A más de 17 años de presentada la denuncia ante la CIDH, ONG FIMA busca actualizar los datos de las personas afectadas por la contaminación de polimetales en Arica, para fortalecer su representación en el proceso y visibilizar su lucha por justicia ambiental.
Durante las décadas de los 80 y 90, toneladas de desechos tóxicos provenientes de Suecia fueron depositados en terrenos de Arica, que luego fueron urbanizados sin medidas de protección. La exposición a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio provocó graves daños en la salud de cientos de familias, incluyendo abortos espontáneos, dificultades de aprendizaje, enfermedades óseas y cáncer.
Es por ello, que en 1999 se presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra la empresa Promel Ltda. y el Servicio de Salud de Arica, exigiendo reparar el daño ambiental causado por residuos tóxicos. Si bien, tras años de juicio, en 2007 hubo una sentencia favorable, la mayoría de las víctimas no ha sido compensada y los residuos tóxicos no han sido debidamente gestionados.
Por otra parte, en noviembre de 2007, ONG FIMA presentó una denuncia, a nombre de 969 personas afectadas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recién en el año 2021, el Estado responde a esta petición negando las vulneraciones de derechos, pero abriendo el espacio para dialogar, abriéndose la etapa de solución amistosa. En febrero de este año, el Estado puso fin al proceso de solución amistosa en el caso de los polimetales en Arica, sin ofrecer una contrapropuesta a las demandas de las personas afectadas.
Ante este escenario, el proceso seguirá avanzando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición presentada en 2007 por ONG FIMA y, eventualmente, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las más de 969 personas afectadas. En esta denuncia se expuso la vulneración de derechos fundamentales: a la vida, la integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a las garantías judiciales del debido proceso
Para fortalecer esta nueva etapa, ONG FIMA está impulsando la actualización de datos y el contacto con los demandantes originales o sus representantes. Desde la presentación de la denuncia han pasado más de 17 años, y muchas de las personas afectadas eran niños en ese momento. Hoy, algunos han cambiado de residencia, otros han fallecido, y varios enfrentan problemas de salud que dificultan su participación activa en el proceso.
“Esta búsqueda no solo pretende informar sobre el estado actual del caso, sino también actualizar testimonios y asegurar una representación efectiva ante la CIDH. Recoger estas voces resulta fundamental para el proceso jurídico y para visibilizar una historia marcada por el abandono, la contaminación y la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile”, señaló Karla Vargas, encargada de procesos territoriales de ONG FIMA.
Si fuiste parte del proceso o conoces a alguien que lo fue, puedes completar el formulario disponible aquí para sumarte a esta nueva etapa de defensa de los derechos humanos y ambientales en Arica.
