5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.

El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?

Los reclamos de la comunidad

Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.

Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.

Una zona sobreexigida

Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.

A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.

De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.

“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.

A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.

Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.

Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile

Reforma al Código de Aguas: Parlamentarios se unen a solicitud de Asociaciones de Regantes Atacameñas para la realización de Consulta Indígena

La solicitud se basa en los compromisos que Chile tiene como firmante del convenio 169 de OIT y el efecto que esta reforma tendría sobre los derechos ancestrales que a todas las comunidades indígenas, pero en particular las del norte del país, les son reconocidos sobre las aguas.

Hasta la oficina de partes del Congreso en Valparaíso, llegaron las representantes de las asociaciones indígenas de regantes de los ríos San Pedro y Vilama para entregar una solicitud de realización de Consulta Indígena a la Comisión de Agricultura del Senado que estudia el proyecto de Ley de Reforma al Código de Aguas.

Juana Corante de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río Vilama y Marcela Ramos de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro, acompañaron el documento con una carta firmada por parlamentarios de diversas bancadas que apoyan la solicitud del pueblo Lickanantay.

“El agua es un elemento fundamental para la cosmovisión de nuestro pueblo Lickanantay y el sistema que tenemos hoy en día funciona de manera comunitaria y social, por eso es muy relevante para nosotros ser consultados respecto a cualquier cambio que se quiera realizar ya que de una u otra forma tendrá impacto sobre nuestros sistemas de vida”, señaló Marcela Ramos, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro.

Por su parte, Juana Corante Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río Vilama, explicó, “Desde que nos enteramos de esta proyecto de reforma, nuestras comunidades han solicitado esta Consulta Indígena, primero al Ministro de Obras Públicas del gobierno anterior y ahora a la comisión del Senado que revisa el proyecto”.

En su carta de apoyo, las diputadas y diputados hacen referencia a la problemática del agua que afecta de manera especial y particular a los diferentes pueblos originarios país debido a que los aspectos económicos, sociales, culturales, ceremoniales y sus formas de vida en general se encuentran ligados a su territorio y al agua.

“La consulta indígena es básica para restablecer los derechos de agua en Chile. Los derechos de los indígenas se establecen en el Convenio N°169 de la OIT, que el gobierno de Piñera ha puesto en tela de juicio, y nosotros pensamos, como Revolución Democrática, que cualquier reforma al Código de Aguas, cualquier nueva política hídrica en Chile, debe tener como base el respeto y la consulta a los pueblos indígenas”, señaló el Diputado Renato Garín (RD), integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara.

La Diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, agregó “Es fundamental que todas las comunidades indígenas, y en particular el pueblo Lickanantay que está haciendo esta solicitud, puedan participar en el debate de esta reforma, sobre todo en aspectos que impactan positiva o negativamente su diario vivir, expresiones culturales, tradiciones ancestrales y en algunos casos, su relación con los recursos naturales. Su opinión es necesaria, muy pertinente y constituye una obligación para el estado de Chile sobretodo en materia de política hídrica».

La situación del agua es un tema de vital relevancia para las comunidades atacameñas, quienes durante siglos han cultivado la tierra pese a habitar el desierto más árido del mundo; es por eso que su preocupación actualmente no solo está en el proyecto de Reforma al Código de Aguas, si no también a la explotación de Litio y al acuerdo que Corfo y SQM tiene para extraer mineral del Salar de Atacama.

“Es una zona de extrema fragilidad hídrica y por lo tanto todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el agua afecta a las comunidades y su derecho ancestral. Por eso la consulta indígena es una herramienta de gran importancia”, explicó Patricia Araya, abogada de la ONG FIMA, quien acompañó a las dirigentes a la entrega de la carta para la Comisión de Agricultura.

 

COMUNICADO CSCP ANTE PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de la institucionalidad ambiental y parlamentarios, agrupados en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP) llaman a la Ministra de Medio Ambiente a dar a conocer públicamente proyecto de reforma al SEIA y asegurar la participación ciudadana en el mismo.

Con preocupación ven ambientalistas, funcionarios y parlamentarios la noticia conocida a través de la prensa del proyecto que pretende dar una nueva forma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes durante los años previos han trabajado en una propuesta de mejora del mismo sistema, la cual fuera entregada a la anterior administración. Esta inquietud se ha profundizado ante la reciente modificación al interior del SEA que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena.

A juicio de los miembros de la CSCP, esta información debiera ser difundida a toda la comunidad, de manera de hacer un proceso transparente. En este sentido miran con preocupación los anuncios de que el proyecto sería enviado en las “próximas semanas” al Congreso. “Como comisión, coincidimos en el diagnóstico de que hay que hacer una profunda reformulación a este sistema y para eso nos autoconvocamos el año 2015 y trabajamos una propuesta bastante acabada. Nos gustaría hacer entrega de estos resultados a la Ministra Cubillos y ser parte activa de cualquier proceso que se proyecte en esta materia”, señaló el Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa.

El anuncio y las alarmas se suman a las suspicacias que días antes se levantaron frente a la agenda pro inversión y las modificaciones que ella contempla para el SEIA, así como la propuesta del gobierno de crear la “Oficina de Proyectos Sustentables” la cual también fue informada sin dar antecedentes a la sociedad y actores involucrados.  “Confiamos en que existe buena fe en hacer que el proceso de reforma del SEIA sea más transparente y participativo de lo que actualmente es, sin embargo, la forma a través de la cual nos hemos enterado de estos proyectos va en la dirección opuesta”, explicó Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable.

Los representantes de esta mesa harán llegar una solicitud a la autoridad nacional para que los reciba y explique los alcances de sus propuestas y las instancias que se abrirán para la participación ciudadana. “Lo importante es que el SEIA se convierta verdaderamente en un procedimiento que busque proteger el medio ambiente y no simplemente en hacer más fácil la ejecución de proyectos de inversión”, puntualiza Francisco Cabrera, Presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA.

A juicio de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, “las reformas anunciadas en relación al SEIA, así como sobre la agenda pro inversión, en ningún caso pueden resultar en un detrimento a estándares ambientales y sociales ya establecidos en la ley nacional y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Chile es parte. Esto además resultaría contradictorio con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a los que Chile ha adherido, los que obligan al Estado a revisar y adecuar su legislación para que la actividad de empresas no resulte en la vulneración de estos derechos, entre ellos los derechos ambientales y de pueblos indígenas”.

En esta misma dirección, la académica de Idea USACH, Gloria Baigorrotegui, señala En los últimos años uno de los aprendizajes en temas ambientales imposible de obviar es aquel que reconoce el valor que la ciudadanía le viene otorgando al hecho de hacerse escuchar, de alzar su voz. Si agilizar procesos significa eliminar, reducir o simplificar canales comunicativos con la ciudadanía, se arriesgan no sólo malos resultados, sino hacer más débil y frágil la propia institucionalidad. Esto último, además, nos sitúa en una dirección contraria a la del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el objetivo 16 de Naciones Unidas”. 

Modificaciones al SEA

A esta preocupación se suma una reorganización administrativa en el SEA, ejecutada el 1 de junio y que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, cuestión que preocupa transversalmente a organizaciones, parlamentarios y sindicatos, por ser una medida regresiva y que afecta la calidad de la evaluación ambiental, así como potencialmente podría aumentar los conflictos de los proyectos de inversión. “Esta decisión demuestra el doble discurso que tienen las actuales autoridades. Por un lado, dicen que fortalecen la Participación Ciudadana, pero por otro, la restringen a una gestión meramente administrativa, procedimental. Por ello, llamamos a la ciudadanía a defender este derecho para seguir profundizándolo y no a retrotraerlo, como pretende esta medida”, sentenció el dirigente de los trabajadores del Medio Ambiente.

Además, el proyecto del Ejecutivo implicaría la eliminación de las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental; reemplazándolas por 3 macrozonas, cuya localización está determinada por la existencia de los Tribunales Ambientales, es decir regiones de Antofagasta, Metropolitana y de Los Ríos.  Esto significaría quitarle a las regiones su función esencial de evaluación técnica con pertinencia local.

*Componen la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria para la reforma del SEIA:

FENATRAMA, FENATRAOS, ONG FIMA, Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, CODEFF, Ecosistemas, RADA, , Alerta Isla Riesco, Corporación Costa Carrera, CODESA, Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Ética en los Bosques, Fundación Decide, Fundación Nahuelbuta, IEP, Más Antofagasta, MODEMA, Red Campus Sustentable, Gloria Baigorrotegui académica IDEA- USACH, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Daniel Melo, Camila Vallejo, Alfonso de Urresti.

Presidentas de Regantes de San Pedro de Atacama se reunieron con Director de DGA para solicitar Consulta Indígena

El 1 de marzo, las Presidentas de las Asociaciones Atacameñas de Regantes de los Ríos Vilama y San Pedro, se reunieron con el Director de la DGA, Carlos Estévez, para solicitar personalmente la realización de una Consulta Indígena dentro de la actual reforma al Código de Aguas que se discute en el Congreso.

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ONG's y académicos manifiestan preocupación por el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Consideramos imperativo que, ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el Proyecto de Ley, que este sea retirado del proceso de tramitación en el Senado con le propósito de hacerle cambios sustantivos.

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