Conversatorio de presentación del informe: «Discusión sobre medio ambiente en el marco de una nueva constitución», elaborado por ONG FIMA y Heinrich -Böll- Stiftung Cono Sur.
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La solicitud se basa en los compromisos que Chile tiene como firmante del convenio 169 de OIT y el efecto que esta reforma tendría sobre los derechos ancestrales que a todas las comunidades indígenas, pero en particular las del norte del país, les son reconocidos sobre las aguas.
Hasta la oficina de partes del Congreso en Valparaíso, llegaron las representantes de las asociaciones indígenas de regantes de los ríos San Pedro y Vilama para entregar una solicitud de realización de Consulta Indígena a la Comisión de Agricultura del Senado que estudia el proyecto de Ley de Reforma al Código de Aguas.
Juana Corante de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río Vilama y Marcela Ramos de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro, acompañaron el documento con una carta firmada por parlamentarios de diversas bancadas que apoyan la solicitud del pueblo Lickanantay.
“El agua es un elemento fundamental para la cosmovisión de nuestro pueblo Lickanantay y el sistema que tenemos hoy en día funciona de manera comunitaria y social, por eso es muy relevante para nosotros ser consultados respecto a cualquier cambio que se quiera realizar ya que de una u otra forma tendrá impacto sobre nuestros sistemas de vida”, señaló Marcela Ramos, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del Río San Pedro.
Por su parte, Juana Corante Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río Vilama, explicó, “Desde que nos enteramos de esta proyecto de reforma, nuestras comunidades han solicitado esta Consulta Indígena, primero al Ministro de Obras Públicas del gobierno anterior y ahora a la comisión del Senado que revisa el proyecto”.
En su carta de apoyo, las diputadas y diputados hacen referencia a la problemática del agua que afecta de manera especial y particular a los diferentes pueblos originarios país debido a que los aspectos económicos, sociales, culturales, ceremoniales y sus formas de vida en general se encuentran ligados a su territorio y al agua.
“La consulta indígena es básica para restablecer los derechos de agua en Chile. Los derechos de los indígenas se establecen en el Convenio N°169 de la OIT, que el gobierno de Piñera ha puesto en tela de juicio, y nosotros pensamos, como Revolución Democrática, que cualquier reforma al Código de Aguas, cualquier nueva política hídrica en Chile, debe tener como base el respeto y la consulta a los pueblos indígenas”, señaló el Diputado Renato Garín (RD), integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara.
La Diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, agregó “Es fundamental que todas las comunidades indígenas, y en particular el pueblo Lickanantay que está haciendo esta solicitud, puedan participar en el debate de esta reforma, sobre todo en aspectos que impactan positiva o negativamente su diario vivir, expresiones culturales, tradiciones ancestrales y en algunos casos, su relación con los recursos naturales. Su opinión es necesaria, muy pertinente y constituye una obligación para el estado de Chile sobretodo en materia de política hídrica».
La situación del agua es un tema de vital relevancia para las comunidades atacameñas, quienes durante siglos han cultivado la tierra pese a habitar el desierto más árido del mundo; es por eso que su preocupación actualmente no solo está en el proyecto de Reforma al Código de Aguas, si no también a la explotación de Litio y al acuerdo que Corfo y SQM tiene para extraer mineral del Salar de Atacama.
“Es una zona de extrema fragilidad hídrica y por lo tanto todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el agua afecta a las comunidades y su derecho ancestral. Por eso la consulta indígena es una herramienta de gran importancia”, explicó Patricia Araya, abogada de la ONG FIMA, quien acompañó a las dirigentes a la entrega de la carta para la Comisión de Agricultura.
En el contexto del proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que el gobierno ha anunciado, y que aún no ha sido dado a conocer a la ciudadanía ni a los parlamentarios, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, inició una ronda de reuniones con expertos para analizar las falencias y propuestas que existen para reformar el SEIA. En esta oportunidad, nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa, asistió en representación de ONG FIMA pero también como parte de la Comisión Sindical Ciudadano Parlamentaria que el año pasado elaboró un informe diagnóstico y con propuesta que en su momento fue entregado a la ex presidenta Bachelet.
En este punto, se refirió a que pese a que existen herramientas para la participación ciudadana, no pueden considerarse suficientes para la democratización de las decisiones. Sobre esto, destacó que en toda esta discusión sobre cambios al sistema, generalmente se decanta por una discusión de procedimientos y no se establecen cuestiones de fondo, estándares de cumplimiento, medidas de protección o prohibiciones.
Pese a que se espera que el SEIA sea un punto de encuentro entre titulares y comunidades, el sistema no cuenta con las herramientas para proporcionarlo, dejando que los conflictos se produzcan sin un diálogo fluido y bajo la inacción del Estado.
Si bien se entiende que el SEIA tiene ciertos objetivos claros como la protección del medio ambiente; en los procesos de evaluación de los proyectos (DIA o EIA) no se logran satisfacer estos objetivos.
El centro del cambio debe ser volcar la normativa hacia la prevención y la precaución en relación con el impacto que un proyecto podría llegar a generar en el territorio y las comunidades que lo habitan, pero este impacto – y esto es fundamental – debe ser concebido de manera amplia, es decir, como un impacto no sólo respecto a los elementos de la naturaleza propiamente tal que se ven afectados, sino también en lo social.
Es necesario realizar modificaciones en la estructura del sistema. Esto principalmente en
Aumentar el plazo de estudio para que se pueda hacer un análisis más profundo de los proyectos y rechazar aquellos que no cumplan con la ley desde su momento de ingreso.
Una de las principales medidas a ser consideradas para impulsar la autonomía e independencia de la institucionalidad ambiental, es eliminar los enclaves que permiten a la autoridad política de turno mantener el control del proceso de evaluación y su decisión final.
Por otra parte, Ezio Costa, también realizó algunos comentarios a la Agenda Pro Inversión 2018 anunciada por el gobierno.
Se refirió al capítulo que habla del Pronunciamiento de los organismos sectoriales, el cual otorgaría al SEA la facultad de definir los límites de la competencia de los organismos ambientales sectoriales que emiten pronunciamientos respecto a los procedimientos llevados a cabo por el Servicio. Esto sería problemático en tanto se vulnera el orden jerárquico administrativo, por no corresponder a un Servicio de este orden definir las competencias de otros organismos públicos, siendo esta facultad mas bien objeto de revisión de los Tribunales Ambientales, o bien, de la Contraloría de la República.
También modifica la agenda pro inversión la letra c) del artículo 10 de la ley 19300, que establece las ocasiones en que una central o planta de energía eléctrica ha de ingresar al Sistema mediante una Declaración de Impacto Ambiental. Si bien actualmente era insuficiente la consagración que establecía que sólo ingresarían aquellas centrales generadoras de energía mayores a 3MW, el proyecto no hace más que ampliar las posibilidades de arbitrariamente dejar fuera del sistema a algunas de las centrales y sus externalidades negativas.
La propuesta a la modificación del artículo 24 de la ley 19.300 pretende incorporar a la RCA todos los permisos sectoriales. Eso supone un problema considerable en términos de tramitación de los proyecto y en relación con la tramitación propia de los servicios sectoriales. Especialmente, se advierte un riesgo de que las RCA queden sujetas de todas maneras a pronunciamientos posteriores, práctica que vulnera el derecho ambiental y el principio de prevención que debe animar al SEIA.
Se propone cambiar el artículo 45 de la ley 19.300, en el sentido de equiparar las medidas para los diversos tipos de industrias, cuestión que contraviene el espíritu de los planes y los puede hacer más ineficaces.
Finalmente abordó algunos de los aspectos que han sido anunciados por la ministra de medio ambiente, como eventuales modificaciones a realizarse a través del proyecto de ley de reforma al SEIA que presentará el gobierno en julio de este año.
Un primer punto que nos parece conflictivo es la eliminación del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel regional, y la creación, en su lugar, de 3 macrozonales que coincidan con las áreas de jurisdicción de los tribunales ambientales, siendo éstas las únicas instancias administrativas encargadas de la tramitación de un proyecto.
Creemos que esto puede resultar negativo, en tanto conduce a la pérdida de la mirada regional de los proyectos, que actualmente resulta de suma importancia para evaluar los problemas y potenciales conflictos que pueda tener un proyecto por la realidad del lugar en el que se inserta. Esto además de los problemas en los espacios de participación ciudadana que se producirían con la instalación de un Servicio con este carácter. Por otro lado, pareciese ser una justificación a estos macrozonales desarrollar una instancia administrativa de carácter más técnico, que desde la distancia pueda evaluar los proyectos de manera imparcial y objetiva, pero esto no parece tener mucha coherencia con la propuesta de composición de dichos organismos, que según ha sido señalado, tendría al presidente de la república como encargado de designar a 4 de 6 de sus miembros.
En segundo lugar, la propuesta plantea eliminar el pronunciamiento de los Gobiernos Regionales en la evaluación de un proyecto, lo que nuevamente atenta contra la mirada regional que debiese existir en la evaluación de un proyecto. Esta perspectiva parece ser evidentemente dispensable para el gobierno, en tanto tampoco se entrega a los organismos de representación territorial (municipios) la posibilidad de influir en la evaluación, manteniendo el rol participativo no vinculante que se le entrega actualmente en nuestra legislación – y que ya resultaba objeto de críticas por parte de la sociedad civil.
La propuesta del gobierno incluye también la creación de un proceso obligatorio de diálogo previo entre los titulares de un proyecto y los ciudadanos afectados por el mismo, lo que se conoce como “participación ciudadana temprana”. Creemos que, si bien los mecanismos de participación con este carácter pueden traer resultados positivos, tienen un alto riesgo de captura si no son regulados de la forma correcta. En este caso, justamente parecen haber fines poco claros en la implementación del mecanismo, principios rectores inadecuados, y un desarrollo insuficiente de la manera en que han de llevarse a cabo. Por estos motivos, una iniciativa que podría permitir una participación ciudadana más influyente parece riesgosa por la ausencia de un diseño claro para el cumplimiento de dicho objetivo. De hecho, el organismo eventual facilitador que propone el proyecto es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de la CORFO, lo que esta lejos de ser una garantía para los objetivos de la participación ciudadana – pues se trata de una agencia dedicada precisamente a la promoción de la inversión.
Por otro lado, se reducen los plazos de participación ciudadana que existen actualmente a lo largo de la tramitación del proyecto, lo que resulta ser absolutamente contrario al espíritu del principio participativo, en especial bajo la consideración de que dichos tiempos ya resultan acotados para la generación de procesos efectivamente influyentes.
Respecto a este asunto, el proyecto en cuestión establece dos cambios importantes que contribuyen a restringir los actuales mecanismos de participación por parte de la ciudadanía.
El primero de estos cambios es la especificación del artículo 25 quinquies de la ley 19300, permitiéndose la revisión de RCA sólo en Estudios de Impacto Ambiental y a petición de la Superintendencia del Medio Ambiente o del Servicio de Evaluación Ambiental. Esto es una restricción evidente al acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental, en tanto se les impide pedir una nueva evaluación de los proyectos cuando cambien las condiciones ambientales. Pese a que dicha oportunidad había sido en múltiples ocasiones entorpecida por la institucionalidad, esta modificación termina por cerrar una posibilidad que se encontraba abierta aún a la protección de las comunidades afectadas por un proyecto.
El segundo cambio es la modificación que se hace del artículo 17 N°8 de la Ley 20.600, que genera un importante problema en la aplicación del procedimiento de Invalidación Ambiental, al eliminar la posibilidad de recurrir actos ambientales distintos de la RCA.
Por último, se modifican algunas de las tipologías de ingreso al SEIA, resultando particularmente relevantes la eliminación del ingreso de los cultivos hidrobiológicos, la eliminación de proyectos inmobiliarios en zonas Saturadas o Latentes, la eliminación de Transporte de Sustancias Peligrosas y la relativización del ingreso de centrales de energía.
Creemos que estos cambios, en ningún caso justificados ambientalmente por el gobierno, tienen como objetivo evitar las complejidades procedimentales existentes en la evaluación de dichos proyectos, lo que resulta crítico en atención al evidente riesgo que existe de que sean proyectos susceptibles de generar impactos ambientales graves.
El pasado lunes 11 de junio de 2018 las presidentas de las Asociaciones Atacameñas de Regantes de los Ríos Vilama y San Pedro, junto al Director Ejecutivo de la ONG FIMA fueron invitados a la comisión de agricultura que estudia la reforma al código de aguas.
En la oportunidad Juana Corante, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes del Río Vilama, relató la forma en que ancestralmente su comunidad ha hecho uso del agua y la importancia que el río tiene para sistema de vida “Nosotros funcionamos como asociación indígena de regantes, estamos reconocidos por la ley indígena, pero nos preocupa que se nos incluya en esta reforma como asociaciones indígenas de regantes”.
Por su parte, Marcela Ramos, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes del Río San Pedro hizo referencia a la ausencia del uso ancestral como uno de las funciones del agua “esto implica dejarnos fuera de todas las categorías de uso que implica el código de aguas con posterioridad a la reforma, ya que no es un uso propiamente de subsistencia, preservación ecológica o productivo, pese a tener características de todos ellos. Al no categorizar el uso ancestral, no podremos competir con los demás usos que tendrán grados de priorización lo que puede significar que se desestimen cada vez que exista un conflicto de derechos”, señaló la dirigenta. Además agregó que esto tendrá efectos en otros artículos de la reforma que tienen relación con la extinción de derechos por no uso entre otras materias. Por lo anterior, ambas representantes atacameñas hicieron un llamado a la comisión a apoyar la realización de una consulta indígena en esta materia.
Al respecto, Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, hizo referencia al contexto de escasez hídrica que vive nuestro país y la importancia del caudal ecológico, el cual actualmente es considerado solo para los nuevos derechos que se otorguen y en ciertas áreas que se encuentran bajo protección oficial “esto es lo mínimo y ya está en tratados internacionales que Chile ha firmado, no es realmente un avance en términos de protección del ecosistema y por lo tanto la protección del agua. Y poner las limitaciones sobre los derechos nuevos es una quimera, no hay derechos nuevos, hay muy pocos litros todavía no concedidos”. Por lo que agregó “lo que nosotros planteamos es que se reponga el caudal ecológico para todos los derechos”.
Ezio Costa también apoyó ciertos puntos de la reforma como la caducidad de los derechos de agua y a la importancia de que el Estado sea capaz de caducar algunos derechos cuando cumpla con su deber de velar por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. En ese mismo sentido hizo una proposición de modificación al artículo 314 que es sobre los decretos de sequía, el cual le da una facultad discrecional al presidente de la república para decretar la sequía cuando la Dirección General de Aguas así se lo solicite “Para nosotros esa postetad no debiera ser discrecional, debiera estar obligado a decretar la sequía cuando estén los argumentos técnicos que la propia DGA establezca”.
Por último manifestó su aprensión a la modificación que se está haciendo al artículo 132 sobre la oposición a la solicitud de derechos de aguas “hoy en día el artículo 132 permite a cualquier tercero oponerse a una solicitud de derechos de agua, cuestión que es fundamental para la protección de los territorios. La nueva norma dejaría esa oposición solo a quienes ya tienen derechos de agua, y no parece que eso es desmejorar una protección que ya existía”, puntualizó.
Vea el video con las presentaciones de Juana Corante, Marcela Ramos y Ezio Costa.
Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de la institucionalidad ambiental y parlamentarios, agrupados en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP) llaman a la Ministra de Medio Ambiente a dar a conocer públicamente proyecto de reforma al SEIA y asegurar la participación ciudadana en el mismo.
Con preocupación ven ambientalistas, funcionarios y parlamentarios la noticia conocida a través de la prensa del proyecto que pretende dar una nueva forma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes durante los años previos han trabajado en una propuesta de mejora del mismo sistema, la cual fuera entregada a la anterior administración. Esta inquietud se ha profundizado ante la reciente modificación al interior del SEA que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena.
A juicio de los miembros de la CSCP, esta información debiera ser difundida a toda la comunidad, de manera de hacer un proceso transparente. En este sentido miran con preocupación los anuncios de que el proyecto sería enviado en las “próximas semanas” al Congreso. “Como comisión, coincidimos en el diagnóstico de que hay que hacer una profunda reformulación a este sistema y para eso nos autoconvocamos el año 2015 y trabajamos una propuesta bastante acabada. Nos gustaría hacer entrega de estos resultados a la Ministra Cubillos y ser parte activa de cualquier proceso que se proyecte en esta materia”, señaló el Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa.
El anuncio y las alarmas se suman a las suspicacias que días antes se levantaron frente a la agenda pro inversión y las modificaciones que ella contempla para el SEIA, así como la propuesta del gobierno de crear la “Oficina de Proyectos Sustentables” la cual también fue informada sin dar antecedentes a la sociedad y actores involucrados. “Confiamos en que existe buena fe en hacer que el proceso de reforma del SEIA sea más transparente y participativo de lo que actualmente es, sin embargo, la forma a través de la cual nos hemos enterado de estos proyectos va en la dirección opuesta”, explicó Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable.
Los representantes de esta mesa harán llegar una solicitud a la autoridad nacional para que los reciba y explique los alcances de sus propuestas y las instancias que se abrirán para la participación ciudadana. “Lo importante es que el SEIA se convierta verdaderamente en un procedimiento que busque proteger el medio ambiente y no simplemente en hacer más fácil la ejecución de proyectos de inversión”, puntualiza Francisco Cabrera, Presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA.
A juicio de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, “las reformas anunciadas en relación al SEIA, así como sobre la agenda pro inversión, en ningún caso pueden resultar en un detrimento a estándares ambientales y sociales ya establecidos en la ley nacional y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Chile es parte. Esto además resultaría contradictorio con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a los que Chile ha adherido, los que obligan al Estado a revisar y adecuar su legislación para que la actividad de empresas no resulte en la vulneración de estos derechos, entre ellos los derechos ambientales y de pueblos indígenas”.
En esta misma dirección, la académica de Idea USACH, Gloria Baigorrotegui, señala “En los últimos años uno de los aprendizajes en temas ambientales imposible de obviar es aquel que reconoce el valor que la ciudadanía le viene otorgando al hecho de hacerse escuchar, de alzar su voz. Si agilizar procesos significa eliminar, reducir o simplificar canales comunicativos con la ciudadanía, se arriesgan no sólo malos resultados, sino hacer más débil y frágil la propia institucionalidad. Esto último, además, nos sitúa en una dirección contraria a la del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el objetivo 16 de Naciones Unidas”.
Modificaciones al SEA
A esta preocupación se suma una reorganización administrativa en el SEA, ejecutada el 1 de junio y que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, cuestión que preocupa transversalmente a organizaciones, parlamentarios y sindicatos, por ser una medida regresiva y que afecta la calidad de la evaluación ambiental, así como potencialmente podría aumentar los conflictos de los proyectos de inversión. “Esta decisión demuestra el doble discurso que tienen las actuales autoridades. Por un lado, dicen que fortalecen la Participación Ciudadana, pero por otro, la restringen a una gestión meramente administrativa, procedimental. Por ello, llamamos a la ciudadanía a defender este derecho para seguir profundizándolo y no a retrotraerlo, como pretende esta medida”, sentenció el dirigente de los trabajadores del Medio Ambiente.
Además, el proyecto del Ejecutivo implicaría la eliminación de las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental; reemplazándolas por 3 macrozonas, cuya localización está determinada por la existencia de los Tribunales Ambientales, es decir regiones de Antofagasta, Metropolitana y de Los Ríos. Esto significaría quitarle a las regiones su función esencial de evaluación técnica con pertinencia local.
*Componen la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria para la reforma del SEIA:
FENATRAMA, FENATRAOS, ONG FIMA, Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, CODEFF, Ecosistemas, RADA, , Alerta Isla Riesco, Corporación Costa Carrera, CODESA, Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Ética en los Bosques, Fundación Decide, Fundación Nahuelbuta, IEP, Más Antofagasta, MODEMA, Red Campus Sustentable, Gloria Baigorrotegui académica IDEA- USACH, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Daniel Melo, Camila Vallejo, Alfonso de Urresti.
Luego de más de 10 años de lucha judicial y social, empresa renunció a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
La información comenzó a circular ayer por diferentes medios y redes sociales, hasta que hoy fue confirmada con el documento en el que la empresa presentó su renuncia a la RCA del Proyecto Hidroeléctrico Achibueno y otro con la renuncia a la línea de transmisión.
La acción se da de forma simultánea a la más reciente reclamación presentada por ONG FIMA el 17 de abril pasado, contra la resolución que rechazó la invalidación de la resolución que acreditó el inicio de obras. Esto se suma al prácticamente knock out técnico en el que se encontraría el proyecto, luego de que el año pasado también renunciara a la demanda por servidumbre contra Óscar Spichiger y de que la Corte Suprema ordenara al SEA abrir el procedimiento invalidatorio contra la RCA del proyecto.
“Es una gran noticia que en todo caso no nos sorprende. Nuestra reclamación presentada el día 17 de abril justamente versa sobre nuestra tesis de que en realidad este proyecto nunca ha iniciado su ejecución y se ha mantenido en un estado de default desde su aprobación. La renuncia a la RCA nos da certeza de que esto es así y de que el proyecto no se va a realizar. Nuestro nuevo desafío es ahora reforzar la protección del Santuario de la Naturaleza Cajón del Achibueno”. Señaló Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.
El proyecto
El Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente en Enero de 2011, consistía en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en serie, con una potencia total instalada de 135 MW, El Castillo y Centinela, y una línea eléctrica de 66 kv.
Desde sus inicios la comunidad local se opuso al proyecto, reunida en la organización “Salvemos el Achibueno”, quienes realizaron múltiples campañas y actividades para sociabilizar un proyecto que prometía secar parte del cause del río; denunciando también que las observaciones ciudadanas nunca fueron debidamente consideradas, y múltiples vicios en la evaluación del proyecto.
Con esta buena noticia, la comunidad festejará hoy reunida en la plaza de Linares y permanece atenta ante otras amenazas que puedan afectar esta increíble zona considerada hotspot por las múltiples especies endémicas.
Nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa, escribe en el número de mayo de la Revista Mensaje.
“Si bien como humanidad asumimos nuestras culpas, en general no aludimos a los precursores sociales del cambio climático. Reconocemos que este es ocasionado por nuestra actividad, pero no hacemos alusión a que la naturaleza humana o la organización social nos llevan al estado en el que nos encontramos”.
El martes 2 de junio, el Tribunal Ambiental de Santiago llevó a cabo la audiencia en la Reclamación de la ONG FIMA contra la Res. N° 67/2015 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que no acogió a trámite su solicitud de invalidar las decisiones del Comité de Ministros que modificaron y dejaron a firme la RCA favorable del proyecto hidroeléctrico Achibueno.
A juicio de los demandantes, el SEA debió aceptar a trámite la Reclamación contra los vicios en la autorización del proyecto, debido a que esta se presentó dentro del plazo de dos años de caducidad que la ley establece para su admisibilidad.
Dentro de las falencias que se apreciaron en la autorización del proyecto, está la falta de evaluación de los efectos que habría sobre el caudal ecológico y el área de conservación “Sitio Prioritario Altos de Achibueno”.
El Tribunal estuvo compuesto por los ministros Rafael Asenjo, Presidente, Sebastián Valdés y Ximena Insunza. Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados Diego Lillo Goffreri, en representación de FIMA; Javier Naranjo Solano, por el reclamado director ejecutivo del SEA; y Mario Galindo Villarroel, de Hidroeléctrica Centinela, titular del “proyecto hidroeléctrico Achibueno” y tercero coadyuvante del SEA.
Antecedentes
La iniciativa está siendo discutida por el Consejo de la Sociedad civil del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscaría la implementación de un organismo o instancia que pueda asesorar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.
La propuesta, impulsada por FIMA, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.
La idea de la instancia es que pueda, al menos, leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.
Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEIA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.
Se invita a quienes quieran aportar en este proceso, a enviar sus propuestas a fima@fima.cl
El proyecto generará graves impactos ambientales y sociales, como reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las personas.
Hasta el palacio de tribunales de Santiago, llegaron un grupo de 20 vecinos de Lo Espejo acompañados de los abogados de la Fiscalía del Medio Ambiente, Ezio Costa, Diego Lillo y Gabriela Burdiles, para oponerse a la Calificación Ambiental del proyecto “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua” que presentó EFE. La empresa ferroviaria pretende aumentar la
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frecuencia y velocidad de los trenes que actualmente pasan a solo 8 metros de las casas de los vecinos demandantes, deteriorando drásticamente su calidad de vida debido a las fuertes vibraciones y ruido que ocasiona el tránsito de los ferrocarriles. “El proyecto en cuestión, incurre en graves ilegalidades puesto que reconoce abiertamente que fracciona la propuesta original al tratarse de un subproyecto de ‘Rancagua Xpress. Pero por sobre todo, afecta el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y finalmente el derecho de propiedad”, explicó Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA. Asimismo, la propuesta fue ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) como Declaración de Impacto Ambiental, siendo que debió hacerlo por Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que generará graves impactos ambientales y sociales. “Para nosotros esto implicará un gran deterioro en nuestra calidad de vida, ya que los trenes pasarán cada 8 minutos, haciendo casi imposible continuar viviendo en nuestras casas”, expresó Catalina Huerta vecina de Lo Espejo. Entre las alteraciones que este proyecto acarreará para la vida de los vecinos del sector, se cuentan reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres, y riesgos a la salud de las personas. Ninguno de estos impactos fue evaluado para otorgar el permiso a la empresa.