El proceso constituyente abre las puertas para cambiar el modelo de desarrollo actual. Por ello, este informe de ONG FIMA busca reflexionar sobre las propuestas que nos permitan acercarnos a una transición ecológica y a establecer un nuevo modelo adaptado a la situación climática y ecológica actual.
Agosto 2021. El modelo económico actual ha generado consecuencias en el estado del medioambiente y definido nuestra relación con la naturaleza. En esa línea, el informe “La consagración jurídica de un modelo de desarrollo en la constitución de 1980 y sus consecuencias ambientales: reflexiones para la transición ecológica” busca caracterizar y explicar cómo la presente Constitución ha impactado en la visión actual de desarrollo del país, marcada por un modelo económico neoliberal y extractivista, y cómo esto se traduce en una desprotección de la naturaleza.
Comenzando con una reseña histórica, se repasan las bases teóricas del modelo actual y la visión tradicional de desarrollo que este implica, el cual ha sido incluso autocriticado por el Banco Mundial al indicar que este no puede ser entendido sólo como crecimiento económico sino que, entre otras cosas, debe considerar variables como la integración social y la protección del medioambiente. Además, se analiza el denominado Orden Público Económico, que son los principios y normas que establecen cuál es el ámbito de acción del Estado en materias económicas.
Así, el informe concluye que Chile cuenta con un Estado con baja capacidad de intervención en materias económicas, limitado en sus posibilidades de actuar respecto al bien común y fuertemente marcado por su tarea de incentivar la iniciativa privada, impidiendo plasmar las preocupaciones y realidades ambientales del territorio.
Considerando que el proceso constituyente que se esta viviendo en el país se presenta como una oportunidad para el cambio, este documento, escrito por Raquel Águila, Sofía Riveros, Ezio Costa y Luciano González y producto del equipo de Estudios de ONG FIMA, responde a la búsqueda de propuestas que contribuyan a avanzar hacia una transición ecológica más respetuosa con la naturaleza, dejando atrás el modelo económico actual y estableciendo las bases de uno nuevo, adaptado a la crisis climática y ecológica, y al contexto socioambiental del país.
Dos recursos de invalidación contra la autorización ambiental que permite el ensanchamiento del Canal Kirke en Seno Taraba, Magallanes, presentaron hoy las comunidades Kawésqar y la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC Magallanes)
23 de agosto 2021. Hasta la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, llegaron representantes de la agrupación “Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar” y SCAC Magallanes, acompañados de abogados de ONG FIMA, para presentar dos Recursos de Invalidación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental que califica favorablemente el proyecto de Ensanchamiento del Canal Kirke.
“El Nakjerre kst’ai o canal Kirke, es un paso milenario que ha servido a los Kawésqar para transitar por el territorio, además, es un lugar ancestral de morada de espíritus; nos parece extraño que quieran explotarlo y no sabemos qué consecuencias podría traer ese ensanche a nuestro territorio. Lo que sí sabemos, es que es una más de las situaciones que vulneran los derechos de nuestras comunidades”, comenta Letica Caro, de las Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar.
“Emplazamos al gobernador regional, Jorge Flies, a que desista del proyecto. De esta manera nos permitiría ahorrarnos este trance, porque es un trance largo, y lo emplazamos también, a que cumpla con lo que ha dicho de respetar los derechos de los pueblos indígenas, porque aquí hay uno claramente vulnerado, y es la consulta”, agrega Caro.
La acción busca que la autoridad ambiental deje sin efecto el proyecto, debido a que la aprobación se realizó sin la debida consulta indigena, además, de no evaluarse apropiadamente los impactos sobre las comunidades ni sobre el medio marino, todo lo cual se suma a que un proyecto así no es compatible con los objetivos de protección del Parque y Reserva Nacional Kawésqar.
“Hoy se han presentado dos Recursos de Invalidación, uno por parte de las comunidades Kawésqar, que nosotros, como ONG FIMA, patrocinamos; y otro por parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes. En ambos casos el objetivo es que se anule la Resolución de Calificación del proyecto por el ensanchamiento del Canal Kirke, la cual fue dada sin considerar adecuadamente sus impactos ambientales, sobre todo lo que implicará para las comunidades Kawésqar al ejecutarse al interior de la Reserva Nacional Kawésqar” Explica Macarena Martinic, abogada de la ONG.
Por su parte, desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, plataforma que agrupa a más de 40 organizaciones y personas preocupadas por la defensa del medio ambiente y el clima en Magallanes y con participación a nivel Nacional, se suman a esta acción motivada por su compromiso con contribuir a la construcción de una región que se haga cargo de la crisis climática y ecológica que vivimos, con justicia ambiental y participación ciudadana.
“Es importante entender y valorizar el hábitat de los pueblos y las comunidades originarias y por sobre todo en el espíritu de entender que el desarrollo regional debe tener a la naturaleza como centro”, indicó Cristian Valle, miembro de SCAC Magallanes.
La organización argumenta que entre los problemas de la evaluación del proyecto, está la falta de participación ciudadana efectiva, y la falta de información sobre la afectación a los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y marina y al valor paisajístico de la Zona de Interés Turístico Torres de Paine- Puerto Natales, entre otros.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la empresa Trusal y el SEA en contra del fallo del Tercer Tribunal Ambiental que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental que autorizaba la instalación de un centro de cultivo en el Seno Taraba, región de Magallanes.
La falta de evaluación de los impactos adversos significativos que podría causar un centro de cultivo en un área protegida, motivó al Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, a revocar la autorización del proyecto de la empresa Trusal.
A juicio de los ministros, el proyecto, ingresado por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no contenía información suficiente respecto a sus impactos. En particular, concluyeron que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no requirió al titular la totalidad de la información solicitada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, desde donde se manifestó la necesidad de evaluar los impactos que provocaría la descarga de contaminantes sobre las especies claves y estructuradoras de los ecosistemas.
“Este fallo es muy importante para la conservación de la biodiversidad, ya que establece que el Tribunal llegó a una correcta convicción respecto a que no se habrían descartado los efectos adversos significativos sobre la biota marina del lugar, por lo que la Declaración de Impacto Ambiental debió haber sido rechazada”, explica Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA.
Protección de fiordos y ecosistemas frágiles
Este caso se suma a las múltiples acciones que las comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar conformadas por Ata’p, Residentes en Rio Primero, As wal Lajep, Inés Caro, y Grupos Familiares Nómades del Mar,con el apoyo de las ONG AIDA, Greenpeace y FIMA, están realizando para proteger los prístinos ecosistemas marinos de Magallanes, territorios ancestrales indígenas, de la depredación producida por las salmoneras, las cuales ya han protagonizado múltiples eventos de daño y contaminación masiva en las regiones de Los Lagos y Aysén.
«Para nosotros como comunidades este nuevo triunfo es muy importante, comprueba lo que hemos venido diciendo durante años respecto al tremendo daño que generan las salmoneras y también que no es posible que se nos excluya de los procesos de decisión respecto del territorio a las comunidades Kawésqar. Que la Corte Suprema haya mantenido el rechazo es un tremendo paso y señal respecto a lo incompatible que son las salmoneras con la protección de territorio. El Seno Taraba es muy importante para cada una de las comunidades que somos parte de este trabajo” señaló Maria Navarro Águila, de la comunidad Seno Obstrucción.
Por su parte, Florencia Ortúzar de AIDA, celebró el hecho de que “el fallo reconoce el problema de la contaminación orgánica que generan los centros de salmonicultura, por la descarga de fecas y alimento no consumido en el fondo marino y su disolución en la columna de agua. Lo anterior lleva a un aumento en la demanda de oxígeno, lo que genera zonas anaeróbicas o anóxicas, donde la vida se torna difícil o imposible. En Magallanes constantemente alrededor del 50% de las concesiones reportan aguas con este desequilibrio de oxígeno, y no hay medidas específicas para evitar que esto suceda o para exigir que se resuelva inmediatamente (incluyendo la reparación de daños que la asfixia implica)”.
El Parque Nacional Kawésqar se extiende por 2,8 millones de hectáreas terrestres, siendo el segundo parque más grande de Chile. Las zonas costeras que lo rodean, sin embargo, están protegidas bajo la figura de Reserva Nacional, categoría de menor protección. El problema es que dichas aguas están actualmente amenazadas por 67 concesiones otorgadas dentro de la reserva, a las que se suman otras 61 concesiones en trámite.
“No es posible que se continúe permitiendo la aprobación de concesiones de salmonicultura dentro de áreas protegidas, sus alrededores y en territorio indígena. Estamos ante ecosistemas muy frágiles de los cuales dependen diversas especies y comunidades locales. Es impensable pensar en la aprobación de un centro en estas zonas sin que sean afectadas. Por eso nuestro llamado a detener la expansión de la industria y frenar la aprobación de concesiones. El mar no da para más”, explica Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace.
Te invitamos a revisar el video donde Marcos Emilfork de ONG FIMA, nos explica el fallo.
Principales conclusiones serán comentadas en un seminario a realizarse el 7 de julio a las 17 horas.
Santiago, 6 de julio, 2021. La organización de conservación marina Oceana y la ONG FIMA lanzaron un reporte que analiza ejemplos sobre cómo otros estados protegen el medio ambiente a través de sus constituciones. El informe, encargado a la Directora del programa de derecho ambiental de la Universidad Diego Portales y doctora en derecho, Dominique Hervé, revisa la forma en que 30 países han incorporado el reconocimiento y protección del medio ambiente en sus Constituciones.
“Nuestro propósito es nutrir el debate nacional y poner a disposición de las y los constituyentes algunas herramientas que permitan discutir sobre la mejor manera de incluir la dimensión ambiental en la nueva Constitución”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile. “Esta carta magna será escrita en medio de una de las mayores crisis climáticas que ha enfrentado nuestro país, por eso garantizar e incluir la protección ambiental es imperante”, agregó.
Desde FIMA, su Director Ejecutivo, Ezio Costa, manifestó que la actual Constitución entrega gran relevancia al individuo, a la propiedad privada y a la libertad económica en desmedro del medio ambiente. “La inclusión de la preocupación ambiental en un nuevo texto constitucional, implica reconocer que para nuestra existencia el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es esencial, y que debemos reconfigurar la relación con la naturaleza, entendiendo que las actividades de la sociedad deben estar en armonía con su entorno”, aseveró.
El reporte incluye análisis de países en cuyas constituciones se incorpora la protección del medio ambiente y en donde destacan estados miembros de la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como Alemania y España; de Sudamérica, Asia y África. Las temáticas que se consideraron en el estudio fueron el derecho al medio ambiente sano, derechos de acceso, propiedad y bienes comunes, derechos de la naturaleza y buen vivir, derecho humano al agua, cambio climático, desarrollo sostenible y justicia intergeneracional y ordenamiento territorial.
Las principales conclusiones del reporte serán analizadas por su autora principal, Dominique Hervé en el webinar “Constitución y Medio Ambiente: Revisando ejemplos de otros países” que se realizará el miércoles 7 de julio a las 17 horas vía Zoom, que contará con los comentarios de la abogada de FIMA, Victoria Belemmi y el director de pesquerías de Oceana, César Astete.
Mientras el mundo avanza hacia el fin del carbón, en Magallanes continúan los intentos por revivir la extracción de este combustible fósil.
Organizaciones ambientales, líderes de opinión y comunidades de varios sectores de nuestro país se unen en un momento decisivo para Isla Riesco y la descarbonización en Chile.
Mayo 2021.- Luego de más de diez años de trabajo ciudadano, el conflicto por la minería de carbón en Isla Riesco llega a un momento que definirá su destino. Este miércoles, Mina Invierno -la mina a cielo abierto de carbón más grande de la historia de Chile- insistirá ante la Corte Suprema para obtener los permisos para utilizar explosivos en la explotación de este combustible fósil, a pesar de haber anunciado su cierre.
Así, en plena discusión sobre acelerar el proceso de descarbonización de la matriz energética de nuestro país, Mina Invierno junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) vuelven a embestir para obtener permisos para el uso de tronaduras en la explotación de carbón en Isla Riesco, con lo que se podría reactivar la mega explotación del carbón en la Patagonia.
En este contexto, Alerta Isla Riesco junto a la Alianza Carbón y la ciudadanía están lanzando una campaña que precisamente busca sensibilizar y potenciar el cuidado del medioambiente en este territorio. “Ha llegado un momento decisivo y final. Luego que Mina Invierno detuviera parcialmente la explotación del carbón, enviando sus enormes camiones tolva a una mina en Australia, de todas maneras persiste en que la Corte Suprema apruebe el uso de tronaduras. Así, este miércoles se dará el único alegato ante los jueces de la Corte, para llegar a una decisión final”, explica Ana Stipicic, vocera y unas de las fundadoras de la organización Alerta Isla Riesco.
Historia de defensa ciudadana
Cabe recordar que este conflicto por la explotación minera en Isla Riesco lleva más de una década de historia. El 2011 fue aprobado el primer yacimiento para extraer 6 millones de toneladas anuales de carbón, hasta lograr los 73 millones de toneladas, aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental. “Esta es la primera de cinco minas que los grupos Angelini y Von Appen proyectaron realizar en Isla Riesco, la cuarta isla más grande de Chile, que alberga un patrimonio ambiental invaluable. De hecho, más de la mitad de Isla Riesco es Parque Nacional, debido a la riqueza y fragilidad de la biodiversidad que la habita”, relata Stipicic.
Sin embargo, a solo tres años de funcionamiento, los titulares indicaron que ya no era viable económicamente el uso de palas mecánicas, por lo que en el 2014 solicitaron a la autoridad ambiental la aprobación del uso de tronaduras. Desde ese momento hasta hoy, el proyecto ha sido rechazado en varias ocasiones, pese a distintas presiones. Una muestra de esta presión fue evidente cuando el proyecto fue incorporado en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables de Sebastián Piñera, con el fin de que fuera declarado ambientalmente favorable. Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes y el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazaron el uso de tronaduras, debido a los hallazgos paleobotánicos de relevancia presentes en el rajo de explotación minera.
“En el caso de que Mina Invierno lograra revertir el fallo del Tribunal Ambiental y la Corte Suprema aprobara las tronaduras, hay riesgos altísimos de que la minería del carbón se reactive, esto porque Mina Invierno tiene todos los permisos para operar y ha dicho que con tronaduras el proyecto sí es viable económicamente, o bien, porque podría vender el proyecto con todos los permisos vigentes, incluyendo el uso de tronaduras, a otro titular que esté interesado en la explotación del carbón, por esto es aún más relevante que se mantenga el rechazo al uso de explosivos”, enfatiza Stipicic.
Evidentemente es clave lo que sucederá en la Corte Suprema, que tiene la oportunidad de ponerle fin definitivamente al uso de explosivos en Isla Riesco. Los argumentos técnicos son robustos, y así lo ha indicado el Tribunal Ambiental. “El proyecto de incorporación de Tronaduras de Mina Invierno, no superó el examen del Tribunal Ambiental pues, como hemos sostenido desde siempre, su titular intentó eludir su obligación de estudiar detalladamente la línea de base y los impactos que produce su proyecto, a través de entregas de información parcial e incompleta y afirmaciones técnicamente erradas. Mina Invierno no aplicó la metodología de evaluación de impacto ambiental que le impone la Ley, por lo que su aprobación por parte del Director Ejecutivo constituye un privilegio injustificado”, indicó Diego Lillo, Coordinador de litigios de ONG FIMA, y abogado del caso.
“Desde la ciudadanía esperamos que el rechazo se mantenga, impulsando el inicio del fin de la industria del carbón en Chile y avanzando hacia un país con mayor justicia socio-ambiental”, finalizan desde la organización ciudadana Alerta Isla Riesco.
Campaña: #NoTronaduras
Conflicto de Explotación de carbón en Isla Riesco llega a la Corte Suprema:
En paralelo, organizaciones locales manifestaron su total oposición a la iniciativa de Andes Iron mediante una declaración pública
Santiago,6 de mayo, 2021. Buscando dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó que el controvertido proyecto minero portuario Dominga vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, los abogados y las abogadas de distintas asociaciones de pescadores, organizaciones locales y de la Alianza Humboldt presentaron recursos de casación para que sea la Corte Suprema la instancia que dirima el futuro de la iniciativa de la empresa Andes Iron.
El abogado de la ONG FIMA Diego Lillo, quien representa a miembros de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que con este recurso sus representados buscan “demostrar que el Comité de Ministros no cometió ilegalidad al rechazar al proyecto, y probar nuevamente que Dominga adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría”.
La presentación de los recursos de casación busca invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta por no ceñirse estrictamente a revisar si la evaluación ambiental del proyecto se había hecho o no de forma correcta, como lo había ordenado la Corte Suprema en septiembre de 2019. “El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga”, aseveró Lillo, agregando que “nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho”.
Recordemos que en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Desde las distintas comunidades de la comuna de La Higuera han señalado que el proyecto es un peligro latente no solo para uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, sino también para cientos de pescadores y pescadoras y operadores de turismo que viven gracias a la riqueza natural de la zona.
«Somos muchos los que defenderemos nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, pues está demostrado que esta zona es de importancia mundial para la naturaleza y para nosotros que vivimos de ella”, afirmó Teresa Reyes, dirigente social de Punta de Choros. “No seguiremos permitiendo que una empresa que ha sido tan cuestionada por su actuar y cuyo proyecto fue rechazado por ser ambientalmente nefasto siga corrompiendo nuestro tejido social, por lo que queremos exigirle a la empresa que se retire de aquí», agregó.
Dentro de las próximas semanas, los abogados y abogadas esperan que la Corte Suprema admita los recursos de casación para que posteriormente se efectúen los alegatos.
Asociaciones locales manifiestan descontento
En paralelo a la presentación de las casaciones, diversas agrupaciones expresaron su fuerte rechazo a la construcción mediante una declaración pública en la que afirmaron que “las comunidades de La Higuera son críticas respecto a la construcción y explotación del proyecto Dominga por los efectos en el agua y en la salud, la destrucción del borde costero y los efectos típicos de la instalación de una faena minera”.
Las organizaciones expresaron además que “es un épico desafío defender uno de los más excepcionales territorios en Chile; Punta de Choros y el Archipiélago de Humboldt son un hotspot a nivel mundial, datos reconocidos por el presidente Sebastian Piñera durante su primera administración cuando pidió a la empresa Suez-Energy cambiar su proyecto termoeléctrico Barrancones a otro lugar”.
La declaración en su totalidad se reproduce a continuación:
Declaración Pública
Los Choros, 5 de mayo de 2021
Para los pobladores del territorio de la comuna de La Higuera es sorprendente la falta de visión del Tribunal Ambiental de Antofagasta respecto al fallo del caso del mega proyecto minero Dominga.
Los habitantes y organizaciones de este territorio así se ven obligados a presentar un Recurso de Casación ante la Corte Suprema para poder tener justicia ambiental.
Los firmantes de esta declaración determinamos clara y categóricamente el rechazo a la Gran Minería Industrial en nuestro territorio y expresamos el descontento por las graves inequidades, desigualdades, vulnerabilidades, abusos y malos tratos que la actual estructura socioeconómica y jurídica del país nos impone con el proyecto Dominga.
Las comunidades de La Higuera son críticas respecto a la construcción y explotación del proyecto Dominga por los efectos en el agua y en la salud, la destrucción del borde costero y los efectos típicos de la instalación de una faena minera.
Es un épico desafío defender uno de los más excepcionales territorios en Chile; Punta de Choros y el Archipiélago de Humboldt son un hotspot a nivel mundial, datos reconocidos por el presidente Sebastian Piñera durante su primera administración cuando pidió a la empresa Suez-energy cambiar su proyecto termoeléctrico Barrancones a otro lugar.
Rechazamos la mega minería a rajo abierto en general y el proyecto Dominga en específico por la contaminación, intervención, usurpación, destrucción y privatización de las fuentes y los caudales de agua, dejando secuelas de numerosas enfermedades en la población y en el medio ambiente, produciendo pobreza e inequidad a su paso con falsas promesas de prosperidad.
Firman:
Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros
Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Los Choros
Agrupación Cultural y Patrimonial de Los Choros
Agrupación Cultural del Pueblo Chango de Punta Choros
Por medio de un documento de libre suscripción para los y las candidatas a alcaldes y alcaldesas, la ONG FIMA en conjunto con Fundación Friedrich Ebert (FES) busca que las próximas autoridades locales se comprometan con diez puntos que ejecutarán durante su periodo en la municipalidad para mejorar la gestión ambiental local
Los gobiernos locales son grandes agentes de cambio para combatir la actual crisis climática y ecológica, además al implementar mejoras en esta materia se impacta directa y positivamente la vida de los habitantes de cada comuna. Por este motivo, desde ONG FIMA y FES hemos elaborado el «Compromiso municipio Verde», un documento de diez puntos a los cuales los alcaldes y alcaldesas de las distintas municipalidades del país pueden comprometerse a cumplir para así mejorar sus planes en materia ambiental.
El compromiso establece -entre otras cosas- la creación de una unidad ambiental municipal, la ejecución de programas de educación ambiental para los y las vecinas, la implementación de los distintos órganos de participación ciudadana como los Comité Ambientales Comunales y el uso de la Ley de Humedales Urbanos (Ley 21.202) para proteger los humedales de la comuna, si así corresponde.
Para hacerse parte de este compromiso, los y las candidatas a alguna alcaldía, solo deben descargar el documento, firmarlo y luego sacarse una foto junto a este, además de completar este formulario: formulario.
Los talleres -que comienzan el próximo 16 de febrero- serán la oportunidad perfecta para que los candidatos y candidatas interesados/as aprendan sobre los aspectos generales de una Constitución Ecológica y obtengan las herramientas necesarias para fortalecer sus propios programas en materia ambiental, para así poder incluir soluciones reales a los problemas ecológicos en la próxima Constitución.
Febrero 2020. La actual crisis climática afecta diariamente a millones de personas en el país, y es de vital importancia que este conflicto sea abordado de manera profunda en la nueva Constitución, encontrando nuevas formas de prevención y soluciones duraderas a los actuales problemas medioambientales. Es en este contexto que ONG FIMA lanza un taller sobre Constitución Ecológica con el objetivo de promover e intercambiar información e ideas sobre los contenidos ambientales que debieran estar en la nueva carta.
“El proceso constituyente es la oportunidad que tenemos para que la Constitución se haga cargo de la crisis climática y la gravedad de la injusticia ambiental e incorpore herramientas para hacerles frente. Desde ONG FIMA diseñamos estos talleres para apoyar a las distintas candidaturas a constituyentes para prepararse para los debates que deben abrirse en la Convención” señala Patricia Araya, Coordinadora de Incidencia de la ONG FIMA.
En esta oportunidad, los y las participantes que se inscriban al taller podrán tener una visión general de todos los aspectos de una Constitución Ecológica, al mismo tiempo que aprenderán de casos internacionales y podrán resolver dudas junto a expertos y expertas en la temática, para así luego poder fortalecer sus programas personales en materia medio ambiental.
“Se trata de un taller gratuito, abierto a todas las candidaturas, incluyendo a las candidaturas que compiten por escaños reservados a pueblos indígenas”, agrega Araya.
El taller se realizará de manera online a partir del próximo 16 de febrero, y estará divido en cinco fechas, dividiéndose según los distritos de los y las constituyentes:
Martes 16/02 a las 15hrs: Distritos 1, 2, 3 y 4
Miércoles 17/02 a las 15hrs: Distritos 5, 6 y 7,
Jueves 18/02: Distritos 9, 10, 11, 12, 13 y 14
Martes 23/02 a las 15hrs: Distritos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
Miércoles 24/02 a las 15hrs: 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
Las candidatas y candidatos interesados en participar pueden inscribirse en el siguiente link: https://cutt.ly/JkEmxLV
Luego de 8 años de lucha en contra el proyecto hidroeléctrico El Canelo, la Congregación Carmelitas Descalzas, con el apoyo y representación de ONG FIMA, lograron un importante triunfo que pareciera cerrarle las puertas al proyecto que pretendía instalarse en la cuenca del Cajón del Maipo.
Diciembre 2020. En el año 2013, el proyecto hidroeléctrico El Canelo -ubicado en el sector del mismo nombre en el El Cajón del Maipo- contemplaba la construcción de un ducto que pasaría dentro del monasterio de la Congregación Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, quienes viven desde 1995, con voto de silencio, en el lugar. El ducto además de perturbar la vida de las religiosas, ponía en riesgo la existencia de especies vegetales protegidas, como el Guayacán, además de hacer uso del agua en un sector donde la crisis hidrográfica ha impactado fuertemente a la población durante los últimos años.
Fue por esto, que al enterarse de la posible construcción de la central hidroeléctrica, las Carmelitas, con el respaldo de la comunidad de El Cajón del Maipo, comenzaron a movilizarse y juntar firmas en contra de este proyecto, llevándolo al Tribunal Ambiental y posteriormente por medio de un recurso de casación llegaron a la Corte Suprema. Esta instancia falló a favor de las religiosas, ordenando al proyecto volver a la etapa de evaluación de la Resolución de Calificación Ambiental por parte del Comité de Ministros, para que este, en vista de las observaciones realizadas por las religiosas, analizara a fondo las circunstancias y efectos de este proyecto que dividiría en dos el monasterio, y que por lo tanto tendría una grave afectación para su vida de oración y contemplación.
Hoy la historia de este proyecto parece estar llegando a su fin, luego de que Servicio de Evaluación Ambiental diera a conocer la resolución que declara la caducidad de la Calificación Ambiental (RCA) de la central Canelo.
“Han sido ocho largos años de lucha, sufrimiento, esfuerzo y alegrías, de todo un poco. En Chile todo favorece a las empresas, y nosotros podríamos habernos convertido fácilmente en uno más de los casos en que las empresas le ganan a las comunidades, con proyectos que las afectan directamente”, declaró María Elisa Castillo, Madre Superiora de la Congregación Carmelitas Descalzas.
Por su parte, Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA, organización que ha llevado el caso desde sus inicios, señala que “Es una buena noticia que se haya declarado la caducidad. Es un proyecto que pareciera que nunca debió haber tenido una calificación favorable”, agregnado “Lamentablemente se había aprobado el proyecto aunque todavía existían algunas vías judiciales pendientes, pero esta caducidad, creo yo, viene a cerrarles la puerta, y esperamos que el titular así lo entienda y no reclame de esta”.
No a Alto Maipo
Cabe destacar que este caso se suma al conflicto generado en torno a la construcción de la Central Hidroeléctrica Alto Maipo,el cual pone en riesgo el suministro de agua de la región metropolitana y frente al cual las comunidades del Cajón del Maipo se han mostrado totalmente en contra. En este contexto, la madre superiora de las Carmelitas señaló que ese proyecto significaría el fin del Cajón del Maipo como pulmón verde de la Región Metropolitana. “Las comunidades no tienen asesorías, nosotros tuvimos que aprender por nuestra cuenta. Sin ninguna instrucción es muy difícil para las comunidades hacer observaciones y luchar en contra de estas grandes empresas”, finalizó la superiora.
Ante las contundentes observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto
Exterior de San Antonio, formuladas por diversos Organismos Estatales con Competencia
Ambiental (OECA) en el marco del proceso de evaluación ambiental que lleva adelante el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA), las organizaciones y personas firmantes, declaran que:
La constatación empírica de significativos vacíos y ausencia de información relevante y esencial
para su evaluación, así como también las serias falencias técnicas y jurídicas que presenta el EIA
del proyecto Puerto Exterior, son plasmadas de forma categórica en los 14 oficios de
pronunciamiento emitidos por OECA, lo que representa un explícito respaldo a la postura que los
firmantes de esta Declaración han manifestado en base a exhaustivos análisis técnicos del EIA del
Proyecto, efectuados por especialistas de distintas disciplinas como geógrafos, oceanógrafos,
ornitólogos y abogados.
Falta de información esencial para una evaluación responsable del EIA, solicitud de múltiples
rectificaciones en materias como la descripción misma del proyecto, inconsistencias en la
determinación y justificación de su área de influencia, carencia de información para definir línea
de base para las áreas protegidas, flora y fauna y medidas de mitigación, reparación y
compensación, son solo algunos de los contenidos del EIA del Puerto Exterior que son seriamente
cuestionados por los servicios públicos.
A mayor abundamiento, la Corporación Nacional Forestal de Valparaíso (CONAF), el Servicio
Agrícola y Ganadero de Valparaíso (SAG) y la Municipalidad de Santo Domingo, en sus respectivos
oficios de observaciones, solicitaron expresamente al SEA que haga uso de su facultad de poner
término anticipado al procedimiento de evaluación del proyecto, al no hacerse cargo de los
impactos significativos que tendría sobre el Humedal Río Maipo y los servicios ecosistémicos
asociados.
Con todo, las organizaciones y personas firmantes amparados por la evidencia científica
levantada a partir de análisis técnicos y con el respaldo del propio Estado de Chile plasmado en
las observaciones de los OECA, solicitan al SEA que, tal como lo dictamina la normativa, haga uso
de la facultad de poner término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental de este
proyecto, al ser evidente que no cumple con el estándar mínimo para realizar una evaluación
completa y responsable de los impactos que el proyecto tendría sobre el ecosistema humedal
río Maipo –incluido las lagunas de Llolleo- y sobre la zona marino-costera en su conjunto.
Adhieren:
-Fundación Cosmos
-Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile
-Movimiento Ojos de Mar de Llolleo
-Fiscalía del Medio Ambiente -FIMA
-Ecosistemas
-Observatorio de la Costa
-Academia de Ciencia Escolar Yecos del INCO
-ONG Vida
-Fundación Plantae
-Chao Pescao
-Fundación Terram
-Fundación Mar Adentro
-Comité Ambiental Comunal de Santo Domingo
-OCEANA
-Diego Luna Quevedo, Especialista en Conservación de la Red Hemisférica
de Reservas para de Aves Playeras
-Carmen Espoz, Decana Facultad de Ciencias Universidad Santo Tomás
-Marcelo Mena, ex Ministro de Medio Ambiente
-Jorge Canals, ex Subsecretario del Medio Ambiente
