Ezio Costa Cordella

Abogado de la Universidad de Chile (2010). Magíster (Msc) en Regulación de London School of Economics and Political Science (LSE) (2013) y Doctor en Derecho por la Universidad de Chile (2020).

Diplomado en Derecho Público Económico (U de Chile, 2011), y en Derecho y Política de la Competencia (U. de Chile, 2010).

Es Investigador del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), profesor de Derecho y Regulación Ambiental en la Facultad de Ingeniería y del Departamento de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, donde actualmente imparte el ramo de Derecho de Aguas.

 

También es profesor de postgrado en la Universidad del Desarrollo, Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile.
Es miembro del equipo de ONG FIMA desde 2006 y Director Ejecutivo desde 2012.

La descentralización de la lucha ambiental: Todos/as podemos ser agentes de cambio

Capacitación en Derecho Ambiental para municipios

“Los municipios enfrentan en primera línea los impactos ambientales de las diversas actividades productivas del país, y sabemos que es desde las municipalidades donde se comienza el rol fundamental de empoderar a la ciudadanía para saber cómo enfrentarlos” 

-Gloria Lillo, Coordinadora del programa Transición Socioecológica en HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG

¿Qué es el derecho ambiental? ¿Cómo se pueden combatir de manera efectiva los impactos ambientales? ¿Qué rol pueden tener los municipios en la lucha y educación ambiental? Estas preguntas, a pesar de su importancia, no siempre encuentran respuestas, ya que a pesar de que desde las municipalidades exista un interés por solucionar conflictos ambientales , no siempre encuentran el apoyo necesario para lograrlo. La clave está en que los municipios, y funcionarios/as que trabajan en ellos, estén informados para poder enfrentarse de manera adecuada ante las problemáticas que afectan a su entorno, y así poder ayudar a las personas que viven en sus territorios. Pero, ¿cómo apoyarlos en esta tarea?

Desde el año 2013 que ONG FIMA, junto a la Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG  y la Municipalidad de la Pintana, han realizado talleres Capacitación en Derecho Ambiental para funcionarios municipales, con el objetivo de entregar herramientas y habilidades para que desde cada municipio, los encargados de la gestión ambiental aprendan a actuar frente a las crisis y problemas, haciendo valer sus derechos al acceso a la información y justicia medioambiental. En otras palabras: que estos miembros de los municipios hagan uso de las herramientas que la legislación ambiental entrega, y se conviertan así en agentes activos del cuidado del medio ambiente, desde sus propias realidades y territorios.

“Como FIMA hemos aprendido mucho de cómo hacen el trabajo las municipalidades. No sabíamos cuales eran todas las barreras que ellos experimentan para hacer gestión ambiental, entonces estos talleres han sido una gran enseñanza”

– Gabriela Burdiles

Las instancias para compartir experiencias siempre enriquecen: lo que les ha pasado a otros puede enseñar muchas cosas, y ayudar a estar preparados ante diferentes eventualidades. Juntar a diferentes municipios bajo un mismo curso permite eso: que dialoguen y entreguen los conocimientos que le han dado sus propias experiencias. “Los funcionarios tienen la oportunidad de hacer redes, conocer las experiencias  de otros, conocer cómo se pueden hacer mejor las cosas desde los expertos y expertas invitados, desde los otros municipios”, señala Gabriela Burdiles, Abogada y Directora de Proyectos de ONG FIMA, quien ha participado de la organización de estos talleres desde su inicio en el 2013. 

Estas capacitaciones no solo han entregado beneficios a las municipalidades, cuenta Burdiles, ya que también han ayudado a entender de manera más global los problemas de cada localidad. “Se junta el conocimiento de los funcionarios y funcionarias municipales, de su quehacer municipal, en materia de gestión ambiental, con un conocimiento más desde la jurisprudencia, desde las instituciones, ese conocimiento un poco más técnico y académico”, dice Burdiles. 

La capacitación en Derecho Ambiental ha estado en deuda con la ciudadanía, ya que muchas veces esta solo se enfoca en el mundo privado o se dirige a los abogados y abogadas, con un lenguaje muy técnico que lo hace más inalcanzable. Este curso es justamente lo contrario, ya que se han especializado cien por ciento en el ámbito municipal, lo cual es muy beneficioso, ya que los municipios tienen un gran poder de gestión local, que puede ser utilizado para el cuidado del medio ambiente y de esta forma mejorar la calidad de de vida de la comuna. 

Darle las herramientas  a través de estos cursos a los municipios es un pie de inicio, ya que luego estos son los que involucran a la ciudadanía. En esta capacitación, los y las funcionarios/as municipales aprenden de manera gratuita junto a expertos y expertas en temas ambientales, que son invitados a dar estas clases. “Tenemos un módulo sobre ordenanzas medioambientales, invitamos a alguien del Ministerio del Medio Ambiente y los funcionarios y funcionarias le pueden hacer todas las preguntas que quieran, entonces después, con este nuevo conocimiento, pueden impulsar la elaboración de una ordenanza para su municipalidad”, señala Burdiles. 

Los talleres, que han tenido una duración aproximada de tres semanas cada año, con nueve módulos de clases, entregan una Certificación Ambiental Municipal, emitida por FIMA, que según cuenta Juan Pablo Sanhueza, participante de esta certificación en el año 2016, le ha permitido estar preparado para monitorear y fiscalizar su entorno, y aplicar el Derecho Ambiental en sus trabajos del día a día. “Fue una instancia bien importante para vincularme de otra forma con el derecho, que es lo que estudié, y el derecho ambiental en específico que es un área que siempre me ha interesado. Me ha permitido -en el ámbito municipal- generar asesorias ambientales de manera más útil, poder generar mejores respuestas y soluciones”, señala.  

“Las municipalidades son un actor clave en dejar de ver el planeta como una fuente inagotable de recursos, para empezar a verlo como un elemento basal y estratégico de sobrevivencia. Sin planeta no hay economía, y sin territorios, no hay planeta”

-Gloria Lillo 

Para Gloria lillo, Coordinadora del programa Transición Socioecológica en HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG, ha sido de gran valor apoyar estos talleres, ya que según explica, los municipios son la primera línea que enfrenta los desafíos ambientales, desde el norte al sur del país, por lo que comenzar desde estos con la educación ambiental resulta esencial. “Hemos podido entregar herramientas para robustecer el rol de las municipalidades en los comités ambientales comunales, mejorando los instrumentos de planificación territorial, y creando nuevos y mejorados espacios de participación. Todo esto, con el propósito de fortalecer la democracia ambiental a nivel local”, señala Lillo.

La Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ha sido parte importante de la historia de los cursos, de hecho, entre los años 2014 y 2016 los talleres se realizaron en las dependencias de esta, donde participaron funcionarios municipales de las comunas de Quilicura, La Florida, Providencia, Maipú, Santiago y Cerro Navia entre otras. En el 2017, dado el éxito de los años anteriores, se decidió dar un salto hacia la quinta Región, y con el apoyo de la fundación y la Municipalidad de Valparaíso se realizaron los talleres donde participaron alumnos de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Hijuelas, La Pintana, Nogales, Olmué, Quilpué, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar, una experiencia única de aprendizaje entre comunas. “Estos son tiempos interesantes y complejos, donde la preparación, las capacidades y la voluntad de construir de manera conjunta un futuro más justo es de vital importancia”, señala Lillo.

“En ONG FIMA hemos cultivado una relación de confianza y respeto con la Municipalidad de La Pintana que nos gustaría mantener en el tiempo realizando nuevas versiones de este curso, en otras regiones y comunas”

La Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana (DIGA La Pintana) ha sido otro actor clave en la organización de las capacitaciones desde su inicio. De hecho, según explica Gabriela Burdiles, todo partió como una alianza entre FIMA y DIGA, ya que estos últimos empezaron a hacer gestión ambiental sin tener mucho financiamiento: educación ambiental con los vecinos, talleres de cómo reciclar correctamente, huertos urbanos y compostaje, siendo un gran referente de gestión ambiental a nivel municipal. “Eran actores potenciales de la defensa ambiental, a partir de esos diálogos que comenzamos a tener se les ocurrió hacer ese primer taller (2013) en La Pintana”, señala Burdiles. 

Este año 2020, la organización volvió a ser de la mano de Diga La Pintana y la Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG y con el apoyo de la Municipalidad de Cerrillos, aunque las circunstancias fueron más desafiantes: con la pandemia, los talleres no se podían hacer de forma presencial, por lo que se realizó online, abriendo una convocatoria a los municipios de la zona metropolitana. 

A pesar de las dificultades, el taller volvió a ser un éxito. Participaron 23 comunas: Calera de Tango, Cerrillos, Colina, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Granja, La Pintana, La Reina, Lo Espejo, Macul, Maipú, María Pinto, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Providencia, Pudahuel, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Pedro y Vitacura, y un total de 39 personas fueron certificadas por asistir  al 70% o más de las clases. Además, este año se incluyeron en el programa módulos de humedales urbanos y planificación ecológica, instrumentos de ordenamiento territorial. 

Para Gabriela Burdiles el valor de estos talleres ha sido muy importante, especialmente ahora, con el triunfo del apruebo y la puesta en marcha de una nueva Constitución. “Esta articulación a lo largo de los años  es súper valiosa para la defensa y gestión ambiental local, especialmente en este escenario donde se va a discutir una nueva Constitución. El tener presente esta discusión que vemos en los cursos municipales, los temas que vienen desde las bocas de la experiencia de los mismos municipios nos enriquece. Tratamos de mejorar, aportar en esa mejora regulatoria, pensando en la gestión ambiental local”, señala Burdiles.

 

 

 

La última mega-mina a cielo abierto de carbón y su cierre definitivo

Más de 70 personas y organizaciones de Chile y Latinoamérica esperan la renuncia definitiva a la Resolución de Calificación Ambiental e inicio del plan de cierre por parte de Mina Invierno en Isla Riesco, al tiempo que solicitan al Estado de Chile abrir nuevas formas de desarrollo basadas en energías limpias y detener las licitaciones de yacimientos de carbón como parte del plan de descarbonización nacional.

 

Santiago, 19 de noviembre 2020. Hoy, Chile vive un hito en su desafío por abandonar los combustibles fósiles, lo que podría implicar un avance sustancial en la necesaria descarbonización del país y del mundo. El pasado 10 de noviembre 2020, Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno, afirmó que se encontraban en un punto de no retorno del cierre definitivo de sus operaciones mineras y portuarias en Isla Riesco. Con esto, la mina de carbón a cielo abierto más grande en la historia de Chile dejará de poner a disposición en el mercado eléctrico más de 70 millones de toneladas de carbón para abastecer a las termoeléctricas del centro y norte de Chile y exportar hacia el extranjero. Este anuncio, se hizo en el marco del proceso de cierre paulatino implementado por la empresa tras la decisión del 3er Tribunal Ambiental el 2019, después de que la Comisión Regional de Medio Ambiente de Magallanes, rechazara la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa para el uso de explosivos -tronaduras- en la extracción del carbón.

La decisión de Mina Invierno -de propiedad de los grupos Angelini y Von Appen- de terminar con sus operaciones, es una noticia positiva y necesaria en distintos ámbitos. Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado una importante arremetida mediática de los lobistas del carbón, por lo que se hace necesario volver a recordar e insistir por qué realmente cierra Mina Invierno y las oportunidades que eso podría generar.

1. En el contexto de los esfuerzos que se están implementando a nivel mundial para terminar el uso del carbón, tener menos carbón a disposición del mercado es, sin duda, una buena noticia para no seguir profundizando las graves consecuencias que el cambio climático implica para la subsistencia del planeta y que impactan con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables. Las y los habitantes de las zonas de sacrificio de Chile, en donde la concentración de termoeléctricas instaladas al amparo del Estado han generado graves vulneraciones de los derechos fundamentales de sus comunidades, tal como lo ha sancionado la Corte Suprema, no pueden seguir esperando.

2. Para los esfuerzos que se están haciendo en avanzar en la descarbonización del país, a través de adelantar el cierre de termoeléctricas al menos en una década. Esto considerando que Chile hoy tiene una oferta eléctrica que duplica la demanda y que según informe realizado por KAS Ingeniería y Chile Sustentable demuestra la factibilidad técnico-económica de acelerar el proceso de descarbonización, por lo que cerrar los yacimientos de este combustible es un paso coherente con la necesidad del que el país invierta en nuevas formas de desarrollo basadas en energías limpias. Por supuesto, esto debe hacerse de forma responsable, con una transición justa para las comunidades y los trabajadores, cuestión que no ha sido el caso de Mina Invierno, donde tanto la seguridad laboral como la de las comunidades, ha sido puesta en jaque debido a la irresponsabilidad de la empresa y de los gobiernos.

3. Para Isla Riesco, sobre todo considerando que el proyecto original contemplaba materializar un total de cinco minas de carbón de similar envergadura con un horizonte de extracción de más de 240 millones de toneladas de este combustible fósil. Mina Invierno significó un impacto directo de 1.500 has; tala de 400 hectáreas de bosque nativo de lenga, coigüe y ñirre; modificación de cuencas hídricas, secado de una laguna y sus ecosistemas, afectación de fauna nativa, y la peligrosa operación naviera al trasladar miles de toneladas de carbón a través del Área Protegida Francisco Coloane – donde se ubica el 1er parque marino de Chile-. Además, solo en sus cinco primeros años de operación, Mina Invierno recibió 20 cargos por contaminación e incumplimientos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, sumado a otras sanciones por no pago de patentes comerciales y uso indebido de recursos públicos.

4. Para las economías locales y regionales, puesto que la transición a una economía de cero emisiones de carbono podría crear en América Latina y el Caribe 15 millones de nuevos empleos netos para 2030, según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De hecho, la propia Región de Magallanes ya comienza a ser foco de nuevos proyectos de generación de energías limpias -como podría ser el hidrógeno verde en caso de demostrar ser socioambientalmente sustentable- con la posibilidad de generar miles de nuevos empleos en industrias que van en un acelerado ascenso a nivel mundial.

En suma, el anuncio de cierre definitivo de Mina Invierno es un avance en el sentido correcto para un desarrollo sostenible. Sin embargo, esto sólo se hará realidad cuando la empresa renuncie a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que daría cuenta de una decisión que, aunque se toma por razones económicas de la compañía, iría en la dirección correcta respecto a la sustentabilidad planetaria. En este punto, las organizaciones abajo firmantes, esperamos que el cierre definitivo de Mina Invierno se haga efectivo con la implementación de un plan de cierre y hacemos un llamado al Estado de Chile a detener las licitaciones de yacimientos de carbón, entendiendo que la lucha contra el cambio climático es un tema de justicia social e intergeneracional que traspasa fronteras.

ADHIEREN:

1. 100 Murales por el Agua Provincia de Petorca

2. 350 Brasil

3. 350 Latinoamérica

4. Agrupación Ciudadana Última Esperanza

5. Alerta Isla Riesco

6. Alex Muñoz Wilson, National Geographic Pristine Seas

7. Alfonso De Urresti, Abogado y Senador por la Región de Los Ríos

8. Álvaro Nuñez Pizarro, Presidente Comité de Defensa de Pullay

9. Ariel Durán, Consejal de Coronel 10. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

11. Bárbara Astudillo, Ecofeminista en Defensa de los Derechos Humanos y Naturaleza

12. Beatriz Bustos, Geógrafa, Profesora Asociada, Universidad de Chile.

13. Cada Acción Suma

14. Centro de Conservación Cetácea

15. Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos (CIFAMAC)

16. Centro Ecosocial Latinoamericano

17. Chao Pescao

18. Chile Ambiente

19. Chile Sustentable

20. Ciudadanos y Clima

21. Codeff

22. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

23. Corporación La Caleta

24. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.

25. Daniel Elsberg, vecino Isla Riesco

26. Diego Ibáñez, Diputado por la Región de Valparaíso

27. Diputado Félix González

28. Ecosistemas

29. Enrique Acorssi, ex diputado

30. Escazú Ahora Chile

31. Escuela Agroecologica Germinar

32. Ética de los Bosques

33. Frente de Defensa Ecológico Austral

34. Fridays For Future Chile

35. Fundación Gaia Pacha, Bolivia

36. Fundación Lenga

37. Fundación Mar y Ciencia

38. Fundación Multitudes

39. Fundación Relaves

40. Fundación Territorios Colectivos

41. Fundación Trapananda

42. Greenpeace

43. Grupo Geología Ambiental de la SGCh

44. Guido Girardi, Médico cirujano y Senador por Santiago y Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación

45. Hernan Mladinic, ex- Director Ejecutivo de Tompkins Conservation (2008-2018).

46. Hernán Valdenegro, Médico Veterinario

47. Despierta Mejillones

48. Jorge Canals, ex Subsecretario de Medio Ambiente

49. Jose Vera Giusti, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Master of Arts in Economic Development, Boston University

50. Juan Luis Castro,Médico Cirujano y Diputado por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

51. Laura Albornoz, Abogada

52. Lorena Castex, vecina Isla Riesco

53. Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente

54. Mauricio Folchi, Historiador Universidad de Chile

55. Mejiambiente

56. Miguel Márquez Díaz, Director Ejecutivo EnergiaInteligente Ltda

57. Movimiento Ciudadano Pro Verde

58. Movimiento MOVILIZÁNDONOS por una cultura de derechos de la Niñez y Adolescencia

59. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, PuchuncavíQuintero

60. Mujeres en Resistencia

61. Nicolas Butorovic Alvarado, Licenciado en Ciencias, Climatólogo

62. Nicolo Gligo, Ingeniero Agrónomo, Premio Nacional de Medio Ambiente 2001

63. Oceana

64. ONG FIMA

65. ONG Rebrota

66. Oscar Vargas Zec, Ex Seremi de Salud de Magallanes

67. Patagonia Limpia

68. Real Chile

69. Ricardo Celis, Médico Cirujano y Diputado por la Región de La Araucanía

70. Ríos Vivos, Colombia

71. Sociedad Civil por la Acción Climática

72. Sociedad Civil por la Acción Climática – Magallanes

73. Sociedad Civil por la Acción Climática, Antofagasta

74. Terram

75. Vigilante Costero ONG

 

 

Columna: Evaluando la Democracia Ambiental en Chile

Por Ezio Costa

Director Ejecutivo ONG FIMA

Al hablar de democracia ambiental, se hace referencia a dos comprensiones. La primera, tiene que ver con como las democracias avanzan hacia incorporar las preocupaciones por el entorno y logran mediante el balance de fuerzas que las caracterizan, hacerse cargo de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los Estados han ido avanzando en esto, lentamente desde los años 1970 a la fecha y con mucha urgencia en los últimos años. Es en esa línea que la creación de una Constitución Ecológica para Chile, aparece como un horizonte necesario.

La segunda comprensión de la democracia ambiental, tiene que ver con la implementación de los derechos de acceso, consagrados inicialmente en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, luego en la Convención de Aarhus, en Europa en 1998 y finalmente en el Acuerdo de Escazú, en Latinoamérica, en 2018. Respecto a este último, como sabemos, Chile fue el impulsor desde 2012, pero una vez cerrado el texto, se ha negado hasta ahora a firmarlo y con ello, a mejorar los estándares de la democracia ambiental.

Frente a esta negativa, se observa como más complejo que mejoren las posibilidades que tenemos los ciudadanos de obtener la satisfacción de nuestro derecho de acceso a la información necesaria para comprender los procesos ambientales que suceden en nuestros territorios, que es el primero de los derechos que garantiza Escazú. Así por ejemplo, es un hecho que el Acuerdo exige a los Estados garantizar el acceso a la información ambiental que esté en su poder, cuestión que si bien se encuentra garantiza por la ley, no se cumple con el principio de máxima publicidad que dispone el acuerdo, mientras que hay casos como los de antibióticos para salmones, en que el derecho es coartado por el Tribunal Constitucional.

Mientras, en lo que se refiere a la participación ciudadana, el segundo derecho garantizado por el Acuerdo, este obliga a los Estados a cuestiones como que la participación suceda desde etapas tempranas de los proyectos y que se provea de información accesible a las personas para poder participar, siendo que ambas cuestiones no son la regla en los procedimientos de participación ambiental en Chile. Asimismo, mientras el Acuerdo requiere de establecer condiciones propicias para la participación de grupos vulnerables, ello tampoco es debidamente considerado en la normativa chilena.

Un tercer derecho al que se refiere el Acuerdo de Escazú, es el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. En este punto, si bien Chile ha avanzado en institucionalidad, sigue teniendo importantes problemas, que se reflejan por ejemplo en que la prueba en los casos de daño ambiental, tenga que ser aportada por los ciudadanos que piden la reparación de un ecosistema, o que no exista asistencia técnica del Estado a grupos vulnerables, cuando pretenden demandar por cuestiones ambientales.

Pero el Acuerdo de Escazú además pone por primera vez en un tratado internacional un punto que es esencial en América Latina y que dice relación con la protección de los defensores y defensoras ambientales. El aumento en las amenazas y asesinatos de las personas que defienden los derechos humanos ambientales en América Latina ha sido muy relevante, y si bien Chile sigue siendo un lugar relativamente seguro, también existen casos en que estas cosas han sucedido y las autoridades correspondientes no han tenido ni siquiera un protocolo especial de actuación, así como tampoco han contado con otras medidas para proteger a los defensores. En este punto, Escazú es claro en señalar que los Estados parte deben garantizar un entorno seguro para el trabajo de defensores y defensoras, cuestión que no se ha considerado en nuestra normativa ni práctica.

Las cuestiones antes expresadas son sólo ejemplos de los incumplimientos o cumplimientos parciales que hace nuestra normativa en relación con los estándares de Escazú, y que han sido comparados en su totalidad con la normativa chilena en un informe recién lanzado por la ONG FIMA, de manera de visibilizar los múltiples escalones que nuestro país tiene aún que recorrer para llegar un mínimo de garantía de los derechos de acceso.

La dimensión de la democracia ambiental que se refiere a los derechos de acceso, es esencial para también lograr que el sistema democrático pueda hacerse cargo de la protección del entorno. La democracia ambiental es una profundización de la democracia que permite a las comunidades y las personas expresarse desde sus saberes y preferencias en relación con el uso de sus territorios, ayudando a construir un país con menos abusos, desigualdades y conflictividad.

 

ONG Fima entrega estudio comparativo entre parámetros del Acuerdo de Escazú y legislación chilena

En el análisis queda en evidencia que, si bien nuestro país presenta avances en materia de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, todavía existen importantes deficiencias que hacen necesario avanzar e impulsar la firma y ratificación del tratado

Septiembre 2020. Este 26 de septiembre se cumplen  dos años desde que el Acuerdo de Escazú se abrió a la firma de los países de la región y Chile, pese a haber llamado a los demás países a firmar y ratificar, se mantiene entre aquellos que ha dilatado su compromiso con el principal tratado medio ambiental de la región. En septiembre de 2018 desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se argumentó la decisión de desistirse de adscribir el tratado por supuestos conflictos de soberanía, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente afirmaba que “nuestra legislación nacional cumple con todos los aspectos esenciales del Acuerdo de Escazú”.

Estos argumentos son sostenidos hasta hoy por ambas carteras, razón por la cual la ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, elabró el presente análisis comparativo donde se evidencia que el país cumple débilmente los aspectos sustanciales del acuerdo, siendo evaluado con un promedio de 3,1 puntos de 5, lo que significa que los criterios son cumplidos por Chile de forma escasa o solo parcial.

“Incluso, en aquellos criterios en los que Chile más ha avanzado, aún existen deficiencias en relación con los estándares del Acuerdo. Este análisis es relevante ya que el Acuerdo de Escazú además de garantizar los derechos de acceso, entrega a los Estados una guía sobre las garantías mínimas y los mejores estándares para que estos puedan ser implementados”sostiene Victoria Belemmi, Coordnadora de Estudios de ONG FIMA.

Oportunidades de mejora

Para llevar adelante el análisis se contemplaron, por un lado, los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Acuerdo de Escazú (ya que en ellos se concentran las obligaciones ambientales exigibles a los países firmantes) y, por el otro, la normativa chilena relevante para cada artículo del Acuerdo, enfocando la revisión, principalmente, en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio ambiente, la Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública.

Además, se realizó una revisión bibliográfica que abarcó la literatura existente sobre el tema como, estudios académicos, publicaciones, instrumentos jurídicos relevantes, índices de organizaciones independientes y datos oficiales, entre otras fuentes, y se presentó el análisis realizado a la revisión de expertos externos a la ONG FIMA, con el fin de nutrir la revisión normativa con sus comentarios y conocimientos sobre el tema. En específico el documento contó con las opiniones de Marie Claude Plumer, Constance Nalegach, Alejandra Donoso, Silvia Bertazzo y Pilar Moraga, quienes no necesariamente comparten todos los resultados del presente análisis.

Es así, como entre los puntos en los que nuestro país se encuentra mejor evaluado, está el acceso a la información, en la que se cumple imperfectamente. Lo anterior, debido a que si bien existe un órgano autónomo como es el Consejo para la Transparencia, y se han incorporado elementos como la obligación de garantizar el acceso a la inforación pública, esto no se hace con énfasis en las personas y grupos vulnerables; los plazos para la entrega de la información son extensos; los órganos públicos pueden denegar el acceso a la información argumentando muchos más motivos que los incluídos en el acuerdo; y que pese a que nuestra normativa cumple mayoritariamente con las obligaciones correspondientes a las condiciones aplicables a la entrega de información ambiental, fundamentalmente a través de la Ley 20.285 (formato, plazo, aviso en caso de no contar con la información, medio de impugnación, remisión entre organismos y costos). Sin embargo, no se contempla la situación de inexistencia de la información.

Por el contrario, entre los puntos en los que nos encontramos peor situados, se encuentra la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, donde cumplimos escasamente. Si bien se cuenta con garantías constitucionales individuales, un sistema de derecho penal y el reconocimiento de las asociaciones de la sociedad civil en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, estos mecanismos generales no son suficientes frente a ataques y violaciones a los derechos de los defensores ambientales.

“En Chileno hay un reconocimiento hacia los defensores de derechos humanos en general, y tampoco de los defensores de derechos humanos ambientales en particular (normas y políticas), así como tampoco existe un estatuto que permita conocer los derechos que estos tienen para realizar sus actividades y para proteger su integridad física y psíquica.

Los mecanismos del sistema penal no son suficientes pues se trata de mecanismos generales que no se hacen cargo de las particularidades de los defensores ambientales y que, por lo mismo, no permite tomar medidas adecuadas a su realidad”, destaca el estudio.

Por su parte, en lo que se refiere al artículo 7°, “Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”, Chile cumple  de manera escasa y parcial. La Ley 19.300 garantiza el derecho a la participación del público en sus instrumentos de gestión ambiental. Sin embargo, existen diferencias entre los procedimientos (incorporación de las observaciones y plazos) y no se contempla un tratamiento especial para las personas y grupos vulnerables.

A su vez, en Chile, el 95% de los proyectos no tiene obligación de realizar participación ciudadana al ingresar al sistema mediante Declaración de Impacto Ambiental, ya que esta acción es solo obligatoria para aquellos que ingresan mediante Estudio de Impacto Ambiental. En la misma línea, el estudio deja en evidencia lo limitado de los plazos establecidos para participación, dada la alta complejidad de la información y la falencia  identificación y apoyo a personas y grupos vulnerables, cumpliendo solo parcialmente con garantizar el respeto a obligaciones internacionales sobre pueblos indígenas y comunidades locales, pues si bien Chile se ha obligado por medio del Convenio 169 de la OIT; Entre otros puntos en los que se muestra debilidad por parte de nuestro ordenamiento.

Por su parte, los artículos de Disposiciones Generales del acuerdo, y en Generación y Divulgación de Información, la calificación se mantienen en escasa y parcial; mientras que en Acceso a la Justicia, presentamos un cumplimiento parcial.

 “Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú significaría un avance importante en la consagración de derechos ambientales en nuestro país. Sin perjuicio de que han existido importantes avances en la materia, aún existen falencias que impiden a los ciudadanos gozar plenamente de los derechos de acceso” Puntualiza Belemmi.

DESCARGAR INFORMES

Resumen Ejecutivo Informe: Análisis de cumplimiento de estándares del Acuerdo de Escazú en Chile

Informe Análisis del Cumplimiento de estándares del Acuerdo de Escazú en Chile

OPINIÓN: Una extraña idea de soberanía. Escazú y el TPP11

Por Ezio Costa, director ejecutivo ONG FIMA

La semana pasada, en un programa radial, el Canciller Allamand indicó que “en el caso del TPP 11 la posición del gobierno es que debe aprobarse; en el caso de Escazú no ha variado nuestro punto de vista, en el sentido de que no es un tratado conveniente para los intereses generales y convenientes del país”. Dicho punto de vista del gobierno se refiere a supuestos problemas de soberanía que generaría el Acuerdo de Escazú.

Esta posición resulta ser una extraña manera de entender los intereses del país y sobre todo la soberanía. El ministro Allamand obvia los problemas de soberanía que generaría el TPP-11, siendo que este tratado amplía las posibilidades de que Chile sea demandado en tribunales arbitrales internacionales por parte de empresas transnacionales y genera, además, obligaciones de transparencia y coherencia regulatorias pensadas para favorecer a dichas empresas y capitales.

Muy por el contrario, el Acuerdo de Escazú genera una distribución de poder interna que le permite a la ciudadanía mejores oportunidades para, efectivamente, ejercer su soberanía. Escazú pretende un ejercicio más informado, con mejores instancias de incidencia en las decisiones ambientales y mayores garantías jurisdiccionales para todos y todas, pero especialmente para quienes se dedican a defender el medio ambiente, encontrándose en una situación de mayor exposición. Por otro lado, el acuerdo no amplía significativamente las posibilidades de demandas contra Chile de ningún otro actor internacional y en ningún caso alcanza intereses territoriales.

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que recordar que todo tratado implica ceder alguna soberanía, pues la misma idea de llegar a un acuerdo con otro ente, implica ceder un poco de nuestra parte. En el caso del Derecho Internacional, un poco de nuestra soberanía en favor del beneficio internacional. Respecto de Escazú, esa cesión tiene que ver principalmente con la posibilidad de que el cumplimiento de los estándares sea revisado por los mecanismos de cumplimiento del propio acuerdo.

Parece importante recordar que la soberanía, en su primera conceptualización por el francés Jean Bodin, es “la suprema autoridad” y el “poder absoluto y perpetuo de la República”, y, desde las teorías contractualistas en adelante, es innegable que esta recae en el pueblo. Por ello, mejorar la democracia es precisamente honrar la soberanía y el Acuerdo de Escazú apunta en ese sentido, al profundizar la democracia y distribuir el poder, generando una especie de devolución del Estado a los ciudadanos, por medio de las garantías fundamentales para ejercer su soberanía: transparencia, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.

Así mismo, extraña idea de soberanía es aquella que entiende que traspasar más poder a los capitales globales es un acto inocuo, mientras que mejorar la democracia “no es conveniente para los intereses del país”. Es este tipo de cesiones y tergiversaciones conceptuales las que van profundizando el malestar ciudadano, por lo que es de esperar que el ministro Allamand sea capaz, al menos, de ver la inconveniencia de seguir ese camino.

Columna publicada en La Tercera