Candidatos al debe en debate

  • Por Roxana Núñez, experta en Incidencia en Greenpeace Chile; Cristina Lux, abogada senior en AIDA; Sofía Barrera, encargada de litigios en FIMA.

Hace unos días se realizó la segunda edición del Salmon Summit, encuentro organizado por SalmonChile y que en esta oportunidad contó con la presencia de los principales candidatos a la presidencia. Más allá de la evidente falta de autocrítica de esta industria –sobre todo considerando los mediáticos casos de sobreproducción, las múltiples sanciones y fraudes que involucran a algunas de sus empresas–, llaman profundamente la atención los discursos de los aspirantes a La Moneda: mientras un candidato expuso que impulsaría “una profunda desregulación”, otro invitó al sector a “usar la fuerza” para lograr los cambios que demandan.

Aunque comprendemos que buena parte de estos discursos están dirigidos a sus votantes, es fundamental que exista un respeto por las instituciones que nos gobiernan y entender que las regulaciones, aunque perfectibles, existen para proteger los bienes comunes y garantizar operaciones sostenibles social, ambiental y económicamente. En este caso, no debemos olvidar que se trata de una industria particularmente asidua a los incumplimientos, sanciones e, incluso, escándalos. Por eso es aún más grave que los candidatos fueran tan tímidos al exigir (o, en algunos casos, derechamente no lo hicieran) una mayor fiscalización para asegurar el cumplimiento apropiado de la normativa vigente.

Apostar por propuestas que favorezcan la expansión de una industria que pone en riesgo nuestras áreas protegidas e indígenas, pretende disminuir la fiscalización de sus prácticas y, aparentemente, busca desprestigiar a quienes demandan el cumplimiento de la ley habla de una profunda falta de amor y respeto por el país y da cuenta de una grave incomprensión sobre la dignidad del cargo al que aspiran.

Publicada en El Llanquihue – 11/08/25

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

UNOC3: la línea azul que conecta Francia, Brasil y el mundo

  • Por Macarena Martinic, coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA; y Felipe Cárcamo, analista de programa en ONG FIMA.

Esta semana, Niza se convertirá en el epicentro de la política oceánica global. A orillas del mar Mediterráneo, se está celebrando la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), una instancia que marcará el ritmo de los compromisos internacionales por el futuro del mar.

Su lema, “Trabajando juntos por una gestión sostenible de los océanos”, no podría ser más pertinente: en plena cuenta regresiva hacia 2030, la UNOC3 busca articular ciencia, política y acción concreta para enfrentar el deterioro acelerado de los océanos del mundo.

El programa oficial contempla diez paneles temáticos que abordan grandes desafíos de la gobernanza marina: desde la restauración de ecosistemas costeros y profundos, la reducción de la contaminación y el impulso a la pesca artesanal, hasta la promoción de economías oceánicas sostenibles, el financiamiento azul y la aplicación del derecho internacional reflejado en la Convención del Mar (UNCLOS). La diversidad y profundidad de estos temas reflejan que el futuro del océano está directamente vinculado con la justicia climática y social.

Aunque la Declaración Final de UNOC3 no será jurídicamente vinculante, su borrador ya apunta a compromisos concretos en restauración de ecosistemas, financiamiento azul y cumplimiento del Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés), que podrían marcar el rumbo hacia la próxima Conferencia de las partes de Cambio Climático de Belém 2025. De esta manera, la conferencia se perfila también como una etapa decisiva en la carrera por ratificar y poner en marcha el nuevo Tratado de Alta Mar, el cual, pese a los llamados políticos para que entre en vigor antes de la COP 30, todavía necesita ser ratificado por 29 países más.

Línea azul

La idea de una “línea azul” que conecte Niza con Belém ya ha sido adoptada por líderes globales. En diciembre de 2024, los presidentes Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron la declaración conjunta “De Niza a Belém”, comprometiéndose a avanzar en gobernanza oceánica, descarbonización marítima y ratificación del tratado BBNJ. Meses después, desde Valparaíso, Chile y Francia reforzaron ese compromiso con una declaración propia, apuntando al liderazgo conjunto para proteger la alta mar y combatir la pesca ilegal.

Pero estas señales diplomáticas deben ser valoradas con realismo. La brecha entre las declaraciones y la acción efectiva es aún demasiado amplia. Alta mar, que representa más del 60% del océano global, sigue siendo un territorio con reglas débiles o nulas, gobernado por intereses fragmentados y con graves déficits de fiscalización. Las Áreas Marinas Protegidas carecen, en la mayoría de los casos, de presupuesto suficiente y monitoreo.

Y la presión industrial sobre los océanos no cesa: minería submarina, expansión portuaria sin evaluación ambiental estratégica, proyectos energéticos en el océano, entre otros, avanzan sin normas claras ni mecanismos de justicia ambiental.

Latinoamérica juega un rol decisivo

La región posee vastas zonas marinas bajo jurisdicción nacional y un capital ecológico incomparable. Países como Chile y Costa Rica ya han ratificado el Tratado BBNJ. México, Perú, Colombia, Argentina y otros, avanzan a distintas velocidades, convirtiendo a la articulación en nuestro gran desafío.

Necesitamos un bloque regional que impulse la implementación de este nuevo tratado con criterios de justicia ambiental, participación pública y de pueblos indígenas, y equidad intergeneracional.

Chile, en particular, tiene una oportunidad histórica. Además de ser uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Alta Mar, ha postulado oficialmente para albergar la Secretaría permanente del mismo en la ciudad de Valparaíso, “la joya del Pacífico”. Esta decisión, si se acompaña de coherencia interna, podría posicionar al país como líder global en política oceánica. Pero ese liderazgo no puede convivir con la expansión de industrias contaminantes en zonas costeras, ni con una visión de “industrialización verde” que ignora los límites ecológicos y sociales del mar. Ser sede del tratado requiere algo más que voluntad: exige coherencia.

Columna publicada en Biobío Chile – 11/06/25

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Construir democracia

Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).

Señor Director:

El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.

Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.

En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.

Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.

Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25

Lago Vichuquén

  • Por Sofía Barrera, encargada de litigios de ONG FIMA, y Luciano González, abogado de ONG FIMA.

Señor Director,

El reciente bloom de algas en el lago Vichuquén revela una crisis de gobernanza en el manejo de la barra del estero Llico, crucial para el equilibrio ecológico de la cuenca. Este estero permite la intrusión de agua salada y el drenaje al océano, formando naturalmente una barra de arena que regula este flujo. Sin embargo, en los últimos 20 años, se ha intervenido artificialmente la barra sin considerar los impactos ambientales ni los riesgos para la población, incluyendo inundaciones con agua contaminada de una planta de tratamiento cercana, sancionada por incumplimientos ambientales.

En 2015, la Contraloría señaló la falta de cumplimiento de organismos públicos y se elaboró un protocolo de apertura y cierre, sin respetar procesos formales ni considerar impactos ambientales, comunitarios o climáticos. Esta omisión llevó a un recurso de protección, acogido por la Corte de Apelaciones de Talca, prohibiendo intervenciones sin evaluación de riesgos.

Uno de los argumentos que entregamos fue que precisamente el cierre artificial del estero podía generar episodios de eutrofización. Hoy, el estero está cerrado ilegalmente desde diciembre de 2024, lo que facilita la acumulación de materia orgánica y, por consecuencia, la eutrofización, como ya ha pasado anteriormente en 2016 y 2023.

¿Cuántas veces más deberá repetirse esta historia para que las autoridades actúen con responsabilidad? Esto no es un accidente ni una fatalidad natural, sino el reflejo de una gobernanza ausente, arrastrada por intereses que poco o nada tienen que ver con la protección del medio ambiente. En plena crisis climática y de biodiversidad, seguir operando a espaldas de la naturaleza no solo es negligente, es imperdonable.

Carta al Director publicada en La Tercera – 05/05/25

Conmemoramos pero no protegemos

Reflexión por Karla Vargas, Encargada de Procesos Territoriales en ONG FIMA.

Este 21 de marzo, se celebró por primera vez el Día Mundial de los Glaciares, en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, proclamado por la ONU. La iniciativa busca visibilizar el papel crucial que estos juegan en la seguridad hídrica mundial, concientizar sobre el complejo escenario en que se encuentran, y reconocer su importancia para todas las formas de vida.

Chile, atravesado por la Cordillera de los Andes, alberga innumerables glaciares altamente sensibles a los efectos del cambio climático y a los impactos de la actividad humana.

Hace sentido que la política internacional aborde esta problemática lanzando un llamado transversal a gobiernos y sociedad civil para conmemorar esta fecha. Así, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y BB.NN del Senado, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, apoyó la idea de declarar y adherir oficialmente al documento, para incluirlo como una efeméride nacional.

Sin embargo, mientras se acepta esta invitación, en la práctica, las decisiones políticas y económicas se alejan de su protección. Esto nos lleva a la pregunta de si será posible reconciliar la conmemoración de un día y año dedicado a los glaciares con la realidad de los proyectos que comprometen su supervivencia.

Un ejemplo claro de esta paradoja es la aprobación de la expansión de la mina Los Bronces en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, proyecto que pone en riesgo una decena de glaciares y que ha generado graves afectaciones en la cordillera, acentuado la inseguridad hídrica en las regiones con mayor población del país.

La ética de Cooke

  • Por Estefanía González (Greenpeace Chile) y Sofía Barrera (ONG FIMA)

Sr. Director:
En relación a las controvertidas acusaciones realizadas por Cooke Chile a la SMA durante la última semana, es importante recordar que esa empresa productora de salmones, enfrenta desde 2021 un proceso sancionatorio por infracciones en tres centros de cultivo, con nueve cargos por serios incumplimientos ambientales, entre los que destacan sobreproducción, instalación de jaulas fuera de su concesión y, lo más grave, elusión al SEA, al realizar siembras sin autorización.
Es por ello que resulta absurda la acusación de que la autoridad tendría «razones ideológicas» para prohibirles la siembra de salmones. Es evidente, que ante un infractor contumaz como la empresa a la que representa el señor Parodi, la SMA debe cumplir con su mandato de fiscalizar y sancionar.
Esta victimización no es otra cosa que un nuevo (y desesperado) intento de evadir su responsabilidad respecto a los daños ambientales ya provocados. Es fundamental que la institucionalidad siga velando por el cumplimiento de la normativa, y que la empresa asuma las consecuencias de sus malas acciones en lugar de desinformar a la opinión pública.

Carta publicada en El Mercurio – 3/03/25

Centralismo energético

  • Por Felipe Pino Zúñiga, coordinador de Programa en ONG FIMA

Sr. Director:

El apagón nacional de este martes es un ejemplo “de libro” de un sistema energético poco resiliente. Sin embargo, se asoma una confusión entre resiliencia y eficiencia en el debate posterior. Estas aptitudes, aunque conectadas, no son lo mismo.

Los “permisólogos” no demoraron en señalar que la vulnerabilidad de nuestro sistema energético responde a “trabas burocráticas” que la institucionalidad ambiental pondría al desarrollo de proyectos de generación y transmisión energética.

No confundamos peras con manzanas. Es cierto que la transición energética de nuestro país debe mejorar su infraestructura para evitar vertimientos de energías renovables, pero no toda propuesta de infraestructura es un aporte significativo a en términos de resiliencia, ni mucho menos a la sustentabilidad. 

La vulnerabilidad de nuestro sistema energético tiene nombre y apellido: centralismo energético. Más de 3.000 km de líneas de transmisión, operados con mínimo presupuesto desde la comuna de Pudahuel. Por ello, proyectos como los polos de generación renovable en Antofagasta y Magallanes, y su inclusión mediante líneas de transmisión de gran escala -como el proyecto Kimal-Lo Aguirre- no solucionan el problema de fondo.

A pesar de aquello, la descentralización ha ido perdiendo prioridad en la transición energética del país, a pesar de las oportunidades que las tecnologías renovables ofrecen. Un sistema energético vulnerable es uno que no puede garantizar la dignidad humana y las necesidades de las personas. Lo que hoy fue un fallo circunstancial, mañana podría ser una constante en un Chile que proyecta un aumento de fenómenos climáticos extremos, acompañado de miles de hogares a luz de las velas.

Carta publicada en La Tercera – 3/03/25

Dominga y la tensión del  Estado de Derecho

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA y Abogado de Oceana y Alianza Humboldt.

Para analizar los recientes acontecimientos en el caso Dominga, es necesario recordar que los Tribunales Ambientales son principalmente tribunales contencioso-administrativos, su labor es revisar actos de la Administración del Estado. Además, sus ministros no son jueces de carrera, sino profesionales (dos abogados/as y uno/a de carrera asociada a las ciencias) nominados para esos cargos. 

Por buenas razones, esas personas y esos tribunales no pueden decidir si una actividad está permitida o no, así como tampoco sus condiciones, sino que sólo puede juzgar si el resultado al que ha llegado la Administración es legal o ilegal, y en su caso anularlo y ordenarle que repita una parte del proceso. Eso es prácticamente un consenso en los estudios del derecho administrativo, se discutió claramente al crear los tribunales y lo dice expresamente la ley. Por lo mismo y como corresponde, nunca un Tribunal Ambiental había traspasado ese límite, hasta ahora. 

La sentencia del Primer Tribunal Ambiental, y sobre todo la resolución del procedimiento de cumplimiento de esa sentencia, ha dejado en claro que este organismo decidió darse facultades que la ley no le otorga. Este actuar ha sido alentado por medios y comentaristas que en favor de cualquier inversión se disponen a sacrificar el estado de derecho y sus procedimientos diseñados para proteger bienes jurídicos como la vida, la salud, la propiedad, el patrimonio nacional y el medio ambiente. Una parte del poder económico está, junto a estos fallos, desafiando al Estado de Derecho y comunicando que si “la ley no se los permite, peor para la ley”. 

Publicada en La Tercera – 23/02/25