Buscamos Encargado/a de Personas

En ONG FIMA estamos en búsqueda de un/a Encargado/a de Gestión de Personas para integrarse a nuestro equipo y aportar a la construcción de una cultura organizacional sólida, colaborativa y comprometida con nuestra misión.

La persona seleccionada será responsable de gestionar de forma integral todos los procesos vinculados al personal: reclutamiento y selección, administración de beneficios, acompañamiento a equipos, prevención y resolución de conflictos, cumplimiento de la normativa laboral y fortalecimiento del clima organizacional.

Requisitos del cargo:
  • Experiencia previa en áreas de gestión de personas, idealmente en organizaciones sin fines de lucro.
  • Profesión afín al cargo.
  • Deseable manejo de inglés.
  • Excelentes habilidades de comunicación y relación interpersonal.
  • Adaptabilidad y capacidad de trabajo colaborativo.
  • Conocimiento actualizado de normativa laboral y altos estándares de integridad.
Modalidad:

Jornada completa y presencial en Santiago, Chile.

Postulaciones abiertas hasta el 26 de noviembre.

Bill Gates, Trump y el cambio climático

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Hace unos días, Bill Gates volvió a hablar del cambio climático, y lo hizo con un tono distinto. En un texto reciente, sostuvo que la crisis ambiental es “un problema muy importante”, pero que “no llevará al fin de la civilización”, pues “las proyecciones de emisiones han bajado, y con las políticas e inversiones correctas, la innovación nos permitirá reducir las emisiones mucho más”. Su mensaje, más que una renuncia, era una invitación a cambiar el foco: dejar de pensar la acción climática solo en términos de temperatura y emisiones, y concentrarse en algo más inmediato y humano, como reducir el sufrimiento y mejorar la vida de las personas que ya están siendo afectadas.

El comentario desató una oleada de interpretaciones oportunistas. La derecha negacionista lo celebró como una victoria ideológica. Donald Trump, fiel a su estilo, lo utilizó como prueba de que su escepticismo tenía fundamento y repitió que el cambio climático es una “estafa”. Pero esa lectura es, como tantas veces, una manipulación. Gates no niega la existencia del problema ni la necesidad de actuar. Lo que propone, en realidad, es un ajuste moral: si ya no podemos evitar todos los impactos, debemos orientar los esfuerzos hacia la protección de quienes más sufren.

Esa distinción es crucial. Durante años, la conversación climática se ha centrado en metas como no aumentar la temperatura más allá de 1,5 °C, alcanzar las cero emisiones netas o lograr la neutralidad de carbono. Pero mientras las cifras se discutían en conferencias internacionales, los efectos del calentamiento ya se sentían en lugares donde las decisiones globales apenas llegan: comunidades desplazadas, cosechas perdidas, territorios secos, enfermedades agravadas, alimentos encarecidos. La crisis climática dejó de ser una amenaza futura y se transformó en una experiencia cotidiana.

En ese contexto, la sugerencia de que el objetivo no puede limitarse a controlar el termómetro no solo es razonable, sino que está muy en línea con el discurso de la mayoría de las organizaciones sociales y ambientales del Sur Global. La acción climática debe incluir la adaptación, la cooperación y la justicia. No basta con medir el éxito por la reducción de gases de efecto invernadero, sino por la capacidad de proteger vidas, reducir la pobreza y evitar sufrimientos innecesarios. En otras palabras, el desafío no es solo ambiental, sino profundamente humano.

Trump, en cambio, representa la negación activa de esa idea. Su discurso sigue anclado en la sospecha hacia toda forma de acción colectiva. Defiende un mundo donde cada uno se salva por sí mismo, donde la regulación es enemiga y la solidaridad, una debilidad. En esa lógica, el cambio climático no existe, o, si existe, no merece atención porque los costos recaerán sobre otros. Es la política del sálvese quien pueda, elevada a programa de Gobierno. Una política que no solo daña a los estadounidenses, sino al mundo.

Parte del daño que los regímenes de ultraderecha y otros Gobiernos autoritarios están provocando es que, al minar la acción colectiva en favor del negocio de los combustibles fósiles, están volviendo imposible controlar el aumento de la temperatura. Reducir el calentamiento global es la forma más sencilla y menos costosa de evitar los daños de la crisis climática. Pero, al hacerse menos probable, se hace necesario buscar otras vías para mitigar sus consecuencias, y ahí una estrategia dominante es fortalecer a quienes están en posiciones más vulnerables.

Así, el error en la celebración de la ultraderecha es doble. No solo Gates reafirma la urgencia de la crisis climática, sino que además busca reorientar la acción hacia la solidaridad y la cooperación internacional, algo abiertamente contrario a las ideas individualistas que esta ideología promueve.

La gobernanza global de la crisis climática está fracasando en su primer objetivo, detener el aumento de las temperaturas para reducir la gravedad del problema. Pero el problema está muy lejos de desaparecer. Las promesas de financiamiento climático se incumplen, la ayuda internacional se desvanece y la transición ecológica avanza a distintas velocidades, reproduciendo las mismas asimetrías que produjeron la crisis. Frente a eso, la noción de justicia climática aparece no como consigna, sino como brújula: reducir el sufrimiento donde más duele, compartir recursos, proteger a los más vulnerables.

Tal vez por eso las palabras de Gates, más allá de sus límites y contradicciones, resuenan en este momento. Porque admiten lo que muchos prefieren negar: que el desastre ya comenzó y que la respuesta no puede seguir siendo una suma de compromisos incumplidos. Que el planeta seguirá existiendo, pero el mundo que conocemos podría no hacerlo. Y que el verdadero dilema no es si podremos evitar el cambio climático, sino cómo decidiremos vivir, y quiénes podrán hacerlo, dentro de él.

Podría esperarse que los negacionistas cambiaran de postura, que la evidencia los convenciera, pero esa esperanza es ingenua. Su negacionismo no es falta de información, sino una forma de poder. Por eso, el sentido de las palabras de Gates no está en tranquilizar, sino en mover el tablero. Frente a la arremetida de la ultraderecha contra la vida, la lucha ha cambiado de frente y debemos enfocarnos en salvarnos unos a otros.

Columna publicada en El País – 08/11/25

50 años de excusas: seguridad climática, la prioridad olvidada

  • Por Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia en ONG FIMA.

Fue en la década de 1970 cuando por primera vez se comenzó a tener noción del fenómeno del cambio climático entre políticos, economistas y científicos. Sorprendentemente han pasado 50 años, múltiples cambios geopolíticos, sociales y tecnológicos y el problema se sigue profundizando. Esta semana, el multimillonario Bill Gates publicó un manifiesto en el cual declara que el cambio climático «no conducirá a la desaparición de la humanidad» y que «la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad».

En lo político internacional, Donald Trump ha expresado su negacionismo climático en numerosas decisiones, entre ellas, la retirada del Acuerdo de París. En el ámbito nacional, las cosas no se ven mucho mejor orientadas: los postulantes a La Moneda o niegan el cambio climático o parecen no comprender la magnitud del problema.

Las excusas siempre son las mismas: que los cambios deben ser paulatinos; los posibles impactos en la economía y la fe ciega en que esta se autorregula; que se necesita que las «futuras generaciones tomen conciencia…» y muchas otras que seguramente todas hemos escuchado y que nos perpetúan en la inacción. No se trata de que Chile no haya avanzado en temas climáticos y ambientales; pero no es suficiente y la desidia política, y el negacionismo, pueden llevarnos a perder el camino andado, a pesar de que la evidencia científica nos sitúa como un país altamente vulnerable frente al cambio climático y de que según la última evaluación de desempeño ambiental de la OCDE en 2024, los mayores desafíos que enfrentamos tienen que ver con la contaminación atmosférica, la gestión de residuos y la grave crisis hídrica que amenaza con el suministro de agua potable a medida que el desierto avanza por nuestro país.

En ese mismo sentido convive el discurso, instalado desde sectores empresariales, como «permisología». Una idea errada de que la evaluación ambiental estaría siendo un impedimento burocrático para el aumento a la inversión. A ciegas y sin cuestionar ni contrastar la información, casi todas las candidaturas han acuñado este relato, que antagoniza la idea de desarrollo con la protección ambiental.

Podemos coincidir en que las problemáticas que enfrenta el país hoy son variadas, y es de esperar que los candidatos al sillón presidencial ofrezcan ideas y soluciones para darle seguridad a la población no solo en materia de crimen y orden público, sino también en temas como seguridad hídrica y climática, cuestiones mínimas para la salud de la ciudadanía. De forma decepcionante, esas propuestas están al debe en la mayoría de los programas de las candidaturas presidenciales. José Antonio Kast y Johannes Kaiser derechamente creen que estas ideas son fruto de la ideología y, al igual que Trump, Milei o Bolsonaro; amenazan los avances que se han conseguido durante años de negociaciones y de amplio consenso político. Lo que deciden ignorar los políticos de la ultraderecha y el mismo Bill Gates es que la crisis climática se va a seguir agravando. Y dentro de los efectos de esta crisis, están la generación de más pobreza, más migración, más incertidumbre, más crisis social, sanitaria y económica.

En un escenario en el que el tema ambiental ha sido excluido de los debates, minimizado en los programas y convertido a posicionamientos netamente economicistas, desde la sociedad civil hacemos un llamado a no olvidar los mínimos. Esperamos del próximo presidente o presidenta de Chile se comprometa: en primer lugar a no retroceder en leyes, reglamentos y políticas que actualmente protegen al medio ambiente y las personas. En segundo lugar, un irrestricto respeto a los tratados internacionales a los que Chile ha suscrito y la legislación vigente, entendiendo que estas leyes siempre se pueden mejorar. Por último, esperamos que exista un compromiso con la transparencia de la información, accesible para toda la ciudadanía y que evidentemente esta sea también exigible a los privados que operan sobre bienes nacionales. Sabemos que el período presidencial de 4 años es corto, sin embargo no podemos esperar otros 50 años para hacernos cargo de esta crisis.

Columna de opinión publicada en Cooperativa – 4/11/25

Dos nuevos artículos del equipo de ONG FIMA en la revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe”

Karla Vargas, Ezio Costa y Sofía Rivera escribieron para la publicación coordinada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Octubre, 2025. La revista “Justicia ambiental en América Latina y el Caribe” busca aportar a la comprensión del estado actual del derecho a la justicia ambiental en la región, en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, la criminalización de personas defensoras y la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar los derechos ambientales. Para esto, cuenta con artículos que analizan el estado del derecho en siete países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Chile. A través de sus capítulos, se estudian los marcos normativos y políticas públicas de cada país, identificando avances, retrocesos y desafíos en la implementación de la justicia ambiental.

Con esto, en la publicación se entregan recomendaciones para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva, enfatizando en la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales, garantizar la gratuidad y accesibilidad de los procesos, y promover la especialización de magistrados y operadores de justicia en materia ambiental.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una organización sin fines de lucro que promueve el derecho ambiental y las políticas de desarrollo sostenible. Recientemente, presentaron una nueva publicación para abordar .

La contribución de FIMA desde Chile

Para el capítulo de Chile, tres integrantes de ONG FIMA, Ezio Costa, director ejecutivo; Karla Vargas, encargada de procesos territoriales; y Sofía Rivera, investigadora de estudios, participaron con artículos que analizan distintos aspectos del ejercicio del derecho a la justicia ambiental en el país. Sus aportes abordan temas como el fortalecimiento de los tribunales ambientales, los desafíos en la aplicación del Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y los obstáculos que aún enfrentan las comunidades para acceder a mecanismos efectivos de reparación y defensa de sus derechos.

En este, concluyen que si bien Chile ha desarrollado avances importantes en materia institucional, como la creación de tribunales ambientales y la incorporación de estándares internacionales en su marco normativo, aún existen brechas importantes que impiden garantizar un acceso pleno y equitativo a la justicia ambiental. Entre los principales desafíos destacan la falta de recursos y capacidades en los organismos encargados de aplicar la legislación, la desigualdad en el acceso a la información y la participación, y las barreras que enfrentan las comunidades afectadas por conflictos socioambientales para obtener reparación efectiva. Los autores enfatizan que fortalecer la justicia ambiental en Chile requiere no solo mejoras normativas e institucionales, sino también un compromiso político y social para hacer de los derechos ambientales una realidad tangible para todas las personas.

Te invitamos a revisar la publicación completa aquí.

ONG FIMA será parte del Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú en Chile

El Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú es una instancia clave para el seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024–2030.

Octubre, 2025. El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en Chile en 2023, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a las y los defensores de derechos humanos en temas ambientales.

Como parte de su implementación, el Ministerio del Medio Ambiente impulsa el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) 2024–2030, cuyo objetivo es mejorar progresivamente los estándares del acuerdo y crear un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos ambientales.

En ese marco, se creó el Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú, un espacio de articulación entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado, que permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile. Esta es una instancia de trabajo multinivel y multiactor que reúne a representantes de la sociedad civil, el sector académico, privado y público, con el objetivo de fortalecer la democracia ambiental, fomentar la participación ciudadana y avanzar en la justicia ambiental en Chile.

Para ser parte del consejo, se llevó a cabo un proceso de postulación en el que más de 135 organizaciones sociales, académicas y empresariales participaron. En este proceso es que ONG FIMA fue elegida para ser uno de los representantes de la sociedad civil.

La Gobernanza de Escazú contempla además instancias por sector, como academia y privados, y comités regionales.

Puedes seguir al tanto de las novedades en torno al Acuerdo de Escazú y su implementación en Chile en escazu.mma.gob.cl

Necesidad de aclaración en caso de Julia Chuñil

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Señor Director:

Hace once meses, Julia Chuñil salió de su casa con su perro y nunca regresó. Su familia teme, con razón, que su desaparición esté vinculada a amenazas recibidas por su labor como defensora ambiental.

La filtración de que “la quemaron” ha generado un profundo impacto público, especialmente considerando el creciente aumento de la violencia contra defensores y defensoras ambientales y la impunidad con que actúan quienes la ejercen.

Consultado el fiscal nacional sobre el asunto, se limitó a calificarlo como un “antecedente parcial y sesgado”, cuestión que poco ayuda a esclarecer los hechos y calmar la razonable preocupación ciudadana.

Una aclaración más contundente sobre el actuar del Estado en el asunto parece un paso necesario para recuperar, en parte, confianzas que se han ido erosionando.

Carta al director publicada en La Tercera – 10/10/25

Medioambiente Mal-Tratado

La relación entre las personas y la naturaleza es inseparable. Proteger el medio ambiente no es solo un deber ético: es la base de la calidad de vida, la justicia social y la seguridad humana.

Hace prácticamente 40 años lo ambiental estaba ausente del debate público. Hoy, en plena crisis climática, resulta urgente avanzar hacia políticas integrales con definiciones tempranas de alcance y coordinación, que permitan la eficiencia de los permisos sectoriales, anticipen impactos, fortalezcan la resiliencia de comunidades y ecosistemas, y garanticen condiciones dignas frente a emergencias presentes y futuras. 

En este contexto, es indispensable que la protección ambiental esté al centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de ecosistemas, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan económicamente estratégicos, especialmente en un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales, y tenemos una alta vulnerabilidad climática.  Sin protección ambiental no hay futuro.

Mantener estándares ambientales reduce costos futuros asociados a sequías, incendios, inundaciones y desertificación; aporta seguridad jurídica para la inversión; optimiza la asignación de recursos y equilibra las cargas ambientales; además de promover innovaciones que sostienen la productividad en el tiempo. Reconocer esta interdependencia demuestra que la protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base indispensable.

Por ello, hacemos un llamado a las y los candidatos presidenciales a comprometerse sin retrocesos con el medio ambiente. Como organizaciones, planteamos tres pilares mínimos para cualquier programa: No regresión, Respeto a la legislación vigente y Transparencia.

NO REGRESIÓN

El principio de no regresión establece que los estándares de protección ambiental, salud, participación y transparencia son un piso mínimo que no puede debilitarse. Chile ha avanzado en normativa ambiental y retroceder sería inaceptable.

Se requiere fortalecer los estándares actuales, mejorar los procesos evaluativos y asegurar que la evaluación ambiental sea rigurosa, predecible y basada en evidencia. Esto implica que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con información completa (líneas base sólidas, alternativas reales, medidas verificables), con definiciones tempranas de alcance y coordinación eficaz entre permisos sectoriales.

El próximo gobierno debe comprometerse a:

  1. Aumentar la dotación y capacidades técnicas de las instituciones que evalúan proyectos y fiscalizan la ejecución de los mismos, así como los componentes ambientales de regulaciones sectoriales (agua, energía, minería, bosques, pesca y acuicultura, entre otros) .
  2. Garantizar evaluaciones ambientales oportunas y coordinar los servicios sectoriales, donde suelen producirse las demoras.

RESPETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Cumplir la legislación ambiental significa aplicar integralmente las normas y tratados internacionales ratificados por Chile, incorporándolos en políticas, leyes, reglamentos y otras regulaciones con presupuestos adecuados  para su implementación y fiscalización. Supone decisiones ajustadas al marco legal, con trazabilidad, transparencia y participación ciudadana, sancionando los incumplimientos.

Esto incluye:

  • La Constitución y tratados internacionales (Acuerdo de París, Escazú, Marco Mundial Kunming-Montreal, entre otros).
  • Las leyes marco y sectoriales (Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Servicio Nacional Forestal, Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas , Ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo, así como regulaciones sobre aguas, residuos, energía, minería, entre otras).
  • Reglamentos, normas de calidad y emisión, planes de descontaminación, manejo y áreas protegidas.
  • Resoluciones administrativas y obligaciones de transparencia.

La legislación ambiental chilena ha sido fruto de aprendizajes colectivos. El próximo gobierno debe aplicarla plenamente, con plazos, presupuestos y responsables claros, asegurando que:

  1. La salud sea eje de planes de descontaminación y evaluaciones de impacto.
  2. No se concentren cargas en ciertos territorios, definiendo zonas de exclusión, resguardo y restauración.
  3. Se fomente la implementación (apoyo a regiones y municipios) y
  4. Que existan sanciones efectivas que eviten que las grandes industrias traten las infracciones y las multas que deriven de ellas como costos de operación y que efectivamente sean una forma de desincentivar malas prácticas. 

TRANSPARENCIA

La transparencia es esencial para la democracia. Implica que la información pública sea accesible y clara, y que también lo sea la información técnica que fundamenta decisiones estatales y privadas sobre bienes comunes.

La ciudadanía, sin importar nivel educativo, debe comprender las políticas y regulaciones ambientales, así como los impactos de proyectos de inversión e infraestructura en los territorios. Transparencia también significa dar a conocer los intereses —estatales, privados o sociales— detrás de las decisiones.

No basta con exigir transparencia activa al Estado y a la sociedad civil: también debe aplicarse a instituciones privadas y a acuerdos con el Estado. Esperamos que las y los candidatos se comprometan a avanzar en esta línea y a garantizar que la información sea comprensible y accesible para toda la población.

 

Firman: 
  • Campaña Salvemos la Patagonia
  • Chile Sustentable
  • Ecosistemas 
  • Fundación Ecosur
  • Fundación Relaves
  • Fundación Rewilding
  • Fundación Terram
  • Greenpeace
  • Observatorio Ciudadano
  • Oceana
  • ONG FIMA
  • Uno Punto Cinco

Nuevo Apunte de Política Ambiental: Análisis al proceso de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos

ONG FIMA publica recomendaciones para una estrategia justa que integre aspectos ambientales y sociales.

Octubre, 2025. El Gobierno de Chile ha estado trabajando en una Estrategia Nacional de Minerales Críticos para la transición energética. En ese contexto, creó un Comité Consultivo de Alto Nivel encargado de elaborar y aportar a esta estrategia, instancia para la cual ONG FIMA fue invitada a participar como representante de la sociedad civil. Sin embargo, nuestra percepción fue que el debate estuvo mayoritariamente centrado en dar mayor agilidad a proyectos y certezas regulatorias para el sector empresarial, mientras que la protección ambiental representó un interés muy minoritario. 

El debate minero debería considerar el lugar y territorio en donde la actividad se va a desarrollar, y por ende, incorporar las dimensiones ambientales y sociales en estas discusiones. Ante esto, publicamos el «Apunte de Política Ambiental: Estrategia de Minerales Críticos para la transición energética» con recomendaciones para una estrategia justa, donde presentamos la experiencia del proceso, los aportes que formulamos en materias de producción responsable, participación y transparencia, y las narrativas que predominan en la discusión pública.

Encuentro Municipio Verde: Lanzan informe sobre gestión de residuos sólidos

Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el Encuentro Nacional Municipio Verde, instancia que reúne a representantes de las áreas de medio ambiente de distintas municipalidades de Chile para discutir sobre los principales desafíos de la gestión ambiental local, así como para intercambiar experiencias y conocimientos.

Octubre, 2025. El evento se realizó el pasado 26 de septiembre en el Hotel O’Higgins, en Viña del Mar, y fue organizado por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar. Contó con la participación de 48 funcionarias y funcionarias de 15 municipios, tales como Villa Alemana, Pedro Aguirre Cerda, Rancagua y Valdivia.

Como una forma de contribuir al intercambio de experiencias, el equipo organizador realizó una presentación con algunas de las iniciativas destacadas en gestión ambiental local desarrolladas por municipalidades que forman parte del proyecto. Entre ellas estuvo la Municipalidad de Viña del Mar, que expuso ante el resto de los funcionarios sus avances en materia de participación ciudadana.

Por otra parte, el encuentro contó con la participación del senador por la Región de Los Ríos, Alfonso de Urresti, quien compartió detalles sobre el proceso que permitió obtener el reconocimiento de Valdivia como Ciudad Humedal por parte de la Convención Ramsar.

Lanzamiento de Informe sobre gestión de residuos sólidos

Durante el evento se llevó a cabo el lanzamiento del informe “El problema de la gestión de los residuos sólidos: soluciones desde 4 comunas de Chile”, un documento en el que se recopilaron y caracterizaron las estrategias implementadas por las municipalidades de Ancud, Lampa, Valdivia y Villa Alemana para enfrentar los desafíos de gestión de residuos en sus territorios.

“Todos los municipios comparten desafíos en su gestión ambiental local, sobre todo en la gestión de residuos, el cual significa un gasto presupuestario enorme que se podría destinar a otras necesidades”, comentó Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA y quien encabeza el equipo de Municipio Verde. “Nadie quiere tener su comuna sucia y es por eso que debemos avanzar en la disminución de basura. Esa labor recae en los municipios, quienes en este encuentro comentaron sobre sus experiencias y problemas al momento de la gestión de la basura”.

El informe busca ofrecer una base de referencia para la aplicación de iniciativas innovadoras y efectivas en esta materia, a través del análisis de los principales resultados, desafíos y aprendizajes de cada caso estudiado.

Posteriormente, se desarrolló un panel de conversación con la participación de Diego Torrealba, director del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lampa; Alejandro Vives, director ambiental de la Municipalidad de Villa Alemana; Andrés Valdivia, coordinador de residuos de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valdivia; y Loreto Vera, profesional de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso.

Revisa la galería de evento aquí:

Salvaguardas para compensaciones de carbono y biodiversidad: nuevo apunte de política ambiental

Apunte de Política Ambiental 12: Salvaguardas ambientales y sociales para compensaciones de carbono y biodiversidad
El documento, elaborado por el área de Incidencia de ONG FIMA, analiza los sistemas de compensación en Chile y propone salvaguardas ambientales y sociales para que estos mecanismos sean una oportunidad real de protección de comunidades y ecosistemas.

Septiembre, 2025. En los últimos años, Chile ha avanzado en la creación de mecanismos de mercado para enfrentar la crisis climática y ecológica, como los sistemas de compensación de emisiones de carbono y de biodiversidad. Estas herramientas pueden contribuir a reducir impactos y promover la conservación, pero también presentan riesgos importantes si no cuentan con reglas claras que los orienten.

En este contexto, el “Apunte de Política Ambiental N°12: Salvaguardas ambientales y sociales para compensaciones de carbono y biodiversidad» elaborado por el área de Incidencia de ONG FIMA, plantea una propuesta concreta: incorporar salvaguardas ambientales y sociales en la regulación nacional. Estas funcionan como garantías mínimas que previenen impactos negativos y aseguran que los proyectos realmente beneficien a las personas y a los ecosistemas.

El informe revisa los avances de Chile en la materia, así como los estándares internacionales y la experiencia de otras iniciativas. Sobre esa base, propone lineamientos para el diseño de un sistema robusto que considere, entre otros, la participación temprana e inclusiva de comunidades, respeto a pueblos indígenas y sus derechos, y mecanismos de transparencia y distribución justa de los beneficios, enfatizando que Chile está en un momento clave para aprovechar la ventana regulatoria e incorporar salvaguardas que fortalezcan la justicia ambiental y eviten repetir errores del pasado.