¿Desperdicio o tesoro?: por Fernanda Salinas

En la naturaleza no hay basura. En la naturaleza todo lo que podría ser considerado un desperdicio, como los cuerpos muertos de los animales, las fecas, las hojas secas, se reintegran a la naturaleza en un ciclo sin fin.

Cuando los seres vivos mueren o producen desechos, los organismos detritívoros, que comen materia orgánica en descomposición, y los descomponedores, los transforman en suelo fértil. Bacterias, hongos, insectos, lombrices, escarabajos y milípedos, entre muchos otros organismos del suelo, son el centro de reciclaje de la naturaleza. Los minerales y los nutrientes que formaban parte de cuerpos o desechos, por la acción de estos organismos, quedan listos en el suelo para reintegrarse al ciclo de la vida y ser absorbidos por las plantas a través de las raíces. En este proceso además, el suelo acumula el carbono que tanto necesitamos remover de la atmósfera, quedando con una estructura, nutrientes e idoneidad para el desarrollo de la vida, que favorecen el crecimiento vigoroso de las plantas y el funcionamiento natural del ciclo del agua.

En estos días de otoño se hace evidente el aumento del volumen depositado en bolsas de basura por la caída de las hojas de árboles deciduos. Este material, que en los ecosistemas naturales compone la hojarasca, y forma parte del manto orgánico del suelo en los bosques naturales, permite la regeneración  del bosque en el tiempo y el reciclaje de materia y nutrientes. Esa capa de hojarasca, producida por las plantas, sostiene múltiples formas de vida del suelo, y mediante su descomposición, los minerales y nutrientes pueden volver a integrarse a las plantas nuevamente, circulando los nutrientes más escasos e incrementando el contenido de carbono en el suelo. En la hojarasca se alojan también las semillas, que encuentran un entorno idóneo en términos de humedad, temperatura y estructura para su germinación y posterior crecimiento.

En la ciudad, el compostaje de la hojarasca y de todos los residuos orgánicos es una alternativa real al desecho de esta valiosa materia prima. Los residuos orgánicos no son basura y componen un 58% de los residuos domiciliarios. En dos o tres meses, con un manejo adecuado, estos residuos se transforman en compost, permitiendo almacenar carbono, mejorar calidad estructural y nutritiva de nuestros suelos y macetas, idealmente destinados a cultivar hierbas, hortalizas y frutales sin necesidad de requerir de fertilizantes ni pesticidas sintéticos. Estas plantas serán sanas y vigorosas, con menor necesidad de riego, y estaremos produciendo alimentos deliciosos, saludables y nutritivos, que no han consumido combustible en su producción ni traslado, que no han contaminado suelos, agua, aire ni personas con agrotóxicos, y que nos devuelven un poco de ruralidad a la urbe.

Los ciudadanos podemos compostar todos nuestros residuos orgánicos. Haciendo esto, los vertederos tendrán una vida útil más larga, los camiones recolectores tendrán un recorrido más eficiente, consumiendo menos combustible y contaminando menos, y tendremos al poco tiempo un material precioso.

Es tiempo de contribuir de manera intencionada y consciente en el cierre de los ciclos ecosistémicos de materia y energía de nuestra ciudad. Aprendamos a reconocer y valorar los verdaderos tesoros que tenemos cada día en nuestras manos.

En Codexverde

Columna de Ezio Costa en Cooperativa: Economía y Colapso

La crisis climática y ecológica, en la que la pandemia es una de sus muchas expresiones, es una amenaza a nuestra civilización. Sus causas ya las entendemos y las soluciones están disponibles, solamente esperan el convencimiento y valentía de las sociedades y sus líderes para ser tomadas y realizadas. Sin embargo, la gran dificultad radica en que se   requiere de un considerable cambio de conductas, sobre todo de nuestra economía.

El cambio necesario en nuestra destructiva relación con la naturaleza implica al menos una radical disminución en la quema de combustibles fósiles y del extractivismo, una modificación en los patrones de producción-consumo y una variación en la manera que entendemos el desarrollo y la prosperidad.

El convencimiento para cambiar estas estructuras no es sencillo pero las circunstancias nos tienden una mano. En medio de esta pandemia hay dos cosas que sabemos, que somos capaces de cambios radicales frente a las amenazas ,y que actualmente nuestra economía no está operando con normalidad.

Que la economía no esté operando como siempre y que nos enfrentemos a la mayor recesión de nuestro tiempo de vida, significa muchas cosas.

Menos contaminación y destrucción, por una parte, pero también menos satisfacción de las necesidades materiales, entre ellas, de las necesidades básicas de las personas en situaciones más vulnerables.

La opción de volver al estado anterior a la pandemia, como una manera de solucionar los problemas de satisfacción de necesidades materiales, será empujada fuertemente desde sectores conservadores, para, precisamente, conservar poder y privilegios. Pero volver a lo anterior es volver a sumirnos en una trayectoria autodestructiva de la cual tenemos conciencia, incluso, desde antes de la aparición del COVID 19.

Con este telón de fondo, las decisiones que se tomen en los meses y años siguientes son cruciales para definir cual es nuestro futuro en el planeta y nuestra sociedad.

Es evidente que deberán tomarse medidas para favorecer el empleo, cualquier lección que podamos sacar de esta situación apunta a que no podemos seguir sosteniendo estructuras que favorezcan la extracción, precursora de la crisis; ni de la concentración, que dificulta la capacidad de resiliencia, tan necesaria en esta época

Mientras en el mediano plazo se requieren modificacionesprofundas en las estructuras, en el horizonte inmediato existen alternativas para iniciar una reactivación sustentable de la economía.

En Chile, un grupo de organizaciones ambientales y vinculadas a la economía (ChileSustentable, OPES, FIMA, Oceana y Greenpeace), han hecho una propuesta a las autoridades con una serie de medidas que mezclan las actividades de incentivo a privados e inversión pública directa acorde a un desarrollo económico sustentable.

Entre las propuestas orientadas al mundo privado, destaca la creación de incentivos y préstamos blandos a las empresas, como los ya anunciados por el gobierno, pero que tengan la toma de acciones concretas para neutralizar su huella de carbono y su impacto ambiental en un plazo determinado como exigencias mínimas a cumplir.

Es entendible, en el contexto actual que para estas empresas resulte muy deseable ser rescatadas, tener préstamos con aval del Estado y otras facilidades, pero ese esfuerzo público por ayudarlas debería responderse con un esfuerzo de estas por dejar de dañar el medio ambiente.

Aunque el objetivo de ayudar a esas empresas es la creación de empleos, ello no debe ser entendido como una contraprestación para el país, sino una externalidad positiva en su búsqueda por mayores ganancias.

En lo que se refiere a la inversión pública, destaca la solicitud de que se invierta en recuperación de ecosistemas, como infraestructura esencial para la vida y desarrollo del país.

La inversión en infraestructura siempre ha sido observada como una cuestión deseable por sus altos beneficios sociales, incluido el empleo. En estos momentos, aquella infraestructura que podría tener un mejor rendimiento es la “infraestructura verde” que nos inserte en un camino de resiliencia frente a la crisis climática.

Pensemos, por ejemplo, en la recuperación de bosques y humedales y en la protección de glaciares como actividades que podrían mejorar las condiciones hídricas en el centro y centro sur de Chile, produciendo empleo y beneficios de mediano y largo plazo que otras propuestas de infraestructura gris (como embalses o carreteras hídricas) no producen.  

Por último, en lo que se refiere a actividades público-privadas, se propone convertir a Chile en un polo de desarrollo de la industria de valorización de residuos, entendiendo la necesidad de apuntar hacia una economía circular.

Crear industria con inversión pública que cumpla con estos criterios, significaría generar conocimientos y especialistas para avanzar en una industria que, sin dudas,tendrá que aumentar su importancia durante los próximos años en el mundo.

Las cuestiones que se proponen son un mínimo para comenzar un cambio de trayectoria que deberá profundizarse luego.

La necesidad de este cambio es tal, que incluso en las últimas semanas ha sido promovido, en alguna medida, por organizaciones y líderes de corte conservador, como el FMI o la canciller alemana, Angela Merkel.

Tanto la pandemia como la crisis climática son desafíos globales de colaboración, que requieren de grandes modificaciones, pero sobre todo, de la voluntad de las sociedades de comprender que las prioridades anteriores deben cambiar a la luz de los conocimientos actuales, y que si aspiramos a seguir teniendo un medio ambiente en funcionamiento adecuado para las generaciones actuales y futuras, ese cambio es urgente.

Afortunadamente, ahora tenemos una gran oportunidad.

En Cooperativa

Pandemia, hambruna y Dominga: opinión de Fernanda Salinas

Estamos atravesando por momentos críticos, en los que tenemos que tomar importantes decisiones sobre la sociedad que queremos reconstruir desde esta pandemia, sin olvidar la crisis social y la crisis climática y ecológica que le anteceden. Cuando los economistas nos advierten que, si la economía total se paraliza, vamos a tener otro tipo de pandemia, como la hambruna, me pregunto cuántos billetes o monedas se comen, respiran y toman al día para tener energía, mantenerse sanos y llevar adelante su día a día.

Últimamente se ha promovido al Proyecto Minero Portuario Dominga como un medio para dar trabajo en medio de la crisis epidemiológica. Se olvidan que el proyecto se encuentra rechazado y en juicio en el Primer Tribunal Ambiental. Durante su extensa evaluación ambiental, fue posible reconocer el alto valor ecológico del área, tanto en tierra como en mar. Queda en evidencia que este proyecto significaría una pérdida de ecosistemas, funciones y servicios ecosistémicos tanto en tierra como en mar que el titular no es capaz de compensar.

Como humanidad, y como sociedad, debemos darnos cuenta de que son los ecosistemas naturales los que nos permiten la vida. Nos dan el aire que respiramos, el alimento que comemos y el agua que tomamos, regulan el clima, recirculan los nutrientes. Poner como un fin último y único a “la economía” no considera la relación de dependencia de la humanidad que se reconoce por el Convenio para la Diversidad Biológica y la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

Para cultivar alimentos, medicinas y textiles necesitamos agua pura, acuíferos íntegros, suelos fértiles, aire puro y un clima estable. Para pescar, mariscar y cosechar algas, necesitamos una costa y un océano libres de contaminación. Para criar ganado, para obtener cuero, carne y textiles, necesitamos lluvia para que los campos estén verdes y productivos. Para que exista turismo de la naturaleza, es fundamental conservar los paisajes, los ecosistemas y a las personas. No podemos comer hierro.

Dominga no nos salvará de la hambruna. Es fundamental que de esta crisis seamos capaces de distinguir las actividades humanas que restauran la vida de la Tierra y que contribuyen a la expresión y abundancia de la vida en el tiempo, y que las prefiramos.

En El Mostrador 

Opinión de Fernanda Salinas: Compromisos climáticos de Chile: Nada que celebrar

El pasado 9 de abril el gobierno entregó la actualización de su compromiso de reducción de emisiones y medidas para enfrentar el cambio climático[1]. Anunció con orgullo que se compromete a alcanzar el peak de emisiones de gases con efecto invernadero de Chile para el año 2025. Eso significa que como país nos comprometemos a seguir incrementando las emisiones por cinco años más. Como si a un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol alto le recetaran sedentarismo y una dieta alta en azúcar refinada, sal y grasas saturadas por cinco años más.

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene intactos sus compromisos en materia de bosques, sin atender a las recomendaciones del panel científico. Insiste en comprometer manejo de bosque nativo como medida climática, a pesar de que CONAF tramita con total falta de transparencia los planes de manejo de bosque nativo. Además, diversas evidencias nos muestran que tal manejo dista de ser sostenible: Existe una pérdida sostenida de bosques nativos en el país, autorizó ilegalmente la tala de 22.000 hectáreas de bosque nativo en la zona central del país para fines agrícolas y es responsable de la tala de unas 40 araucarias como parte de una estrategia de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Nahuelbuta.

El Ministerio del Medio Ambiente continúa comprometiendo 130.000 hectáreas que podrían estar compuestas por monocultivos forestales de rápido crecimiento, como pinos y eucaliptus, como una contribución climática, sin ajustarse a ningún sustento científico. Existe abundante evidencia que señala a las plantaciones de la industria forestal como uno de los principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales, de la disminución en la disponibilidad hídrica y de un incremento en la incidencia y magnitud de los incendios forestales. De esta superficie, 100.000 hectáreas podrían transformarse en pulpa de celulosa, profundizando los impactos ambientales y sociales de la industria forestal en el país y sin contribuir en el largo plazo en la captura de carbono.

El compromiso del gobierno en materia de degradación y deforestación se reduce a cálculos de emisiones. Sin embargo, estos cálculos tienen profundos problemas metodológicos, como son el no contabilizar emisiones cuando la corta de bosque nativo es programada y contabilizar como degradación cuando se sustituye el bosque nativo por monocultivo de especies exóticas. No se atiende al hecho de que en Chile, de los 127 ecosistemas terrestres identificados, la mitad está amenazado y 14 han sido clasificados En Peligro o En Peligro Crítico. Ni tampoco al hecho de que en Chile se estima una pérdida de bosque nativo de hasta 71.000 hectáreas anuales en las últimas décadas[2], o que se estima una pérdida de humedales continentales de hasta un 75%[3].

Por último, el anuncio de incluir al año 2030 la restauración de paisajes en un millón de hectáreas debe revisarse en profundidad. Un Plan Nacional de Restauración de Paisajes no tiene ningún sentido si no se detiene simultánea e inmediatamente la destrucción de los ecosistemas naturales. La restauración es una opción más costosa, ineficiente e incierta que la conservación de los ecosistemas y su funcionamiento. Por otra parte, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) que se sometió a consulta pública[4] y que anuncia ser presentado el 2021, debiera ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este plan comprendía los elementos del paisaje de manera sectorizada y carecía de una aproximación integral que permitiera una restauración del paisaje para recuperar los servicios ecosistémicos esenciales.

Tal como fue sometido a consulta, el plan podría transformarse en un nuevo instrumento de fomento forestal, como el cuestionado DL 701, o en una estrategia para instalar más monocultivos de frutales. Contemplaba la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, a pesar de ser estas actividades las principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales y sus funciones ecológicas junto con la urbanización. Por otra parte, en el plan no existe claridad sobre cómo se definirían las prioridades territoriales, no sabemos si existirá transparencia en el proceso de definición de esas prioridades, si existirá un proceso participativo, quiénes y cómo acompañarán el proceso, ni tampoco sabemos si será un proceso vinculante y democrático. Tampoco conocemos con qué criterios se seleccionaron las regiones de Coquimbo a la Araucanía para ser objeto del plan, y cómo se estimaron las superficies por región que fueron presentadas por la Ministra Schmidt.

La crisis climática requiere de transformaciones urgentes y sin precedentes considerando los contextos locales y las necesidades de las personas. Así lo ha señalado el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. La situación en Chile es crítica y para el gobierno no lo es. Un millón de habitantes del territorio nacional no tienen acceso asegurado al agua mientras la industria agrícola y forestal es responsable de un 96% del consumo de agua a nivel nacional[5]. Más de 9 millones de habitantes están expuestos a la contaminación atmosférica[6], más de 3.000 personas mueren al año prematuramente por exposición crónica a esta contaminación y en Chile están 9 de las 10 ciudades más contaminadas de toda América Latina. Para poder detener el avance de la crisis climática es prioritario reducir emisiones, detener la destrucción de ecosistemas naturales y mantener caudales ecológicos en ríos y esteros.

El Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile[7], elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce que el cambio de uso de suelo impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización son los principales causantes del deterioro de los ecosistemas terrestres del país, y reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo entre ellos los relaves, que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas y al medio ambiente.

Las recomendaciones del panel científico coinciden en señalar la importancia de proteger de manera efectiva e inmediata los ecosistemas naturales remanentes, lo que se traduce en su conservación en el tiempo, evitando el cambio de uso de suelo y su degradación. No cinco turberas. No diez humedales. Todos: Bosques nativos y bosques ribereños, matorrales y pastizales, glaciares y humedales, desde bofedales, vegas, salares, bosques pantanosos, ñadis y turberas, incluyendo lagos, lagunas, pantanos, ríos, esteros y arroyos, maximizan la captura y secuestro de carbono, aseguran la provisión hídrica y la regulación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos y mantienen las condiciones para conservar la biodiversidad, aportando bienestar, beneficios y bienes a las personas. Son la infraestructura crítica que por ahora debieran estar protegidos como política de Estado, procurando el bienestar y seguridad de las personas, y avanzar en materia legislativa y regulatoria para asegurar su protección en el tiempo.

No hay nada que celebrar.

En Heinrich Böll Stiftung

Carta de Ezio Costa a La Tercera sobre presentación de Chile y sus NCD

Sr. Director:

La presentación que hizo Chile de sus NDC esta semana es una buena noticia. Esta es el segundo set de compromisos del país, que avanza sobre los de 2015 calificados internacionalmente como “altamente deficientes” y que, además, no cumplimos. En estos cinco años, la información y conciencia sobre la crisis climática ha crecido enormemente en Chile y el mundo. Así también, los NDC presentados dan cuenta de esta mayor urgencia y conciencia, elevando el compromiso de Chile.

 

Entre los aspectos positivos podemos señalar que, luego de la participación ciudadana, el peak de emisiones se estableció para el 2025, manteniendo la carbono neutralidad para 2050. Lamentablemente, se compromete solo un 30% de reducción de emisiones al 2030 y se condiciona subir a un 45% en caso de ayuda financiera internacional. Nada se dice de la extracción de carbón o las zonas de sacrificio, ni tampoco se observa compromiso directo sobre el uso de leña, que ahoga a nuestras ciudades.

 

Sin embargo, los aspectos más críticos son aguas y bosques. Respecto a aguas, se reproduce la incapacidad estatal de darle una salida a la crisis, comprometiendo planes de cuenca recién para el 2030 y la protección de un número ínfimo de humedales: 30 de los 40.000 existentes. En materia de bosques, el compromiso de reforestación nativa es exiguo. Aunque es valorable que se incluya un amplio compromiso sobre restauración de paisajes, ello debe estar enfocado en los ecosistemas y la biodiversidad, cuestión que no era clara en el plan que ha socializado el gobierno.

 

La reactivación sustentable de la economía será clave para enfrentar el escenario post Covid19, cumplir los NDC lo antes posible y mejorarlos en el corto plazo puede ser parte de ese esfuerzo.

 

Ezio Costa

Director ejecutivo de ONG Fima

 

Columna de Ezio Costa: Coronavirus, sequía, contaminación y zonas de sacrificio

Por Ezio Costa 16 de abril de 2020

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.

La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.

Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.

Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.

Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.

Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.

Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.

Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.

En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.

Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.

Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.

Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.

Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.

En el Mostrador https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/04/16/covid-19-sequia-contaminacion-y-zonas-de-sacrificio/

“Ni la tierra ni las mujeres son territorios de conquista”: ecofeminismos y el proceso constituyente

Por Macarena Martinic 

Como país nos encontramos en un momento de repensar y refundar (o no) todo lo que conocemos: principios, instituciones, figuras, espacios y formas de relacionarnos. Ello nos exige dejar atrás las formas de pensamiento a las que habitualmente acudimos y recurrir a otras que puedan dotar de contenido a este nuevo Chile. En este contexto, propongo acoger a los ecofeminismos como provocación y puntapié inicial para la reconstrucción de las bases para una sociedad distinta.

Estos vienen a poner sobre la mesa ciertas interrogantes: ¿Nos encontramos habitando bajo un modelo que coloque la vida, o el vivir de forma digna, en el centro? ¿Qué o quiénes permiten que la vida siga funcionando de la forma que la conocemos? ¿Es el uso que hacemos de la naturaleza compatible con su regeneración? ¿Es un abuso? ¿En qué medida aseguramos que estos servicios se mantengan y se prolonguen en el tiempo?

Los ecofeminismos son tanto prácticas como propuestas teórico-políticas alternativas acerca de la mantención de las diversas manifestaciones de vida, cuyo piso mínimo es el rechazo a los sistemas económicos basados en el crecimiento por acumulación y las formas de reproducción de las vidas que las sociedades capitalistas han ejercido en los últimos siglos.

La denominación plural proviene de la gran diversidad de proyectos ecofeministas que han surgido desde sus orígenes (encontramos propuestas de corte más esencialista, que vinculan al género femenino de forma inherente a la naturaleza y/o a la maternidad; por otro lado, existen corrientes ecofeministas ‘constructivistas’ o, “ecofeminismo crítico”). Sin desmerecer ninguna, la corriente que le hará más sentido a cada uno nuestros relatos dependerá de nuestra “realidad situada”, es decir, del contexto desde el que habitemos.

A pesar de sus diferencias, los ecofeminismos nos nutren de un proyecto en el cual dialogan y se enriquecen dos perspectivas fundamentales a la hora de analizar procesos histórico-políticos: el feminismo y el ecologismo.

Como horizonte, pretenden superar el ejercicio propio de un sistema patriarcal occidental de pensar la sociedad en términos duales: femenino/masculino; naturaleza/cultura; razón/emoción; naturaleza/creación (y muchos otros) y, por supuesto, la supremacía de los masculino y todo aquello históricamente vinculado a ello (la creación, la cultura) por sobre lo femenino, y aquello que se le asocia (la naturaleza, el nacimiento, etc.).

Bajo el entendido anterior, los ecofeminismos se sostienen sobre tres grandes premisas:

Somos ecodependientes: La humanidad requiere de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que ella provee para mantenernos vivos. Con respecto a esto, Yayo Herrero, activista ecofeminista española, denuncia que –aún– la mayor parte de las personas no se sienten eco dependientes y/o relegan ciegamente en que la ciencia y la tecnología encontrarán la fórmula al deterioro ambiental y a la escasez de los –mal denominados– recursos naturales (Herrero, 2016).

Somos cuerpos vulnerables: Todas(os), sin excepción alguna, requerimos del cuidado en algún momento de nuestras vidas. Ya sea al nacer, o bien de ancianos, la esencia de nuestro ciclo vital lo exige para su supervivencia. Un modelo socioeconómico que se sostiene –principalmente– sobre los cuerpos, no puede desconocer el hecho básico de que estos nacen, crecen, envejecen (y que hoy se encuentran expuestos al aún más rápido deterioro producto de la contaminación ambiental, agravándose en zonas de sacrificio y otras localidades vulnerables).

Somos Interdependientes: Vinculado al punto anterior, las personas dependemos física y emocionalmente del trabajo y del tiempo de otras personas. No solo nuestros cuerpos se encuentran expuestos al “deterioro”, sino que además nos regimos como sociedad bajo paradigmas socioculturales que requieren ser transmitidos; el lenguaje y otras miles de normas sociales y saberes. A pesar de que todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas, quienes se han venido haciendo cargo del denominado ‘trabajo reproductivo no remunerado’ han sido históricamente las mujeres.

Pasar por alto estos tres supuestos se traduce en la apropiación por parte del sistema capitalista del trabajo de mujeres, de la mercantilización de la naturaleza y de sus funciones ecosistémicas.

Por un lado, el sistema capitalista descansa sobre el desconocimiento de las funciones ecosistémicas y la capacidad de la naturaleza de sostener la vida humana y no humana. Mediante su explotación y consiguiente transformación en bien de consumo, aportan a su deterioro, sin ningún tipo de retribución/renovación a cambio. De esta forma, un modelo productivo capitalista neoliberal crea la falsa ilusión del crecimiento ilimitado, desconociendo las capacidades del planeta e invisibilizando como parte de la cadena productiva la provisión de funciones ecosistémicas fundamentales como la polinización, el ciclo del agua, la fotosíntesis, los bosques como sumideros de carbono, entre otros muchos procesos biológicos que alimentan los ecosistemas.

Por otro lado, el sistema capitalista desconoce la vulnerabilidad e interdependencia de nuestros cuerpos, invisibilizando –nuevamente– el trabajo reproductivo que realizan mujeres que prácticamente permite funcionar y sostiene todo el modelo socioeconómico; labores de cuidado que comprenden la reproducción de la vida y la mantención de los vínculos de interdependencia.

Asimismo, las personas nos vemos expuestas cada día –y con mayor intensidad– al deterioro ambiental, al extractivismo de nuestros territorios y a la contaminación; sin embargo, al ser las mujeres quienes históricamente se han hecho cargo del trabajo de cuidados que una sociedad demanda, son ellas quienes han absorbido el agravamiento de esta carga ante las conflictividades socioambientales, las cuales ponen en riesgo la vida misma y el medio ambiente que la sustenta.

Todo lo anterior nos alerta sobre la incapacidad de hacer frente al problema si no es desde una visión que comprenda ambas perspectivas, la ecológica y la feminista, y lo intrínsecamente vinculadas que se encuentran ambas.

En el contexto chileno actual de deslegitimidad política y derrumbe de un modelo de sociedad, los aportes de los ecofeminismos cobran mayor relevancia con un proceso constituyente en marcha y una Nueva Constitución en el horizonte. En crisis, el sistema nos ha mostrado su cara más violenta. Por ello, la mayor parte del tiempo todo sabe a caos, destrucción y angustia; pero existe una contracara de reconocimiento entre nosotros y de esperanza.

Es preciso que en este proceso constituyente cultivemos esa esperanza: nos encontremos, cohesionemos, resistamos, nos apropiemos de los espacios comunes y de las formas de generación de pensamiento; ideando alternativas de cuidado y de reproducción de las diversas manifestaciones de vida que no recaigan en la explotación de las mujeres y de los ecosistemas.

Generemos las condiciones que den paso a la elaboración de una Constitución que coloque la vida en el centro, garantizando la sostenibilidad social y ecológica. Una sostenibilidad humana que vaya más allá de la supervivencia y que implique también equidad y calidad de vida digna.

En El Mostrador 

Columna: Avances en el Plan de Acción de Género (GAP) y la participación de las mujeres en la acción climática

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

*Columna publicada en Boletín de CAN LA «Reflexiones de la COP 25: Una mirada desde CANLA»

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la respuesta al cambio climático. Sin embargo, existe una participación desigual de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y en los mercados de trabajo que impide que las mujeres contribuyan plenamente a la planificación, formulación y aplicación de políticas relacionadas con el clima.

Desde 2012, las Partes de la CMNUCC han reconocido formalmente la importancia de una participación igualitaria entre mujeres y los hombres en los procesos de la Convención y en la elaboración y aplicación de políticas climáticas a partir de la Decisión 23/CP.18 que ordena “promover la igualdad de género y mejorar la participación de las mujeres en las negociaciones de la UNFCCC(por sus siglas en inglés) y en la representación de las partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto”. Posteriormente, en 2014, en la COP20, se adoptó el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (LWPG por sus siglas en  inglés) que concluye con una referencia a la “igualdad de género” en el preámbulo del Acuerdo de París (2015) y un claro reconocimiento del rol de las mujeres en las secciones de adaptación y creación de capacidades de dichos acuerdos.

El LWPG y su plan de acción (GAP) se constituyeron inicialmente una agenda dos años, que posteriormente fue renovada en la COP23 por otros dos años lo que fortaleció el intercambio de información, mejores prácticas, instrumentos y debates sobre la aplicación de la perspectiva de género en la implementación de las políticas climáticas. Este año, durante la COP25, tanto en LWPG como su GAP, fueron revisados adoptándose un nuevo programa denominado “Versión mejorada del Programa de Trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género” a ejecutarse en los próximos cinco años (hasta 2024).

El nuevo programa tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género “en todas las metas y los objetivos pertinentes de las actividades realizadas en el ámbito de la Convención”. Esto teniendo en cuenta que los efectos del cambio climático en las mujeres y los hombres pueden diferir “debido a las desigualdades de género históricas y actuales y a factores pluridimensionales, y pueden ser más pronunciados en los países en desarrollo y en las comunidades locales y los pueblos indígenas”.

El programa se enmarca en el reconocimiento que hace el Acuerdo de París de las obligaciones de las Partes en materia de derechos humanos y en la necesidad de realizar “una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”. Los países de América Latina, fueron grandes impulsores y defensores de estos conceptos.

Este nuevo programa debe ser supervisado, implementado y coordinado por la Secretaría de la Convención, y parte de la evidencia de “la persistente falta de progresos” y la urgente necesidad de mejorar la representación de la mujer en las delegaciones de las Partes y en los órganos constituidos de la Convención. Por ello, se alienta a las partes a establecer coordinadores o puntos focales especialmente dedicados a este asunto y a incluir, dentro de los informes nacionales de avance que presentan a la Convención Marco elementos relacionados con esta materia.

Las áreas prioritarias del plan de acción son: 1. Creación de capacidades, gestión de los conocimientos y comunicación; 2. Equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres; 3. Coherencia; 4. Aplicación y medios de implementación que tengan en cuenta las cuestionessde género; 5. Monitoreo y reporte. Las actividades contempladas en cada área deben ser implementadas en diferentes niveles (nacional, regional e internacional), en ciertos plazos y por responsables específicos, esto es, por las Partes, la Secretaría de la Convención, los órganos constituidos u otros pertinentes.

A diferencia de los planes anteriores, el GAP avanza e incluye diversas medidas que deben ser implementadas a nivel nacional por las partes, lo que sin duda es un logro. Sin embargo, el plan no incorpora un área de financiamiento y apoyo a los países denominados en desarrollo para implementar estas acciones, lo que plantea el desafío importante a la hora de impulsarlo a nivel nacional, especialmente en el área del fortalecimiento de capacidades, dificultando así la inclusión de más mujeres, comunidades locales y representantes indígenas.

Carta de organizaciones ante tardía respuesta de Ministerio de Medio Ambiente a carta por no firma del Acuerdo de Escazú

*Publicada el 22.03.19 en El Mercurio

Sr. Director:

A cinco meses de que organizaciones de la sociedad civil y personas comprometidas con la democracia ambiental enviáramos una carta solicitando al Presidente Sebastián Piñera una audiencia para entender la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú, recibimos una respuesta ambigua en la cual no se agrega ninguna información nueva ni fecha para su firma. Mucho menos una audiencia.

Es más, se continúa afirmando que Chile ya cuenta con el camino avanzado en materia de acceso, poniendo como ejemplo la existencia de los Tribunales Ambientales y la posibilidad de llevar los casos hasta la Corte Suprema. Sin embargo, y respondiendo a ese mismo ejemplo, ¿qué tipo de facilidad se entrega a la ciudadanía para acceder a esa justicia?, ¿cómo se pueden financiar los estudios que en la mayoría de los casos se requieren para evaluar el daño ambiental? Las cosas no son mucho más optimistas en materia de participación ni de acceso a la información.

También es altamente decepcionante que se apele a que se necesitaba más tiempo para estudiar las implicancias de un acuerdo que Chile promovió y negoció desde sus inicios, y que en ese tiempo no se haya avanzado en el análisis ni en una respuesta coherente a la postura que a nivel internacional se quiere dar realizando la COP25 en nuestro país.

 

Ezio Costa, Director Ejecutivo ONG FIMA

Ximena Salinas, Directora Ejecutiva Codeff

Violeta Rabi, Espacio Público

Andrea Sanhueza E. Especialista en Participación Ciudana

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram

Matias Asun, Director Nacional de Greenpeace