Resulta necesario el acceso oportuno y de fácil comprensión de la información relativa a las actividades, consecuencias, normas y políticas que competen a un proyecto que, de una forma u otra, vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Por María Díaz Le-Fort*
A pesar de la creciente importancia otorgada a la protección del medio ambiente y a su interrelación con el bienestar del ser humano, aún existen importantes falencias para lograr una buena gobernanza democrática, entendiéndose por esta, una gobernanza que “estriba en proponer un modelo político-social integrado y en asegurar que las normas establecidas sean cumplidas por todos los factores” (Cepal, 2013).
Dichas falencias radican principalmente en la debilidad de la normativa para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones, y la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia cuando un proyecto ambiental les afecte. Estos llamados “derechos de acceso” son parte de la naturaleza de todo gobierno democrático, el cual provee la base para la protección de los derechos humanos.
Así, los derechos de acceso efectivo a la información, participación y justicia en materia ambiental, han sido reconocidos a nivel internacional como derechos inherentes a todo ser humano, y por tanto, mencionados en diferentes instrumentos internacionales, y concretamente estipulados en el Principio 10 (P10) de la Declaración de Rio de 1992.
Veinte años después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), se renovó este compromiso entregando una nueva oportunidad para concientizar sobre la importancia de dichos derechos para el desarrollo sostenible. Pues, la protección del medio ambiente se sustenta en el ejercicio de ciertos derechos humanos, como son los derechos de acceso; y, a su vez, el bienestar del ser humano depende del estado del medio ambiente.
Y es que, por un lado, no pueden subestimarse los impactos socio-ambientales asociados a proyectos de extracción de recursos naturales que traen consigo la inundación de grandes extensiones de tierra, contaminación de recursos hídricos y/o la reubicación de comunidades aledañas, entre otros. Por otro lado, sin duda las comunidades locales desempeñan un rol fundamental en la preservación de los recursos naturales de su zona, y por lo tanto su participación en la toma de decisiones, sus observaciones y recomendaciones ayudarán a mitigar conflictos y lograr mejores soluciones contribuyendo al desarrollo sostenible.
Así, resulta necesario el acceso oportuno y de fácil comprensión a la información, el conocimiento de las consecuencias, normas y políticas que competen a un proyecto que podría vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Del mismo modo, es importante generar la demanda de dicha información, facilitando la transparencia de las decisiones adoptadas y la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
Por último, el P10 hace referencia al derecho de acceso a la justicia ambiental en caso de que existan irregularidades en el proceso de aprobación de un proyecto, o si existe la necesidad de aplicar medidas para la reparación de impactos ambientales. La principal importancia radica en la eliminación de las asimetrías en el ejercicio de los derechos de acceso entre la ciudadanía, donde son las comunidades vulnerables quienes muchas veces asumen los costos ambientales de proyectos mineros, hidroeléctricos, forestales y quienes tienen mayores limitaciones en el fácil acceso de la información, en la participación en los proyectos que les afecten y más aun en el acceso la justicia.
De este modo, no puede cuestionarse la importancia que tiene el efectivo cumplimiento de estos derechos. Por este motivo, el año 2002 surgió la Iniciativa Acceso, una red global de la sociedad civil conformada actualmente por 15 países de América Latina y el Caribe (ALC), quienes se comprometieron a crear un instrumento regional que permita la cabal implementación del P10.
El Gobierno de Chile lideró el proceso para lograr la firma de la Declaración del P10 de 10 países de la región de ALC, y la Cepal asumió la secretaría técnica. Parte de las acciones de esta iniciativa, es la continua difusión de la importancia de estos derechos, enfatizando la necesidad de lograr una cercanía del diálogo gobierno-ciudadanía, en la cual FIMA está comprometida como la ONG de contacto del proceso.
La mayoría de los países de ALC han normado estos derechos en el ámbito nacional. Sin embargo, dada la debilidad de los marcos institucionales, aún existe un fuerte déficit en su implementación, el desconocimiento de estos derechos por parte de la ciudadanía y la incipiente cultura de rendición de cuentas por parte de los gobiernos
Si bien Chile se caracteriza por ser de los más avanzados en la región, los procedimientos institucionales para dar a conocer proyectos de inversión a las comunidades afectadas e incorporar sus inquietudes en el proceso de evaluación son insuficientes. De esta forma, la creación de un Convenio Regional para la ALC que fije mejores estándares en las normas y procedimientos de la Administración del Estado, será indudablemente un gran aporte a la gobernabilidad democrática de los países, la transparencia y rendición de cuentas.
No obstante creemos que la educación a comunidades afectadas es la clave y el foco en el que debemos centrarnos para entregar poder en la toma decisiones, con una seria integración de los intereses comunitarios, contribuyendo así al entendimiento social de que el medio ambiente es un bien colectivo, de propiedad y responsabilidad de todos.
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*Encargada de finanzas y analista de proyectos de FIMA.
Ingeniera Comercial, Universidad Diego Portales. Master en Medioambiente, Universidad de Melbourne.
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