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Amanda Cozzi Bas – Socióloga. Área de estudios ONG FIMA[/caption]
En Chile ha aumentado de manera evidente la aparición y desarrollo de conflictos socioambientales, tanto así, que según el ranking internacional elaborado por Atlas de Justicia Ambiental el país se posiciona en el lugar doce con 48 conflictos a la fecha.
Si bien, la aparición de estos conflictos tiene múltiples causas, al observar los resultados del Informe Anual de Derechos Humanos (2016), se menciona que hasta el año 2015 el 54% de ellos estaba vinculado al lugar de explotación o exploración, es decir, a la ubicación donde se instalaría el proyecto. Aquí la mayor oposición se genera desde la comunidad local que defiende su territorio ante el daño al valor natural, cultural, religioso o turístico del lugar, sin embargo, muchas veces estas disputas traspasan la frontera local, alcanzando escalas regionales y nacionales.
Algunos ejemplos son los casos de Hydroaysen, Tiltil, Dominga, Isla Riesco y la reciente manifestación contra el Proyecto Alto Maipo, en donde diversos actores contraponen visiones, percepciones, intereses y valoraciones sobre el acceso, control, uso y ocupación de un territorio.
De este modo, la planificación territorial juega un rol elemental, ya que es el ordenamiento del espacio geográfico a partir de normas, legislaciones, planes, estrategias y/o políticas que configuran y regulan su accionar, lo que conlleva a reflexionar y analizar estas controversias desde una dimensión territorial.
Bajo este contexto cabe preguntarse ¿Por qué los instrumentos vigentes de planificación territorial no son suficientes para afrontar estos fenómenos?
En términos de planificación, uno de los principales problemas que actualmente tenemos como país, es que no existe un instrumento que contemple una visión nacional de ordenamiento territorial. Por el contrario, son múltiples los instrumentos -normativos e indicativos- existentes, que operan con diversas regulaciones y bajo la supervisión de diferentes organismos sectoriales, como por ejemplo, los Planos reguladores, Planos Metropolitanos, Zonificación del Borde Costero, Plan de Desarrollo Comunal, Política Nacional de Desarrollo Urbano, entre otras. Lo que genera un marco institucional complejo que dificulta la coordinación y articulación de la planificación multiescalar y la consideración de las particularidades territoriales [1].
De esta manera, contar con una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, parece ser una de las medidas que pudiese contribuir a la disminución de este tipo de fenómenos, ya que permitiría entregar un lineamiento o visión nacional para integrar de manera armónica las dimensiones culturales, sociales, económicas y ambientales sobre el territorio. Pero además, posibilitaría generar acciones de regulación de la ocupación y uso del suelo con criterios de sustentabilidad, protección ecológica y cultural y equidad en la distribución de las externalidades ambientales y sociales.
Es así, que el presente año se elaboró el Anteproyecto de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2017), la cual pretende establecer un marco general de directrices a nivel nacional para guiar de forma coherente la aplicación y articulación de los diversos instrumentos de planificación existentes.
El anteproyecto se encuentra abierto a consulta pública hasta el 10 de Noviembre, en donde es fundamental hacer observaciones dirigidas a esclarecer la forma en que se ejecutarán las acciones propuestas. Es decir, cómo se integrarán dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales para el desarrollo sostenible del territorio; cómo se garantizará la participación y representación de los diversos y contrapuestos intereses de la sociedad civil, específicamente, los de las comunidades locales ante las decisiones ambientales que pueden afectar sus territorios; si habrá una zonificación en función a territorios de saturación ambiental, valor cultural, ecológico, turístico, entre otras; a qué nivel se restringirá la política, si será normativa o indicativa; y por último, cómo pretende mantenerse en el tiempo, considerando que se acerca una elección presidencial que podría modificarla, o bien, dejarla obsoleta.
De este modo, es necesario avanzar hacia una política nacional de ordenamiento territorial, que de manera vinculante se superponga a los instrumentos normativos e indicativos existentes en la materia, estableciendo las bases para orientar el desarrollo sostenible e integral del territorio, involucrando equitativamente los diversos intereses de sus habitantes, escalas territoriales, contextos y realidades, y a la vez, equiparando las condiciones desiguales de participación en las decisiones territoriales y distribución de las cargas y servicios ambientales, que genera la pugna y controversia de muchos de los conflictos ambientales que actualmente se encuentran activos a lo largo del país.
[1] Pretch, A., Reyes, S., & Salamanca, C. (2008). El ordenamiento territorial en Chile. Ediciones UC.
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