El Dínamo La Corte de Apelaciones de Coyhaique declaró admisible el recurso de protección que ya más de 60 vecinos de Coyhaique y Puerto Aysén han presentado durante los últimos días en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación de la región de Aysén que el pasado 10 septiembre de este año aprobó el proyecto río Cuervo de Energía Austral. En la resolución, fechada el 24 de octubre, se decretó una orden de no innovar, con lo cual paralizó la tramitación del estudio, y pidió al gobierno entregar un informe relacionado con los fundamentos del recurso. Para ello le dio un plazo de ocho días, contados desde el jueves último. “Que la corte haya declarado admisible el recurso y que, más aún, haya dictaminado orden de no innovar da cuenta que para los magistrados el fondo del recurso tiene sustento como para acogerlo a tramitación. Es decir, consideran que existen motivos para pensar que el proyecto pone en riesgo los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación” señalaron desde la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida. Junto a decenas de pobladores la organización impulsa la presentación legal a nivel local, para lo cual contado con el apoyo de la Fiscalía del Medio Ambiente y el abogado regional Rodrigo de los Reyes. Algunos de los fundamentos en los que se sustentan estas vulneraciones constitucionales se remiten airregularidades en el proceso de evaluación, los riesgos que implicaría levantar un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa (río Cuervo, vinculada a la Liquiñe-Ofqui) y en un área rodeada de volcanes, y la pérdida de ecosistemas únicos no intervenidos. Radio Santa María [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9Sy0BRzD-DI[/youtube]]]>
Boletín FIMA Nº 18
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En este número:- Columna de M. Victoria Galleguillos: «Ciudad, Transporte y Medio Ambiente, hacia una planificación conjunta»
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Ciudad, Transporte y Medio Ambiente, hacia una planificación conjunta.
Por: María Victoria Galleguillos*Consideraciones como las expuestas de forma explícita en la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la metodología de diálogos ciudadanos de la Política Nacional de Transporte, estuvieron absolutamente ausentes en los comienzos de la implementación
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La crisis socio ambiental que atravesamos da cuenta de que la intervención del hombre en la naturaleza tiene diversas consecuencias sistémicas. Actualmente, muchas de las decisiones de intervenir el territorio no consideran los efectos sociales de tales acciones, ni los sistemas naturales en que se insertan. En este sentido, la ciudad es un escenario paradójico, pues actúa habitualmente como soporte físico de dichas decisiones, de tal manera que pareciera que el desarrollo urbano lleva aparejado de forma inherente la acumulación de problemas ambientales. Sin embargo, el desarrollo de una gestión ambiental que permita orientar a los actores institucionales y sociales hacia una utilización sostenible del territorio urbano, podría llegar a tener la aptitud de cambiar el diagnóstico anterior.
Una política de desarrollo urbano nacional -o la ausencia de ella- caracterizada como fragmentaria, reactiva, centralizada y poco participativa,[1] es actualmente la responsable de la existencia de ciudades con alta segregación social urbana, inequitativas en el acceso de bienes públicos y ausentes de consideración del entorno de afectación como soporte de planificación. En este contexto, un primer paso hacia un cambio, es la esperada promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual tiene dentro de sus objetivos un desarrollo socialmente integrado y ambientalmente equilibrado.
De dicha política pública, es destacable la explícita consideración del equilibrio ambiental como un factor relevante en la planificación urbana. En este sentido, se consagra de manera expresa la consideración de los sistemas naturales como plataforma fundamental en la planificación y diseño de las intervenciones en el territorio. Agregado a lo anterior, se establece la necesidad de determinar metas específicas de mejoramiento ambiental de las ciudades, donde se consideran diversos elementos de medición como: la gestión de residuos, contaminación acústica, visual, lumínica y por olores, así como también las condiciones materiales del espacio público.
No obstante lo anterior, uno de los aspectos más trascendentes consagrados en esta política, es el fomento de la movilidad urbana en el contexto del espacio público. Aquí se realizan inéditas consideraciones, las cuales no se encuentran exclusivamente enmarcadas en el acápite de medio ambiente, aunque con claras repercusiones en él. Entre ellas está la racionalización del transporte, donde se consignan medidas que permitan regular la demanda de automóviles y, en conjunto con esto, se declara que se priorizará el transporte colectivo y público.
Lo anterior, es de gran importancia, ya que dentro de la planificación de una ciudad sostenible, es de toda importancia la planificación del transporte. Este es un mecanismo que posibilita la conectividad de los diversos circuitos productivos y humanos insertos en un territorio, y es, a su vez, un generador de vínculos de poder que se concretan en la valorización del territorio. Pero, al mismo tiempo, el transporte es una actividad generadora de diversos impactos ambientales.
El reciente proceso de generación de una Política Nacional de Transporte mediante diálogos ciudadanos se enmarca en un contexto muy similar al presentado en el ámbito urbano, y es, por lo tanto, una buena señal en la generación de una hoja de ruta en el desarrollo de esta área.
En la discusión de los factores medio ambientales de esta política es clave el involucramiento de la ciudadanía en la profundización de los lineamientos expresados por el Ministerio de Transporte. Lo anterior debe dirigirse a desmarcar las emisiones de vehículos motorizados como único factor medio ambiental a considerar, propiciando la integración de otros elementos como la contaminación acústica.
Dentro de las problemáticas actuales del transporte nacional, se encuentra la necesidad de una mejor y menos contaminante conectividad entre regiones aledañas. Probablemente con el objetivo de responder a esta demanda, la Empresa de Ferrocarriles del Estado género el proyecto “Rancagua Express”. El proyecto, que formaría parte de un hito del reposicionamiento del transporte ferroviario[2], consiste en la operación de trenes de alta velocidad que conectarán las ciudades de Santiago y Rancagua.
Sin embargo, consideraciones como las expuestas de forma explícita en la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la metodología de diálogos ciudadanos de la Política Nacional de Transporte, estuvieron absolutamente ausentes en los comienzos de la implementación del proyecto estatal “Rancagua Express”. Esto, dado que el proyecto se presentó a calificación ambiental de forma fraccionada y a través de una declaración de impacto ambiental, evitando un análisis integral de sus impactos ambientales, como también excluyendo una participación ciudadana obligatoria.
Proyectos y políticas de implementación como la mencionada, hacen que el desarrollo de la ciudad y el transporte sean vistos como obstáculos en la consagración de la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, este no es un camino obligado, e intenciones como las expresadas en las ya mencionadas políticas nacionales lo demuestran. Lo anterior quiere decir que una planificación urbana y de transporte, que entre otros factores incluya una importante consideración de elementos medio ambientales, es una oportunidad de consagración de la garantía antes mencionada.
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Aida entrega reconocimiento a FIMA por sus 15 años
El saludo, firmado por las distintas
Vecinos de San Fabián presentan denuncia ante SMA por incumplimientos en construcción de Central Ñuble
Para interponer una denuncia en
La denuncia es por incumplimiento de las medidas de compensación que la empresa comprometió para la aprobación de su proyecto, y que, habiendo transcurrido más de 5 años desde la dictación de dicha resolución y existiendo actualmente trabajos destinados a la instalación de la Central Ñuble de Pasada, existen una serie de medidas de mitigación y compensación que aún no se han cumplido, no obstante los plazos que señala la RCA que las establece.
Además, con esta acción, la autoridad deberá revisar completamente la Resolución de Calificación Ambiental que dio luz verde para la construcción de esta central de pasada ubicada en las Comunas de San Fabián de Alico y Coihueco.
“La Resolución de Calificación Ambiental como instrumento no solo autoriza al titular a desarrollar su proyecto, sino que le establece un marco obligatorio de compromisos y medidas que debe cumplir para hacerlo. Permitir que Enerplus construya su Central en virtud de la misma RCA que ha incumplido sistemáticamente, es desnaturalizar completamente el instrumento”, explicó Diego Lillo, Abogado de la Corporación FIMA.
Entre los incumplimientos que los vecinos reclaman, se encuentran el nulo fomento a la actividad turística, el cual incluía: 1. Realizar un estudio de mercado y 2. Asistencia técnica en nuevos productos y estrategias de comercialización. Esto con el plazo de 1 año desde la aprobación del proyecto, los cuales no se han realizado. Después de estas acciones, correspondía la realización de otras destinadas a fortalecer el turismo y que tenía un plazo de 3 años para su ejecución, sin embargo, al no realizarse las primeras, difícilmente, podrán llevarse a cabo las siguientes. Estos son sólo algunos puntos de las múltiples faltas en que la empresa ha incurrido y que tiene a los vecinos muy alertas, ya que la construcción de la presa es inminente, y ellos se quedarán sin una fuente de sustento como la que tenían con el río.
“Nosotros nunca quisimos que nos instalaran una central hidroeléctrica en nuestra comuna, sin embargo la autoridad otorgó los permisos y ahora no podemos impugnar dicha autorización, pero pedimos que por lo menos, la empresa cumpla con sus compromisos”, señalaron los dirigentes que asistieron a la presentación.
La denuncia fue entregada por el Administrador Municipal Juan Carlos Acuña; los Concejales de San Fabián, Jaime Meriño y Juan Quiroga; y los dirigentes comunitarios Juan Carlos Bustos y Sergio Sanders.
]]>Demandan a firma Sueca por enviar residuos mineros tóxicos a Arica en los 80.
«El recurso apunta a su responsabilidad directa, producto de los residuos mineros, ya demostradamente tóxicos, que hace tres décadas enviaron por barco a Chile», sostiene Francisco Ferrada de la ONG FIMA.
http://papeldigital.info/lt/?2013091701# (Página 8)
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Presentan Recurso contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Arica por autorización a proyecto Minero Los Pumas
La iniciativa de la Empresa Minera Hemisferio Sur S.C.M busca intervenir un área protegida como reserva de la biósfera y podría contaminar las aguas del río Lluta En representación de los vecinos del Valle de Lluta, la Junta de Vigilancia del río Lluta y comunidades Aymaras, la Corporación FIMA, presentó hoy un Recurso de Protección que busca dejar sin efecto la autorización que el Servicio de Evaluación Ambiental, que autorizó el funcionamiento del proyecto minero de Manganeso Los Pumas. La demanda se basa en que el procedimiento no habría respetado el convenio 169 sobre pueblos indígenas, el que obligaría a realizar una consulta para considerar la opinión de las comunidades Aymaras que se verán afectadas por la explotación minera. “La gravedad de este proyecto de explotación de manganeso, es que pone en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad que serán intervenidos dentro y fuera del Parque Nacional Lauca, además el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de la zona donde se emplazan sus obras”, explicó Diego Lillo, abogado de la Corporación FIMA. Por otra parte, la faena minera, amenaza la existencia y ejercicio de los sistemas de vida originarios de las comunidades aymara existentes en el área de influencia del proyecto, los cuales no fueron consultados para otorgar la aprobación ambiental. Además, es importante destacar el gran aporte que esta zona agrícola entrega al país, abasteciéndonos
Ante aprobación de Central Río Cuervo: Anuncian arremetida para frenar hidroeléctricas en Patagonia Chilena
En conferencia de prensa, los Parlamentarios (PPD) Guido Girardi y Enrique Accorsi junto a los abogados de la Corporación FIMA, Ezio Costa y Diego Lillo, y el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Patricio Rodrigo, alertaron sobre los altos riesgos sociales y ambientales del Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo de Energía Austral -recientemente aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén- anunciando que se prepara una arremetida legal, ciudadana y parlamentaria que paralice este tipo de emprendimientos en la zona.
El senador Girardi lamentó que “se impongan las lógicas de rentabilidad, aumentando la concentración y monopolio del sector eléctrico, lo que tiene de rodillas al país, porque este es un mal proyecto para Chile”. “Tenemos una autoridad ambiental que está de rodillas y es servil, dispuesta a cometer fraudes ambientales como lo hizo con HidroAysén, Castilla y Pascua Lama (…) que no está permitiendo que exista desarrollo sustentable y un equilibrio adecuado entre los poderes económicos y las comunidades, que no tienen como defenderse” puntualizó el parlamentario.
Ante ello y escuchando las demandas de la ciudadanía y de los sectores productivos, el diputado Enrique Accorsi anunció la elaboración de un estatuto especial que proteja la zona de mega proyectos destructivos y, que a su vez, permita el desarrollo de actividades compatibles con el patrimonio ambiental, y de esta manera se evite estar luchando proyecto a proyecto.
El abogado de Fima, Ezio Costa cuestionó que los estudios geológicos solicitados a Energía Austral, mediante un recurso de protección presentado por Fima el año 2012, se hayan presentado en su totalidad “La corte se refiere a una resolución de Sernageomín que solicita 3 estudios distintos y Energía Austral solo presentó uno y en eso creemos que hay una primera ilegalidad”. El jurista indicó además que en el proceder del SEA Aysén se vulneró el espíritu la evaluación ambiental y la lógica de política pública, por cuanto las autoridades declararon que este proyecto no va a aumentar las posibilidad de un terremoto, sin embargo, “es un hecho innegable que se van a producir nuevos sismos o terremotos en la zona de la falla Liquiñe-Ofqui, donde se emplazaría Río Cuervo, y los daños que se pueden provocar en la ciudad de Puerto Aysén son muchísimos más graves que los que se provocarían sin estas centrales.”
Finalmente, el secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, expresó que la aprobación de un proyecto de represas tan o más nefasto en lo ambiental que HidroAysén, situado sobre una falla geológica activa, que inundaría 13 mil hectáreas de dos lagos prístinos y humedales, ha sido un golpe a la Patagonia, poniendo en riesgo la vida de ayseninos”. ”Patagonia Sin Represas en este caso dará el mismo tratamiento que se le ha dado a HidroAysén, realizando todas las acciones legales, internacionales, políticas y de activación social para que la ciudadanía tome conciencia y el Gobierno sepa que se equivocó” puntualizó Rodrigo.
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Boletín FIMA Nº 17
Ya está disponible nuestro Boletín FIMA número 17, correspondiente al mes de Agosto de 2013.
¡Los invitamos a revisarlo!
Boletín FIMA 17
]]>FIMA: 15 años en la Defensa del Medio Ambiente
Por: Fernando Dougnac Rodríguez Presidente de FIMA
«Tal vez, en lo interno de FIMA, uno de los hitos más trascendentes, ha sido el de los relevos generacionales que se han producido en ella, permitiendo de este modo que siga siempre joven y al día de los nuevos hallazgos de la doctrina sobre la materia, así como de la más reciente legislación aplicable a los casos planteados».
FIMA ha cumplido recientemente 15 años de fructífera labor. Junto a otras organizaciones ambientales hermanas, hemos sido pioneros en la defensa judicial del medio ambiente y en la divulgación del derecho ambiental y sus principios, ya sea a través de cursos para jueces u organizaciones ciudadanas, de seminarios, de la revista “Justicia Ambiental” y de tantas otras vías.
En el desarrollo de FIMA ha sido muy relevante el enfatizar, desde hace ya bastante tiempo, la estrecha unión entre el derecho a vivir en un ambiente sano, así como el deber del Estado y de todas las personas de proteger la naturaleza, con los derechos humanos. Lo anterior no es baladí, pues desde la modificación que se introdujo al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución, se reflejó y aclaró algo que ya era ínsito en ella en su artículo 2°. Esto es, que el Estado está al servicio de la persona humana, que ella es anterior a toda organización social y que, por lo tanto, su competencia reglamentaria termina donde se inician los derechos de las personas. De este modo, la “jaula de hierro” creada para proteger a los individuos de los excesos en que las autoridades políticas y administrativas pudieren incurrir (artículo 19 de la Constitución, entre otros), se ha visto reforzado por este artículo 5° que abre las “ventanas” no sólo a la moderna teoría doméstica de los derechos humanos, si no que a la aplicación irrestricta del derecho internacional público sobre la materia.
Lo anterior no significa que el enfoque de FIMA al problema sea exclusivamente antropocentrista. Ello no es así, nosotros creemos, humildemente, que somos unas de las tantas manifestaciones de la vida y que por ende, todos los seres creados merecen respeto y protección. Sin embargo, tampoco debemos o podemos olvidar que nuestra labor se desarrolla, fundamentalmente, dentro del derecho, y éste sólo regula las relaciones entre las personas.
Pienso, que la tentativa o idea de reconocer derechos a la naturaleza no es necesaria ni conveniente. En primer lugar, porque ella, con o sin derechos, seguirá sus propios e inalterables dictámenes, indiferente de lo que nosotros le demos o reconozcamos jurídicamente. En segundo lugar, porque el que da un derecho puede (o pudiera) luego quitarlo, de tal suerte que su preponderancia sobre la vida humana, desde un punto de vista legal o constitucional, podría ser en extremo relevante. Dado que ese derecho podría ser restringidos o anulado por el mismo ser humano legislador, se constituiría otro absurdo, dado que la parte (el hombre) siempre estará supeditado al todo (la naturaleza). Si el Estado tiene como limitación los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, su incompetencia en estos asuntos es evidente.
Pero, tal vez, en lo interno de FIMA, uno de los hitos más trascendentes, ha sido el de los relevos generacionales que se han producido en ella, permitiendo de este modo, que siempre siga joven y al día de los nuevos hallazgos de la doctrina sobre la materia, así como de la más reciente legislación aplicable a los casos planteados.
Los fundadores antiguos (cada día se funda FIMA), estamos ahora sólo para recalcar cuales han sido los principios rectores que llevaron a su creación, pero el desarrollo y fortalecimiento de nuestra institución, ya no está en nuestras manos sino en las de los que con mayor éxito nos han sucedido. Sus nuevos aportes son una verdadera recreación de ella.
Es de esperar que estos cambios de mandos se prolonguen en el tiempo, a fin de que FIMA siempre esté fresca, al día y con los vigores e idealismos propios de la juventud, y siga siendo de este modo, uno de los baluartes de importancia en la defensa del derecho de las personas a vivir una vida verdaderamente humana, esto es digna y plena dentro de las posibilidades del país. Debe recordarse siempre, que el ser humano sin la naturaleza no puede existir, de tal manera que protegerla no sólo es un deber ético de primer nivel, sino que,
En fin, como los lectores podrán constatar, hay mucho sobre lo que reflexionar. Pero lo importante, es saber que debemos pensar, que debemos actuar y que deben existir espacios como éste donde podamos debatir.
Un abrazo de agradecimiento a todos los que nos han hecho llegar sus muestras de aprecio y cariño a raíz de nuestro aniversario.
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