Carta de Ezio Costa a La Tercera sobre presentación de Chile y sus NCD

Sr. Director:

La presentación que hizo Chile de sus NDC esta semana es una buena noticia. Esta es el segundo set de compromisos del país, que avanza sobre los de 2015 calificados internacionalmente como “altamente deficientes” y que, además, no cumplimos. En estos cinco años, la información y conciencia sobre la crisis climática ha crecido enormemente en Chile y el mundo. Así también, los NDC presentados dan cuenta de esta mayor urgencia y conciencia, elevando el compromiso de Chile.

 

Entre los aspectos positivos podemos señalar que, luego de la participación ciudadana, el peak de emisiones se estableció para el 2025, manteniendo la carbono neutralidad para 2050. Lamentablemente, se compromete solo un 30% de reducción de emisiones al 2030 y se condiciona subir a un 45% en caso de ayuda financiera internacional. Nada se dice de la extracción de carbón o las zonas de sacrificio, ni tampoco se observa compromiso directo sobre el uso de leña, que ahoga a nuestras ciudades.

 

Sin embargo, los aspectos más críticos son aguas y bosques. Respecto a aguas, se reproduce la incapacidad estatal de darle una salida a la crisis, comprometiendo planes de cuenca recién para el 2030 y la protección de un número ínfimo de humedales: 30 de los 40.000 existentes. En materia de bosques, el compromiso de reforestación nativa es exiguo. Aunque es valorable que se incluya un amplio compromiso sobre restauración de paisajes, ello debe estar enfocado en los ecosistemas y la biodiversidad, cuestión que no era clara en el plan que ha socializado el gobierno.

 

La reactivación sustentable de la economía será clave para enfrentar el escenario post Covid19, cumplir los NDC lo antes posible y mejorarlos en el corto plazo puede ser parte de ese esfuerzo.

 

Ezio Costa

Director ejecutivo de ONG Fima

 

Columna de Ezio Costa: Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa 16 de abril de 2020

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.

La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.

Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.

Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.

Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.

En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.

Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.

Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.

Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.

Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

En el Mostrador https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/04/16/covid-19-sequia-contaminacion-y-zonas-de-sacrificio/

“Ni la tierra ni las mujeres son territorios de conquista”: ecofeminismos y el proceso constituyente

Por Macarena Martinic 

Como país nos encontramos en un momento de repensar y refundar (o no) todo lo que conocemos: principios, instituciones, figuras, espacios y formas de relacionarnos. Ello nos exige dejar atrás las formas de pensamiento a las que habitualmente acudimos y recurrir a otras que puedan dotar de contenido a este nuevo Chile. En este contexto, propongo acoger a los ecofeminismos como provocación y puntapié inicial para la reconstrucción de las bases para una sociedad distinta.

Estos vienen a poner sobre la mesa ciertas interrogantes: ¿Nos encontramos habitando bajo un modelo que coloque la vida, o el vivir de forma digna, en el centro? ¿Qué o quiénes permiten que la vida siga funcionando de la forma que la conocemos? ¿Es el uso que hacemos de la naturaleza compatible con su regeneración? ¿Es un abuso? ¿En qué medida aseguramos que estos servicios se mantengan y se prolonguen en el tiempo?

Los ecofeminismos son tanto prácticas como propuestas teórico-políticas alternativas acerca de la mantención de las diversas manifestaciones de vida, cuyo piso mínimo es el rechazo a los sistemas económicos basados en el crecimiento por acumulación y las formas de reproducción de las vidas que las sociedades capitalistas han ejercido en los últimos siglos.

La denominación plural proviene de la gran diversidad de proyectos ecofeministas que han surgido desde sus orígenes (encontramos propuestas de corte más esencialista, que vinculan al género femenino de forma inherente a la naturaleza y/o a la maternidad; por otro lado, existen corrientes ecofeministas ‘constructivistas’ o, “ecofeminismo crítico”). Sin desmerecer ninguna, la corriente que le hará más sentido a cada uno nuestros relatos dependerá de nuestra “realidad situada”, es decir, del contexto desde el que habitemos.

A pesar de sus diferencias, los ecofeminismos nos nutren de un proyecto en el cual dialogan y se enriquecen dos perspectivas fundamentales a la hora de analizar procesos histórico-políticos: el feminismo y el ecologismo.

Como horizonte, pretenden superar el ejercicio propio de un sistema patriarcal occidental de pensar la sociedad en términos duales: femenino/masculino; naturaleza/cultura; razón/emoción; naturaleza/creación (y muchos otros) y, por supuesto, la supremacía de los masculino y todo aquello históricamente vinculado a ello (la creación, la cultura) por sobre lo femenino, y aquello que se le asocia (la naturaleza, el nacimiento, etc.).

Bajo el entendido anterior, los ecofeminismos se sostienen sobre tres grandes premisas:

Somos ecodependientes: La humanidad requiere de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que ella provee para mantenernos vivos. Con respecto a esto, Yayo Herrero, activista ecofeminista española, denuncia que –aún– la mayor parte de las personas no se sienten eco dependientes y/o relegan ciegamente en que la ciencia y la tecnología encontrarán la fórmula al deterioro ambiental y a la escasez de los –mal denominados– recursos naturales (Herrero, 2016).

Somos cuerpos vulnerables: Todas(os), sin excepción alguna, requerimos del cuidado en algún momento de nuestras vidas. Ya sea al nacer, o bien de ancianos, la esencia de nuestro ciclo vital lo exige para su supervivencia. Un modelo socioeconómico que se sostiene –principalmente– sobre los cuerpos, no puede desconocer el hecho básico de que estos nacen, crecen, envejecen (y que hoy se encuentran expuestos al aún más rápido deterioro producto de la contaminación ambiental, agravándose en zonas de sacrificio y otras localidades vulnerables).

Somos Interdependientes: Vinculado al punto anterior, las personas dependemos física y emocionalmente del trabajo y del tiempo de otras personas. No solo nuestros cuerpos se encuentran expuestos al “deterioro”, sino que además nos regimos como sociedad bajo paradigmas socioculturales que requieren ser transmitidos; el lenguaje y otras miles de normas sociales y saberes. A pesar de que todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, quienes se han venido haciendo cargo del denominado ‘trabajo reproductivo no remunerado’ han sido históricamente las mujeres.

Pasar por alto estos tres supuestos se traduce en la apropiación por parte del sistema capitalista del trabajo de mujeres, de la mercantilización de la naturaleza y de sus funciones ecosistémicas.

Por un lado, el sistema capitalista descansa sobre el desconocimiento de las funciones ecosistémicas y la capacidad de la naturaleza de sostener la vida humana y no humana. Mediante su explotación y consiguiente transformación en bien de consumo, aportan a su deterioro, sin ningún tipo de retribución/renovación a cambio. De esta forma, un modelo productivo capitalista neoliberal crea la falsa ilusión del crecimiento ilimitado, desconociendo las capacidades del planeta e invisibilizando como parte de la cadena productiva la provisión de funciones ecosistémicas fundamentales como la polinización, el ciclo del agua, la fotosíntesis, los bosques como sumideros de carbono, entre otros muchos procesos biológicos que alimentan los ecosistemas.

Por otro lado, el sistema capitalista desconoce la vulnerabilidad e interdependencia de nuestros cuerpos, invisibilizando –nuevamente– el trabajo reproductivo que realizan mujeres que prácticamente permite funcionar y sostiene todo el modelo socioeconómico; labores de cuidado que comprenden la reproducción de la vida y la mantención de los vínculos de interdependencia.

Asimismo, las personas nos vemos expuestas cada día –y con mayor intensidad– al deterioro ambiental, al extractivismo de nuestros territorios y a la contaminación; sin embargo, al ser las mujeres quienes históricamente se han hecho cargo del trabajo de cuidados que una sociedad demanda, son ellas quienes han absorbido el agravamiento de esta carga ante las conflictividades socioambientales, las cuales ponen en riesgo la vida misma y el medio ambiente que la sustenta.

Todo lo anterior nos alerta sobre la incapacidad de hacer frente al problema si no es desde una visión que comprenda ambas perspectivas, la ecológica y la feminista, y lo intrínsecamente vinculadas que se encuentran ambas.

En el contexto chileno actual de deslegitimidad política y derrumbe de un modelo de sociedad, los aportes de los ecofeminismos cobran mayor relevancia con un proceso constituyente en marcha y una Nueva Constitución en el horizonte. En crisis, el sistema nos ha mostrado su cara más violenta. Por ello, la mayor parte del tiempo todo sabe a caos, destrucción y angustia; pero existe una contracara de reconocimiento entre nosotros y de esperanza.

Es preciso que en este proceso constituyente cultivemos esa esperanza: nos encontremos, cohesionemos, resistamos, nos apropiemos de los espacios comunes y de las formas de generación de pensamiento; ideando alternativas de cuidado y de reproducción de las diversas manifestaciones de vida que no recaigan en la explotación de las mujeres y de los ecosistemas.

Generemos las condiciones que den paso a la elaboración de una Constitución que coloque la vida en el centro, garantizando la sostenibilidad social y ecológica. Una sostenibilidad humana que vaya más allá de la supervivencia y que implique también equidad y calidad de vida digna.

En El Mostrador 

Tribunal de la Naturaleza acoge los cinco casos presentados y recomienda a Chile firmar Escazú

El día 5 de diciembre de 2019 se realizó el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en la ciudad de Santiago de Chile. La cita contó con jueces de Argentina, Ecuador y Chile, que expusieron frente a más de 100 asistentes, quienes además pudieron presenciar a expertos, presentadores y personas afectadas de los casos atendidos.

En esta oportunidad, los casos que el Tribunal acogió fueron los siguientes:

  1. Minería de litio en el Desierto de Atacama – Chile
  2. Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida – Chile
  3. Privatización del agua: el agua como objeto en Chile
  4. Amazonía (varios países)
  5. Fracking en Vaca Muerta (Argentina).

Los jueces decidieron aceptar todos los casos presentados, tanto dentro del Tribunal, como

los que se tratarán a profundidad en el siguiente (Amazonía y Vaca Muerta) y con esto, se

abre un proceso de recopilación de información y datos para fundamentar los argumentos.

 

Respecto al caso “Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida”, que ONG FIMA presentó, el Tribunal expuso:

El Tribunal recomendó enérgicamente al gobierno de Chile suscribir el Acuerdo de Escazú, y, con miras a posible nueva Consitución, estimó que es un momento oportuno para introducir los Derechos de la Naturaleza, el derecho a existencia y a la restauración de la Naturaleza, acabar con la privatización del agua y reconocerle sus derechos.

Si quieres leer el veredicto completo de los casos, te dejamos el link descarga aquí:

DESCARGAR

 

 

 

Participa en el #SummerChallenge

 

¿Cuánto habran cambiado esos paisajes donde veraneaste alguna vez?

En FIMA queremos invitarlos a un desafío para evidenciar las consecuencias del cambio climático en esos lugares maravillosos que conocimos hace 10, 20 o 30 años.

Comparte una foto contrastando el estado actual con ese que conociste hace algunos años, utiliza el #SummerChallenge para que podamos compartirlo en nuestras redes sociales.

¡Participa!

 

Columna: Avances en el Plan de Acción de Género (GAP) y la participación de las mujeres en la acción climática

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

*Columna publicada en Boletín de CAN LA «Reflexiones de la COP 25: Una mirada desde CANLA»

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la respuesta al cambio climático. Sin embargo, existe una participación desigual de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y en los mercados de trabajo que impide que las mujeres contribuyan plenamente a la planificación, formulación y aplicación de políticas relacionadas con el clima.

Desde 2012, las Partes de la CMNUCC han reconocido formalmente la importancia de una participación igualitaria entre mujeres y los hombres en los procesos de la Convención y en la elaboración y aplicación de políticas climáticas a partir de la Decisión 23/CP.18 que ordena “promover la igualdad de género y mejorar la participación de las mujeres en las negociaciones de la UNFCCC(por sus siglas en inglés) y en la representación de las partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto”. Posteriormente, en 2014, en la COP20, se adoptó el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWPG por sus siglas en  inglés) que concluye con una referencia a la “igualdad de género” en el preámbulo del Acuerdo de París (2015) y un claro reconocimiento del rol de las mujeres en las secciones de adaptación y creación de capacidades de dichos acuerdos.

El LWPG y su plan de acción (GAP) se constituyeron inicialmente una agenda dos años, que posteriormente fue renovada en la COP23 por otros dos años lo que fortaleció el intercambio de información, mejores prácticas, instrumentos y debates sobre la aplicación de la perspectiva de género en la implementación de las políticas climáticas. Este año, durante la COP25, tanto en LWPG como su GAP, fueron revisados adoptándose un nuevo programa denominado “Versión mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género” a ejecutarse en los próximos cinco años (hasta 2024).

El nuevo programa tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género “en todas las metas y los objetivos pertinentes de las actividades realizadas en el ámbito de la Convención”. Esto teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático en las mujeres y los hombres pueden diferir “debido a las desigualdades de género históricas y actuales y a factores pluridimensionales, y pueden ser más pronunciados en los países en desarrollo y en las comunidades locales y los pueblos indígenas”.

El programa se enmarca en el reconocimiento que hace el Acuerdo de París de las obligaciones de las Partes en materia de derechos humanos y en la necesidad de realizar “una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”. Los países de América Latina, fueron grandes impulsores y defensores de estos conceptos.

Este nuevo programa debe ser supervisado, implementado y coordinado por la Secretaría de la Convención, y parte de la evidencia de “la persistente falta de progresos” y la urgente necesidad de mejorar la representación de la mujer en las delegaciones de las Partes y en los órganos constituidos de la Convención. Por ello, se alienta a las partes a establecer coordinadores o puntos focales especialmente dedicados a este asunto y a incluir, dentro de los informes nacionales de avance que presentan a la Convención Marco elementos relacionados con esta materia.

Las áreas prioritarias del plan de acción son: 1. Creación de capacidades, gestión de los conocimientos y comunicación; 2. Equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres; 3. Coherencia; 4. Aplicación y medios de implementación que tengan en cuenta las cuestionessde género; 5. Monitoreo y reporte. Las actividades contempladas en cada área deben ser implementadas en diferentes niveles (nacional, regional e internacional), en ciertos plazos y por responsables específicos, esto es, por las Partes, la Secretaría de la Convención, los órganos constituidos u otros pertinentes.

A diferencia de los planes anteriores, el GAP avanza e incluye diversas medidas que deben ser implementadas a nivel nacional por las partes, lo que sin duda es un logro. Sin embargo, el plan no incorpora un área de financiamiento y apoyo a los países denominados en desarrollo para implementar estas acciones, lo que plantea el desafío importante a la hora de impulsarlo a nivel nacional, especialmente en el área del fortalecimiento de capacidades, dificultando así la inclusión de más mujeres, comunidades locales y representantes indígenas.

Tribunal Constitucional declaró inconstitucional construir embalses sin pasar por evaluación ambiental

El órgano acogió el reclamo de 41 diputados y organizaciones ciudadanas que evidenciaron que una glosa presupuestaria no puede pasar por sobre la normativa ambiental

Ayer el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso para invalidar una disposición de la ley de presupuesto que permitía construir embalses de hasta 300.000 metros cúbicos sin que deba realizarse una evaluación ambiental

La acción fue presentada por parlamentarios liderados por el diputado, Diego Ibáñez, con el patrocinio de la ONG FIMA, cuyo director ejecutivo, Ezio Costa, fue el único abogado en presentarse para los alegatos del pasado martes 18.

Para Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA “El Tribunal Constitucional vio que existía una grave inconstitucionalidad en la norma que se estaba aprobando y que permitía la construcción de embalses sin la norma ambiental correspondiente en una ley de presupuesto, cuestión que a todas luces no se puede hacer, por lo que resolvió a nuestro favor y por supuesto eso nos deja muy satisfechos, puesto que era una norma importante que cambiaba de alguna forma la manera en que se hacen las evaluaciones ambientales de proyectos de gran envergadura como estos, que no tienen características necesariamente favorables en relación con los ciclos hídricos de las cuencas y que por lo tanto requieren de una discusión de fondo”. Agregó que Si el gobierno quiere empujarlos como política pública, tiene que dar esa discusión de fondo y no incorporarlo a través de una ley de presupuesto”

En la misma línea, el diputado frenteamplista, Diego Ibáñez (CS), señaló “Valoro que el tribunal constitucional haya eliminado las partes de la glosa que permitan que los embalses postularan a ingresos sin haber previamente pasado por el SEA que es el encargado de velar por proteger el medio ambiente. El gobierno sigue castigando el medio ambiente a nombre del desarrollo, incluso pasando por sobre la constitución. La institucionalidad ambiental no puede subordinarse al lobby, menos en la emergencia climática que vivimos, donde el futuro está en juego. La sequía no se puede combatir con las mismas políticas públicas que la han profundizado, beneficiando a los mismos de siempre.”

En el fallo, el tribunal resolvió acoger parcialmente el requerimiento y declarar la inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones:

  1. Expresión: “sin que éstos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y sus reglamentos”, con siete votos por acoger y dos por rechazar. Estuvieron por acoger los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vásquez Márquez y la Ministra señora María Pía Silva Gallinato. Estuvieron por rechazar la Presidenta del Tribunal Constitucional, Ministra señora María Luisa Brahm Barril y el Ministro señor Miguel Ángel Fernández González.
  1. Frase: “Los proyectos que no postulen a los concursos de CNR, pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”, en votación unánime.

Comunicado del Tribunal Constitucional

 

Tiempos de emergencia climática: ONG FIMA lanza XI versión de Revista Justicia Ambiental

Martes 10 de diciembre. La ONG FIMA lanzó la XI Revista Justicia Ambiental y climática, edición que contiene estudios y comentarios de jurisprudencia sobre temas tales como humedales y elementos ambientales de la regulación minera, como también un compilado especial de artículos breves en torno a la COP 25.

En el contexto de la Cumbre Social por la Acción Climática, instancia que desde el 2 de diciembre se realiza en Cerrillos como acción paralela a la 25.ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue lanzada la última versión de la revista contiene diferentes perspectivas sobre cómo abordar la acción climática tanto nacional como global con el objetivo de promover el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA afirma que «Nos pone muy orgullos lanzar este número 11 de la Revista Justicia ambiental, ayudar a que exista un espacio para investigadores jóvenes y difundir cuestiones ambientales que son clave para avanzar en la protección del medio ambiente y en la reconfiguración de la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Este año la revista es de justicia ambiental y climática, y como novedad, tiene varios artículos cortos, muy interesantes, sobre cambio climático desde diversas perspectivas.»

El lanzamiento fue continuado por un panel denominado «Explorando alternativas para abordar el Medio Ambiente en una nueva Constitución» que abordó temas tales como los derechos de la naturaleza, el contenido y características del derecho a vivir en un medio ambiente sano, deberes estatales en materia ambiental entre otros modelos constitucionales, y se anunció que esa será la temática del próximo número. En el debate participaron Dominique Hervé, Paloma Infante, Francisco Soto y Ezio Costa, y fue moderado por el Director de la revista Raúl Campusano.

“Dos temas están muy presentes hoy en la ciudadanía: por una parte, qué resultados y decisiones se tomarán en las reuniones de la COP 25 en relación con las formas de enfrentar los desafíos del cambio climático, y por la otra, cómo puede incorporarse el medio ambienta en la nueva Constitución. En relación con el primer tema, la esperanza y la expectativa es alta porque el problema es real, grave y urgente. No hay tiempo que perder y las respuestas deben partir siendo globales. En relación con el segundo tema, puede abrirse una reflexión interesante si pasamos de entender el medio ambiente como un derecho (art. 19 Nº 8) y lo conceptualizamos como un principio. De esta forma la ecología puede ser un principio rector que ilumine el texto constitucional en forma integral y sistémica.” Raúl Campusano, Director de la Revista

Muy pronto la Revista Justicia Ambiental estará disponible en versión digital por capítulo en la web www.revistajusticiaambiental.cl

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