundo es una obstrucción, solo da cuenta de un pensamiento lineal donde lo único válido es generar ingresos. Afortunadamente el mundo es mucho más complejo que eso y afortunadamente hay gente que pone en energía en defender esa complejidad de la naturaleza y la humanidad».
¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que las ONGs deban transparentar su financiamiento? ¿Por qué?
Me encantaría tener una ley que transparente el financiamiento y actividades de todas las organizaciones privadas. Por ejemplo, saber cuánto se invierte en lobby para evitar leyes de protección ambiental o cómo se financian páginas web de propaganda que aparentan ser medios de comunicación. En nuestro caso, tenemos en línea nuestro financiamiento y no hay problema en mostrarlo. Sobre el proyecto de ley, por lo mismo, creo que hay que extenderlo a todas las organizaciones privadas, de otro modo aparece solo como un intento de complejizar a un sector para beneficiar a otros, algo que es típico de Estados capturados, donde se ha perdido la brújula democrática.
¿De dónde proviene el financiamiento de FIMA?
Está publicado en nuestra página web, pero la gran mayoría de él proviene de fondos internacionales a los que postulamos nuestras actividades. En general son procesos competitivos abiertos, parecidos a las licitaciones, con la diferencia de que no hay un encargo específico por parte de quien financia, sino que la idea de proyecto es del financiado y lo que mira el fondo es que se alinee con sus objetivos. Es parecido a lo que hacen los inversionistas, con la diferencia de que estos fondos internacionales no buscan tener un retorno económico, sino en términos de impacto social. Como decía antes, por suerte en el mundo queda mucha gente dispuesta a poner su dinero y esfuerzo para lograr mejoras que son para todos y no sólo para generarse un beneficio económico individual.
Usted participó en los equipos asesores del candidato Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa su gestión, que prometía ser el primer “gobierno ecológico?
Esta es una pregunta personal, pues FIMA no tiene una alineación político-paridista y por lo tanto como organización se mantiene al margen de esas instancias. En mi caso, sí, participé en la segunda vuelta, cuando el país tenía que optar entre el presidente Boric y un contendor de visiones extremas cuyo programa contenía varias medidas que apuntaban hacia la autocracia.
«Creo que la evaluación no se puede hacer sin tomar en cuenta el escenario alternativo, pues aún cuando me gustaría que este gobierno hubiera sido más activo en la protección del medio ambiente y hubiera generado más poder para lograrlo, no es menos cierto que en los lugares donde se han instalados esos gobiernos autoritarios o autocráticos se ha entregado más poder a los grandes grupos económicos en desmedro de la ciudadanía, se ha degradado la dignidad humana, perseguido a personas y grupos que no son del gusto de los gobernantes e incentivado la destrucción del medio ambiente sin ningún respeto por las generaciones futuras ni el bien común».
Entrevista publicada en El Mercurio – 16/05/25
