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Revisa aquí la entrevista del abogado Ezio Costa de FIMA en el programa la semana 24 de TVN acerca del caso Freirina y las críticas al SEIA. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=msxXuF7UTHA[/youtube]]]>

Radio Tierra entrevistó a Gabriela Burdiles, abogada y coordinadora de proyectos de FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), a propósito de cómo se gestó la planta faenadora de cerdos de Agrosuper en Freirina, y que hoy cobró visibilidad por la protesta de sus vecinos. «La decisión final corresponde a la autoridad política y no a la autoridad técnica», recordó. La industria hoy cuestionada públicamente, señalada por los medios de comunicación y por las autoridades gubernamentales desplegadas en terreno, es el producto del antiguo sistema de evaluación ambiental, que por otro lado no se diferencia mucho del que existe en la actualidad. «Estamos frente a un proyecto que en primera instancia se aprueba por la autoridad ambiental por la presentación de un estudio de impacto ambiental que elabora la propia empresa (…) las autoridades sectoriales (salud) hacen recomendaciones, y probablemente este proyecto tuvo algunos problemas, pero lamentablemente no son vinculantes a la hora de aprobar estos proyectos», explicó Burdiles. «La autoridad ambiental en el caso de Agrosuper fue la COREMA, hoy Comisión de Evaluación Ambiental, que está compuesta por autoridades políticas: SEREMIS, Intendentes, y como sabemos no están obligados a aprobar un proyecto de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron durante el procedimiento», añadió. La planta de Agrosuper fue cuestionada desde antes de su instalación, y no sólo por la contaminación que generaría, sino por los riesgos sanitarios propios de los megacriaderos de animales, que en otras partes del mundo han dado origen a mutaciones en virus como el de la influenza humana (gripe «porcina» AH1 N1). Ubicada en una de las zonas con mayor escasez de agua, su evaluación ambiental se hizo cuando Ana Lya Uriarte era la directora de la CONAMA con rango de ministra, y la encargada de proponer la «nueva institucionalidad ambiental». Bajo su gestión en la Región de Atacama también se dio luz verde a otro proyecto polémico: la mina de oro Pascua Lama. «Muchas veces el resultado de la evaluación ambiental no dice relación con los riesgos», reiteró la abogada Burdiles, y lo ejemplificó con un caso más reciente: «tienen que considerar las opiniones técnicas y las opiniones de la ciudadanía, y estas tienen que pesar en la decisión final que se adopte, ya lo vimos con el caso de la central Río Cuervo, en que Sernageomin advirtió que había una falla geológica, que había un riesgo, pero el proyecto igual se aprueba», afirmó. A juicio de la jurista una de las deficiencias de la institucionalidad, es que la participación ciudadana es vista como un trámite, «un procedimiento por el que se tiene que pasar» para poder aprobar un proyecto. Superintendencia y tribunales para los conflictos A futuro existirá una Superintendencia del Medioambiente y Tribunales Ambientales que significarán un grado mayor de fiscalización del que existe, y con mucha mayor independencia. «Esperamos que con una mayor fiscalización casos como estos no se vuelvan a repetir», concluyó Burdiles. [Fuente: Radio Tierra; Fotografía: Emol.] ]]>

El abogado de la Corporación Fiscalía de Medio Ambiente, Fernando Dougnac, valoró que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección contra la construcción de la central hidroeléctrica Río Cuervo, en la Región de Aysén. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el pasado martes la construcción del proyecto, pese al informe del Sernageomin que recomendó no dar el visto bueno al estudio de suelo de la iniciativa, por una falla geológica localizada en el sector donde se construiría la represa. «No cabe la menor duda que las explicaciones que después dieron los miembros de la comisión calificadora, es decir el SEA, respecto a que en definitiva lo que ellos evaluaron era un proyecto desde el punto de vista ambiental, pero no los riesgos que pudiese significar para la vida de las personas, era una aberración», afirmó Dougnac. El jurista enfatizó que «lo que la Corte Suprema ha dicho es absolutamente aceptado y por lo tanto se ha restaurado el imperio del derecho y con esto la autorización que dio el SEA ha caído por su propio peso». En tanto, para el vocero del movimiento Patagonia sin Represas, Patricio Rodrigo, lo que ocurre con este tipo de proyectos es vergonzoso y además señala que con la llegada del juez Sergio Muñoz a la sala constitucional comienza a haber más luz en el respeto al medio ambiente. «Es gravitante en la aprobación de un proyecto, como un informe del Sernageomin que definió que la falla geológica ahí hace impensable una represa, por una decisión política, tal como lo tomó la intendenta de Aysén y su consejo de evaluación ambiental que es eminentemente político, les importó un comino que ahí existiera una falla», manifestó. Fuente: Radio Cooperativa. Foto: Patagonia sin Represas.]]>