- Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA.
El Environmental Performance Index es un instrumento creado por la Universidad de Yale y que evalúa una serie de variables ambientales de los países, estableciendo un ranking para cada una de ellas. Chile tiene una posición mediana a nivel mundial (41 de 180), siendo destacado en América Latina, pero muestra mucha disparidad en sus evaluaciones según variable, teniendo algunos áreas de alto puntaje, como el agua potable urbana, y otras de muy mal desempeño, como en calidad de aire, contaminación por la agroindustria y protección de especies.
En este último aspecto, especialmente complejas son la posiciones en «índice de lista roja» (149 de 180) y protección de especies terrestres (135 de 180). La primera variable refiere a la protección frente al riesgo de extinción y la segunda a la adecuación entre las áreas protegidas y el rango de distribución de las especies terrestres. La distancia entre la posición general y la que tenemos en estas variables en específico merece un análisis desde diversas perspectivas.
Es cierto que hay un problema de instrumentos normativos y de gestión. Ya en 2005 la evaluación de desempeño de la OCDE nos advertía con nuestras falencias en esta materia, y luego de más de una década de discusión, recién tenemos un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que no ha logrado completar su implementación.
Hasta hoy, buena parte de lo que hoy regula la relación entre las personas y la fauna silvestre depende de acuerdos internacionales y se sigue ordenado en torno a leyes desactualizadas, como la ley de caza y la torcida aplicación de las autorizaciones de captura con fines supuestamente científicos. Pero reducir el problema a estas ausencias normativas es quedarse corto. Chile podría llenar cada uno de esos vacíos legales y seguir tomando, en la práctica, las mismas decisiones que hoy explican el mal desempeño.
Porque el problema no es solo la falta de reglas específicamente aplicables a las especies, sino el lugar que ocupa la protección de especies cuando esas reglas existen y hay que aplicarlas frente a otro interés en juego. Ahí es donde se nota que la protección de especies no está a la altura del resto de las prioridades ambientales del país y basta con mirar cuántas veces se autoriza una intervención sobre el hábitat de una especie con el argumento de que el beneficio económico (no calculado) de cualquier proyecto es más importante que el hábitat de esa especie (cualquiera que sea). Esa lógica traslada la protección de biodiversidad al umbral de la extinción, y deja fuera exactamente lo que un sistema de protección de especies debería cubrir antes de llegar a ese punto.
La obligación de proteger especies tampoco puede agotarse en las gestiones de un servicio público, sino que es una obligación transversal. La pregunta que vale la pena hacerse frente a cada proyecto es si existe un umbral mínimo de protección que el Estado está dispuesto a exigir con independencia de quién lo pida y de qué tan rentable sea la actividad. En el mismo sentido, escuchar a quienes conocen el estado real de esas poblaciones, los especialistas que llevan años monitoreando en terreno, debiera ser parte estructural de esa decisión.
Pero se vuelve muy complejo que los organismos públicos tomen seriamente sus obligaciones en este respecto cuando tanto las élites económicas como los representantes del gobierno hacen gala de su desprecio hacia la biodiversidad en cada oportunidad que tienen. En un uso falaz de las obligaciones de protección de la biodiversidad, se le suele apuntar como un obstáculo y usar como elemento discursivo para denostar la evaluación ambiental. Así, tristemente algunas especies como naranjillos, araucarias, ranitas, pinguinos, arañas y chinchillas, que no han hecho nada más que existir y con ello contribuir a los ciclos de la naturaleza, se han convertido de repente en blanco de discursos de odio por parte de personas en posiciones de poder.
Lo extraño es que esto no parece ser parte de la cultura nacional, que en general valora de manera muy positiva a las especies y que incluso se llena de orgullo con ellas, en elementos como el himno, el escudo y una serie de menciones en el saber popular. Quizás estos discursos, por tanto, sea un efecto de la crispación política general, pues al igual como sucede en otras áreas, el direccionamiento de la frustración de una parte de la población hacia blancos débiles como son las especies vegetales y animales, funciona como un discurso fácil y de aparente eficacia política, pero que termina dañando al país.
¿Es posible concebir a Chile sin su biodiversidad? Aprovechando las fiestas patrias, me parece un buen momento para hacer un llamado a la reflexión sobre el trato que damos a las especies no humanas en el territorio nacional y a retomar nuestra tradición de valorarlas positivamente. Quizás con un poco más de calma discursiva y completando la implementación de la normativa pendiente, podamos algún día decir con orgullo que somos un asilo, no sólo contra la opresión, sino también contra la extinción.
Publicada en El Desconcierto – 15/09/26
