Representantes de los países de América Latina y el Caribe se reúnen en Chile para la Cuarta Reunión de Puntos Focales del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.
Buscamos Asistente de Proyectos! (Cerrado)
Buscamos a alguien comprometido/a con el medio ambiente para trabajar media jornada (lunes a viernes en horario a convenir).
El/la seleccionada/o deberá participar en el proceso de recaudación de fondos y ser parte del diseño de proyectos socio – ambientales.
También deberá participar en la planificación financiera para la diversificación de fuentes de financiamiento.
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014
TAREAS
• Estrategia de búsqueda de fondos.
• Participación y levantamiento de información para el desarrollo de proyectos para la postulación a fondos.
• Participación en el diseño y coordinación de proyectos socio-ambientales.
REQUISITOS
- Profesional técnico/ universitario.
- Inglés avanzado.
- Máximo 3 años de experiencia.
Postulaciones diaz@fima.cl
]]>¿Por qué A.L y el Caribe deben contar con un convenio vinculante sobre los Derechos De Acceso?
¿POR QUÉ AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEBEN CONTAR CON UN CONVENIO VINCULANTE SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION, LA PARTICIPACION Y LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES? 1. Un Convenio vinculante permitirá crear y fortalecer oportunidades y mecanismos concretos de cooperación y de fortalecimiento de capacidades.
Estos mecanismos de cooperación y fortalecimiento de capacidades deberían vincular tanto a los Gobiernos entre sí, así como con agencias internacionales con trayectoria en el tema para la mejor implementación de los derechos de acceso. Argumentos más específicos en esta línea son:
2. Apoyo a los países para cumplir con el instrumento: Este apoyo podría contemplar la provisión de recursos financieros; programas de fortalecimiento de capacidades humanas; fortalecimiento del marco normativo; entre otras iniciativas y programas.
3. Asistencia técnica: el instrumento debería prever que los órganos del instrumento presten asistencia a los Estados partes, sobre todo en la producción e intercambio de información. También promover la asistencia técnica entre Estados y el intercambio de información de toda naturaleza, útiles a la puesta en marcha de las disposiciones del Instrumento, en otros términos que cooperen en los ámbitos jurídicos y técnicos.
4. Sinergias con otras instituciones e instrumentos: el Instrumento debería prever disposiciones relativas a la coordinación entre los esfuerzos de los Estados parte y los de los organismos e organizaciones internacionales competentes así como entre el instrumento y otros acuerdos internacionales ambientales pertinentes.
5. Un Convenio vinculante le permitirá a los Estados suscribir un compromiso real y no meramente simbólico con el desarrollo sostenible
“El Futuro que Queremos” de Río+20 vuelve a enfatizar el vínculo entre el P10 y el desarrollo sustentable. Un Convenio regional no sería una mera reiteración de expresiones simbólicas, sino que reflejaría un compromiso real con el desarrollo sostenible al asegurar la cabal implementación de los derechos de acceso para avanzar hacia el “Futuro que Queremos”.
6. Un Convenio vinculante permitirá incorporar un enfoque de derechos humanos en la gobernanza ambiental.
Los derechos incorporados en el Principio 10 de la Declaración de Río también están protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 7, 8, 19, 20 y 21). En las últimas dos década, entidades internacionales de derechos humanos y de medio ambiente, como por ejemplo los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, han destacado la importancia de la relación entre los derechos de acceso y el derecho a vivir en un medio sano, el derecho a la salud y los derechos de pueblos indígenas y tribales, entre otros. Un instrumento vinculante permitirá por consiguiente construir sobre estos vínculos de gobernanza y profundizar la democracia ambiental.
7. Un Convenio vinculante permitirá reducir los conflictos sociales y ambientales.
Uno de los desafíos más relevantes hoy en la región es el aumento de los conflictos socio ambientales relacionados con el manejo y explotación insostenibles de recursos naturales. Al garantizar los derechos de acceso, un instrumento regional establecerá canales institucionales para un diálogo democrático sobre la política ambiental, y de esa forma reducirá los conflictos sociales y ambientales. Asimismo, un convenio vinculante permitiría fomentar la utilización de métodos alternos de solución de conflictos que faciliten la resolución de dichos conflictos socio-ambientales.
8. Un Convenio vinculante permitirá mejorar los estándares de gobernabilidad democrática
Un convenio vinculante tendrá el efecto positivo de mejorar los indicadores de gobernabilidad democrática en la región, tales como la transparencia, rendición de cuentas, control social y el estado de derecho. El instrumento vinculante también aportaría un “sello” de transparencia y definirá reglas claras para los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Además, un instrumento jurídico permitirá la elaboración de estándares regionales en materia de acceso a la información, participación y justicia ambiental, lo cual resultará en un fortalecimiento de los marcos jurídicos internos de los países de ALC.
9. Un Convenio vinculante permitirá construir sobre instrumentos blandos que desarrollan los derechos de acceso para garantizar su cabal aplicación
Existe una amplia variedad de instrumentos no vinculantes que desarrollan, en mayor o menor grado, a los derechos de acceso a la información, participación en asuntos ambientales.[1] La región no necesita otro instrumento blando, sino que un convenio vinculante que permita asegurar la cabal implementación de los derechos de acceso. Los instrumentos no vinculantes han sido importantes para esclarecer y resaltar la importancia de los derechos de acceso en el proceso de desarrollo sostenible. En otras palabras, el tema de los derechos de acceso ya está estudiado y maduro, y lo que ahora hace falta es un convenio vinculante que asegure la plen implementación de los derechos.
10. Un Convenio vinculante le otorgará a los Estados las herramientas que necesitan para asegurar la cabal implementación de los derechos de acceso
Los Estados requieren de legislación interna adecuada para que los derechos de acceso sean realidad. Un instrumento vinculante establecerá el marco jurídico indispensable para que el Estado pueda garantizar la real aplicación de los derechos de acceso. Por lo mismo, un instrumento vinculante le dará al Estado las herramientas legales para traducir a la realidad su compromiso con la democracia ambiental y el desarrollo sostenible.
[1] Entre otros destacan los siguientes: la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la cual reconoció la centralidad de los derechos de acceso para la consecución del desarrollo sostenible. De igual forma, las Directrices de Bali, aprobadas por el Consejo de Administración del PNUMA en 2010, establecen estándares para guiar a los Estados al momento de crear e implementar legislación que garantice los derechos de acceso en materia ambiental. Asimismo, también existen las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, particularmente con relación al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al derecho de libertad de expresión y opinión, que desarrollan el contenido de los derechos de acceso en general. Por último, la Asociación de Derecho Internacional aprobó desde el ámbito de la sociedad civil la Declaración de Nueva Delhi sobre los principios de derecho internacional relativos al desarrollo sostenible, cuyo principio 5 se enfoca sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
]]>Entregan documento para implementar un mecanismo regional del Principio 10
El pasado 10 y 11 de septiembre, se celebró en San José de Costa Rica, la Séptimas Reunión de los Grupos de Trabajo establecidos en el Plan de Acción hasta 2014 para la implementación del principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
De esas reuniones, en las que FIMA participó a través de nuestra Directora de Proyectos, Gabriela Burdiles, se estableció un documento con propuestas de naturaleza y contenidos para un instrumento regional de aplicación del Principio 10, el cual será sometido a consideración de los puntos focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre en Santiago, Chile.
Aquí documento que será discutido:
]]>Profesionales de la EPA comparten experiencias Consejo de la Sociedad Civil del SEA
En el taller se dieron a conocer las principales características de los mecanismos de apoyo gubernamentales para el proceso de participación pública en la evaluación ambiental de proyectos que se implementa en Estados Unidos, destacando la experiencia con las naciones indígenas y con los grupos más vulnerables.
Seguir leyendoLos invitamos a leer el Boletín FIMA 25!
Vecinos del sur de Santiago denuncian negación de justicia tras rechazo a recurso contra proyecto Rancagua Express
El proyecto que busca la ampliación del servicio de trenes, aumentando la cantidad y frecuencia a cada 4 minutos, con un sistema de trenes urbanos de alta velocidad; fue aprobado mediante una declaración de impacto de ambiental (DIA), que fue rechazada en reiteradas ocasiones por la autoridad de salud debido a las inconsistencias de las modelaciones de ruido y vibraciones que hizo el titular. Además, entre otras falencias, el proyecto no contempla cómo se solucionarán los problemas de conectividad y segregación que sufre la comuna de Lo Espejo.
Se acaba el Mundo*
Suena a sesacionalista, pero no lo es. Que el mundo se acaba es una teoría que va ganando más adeptos, por lógica, pero también por las pruebas que existen sobre ello. No es un acabo de mundo como el que normalmente nos imaginamos, ni un ataque , ni un desastre natural simultáneo y definitivo, ni un virus que se expande exponencialmente entre la humanidad. Pero lo cierto es que la humanidad está consumiendo muchos más recursos de los que el planeta puede producir y reproducir en sus ciclos naturales y por lo tanto, estamos acabando con ellos. O para ser respetuosos con las leyes de la física, convirtiéndolos en materia y energía no consumible por humanos.
Seguir leyendoDeclaración pública Mesa Ciudadana Sobre Cambio Climático ante anuncios de Michelle Bachelet en Cumbre del Clima
Ante los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet realizados el 23 de septiembre en el marco de su participación en la Cumbre del Clima convocada por el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon en Nueva York, la Mesa Ciudadana Sobre Cambio Climático declara que:
- Los anuncios contenidos en siete ejes revisten poca novedad respecto a cómo Chile está abordando los efectos del Cambio Climático, sin embargo, destaca el enfoque de equidad, género y justicia como ejes centrales de la acción climática.
- Valoramos también que atendiera nuestra petición de avanzar en mayores niveles de transparencia y participación ciudadana, abriendo a consulta pública el proceso de contribución nacional para los compromisos que se deben suscribir el año 2015, el cual esperamos se haga con la participación efectiva de la sociedad civil en todo el territorio nacional.
- En términos de mitigación, valoramos la recuperación de 100.000 hectáreas de suelos degradados las que serán reforestadas con especies nativas.
La Mesa Ciudadana Sobre Cambio Climático aún mantiene profundas dudas y preocupaciones ante la generalidad de algunos de los anuncios efectuados, debido al desconocimiento de la posición nacional que el Gobierno de Chile presentará en la COP 20 en Lima y los futuros compromisos que se impulsaran para conseguir un acuerdo robusto en París a Diciembre del 2015.
Entre los puntos que nos generan preocupación están:
- La reducción del 20% de las emisiones de GEI al 2020 fue anunciada en Copenhague el año 2009 y ratificada posteriormente por lo que no presenta ninguna novedad. Nos preocupa profundamente que dicho compromiso voluntario esté sujeto al apoyo internacional.
- Afirmar que el 45% de la capacidad de generación eléctrica instalada de aquí al año 2025 provendrá de ERNC se refiere al 45% de la capacidad instalada proyectada, no del total de la matriz energética ni eléctrica para ese entonces. Nos preocupa saber las fuentes y estándares del 55% restante proyectado, pues según la misma agenda energética presentada por la Presidenta en mayo pasado, este tendrá un fuerte componente térmico e hidroeléctrico, y por ende parte importante vendrá de combustibles fósiles y represas, consolidando así una matriz contaminante y poco sustentable.
- El discurso de la mandataria no hace mención a la sequía y la disponibilidad de los recursos hídricos y a la voluntad de establecer una gobernanza más equitativa de estos. Tampoco se mencionó la voluntad de proteger los glaciares, abordar la vulnerabilidad de la agricultura y de promover acciones tendientes a fomentar la soberanía alimentaria.
- Asimismo no hubo mención a planes para reducir la alta contaminación en las ciudades, incluyendo la oportunidad de enfocarse en la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, los impactos generados por la minería y la consecuencia de todos estos puntos sobre los derechos humanos
- La reforma del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que agrega competencias en materias de Cambio Climático fue una promesa de campaña electoral de la presidenta Bachelet, la que depende de una modificación a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, proyecto que aún no se ha concretado en su envió al Parlamento. Asimismo, el anuncio de los impuestos a las emisiones, también fue una promesa de campaña incorporados hoy a la reforma tributaria.Sin embargo, aún esperamos la fórmula institucional, legal y regulatoria para dar sustento a estas nuevas competencias.
- Los Planes de Adaptación se encuentran en evidente atraso. El Plan Nacional de Adaptación, aún está en análisis mediante la consulta ciudadana que fue solicitada a la sociedad civil en diciembre del año 2013 y los planes sectoriales de adaptación por su parte están anunciados al menos desde el año 2010.
- Esperamos que la incorporación de los enfoques de equidad, justicia y género, tengan una expresión que vaya más allá de las meras declaraciones de intenciones y que se traduzcan en enfoques concretos que guíen la acción del gobierno y el desarrollo de políticas públicas.
Finalmente, creemos que es necesario avanzar en un marco institucional robusto, integral y ambicioso, que permita una mayor coherencia entre las distintas políticas públicas sectoriales que inciden en el Cambio Climático. Por lo tanto, nuestro país requiere de un marco regulatorio que brinde una base sólida, que promueva la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y que permita la eficaz adaptación de los impactos derivados del Cambio Climático, dando estabilidad y seguridad a una política nacional a largo plazo.
Consideramos que al gobierno chileno le ha faltado la voluntad necesaria para lograr una mayor ambición y asumir nuevos compromisos que demuestren a la ciudadanía un real aporte para combatir eficazmente el Cambio Climático. Sin embargo estamos esperanzados en que la presidenta pueda corregir esta situación con miras a la COP20.
La Mesa Ciudadana Sobre Cambio Climático la componen 25 organizaciones de la sociedad civil, de ellas adhieren a la presente declaración:
350 org; Asociación Chilena de ONGs – ACCION; Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente – AIDA; Avaaz; CEDESUS; CODEFF; Corporación para el Desarrollo de Aysén – CODESA; Dunas de Ritoque; Fiscalía de Medio Ambiente – FIMA; Fundación Terram; Greenpeace; Observatorio Ciudadano y SustentaRSE
Santiago 25 de septiembre 2014]]>FIMA asistió a la VII reunión de los grupos de trabajo de la declaración sobre la aplicación del Principio 10
Gobiernos de 18 países de América Latina y El Caribe se reunieron en San José de Costa Rica los días 10 y 11 de septiembre para avanzar hacia un instrumento que asegure a la ciudadanía acceder a información de interés público, participar en las decisiones de desarrollo, y tener acceso a la justicia en materia ambiental.
Seguir leyendo