Repensando nuestra constitución: Los podcast de ONG FIMA que conversan sobre la necesidad de una Constitución Ecológica

 

“Hacia una #ConstituciónEcológica” es el título de una serie de podcast que han sido publicados por ONG FIMA desde el mes de julio de este año, en cada capítulo diferentes actores del arte, el activismo, y la academia, entre otras áreas áreas,  reflexionan sobre las razones de porqué es necesario que una nueva Constitución sea -como dice el título- ecológica. 

Octubre 2020. Desde comienzos de año ONG FIMA se ha dispuesto a organizar diversas actividades online para hablar de Constitución y medioambiente: charlas, seminarios, conversatorios regionales y podcast. Estos últimos comenzaron en el mes de julio con una periodicidad mensual. En cada episodio, Constanza Gumucio – abogada de ONG FIMA- conversa con  distintos/as invitados e invitadas, quienes analizan a fondo el cuidado del medioambiente y las formas para llegar a una Constitución Ecológica.

 

Capítulo 1: , «Todos por el medio ambiente» 

“Hay una generación que ha explotado este planeta de una manera atroz,han usado el agua, han cortado los bosques, han instalado plantas termoeléctricas. Ahí están los responsables del debacle medioambiental”– Mauricio Redolés

Este capítulo cuenta con la participación de Mauricio Redolés -poeta y cantante chileno- y Dominga Espiñeira, activista de 16 años del movimiento de Fridays For Future Chile.  Durante la conversación, los invitados, analizaron desde una perspectiva intergeneracional distintas formas en que las personas podemos afrontar la crisis climática y dar una mayor protección al medioambiente. Por un lado Dominga se refirió al tema de la pandemia, señalando que “La crisis sanitaria que estamos viviendo se da mucho por la crisis ecológica que también vivimos, la salud del planeta está muy ligada a nuestra salud, y es muy frágil, dependemos de ella”. Por otro lado Mauricio señaló que los niños y niñas son piezas clave a la hora de combatir la crisis climática, ya que ellos han crecido con el tema afectandolos constantemente, y por lo tanto, según explica el artista chileno, han tenido una mejor educación frente al fenómeno y pueden comprenderlo de mejor manera. 

 

Capítulo 2: Estado Plurinacional 

“Hay territorios que están siendo vulnerados constantemente (en Chile), donde los derechos se ven mermados, donde no hay una posibilidad de desplegar una forma de vida total por el temor” – Daniela Catrileo

Para este episodio, Daniela Catrileo, escritora mapuche y profesora de filosofía, ahondó en la conexión que existe entre los Pueblos Indígenas y la naturaleza, y la gran oportunidad que tenemos de aprender de ellos sobre el respeto al medioambiente y ver nuestro entorno como algo que va más allá de los beneficios económicos o materiales, sino que la naturaleza como una identidad propia digna de derechos y respeto, por lo que el establecimiento de un Estado Plurinacional permitiría que posean una mayor autonomía, una mayor participación en la toma de decisiones, y un espacio para seguir construyendo su identidad. Catrileo señaló que “Todavía falta sentarse a conversar y entender profundamente al pueblo Mapuche, no hay una preparación para el diálogo profundo…necesitamos que empecemos a darnos cuenta cuales son las formas que hacen perdurar la estructura racista y colonial”. 

 

Capítulo 3: Estado que queremos y la vida en comunidad.

“Las transformaciones de la naturaleza han influido dolorosamente en la historia de las comunidades. Todo este impacto que ha habido en la forma de vida de Chiloé por la llegada de un capitalismo extractivista muy violento, que ha empobrecido todavía más la vida de las comunidades pequeñas” – Rosabetty Muñoz

En esta ocasión la invitada fue Rosabetty Muñoz, poeta y profesora chilena, quien habló sobre cómo debemos volver a hablar de lo común para poder enfrentar la crisis en la que se encuentran los bienes comunes del planeta. La poeta chilena se refirió a los distintos problemas que están afectando la naturaleza, de la contaminación de las industrias salmoneras y cómo distintas especies marinas y aves están desapareciendo producto de la acción humana.  “Un estado se tiene que hacer responsable de estas cosas”, dijo. En cuanto a la posible nueva Constitución, Rosabetty señaló que “Tenemos una oportunidad histórica para volver a pensar cómo queremos relacionarnos con el mundo, con la naturaleza. No debemos desperdiciarlo, permitámonos soñar”. 

 

Capítulo  4:  Una naturaleza con derechos

“Estamos en una situación global desalentadora, pero la verdad es que cada acción importa, cada aumento de temperatura importa. Hay que luchar, rendirse no es opción, el mundo no se ha acabado” – Camila Bustos

En este interesante episodio se  conversó junto a Camila Bustos, ex integrante Dejusticia, quien participó en la acción que un grupo de jóvenes colombianos/as interpusieron para detener la deforestación de la Amazonía y terminó con esta siendo considerada sujeto de derechos. Bustos habló desde su experiencia de lucha y la sorpresa que significó para ella y su agrupación cuando ganaron en la corte y lograron entregarle derechos a la naturaleza. “Hay que crear conversaciones, hay que cambiar el paradigma, hacernos preguntas… cada grado que sube el planeta es un mundo de diferencia”, señaló la ambientalista. 

 

Capítulo 5: Defensores del medioambiente

«Es importante el reconocimiento de la labor de la defensa de la naturaleza, genera que los defensores no estemos tan expuestos a represalias o a situaciones de ostigamiento y que mantengamos algún registro, eso es algo fundamental» – Gonzalo Soto

En este capitulo se habló junto a Gonzalo Soto, del movimiento Salvemos Coronel. Gonzalo contó sobre su propia experiencia en la defensa del territorio y del medioambiente, y la difícil situación que los/as defensores/as ambientales viven actualmente en Chile. Respecto a lo último, durante la conversación también se discutieron casos concretos en los que defensores ambientales se han visto en riesgo, así como las herramientas legales que serían necesarias para lograr una mejor defensa de los ecosistemas.

 

Capítulo 6: Agua para la vida

“Tenemos que erradicar el carácter de propiedad sobre las agua, y definir la tierra y los servicios ecosistémicos como bienes naturales comunes” – Lorena donaire

“Las niñas y niños tienen dificultades para poder bañarse, para tomar agua, para tener una vida digna. La problemática del agua es bastante grande” – Raquel González

En esta oportunidad se conversó junto con Raquel González y Lorena Donaire sobre el agua y los bienes comunes. Ambas contaron desde su experiencia como es el día a día para quienes viven en comunas que actualmente no cuentan con acceso al agua, sobre el tejido social que se ha formado para poder sobrellevar esta situación y sobe cuáles son los cambios que necesitamos generar para poder asegurar agua para todos y todas.

Capítulo 7: Valorando el patrimonio cultural y ambiental

«Los mayores desafíos que enfrentamos son la Crisis Climática y Ecológica, y afectan todos los aspectos de nuestra vida» – Gabriela Simonetti

Durante el último capítulo publicado hasta la fecha, se conversó con Gabriela Simonetti sobre la construcción de identidades a raíz de las dinámicas que posee cada uno de los territorios, y la necesidad de generar una mejor regulación de estos y de las actividades que se desarrollan en él, que recoja las interacciones sociales y ecológicas que lo conforman. ¡No te quedes sin escucharlo!

 

 

 

Todos los capítulos del podcast están disponibles en el perfil de Spotify de ONG FIMA  y han sido complementados con seminarios y charlas, también disponibles en el canal de youtube de la organización. Te invitamos a escucharlos y así seguir con la discusión de una Constitución Ecológica.  

 

 

 

 

SEA declara caducidad de RCA de la central “El Canelo” en el Cajón del Maipo

Luego de 8 años de lucha en contra el proyecto hidroeléctrico El Canelo, la Congregación Carmelitas Descalzas, con el apoyo y representación de ONG FIMA, lograron un importante triunfo que pareciera cerrarle las puertas al proyecto que pretendía instalarse en la cuenca del Cajón del Maipo.

 

Diciembre 2020. En el año 2013, el proyecto hidroeléctrico El Canelo -ubicado en el sector del mismo nombre en el El Cajón del Maipo- contemplaba la construcción de un ducto que pasaría dentro del monasterio de la Congregación Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso, quienes viven desde 1995, con voto de silencio, en el lugar. El ducto además de perturbar la vida de las religiosas, ponía en riesgo la existencia de especies vegetales protegidas, como el Guayacán, además de hacer uso del agua en un sector donde la crisis hidrográfica ha impactado fuertemente a la población durante los últimos años.

Fue por esto, que al enterarse de la posible construcción de la central hidroeléctrica, las Carmelitas, con el respaldo de la comunidad de El Cajón del Maipo, comenzaron a movilizarse y juntar firmas en contra de este proyecto, llevándolo al Tribunal Ambiental y posteriormente por medio de un recurso de casación llegaron a la Corte Suprema. Esta instancia falló a favor de las religiosas, ordenando al proyecto volver a la etapa de evaluación de la Resolución de Calificación Ambiental por parte del Comité de Ministros, para que este, en vista de las observaciones realizadas por las religiosas, analizara a fondo las circunstancias y efectos de este proyecto que dividiría en dos el monasterio, y que por lo tanto tendría una grave afectación para su vida de oración y contemplación.

Hoy la historia de este proyecto parece estar llegando a su fin, luego de que Servicio de Evaluación Ambiental diera a conocer la resolución que declara la caducidad de la Calificación Ambiental (RCA) de la central Canelo.

“Han sido ocho largos años de lucha, sufrimiento, esfuerzo y alegrías, de todo un poco. En Chile todo favorece a las empresas, y nosotros podríamos habernos convertido fácilmente en uno más de los casos en que  las empresas le ganan a las comunidades, con proyectos que las afectan directamente”, declaró María Elisa Castillo, Madre Superiora de la Congregación Carmelitas Descalzas.

Por su parte, Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA, organización que ha llevado el caso desde sus inicios, señala que “Es una buena noticia que se haya declarado la caducidad. Es un proyecto que pareciera que nunca debió haber tenido una calificación favorable”, agregnado “Lamentablemente se había aprobado el proyecto aunque todavía existían algunas vías judiciales pendientes, pero esta caducidad, creo yo, viene a cerrarles la puerta, y esperamos que el titular así lo entienda y no reclame de esta”.

 

No a Alto Maipo

Cabe destacar que este caso se suma al conflicto generado en torno a la construcción de la Central Hidroeléctrica Alto Maipo,el cual pone en riesgo el suministro de agua de la región metropolitana y frente al cual las comunidades del Cajón del Maipo se han mostrado totalmente en contra. En este contexto, la madre superiora de las Carmelitas señaló que ese proyecto significaría el fin del Cajón del Maipo como pulmón verde de la Región Metropolitana. “Las comunidades no tienen asesorías, nosotros tuvimos que aprender por nuestra cuenta. Sin ninguna instrucción es muy difícil para las comunidades hacer observaciones y luchar en contra de estas grandes empresas”, finalizó la superiora.

Organizaciones solicitan término anticipado de proyecto “Puerto Exterior” de San Antonio ante contundentes argumentos técnicos y observaciones de Servicios Públicos

Declaración Pública

Santiago, 18 de diciembre de 2020

Ante las contundentes observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto
Exterior de San Antonio, formuladas por diversos Organismos Estatales con Competencia
Ambiental (OECA) en el marco del proceso de evaluación ambiental que lleva adelante el Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA), las organizaciones y personas firmantes, declaran que:
La constatación empírica de significativos vacíos y ausencia de información relevante y esencial
para su evaluación, así como también las serias falencias técnicas y jurídicas que presenta el EIA
del proyecto Puerto Exterior, son plasmadas de forma categórica en los 14 oficios de
pronunciamiento emitidos por OECA, lo que representa un explícito respaldo a la postura que los
firmantes de esta Declaración han manifestado en base a exhaustivos análisis técnicos del EIA del
Proyecto, efectuados por especialistas de distintas disciplinas como geógrafos, oceanógrafos,
ornitólogos y abogados.

Falta de información esencial para una evaluación responsable del EIA, solicitud de múltiples
rectificaciones en materias como la descripción misma del proyecto, inconsistencias en la
determinación y justificación de su área de influencia, carencia de información para definir línea
de base para las áreas protegidas, flora y fauna y medidas de mitigación, reparación y
compensación, son solo algunos de los contenidos del EIA del Puerto Exterior que son seriamente
cuestionados por los servicios públicos.

A mayor abundamiento, la Corporación Nacional Forestal de Valparaíso (CONAF), el Servicio
Agrícola y Ganadero de Valparaíso (SAG) y la Municipalidad de Santo Domingo, en sus respectivos
oficios de observaciones, solicitaron expresamente al SEA que haga uso de su facultad de poner
término anticipado al procedimiento de evaluación del proyecto, al no hacerse cargo de los
impactos significativos que tendría sobre el Humedal Río Maipo y los servicios ecosistémicos
asociados.

Con todo, las organizaciones y personas firmantes amparados por la evidencia científica
levantada a partir de análisis técnicos y con el respaldo del propio Estado de Chile plasmado en
las observaciones de los OECA, solicitan al SEA que, tal como lo dictamina la normativa, haga uso
de la facultad de poner término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental de este
proyecto, al ser evidente que no cumple con el estándar mínimo para realizar una evaluación
completa y responsable de los impactos que el proyecto tendría sobre el ecosistema humedal
río Maipo –incluido las lagunas de Llolleo- y sobre la zona marino-costera en su conjunto.

Adhieren:
-Fundación Cosmos
-Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile
-Movimiento Ojos de Mar de Llolleo
-Fiscalía del Medio Ambiente -FIMA
-Ecosistemas
-Observatorio de la Costa
-Academia de Ciencia Escolar Yecos del INCO
-ONG Vida
-Fundación Plantae
-Chao Pescao
-Fundación Terram
-Fundación Mar Adentro
-Comité Ambiental Comunal de Santo Domingo
-OCEANA
-Diego Luna Quevedo, Especialista en Conservación de la Red Hemisférica
de Reservas para de Aves Playeras
-Carmen Espoz, Decana Facultad de Ciencias Universidad Santo Tomás
-Marcelo Mena, ex Ministro de Medio Ambiente
-Jorge Canals, ex Subsecretario del Medio Ambiente

Ezio Costa Cordella

Abogado de la Universidad de Chile (2010). Magíster (Msc) en Regulación de London School of Economics and Political Science (LSE) (2013) y Doctor en Derecho por la Universidad de Chile (2020).

Diplomado en Derecho Público Económico (U de Chile, 2011), y en Derecho y Política de la Competencia (U. de Chile, 2010).

Es Investigador del Centro de Regulación y Competencia (RegCom), profesor de Derecho y Regulación Ambiental en la Facultad de Ingeniería y del Departamento de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, donde actualmente imparte el ramo de Derecho de Aguas.

 

También es profesor de postgrado en la Universidad del Desarrollo, Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile.
Es miembro del equipo de ONG FIMA desde 2006 y Director Ejecutivo desde 2012.

Lanzan libro sobre el Acuerdo de Escazú y democracia ambiental en América Latina y el Caribe

El texto publicado por FARN Argentina y la Universidad Nacional del Litoral  -que explica los distintos artículos del Acuerdo de Escazú y su vital importancia- cuenta con más de treinta autores y autoras, entre las cuales se encuentra la Directora de Proyectos de ONG FIMA, Gabriela Burdiles.

Diciembre 2020. El Acuerdo de Escazú ha sido uno de los grandes temas que se ha tomado la agenda ambiental de este año, ya que luego de meses de campañas, discusiones y reuniones, se consiguió que 11 países lo ratificaran, para que así comenzara el proceso de entrada en vigencia del acuerdo. 

En este contexto, el pasado 14 de diciembre se lanzó -de manera virtual- el libro “Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe”, un texto de la Colección Ciencia y Tecnología de Ediciones UNL, que refleja cómo la crisis climática ha provocado un gran aumento en la desigualdad y exclusión de la población en el territorio lationoamericano, al mismo tiempo que profundiza y explica los artículos del acuerdo mismo, haciendo un hincapié en  la importancia de este para la correcta protección del medio ambiente y los múltiples beneficios que traería para cada país. 

El libro cuenta con un total de 34 autores y autoras, entre las cuales se encuentra Gabriela Burdiles -Directora de Proyectos de ONG FIMA- quién escribió sobre los mecanismos de acceso a la justicia incorporados en el Acuerdo de Escazú. 

El texto está disponible para ser descargado de manera virtual y gratuita en el siguiente link

Vecinos de San Bernardo y Comunidad indígena solicitan anulación de autorización Ambiental de Centro de Distribución El Peñón de Walmart

Archivo Asociación Indígena Jach'a marka

Este viernes 4 de diciembre se realizarán los alegatos en el Tribunal Ambiental de Santiago. En esta nueva instancia se hace parte de la causa la Comunidad Quechua Aymara Jach’a Marka, quienes realizan ceremonias hace más de 30 años en el Centro Ceremonial Pucará de Chena ubicado a solo 1,3 km de las instalaciones de la multinacional.

Desde el año 2015 vecinos de la comunidad Lomas de Mirasur de la Comuna de San Bernardo y de sectores de la comuna de Calera de Tango han librado una batalla judicial para defender su calidad de vida y el patrimonio cultural de la zona, los cuales se han visto altamente impactados debido a la aprobación y construcción del Centro de Distribución El Peñón de Walmart. Estas instalaciones son las más grandes de la empresa en Latinoamérica, lo que implica el tránsito constante de camiones de alto tonelaje y ruidos molestos durante todo el día. Pero este no es el único impacto, ya que en la zona también se encuentra ubicado el Pucará de Chena, centro ceremonial sagrado para la comunidad Quechua-Aymara que habita el área; motivo por el cual la Asociación Indígena Jach’a Marka se ha hecho parte en la reclamación judicial, que este viernes 4 de diciembre tendrá sus alegatos en el Segundo Tribunal Ambiental.

El Pucará de Chena se ubica a tan solo 1,3 km del Centro de Distribución de Walmart, y su valor cultural, antropológico e histórico es invaluable, siendo constantemente sub dimensionado por los titulares del proyecto. Es más, hoy es reconocido como un lugar sagrado o huaca, hallándose en su cima restos de muros y recintos de origen incaico identificados como construcciones parte de una red de sitios sagrados del Tawantisuyu.

“Hemos decidido apoyar este proceso porque consideramos que no es justo para las comunidades que una empresa multinaciona se instale haciendo prevalecer la fuerza económica por sobre la voluntad y el respeto a las comunidades, porque ese modo de actuar no es sustentable, no es respetuoso con el ecosistema, con las personas, ni lo está siendo con nuestra cosmovisión”, explica Samuel Yupanqui, Presidente de la Asociación Indígena Aymara- Quechua Jach’a Marka.

Desde la la organización indígena, agregan que la afectación que la construcción de un Centro de Distribución de las magnitudes del de Walmart interfiere con sus sistemas de vida y costumbres. A pesar de lo anterior, durante toda la evualuación Walmart omitió considerarlos dentro del área de influencia del proyecto.

Archivo Asociación Indígena Jach'a marka
Archivo Asociación Indígena Jach’a marka

Por su parte, Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA, organización que está a cargo de la causa en tribunales, indicó que en la aprobación de este proyecto hubo una serie de irregularidades, las cuales se espera que ahora sean corregidas por el Tribunal Ambiental.

“Este proyecto tiene impactos que afectan drásticamente la vida de las personas que habitan el sector y de los cuales hasta el día de hoy Walmart no se ha hecho cargo, pero también fue aprobado negligentemente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual sabiendo de la existencia del Pucará de Chena, que es directamente afectado por la implementación del Centro de Distribución El Peñon, no ordenó la realización de consulta indígena a la comunidad Indígena Aymara- Quechua Jach’a Marka Aru”, señala Lillo. “Por este motivo, hoy ellos se hacen parte de esta solicitudad de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto”.

Tal como expresa el abogado de la ONG FIMA, los recursos judiciales tienen como objeto que se deje sin efecto la resolución del Comité de Ministros que confirmó el año 2019 la resolución de la Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que calificó ambientalmente favorable el proyecto “El Peñón” el año 2016.

“Por el resguardo de nuestras costumbres y tradiciones, por la defensa del territorio y la cooperación con los vecinos y vecinas de San Bernardo y Calera de Tango, nosotros nos hacemos parte de estas acciones para que esta empresa cumpla la normativa y las exigencias nacionales que se le están pidiendo y así también para instalar un sentido común, que no puede ser que prevalesca siempre una mirada económica por sobre el bienestar, las relaciones pre existentes, las relaciones de las comunidades con su entorno, con sus ecosistemas”, puntualiza Yupanqui.

 

 

 

 

El camino hacia una Constitución Ecológica

Bases para una nueva Constitución

“Una Constitución ecológica es aquella cuyo contenido incorpora transversalmente  y como ejes ordenadores, la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza”

Noviembre 2020. El triunfo del apruebo el pasado 25 de octubre de este año abrió las posibilidades de seguir soñando con un país más justo, equitativo, feliz e igualitario. Ahora es el momento de llevar al debate y luego a la realidad, las distintas visiones del Chile hacia el que queremos avanzar. La discusión y diálogo ciudadano han cambiado de rumbo, pasando del “necesitamos una nueva Constitución” a la pregunta de “¿qué Constitución necesita Chile?”. A pesar de las múltiples propuestas y visiones que puedan existir, para nosotros hay una cosa clara: la nueva Constitución debe ser ecológica, por el bien del ecosistema, las especies y todas las personas que habitan en el territorio chileno.

Pero, ¿qué es exactamente una Constitución ecológica? ¿A qué principios se refiere? ¿Por qué es tan importante? Desde comienzos de año ONG FIMA ha estado elaborando un documento con nuestra propuesta de lo que sería una Constitución ecológica, con sus aspectos generales, principios, organización del estado, derechos y acciones, entre otras informaciones, que resumen de manera fácil, pero detallada lo que sería este concepto y su adaptación en el país. Este documento nace en sintonía con la realidad chilena, adaptando cada concepto a esta, sin quedarse ajeno a los problemas que afectan a la población del país, de norte a sur, en materia ambiental.

Cabe destacar que se trata de una propuesta dinámica, que estará en constante actualización, ya que toma en cuenta conversatorios, seminarios y estudios (tanto nacionales como internacionales) sobre la temática, por lo que será actualizado aquí mismo de acuerdo a cambios que se le realicen. 

Puedes descargar el documento aquí: BASES PARA UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA v. 25.11.20 (1)

 

 

 

 

Hoy se lanza el informe «Acceso a la Justicia en Latinoamérica durante la pandemia de COVID-19»

Un grupo de instituciones conformado por ACIJ (Argentina), Dejusticia (Colombia), FIMA (Chile), LABA (Brasil), CEJA-OEA, DPLF (regional) y la Red de Empoderamiento Jurídico (global) elaboraron una encuesta de percepción dirigida a organizaciones de la sociedad civil y diversos actores que interactúan con los sistemas de justicia de la región (como universidades, abogadas y abogados, promotores y promotoras legales, centros de estudios, entre otros) para conocer la situación de acceso a la justicia en América Latina en el contexto de pandemia de covid-19, y hoy se realizará el lanzamiento del informe a través de un evento online. 

Diciembre 2020. Luego de realizar encuestas, y a partir de los resultados de estas, se elaboró el “Reporte sobre la situación de acceso a la justicia en contexto de pandemia, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y activistas”. De la encuesta participaron 42 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela). El lanzamiento se realizará hoy a las 12 hrs (Chile y Argentina) y será de manera online, con distitnos/as panelistas, entre las cuales se encuentra Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA. 

La pandemia provocada por el COVID-19  profundizó aún más las desigualdades en América Latina, haciendo que los grupos vulnerabilizados se encuentren más afectados con el aumento de la pobreza y el desempleo, y con menor protección social y sanitaria . En este marco los problemas de acceso a la justicia impactaron de manera desigual y diferenciada en grupos, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Si bien muchas de las problemáticas son estructurales y, por lo tanto, preexistentes a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, es a partir de ésta y de las medidas de distanciamiento social obligatorio, de la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales y del establecimiento de medidas de excepción en los poderes del Estado, que las desigualdades sociales, económicas, ambientales y políticas se visibilizan y profundizan con mucha más intensidad.

De la sistematización y análisis de la información recolectada -vinculada a la situación existente entre los meses de marzo a octubre- se identificaron patrones de vulneración de derechos que se repiten en los distintos países de la región. Por ejemplo: 

  • Casi la totalidad de los países de la región  suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, y por esto, las personas no cuentan con vías adecuadas para canalizar sus conflictos y se acentúa la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia.
  • En 12 de los 17 países analizados se adoptaron medidas de excepción constitucional y se dio un proceso de acumulación de funciones en los poderes ejecutivos y en  ocho de 17 países se suspendieron las funciones de los poderes legislativos. 
  • En la mayoría de los países se suspendieron las actividades jurisdiccionales dejando un “servicio mínimo”, sin que se reportara un aumento de la capacidad instalada de los Poderes judiciales para dar respuesta a la demanda adicional provocada por el COVID-19.
  • Los Poderes Judiciales  respondieron de manera limitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales y fueron percibidos por las y los encuestados como poco efectivos para resolver conflictos generados a partir de la pandemia.
  • Los procesos de incorporación de TICs se han acelerado y profundizado a partir de la pandemia en los Poderes Judiciales de toda la región, aunque sólo siete países adoptaron un enfoque diferencial buscando reducir la brecha digital. 
  • A partir de la pandemia, se profundizaron las barreras que afectan a los grupos vulnerabilizados en su vinculación con los servicios de justicia y la asistencia legal gratuita se vio afectada por la suspensión de los servicios de justicia y por los cambios en la modalidad de prestación.

A partir de los datos obtenidos, el reporte señala la necesidad de que los poderes judiciales den cuenta de las medidas que están siendo tomadas en pos de garantizar la reanudación plena del servicio de justicia. En este escenario, los distintos poderes judiciales no pueden limitarse a cumplir funciones jurisdiccionales mínimas, sino que resulta necesario que se generen y amplien sus funciones para poder dar respuesta a una emergente demanda social provocada por las medidas de aislamiento sanitario.

Las organizaciones participantes de la elaboración de este trabajo esperan que este informe regional pueda servir a las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos, y otros actores para incidir en las políticas y decisiones públicas locales, nacionales y regionales que tiendan a revertir algunas de la barreras que enfrentan los grupos vulnerabilizados para acceder a la justicia en este particular contexto y más allá de él. 

Además, este diagnóstico tiene el potencial de constituirse en un insumo para la elaboración de un “Acuerdo Regional por el Acceso a la Justicia” que servirá para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios, al igual que para aportar a los cambios institucionales, culturales y económicos que nuestros países deben realizar con miras a brindar un servicio de justicia igualitario, oportuno, de calidad, accesible y eficaz.

Inscríbete al evento de lanzamiento (16 de diciembre, 12 hrs)  aquí

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La descentralización de la lucha ambiental: Todos/as podemos ser agentes de cambio

Capacitación en Derecho Ambiental para municipios

“Los municipios enfrentan en primera línea los impactos ambientales de las diversas actividades productivas del país, y sabemos que es desde las municipalidades donde se comienza el rol fundamental de empoderar a la ciudadanía para saber cómo enfrentarlos” 

-Gloria Lillo, Coordinadora del programa Transición Socioecológica en HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG

¿Qué es el derecho ambiental? ¿Cómo se pueden combatir de manera efectiva los impactos ambientales? ¿Qué rol pueden tener los municipios en la lucha y educación ambiental? Estas preguntas, a pesar de su importancia, no siempre encuentran respuestas, ya que a pesar de que desde las municipalidades exista un interés por solucionar conflictos ambientales , no siempre encuentran el apoyo necesario para lograrlo. La clave está en que los municipios, y funcionarios/as que trabajan en ellos, estén informados para poder enfrentarse de manera adecuada ante las problemáticas que afectan a su entorno, y así poder ayudar a las personas que viven en sus territorios. Pero, ¿cómo apoyarlos en esta tarea?

Desde el año 2013 que ONG FIMA, junto a la Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG  y la Municipalidad de la Pintana, han realizado talleres Capacitación en Derecho Ambiental para funcionarios municipales, con el objetivo de entregar herramientas y habilidades para que desde cada municipio, los encargados de la gestión ambiental aprendan a actuar frente a las crisis y problemas, haciendo valer sus derechos al acceso a la información y justicia medioambiental. En otras palabras: que estos miembros de los municipios hagan uso de las herramientas que la legislación ambiental entrega, y se conviertan así en agentes activos del cuidado del medio ambiente, desde sus propias realidades y territorios.

“Como FIMA hemos aprendido mucho de cómo hacen el trabajo las municipalidades. No sabíamos cuales eran todas las barreras que ellos experimentan para hacer gestión ambiental, entonces estos talleres han sido una gran enseñanza”

– Gabriela Burdiles

Las instancias para compartir experiencias siempre enriquecen: lo que les ha pasado a otros puede enseñar muchas cosas, y ayudar a estar preparados ante diferentes eventualidades. Juntar a diferentes municipios bajo un mismo curso permite eso: que dialoguen y entreguen los conocimientos que le han dado sus propias experiencias. “Los funcionarios tienen la oportunidad de hacer redes, conocer las experiencias  de otros, conocer cómo se pueden hacer mejor las cosas desde los expertos y expertas invitados, desde los otros municipios”, señala Gabriela Burdiles, Abogada y Directora de Proyectos de ONG FIMA, quien ha participado de la organización de estos talleres desde su inicio en el 2013. 

Estas capacitaciones no solo han entregado beneficios a las municipalidades, cuenta Burdiles, ya que también han ayudado a entender de manera más global los problemas de cada localidad. “Se junta el conocimiento de los funcionarios y funcionarias municipales, de su quehacer municipal, en materia de gestión ambiental, con un conocimiento más desde la jurisprudencia, desde las instituciones, ese conocimiento un poco más técnico y académico”, dice Burdiles. 

La capacitación en Derecho Ambiental ha estado en deuda con la ciudadanía, ya que muchas veces esta solo se enfoca en el mundo privado o se dirige a los abogados y abogadas, con un lenguaje muy técnico que lo hace más inalcanzable. Este curso es justamente lo contrario, ya que se han especializado cien por ciento en el ámbito municipal, lo cual es muy beneficioso, ya que los municipios tienen un gran poder de gestión local, que puede ser utilizado para el cuidado del medio ambiente y de esta forma mejorar la calidad de de vida de la comuna. 

Darle las herramientas  a través de estos cursos a los municipios es un pie de inicio, ya que luego estos son los que involucran a la ciudadanía. En esta capacitación, los y las funcionarios/as municipales aprenden de manera gratuita junto a expertos y expertas en temas ambientales, que son invitados a dar estas clases. “Tenemos un módulo sobre ordenanzas medioambientales, invitamos a alguien del Ministerio del Medio Ambiente y los funcionarios y funcionarias le pueden hacer todas las preguntas que quieran, entonces después, con este nuevo conocimiento, pueden impulsar la elaboración de una ordenanza para su municipalidad”, señala Burdiles. 

Los talleres, que han tenido una duración aproximada de tres semanas cada año, con nueve módulos de clases, entregan una Certificación Ambiental Municipal, emitida por FIMA, que según cuenta Juan Pablo Sanhueza, participante de esta certificación en el año 2016, le ha permitido estar preparado para monitorear y fiscalizar su entorno, y aplicar el Derecho Ambiental en sus trabajos del día a día. “Fue una instancia bien importante para vincularme de otra forma con el derecho, que es lo que estudié, y el derecho ambiental en específico que es un área que siempre me ha interesado. Me ha permitido -en el ámbito municipal- generar asesorias ambientales de manera más útil, poder generar mejores respuestas y soluciones”, señala.  

“Las municipalidades son un actor clave en dejar de ver el planeta como una fuente inagotable de recursos, para empezar a verlo como un elemento basal y estratégico de sobrevivencia. Sin planeta no hay economía, y sin territorios, no hay planeta”

-Gloria Lillo 

Para Gloria lillo, Coordinadora del programa Transición Socioecológica en HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG, ha sido de gran valor apoyar estos talleres, ya que según explica, los municipios son la primera línea que enfrenta los desafíos ambientales, desde el norte al sur del país, por lo que comenzar desde estos con la educación ambiental resulta esencial. “Hemos podido entregar herramientas para robustecer el rol de las municipalidades en los comités ambientales comunales, mejorando los instrumentos de planificación territorial, y creando nuevos y mejorados espacios de participación. Todo esto, con el propósito de fortalecer la democracia ambiental a nivel local”, señala Lillo.

La Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ha sido parte importante de la historia de los cursos, de hecho, entre los años 2014 y 2016 los talleres se realizaron en las dependencias de esta, donde participaron funcionarios municipales de las comunas de Quilicura, La Florida, Providencia, Maipú, Santiago y Cerro Navia entre otras. En el 2017, dado el éxito de los años anteriores, se decidió dar un salto hacia la quinta Región, y con el apoyo de la fundación y la Municipalidad de Valparaíso se realizaron los talleres donde participaron alumnos de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Hijuelas, La Pintana, Nogales, Olmué, Quilpué, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar, una experiencia única de aprendizaje entre comunas. “Estos son tiempos interesantes y complejos, donde la preparación, las capacidades y la voluntad de construir de manera conjunta un futuro más justo es de vital importancia”, señala Lillo.

“En ONG FIMA hemos cultivado una relación de confianza y respeto con la Municipalidad de La Pintana que nos gustaría mantener en el tiempo realizando nuevas versiones de este curso, en otras regiones y comunas”

La Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana (DIGA La Pintana) ha sido otro actor clave en la organización de las capacitaciones desde su inicio. De hecho, según explica Gabriela Burdiles, todo partió como una alianza entre FIMA y DIGA, ya que estos últimos empezaron a hacer gestión ambiental sin tener mucho financiamiento: educación ambiental con los vecinos, talleres de cómo reciclar correctamente, huertos urbanos y compostaje, siendo un gran referente de gestión ambiental a nivel municipal. “Eran actores potenciales de la defensa ambiental, a partir de esos diálogos que comenzamos a tener se les ocurrió hacer ese primer taller (2013) en La Pintana”, señala Burdiles. 

Este año 2020, la organización volvió a ser de la mano de Diga La Pintana y la Fundación HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG y con el apoyo de la Municipalidad de Cerrillos, aunque las circunstancias fueron más desafiantes: con la pandemia, los talleres no se podían hacer de forma presencial, por lo que se realizó online, abriendo una convocatoria a los municipios de la zona metropolitana. 

A pesar de las dificultades, el taller volvió a ser un éxito. Participaron 23 comunas: Calera de Tango, Cerrillos, Colina, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Granja, La Pintana, La Reina, Lo Espejo, Macul, Maipú, María Pinto, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Providencia, Pudahuel, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Pedro y Vitacura, y un total de 39 personas fueron certificadas por asistir  al 70% o más de las clases. Además, este año se incluyeron en el programa módulos de humedales urbanos y planificación ecológica, instrumentos de ordenamiento territorial. 

Para Gabriela Burdiles el valor de estos talleres ha sido muy importante, especialmente ahora, con el triunfo del apruebo y la puesta en marcha de una nueva Constitución. “Esta articulación a lo largo de los años  es súper valiosa para la defensa y gestión ambiental local, especialmente en este escenario donde se va a discutir una nueva Constitución. El tener presente esta discusión que vemos en los cursos municipales, los temas que vienen desde las bocas de la experiencia de los mismos municipios nos enriquece. Tratamos de mejorar, aportar en esa mejora regulatoria, pensando en la gestión ambiental local”, señala Burdiles.

 

 

 

La última mega-mina a cielo abierto de carbón y su cierre definitivo

Más de 70 personas y organizaciones de Chile y Latinoamérica esperan la renuncia definitiva a la Resolución de Calificación Ambiental e inicio del plan de cierre por parte de Mina Invierno en Isla Riesco, al tiempo que solicitan al Estado de Chile abrir nuevas formas de desarrollo basadas en energías limpias y detener las licitaciones de yacimientos de carbón como parte del plan de descarbonización nacional.

 

Santiago, 19 de noviembre 2020. Hoy, Chile vive un hito en su desafío por abandonar los combustibles fósiles, lo que podría implicar un avance sustancial en la necesaria descarbonización del país y del mundo. El pasado 10 de noviembre 2020, Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno, afirmó que se encontraban en un punto de no retorno del cierre definitivo de sus operaciones mineras y portuarias en Isla Riesco. Con esto, la mina de carbón a cielo abierto más grande en la historia de Chile dejará de poner a disposición en el mercado eléctrico más de 70 millones de toneladas de carbón para abastecer a las termoeléctricas del centro y norte de Chile y exportar hacia el extranjero. Este anuncio, se hizo en el marco del proceso de cierre paulatino implementado por la empresa tras la decisión del 3er Tribunal Ambiental el 2019, después de que la Comisión Regional de Medio Ambiente de Magallanes, rechazara la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa para el uso de explosivos -tronaduras- en la extracción del carbón.

La decisión de Mina Invierno -de propiedad de los grupos Angelini y Von Appen- de terminar con sus operaciones, es una noticia positiva y necesaria en distintos ámbitos. Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado una importante arremetida mediática de los lobistas del carbón, por lo que se hace necesario volver a recordar e insistir por qué realmente cierra Mina Invierno y las oportunidades que eso podría generar.

1. En el contexto de los esfuerzos que se están implementando a nivel mundial para terminar el uso del carbón, tener menos carbón a disposición del mercado es, sin duda, una buena noticia para no seguir profundizando las graves consecuencias que el cambio climático implica para la subsistencia del planeta y que impactan con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables. Las y los habitantes de las zonas de sacrificio de Chile, en donde la concentración de termoeléctricas instaladas al amparo del Estado han generado graves vulneraciones de los derechos fundamentales de sus comunidades, tal como lo ha sancionado la Corte Suprema, no pueden seguir esperando.

2. Para los esfuerzos que se están haciendo en avanzar en la descarbonización del país, a través de adelantar el cierre de termoeléctricas al menos en una década. Esto considerando que Chile hoy tiene una oferta eléctrica que duplica la demanda y que según informe realizado por KAS Ingeniería y Chile Sustentable demuestra la factibilidad técnico-económica de acelerar el proceso de descarbonización, por lo que cerrar los yacimientos de este combustible es un paso coherente con la necesidad del que el país invierta en nuevas formas de desarrollo basadas en energías limpias. Por supuesto, esto debe hacerse de forma responsable, con una transición justa para las comunidades y los trabajadores, cuestión que no ha sido el caso de Mina Invierno, donde tanto la seguridad laboral como la de las comunidades, ha sido puesta en jaque debido a la irresponsabilidad de la empresa y de los gobiernos.

3. Para Isla Riesco, sobre todo considerando que el proyecto original contemplaba materializar un total de cinco minas de carbón de similar envergadura con un horizonte de extracción de más de 240 millones de toneladas de este combustible fósil. Mina Invierno significó un impacto directo de 1.500 has; tala de 400 hectáreas de bosque nativo de lenga, coigüe y ñirre; modificación de cuencas hídricas, secado de una laguna y sus ecosistemas, afectación de fauna nativa, y la peligrosa operación naviera al trasladar miles de toneladas de carbón a través del Área Protegida Francisco Coloane – donde se ubica el 1er parque marino de Chile-. Además, solo en sus cinco primeros años de operación, Mina Invierno recibió 20 cargos por contaminación e incumplimientos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, sumado a otras sanciones por no pago de patentes comerciales y uso indebido de recursos públicos.

4. Para las economías locales y regionales, puesto que la transición a una economía de cero emisiones de carbono podría crear en América Latina y el Caribe 15 millones de nuevos empleos netos para 2030, según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De hecho, la propia Región de Magallanes ya comienza a ser foco de nuevos proyectos de generación de energías limpias -como podría ser el hidrógeno verde en caso de demostrar ser socioambientalmente sustentable- con la posibilidad de generar miles de nuevos empleos en industrias que van en un acelerado ascenso a nivel mundial.

En suma, el anuncio de cierre definitivo de Mina Invierno es un avance en el sentido correcto para un desarrollo sostenible. Sin embargo, esto sólo se hará realidad cuando la empresa renuncie a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que daría cuenta de una decisión que, aunque se toma por razones económicas de la compañía, iría en la dirección correcta respecto a la sustentabilidad planetaria. En este punto, las organizaciones abajo firmantes, esperamos que el cierre definitivo de Mina Invierno se haga efectivo con la implementación de un plan de cierre y hacemos un llamado al Estado de Chile a detener las licitaciones de yacimientos de carbón, entendiendo que la lucha contra el cambio climático es un tema de justicia social e intergeneracional que traspasa fronteras.

ADHIEREN:

1. 100 Murales por el Agua Provincia de Petorca

2. 350 Brasil

3. 350 Latinoamérica

4. Agrupación Ciudadana Última Esperanza

5. Alerta Isla Riesco

6. Alex Muñoz Wilson, National Geographic Pristine Seas

7. Alfonso De Urresti, Abogado y Senador por la Región de Los Ríos

8. Álvaro Nuñez Pizarro, Presidente Comité de Defensa de Pullay

9. Ariel Durán, Consejal de Coronel 10. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

11. Bárbara Astudillo, Ecofeminista en Defensa de los Derechos Humanos y Naturaleza

12. Beatriz Bustos, Geógrafa, Profesora Asociada, Universidad de Chile.

13. Cada Acción Suma

14. Centro de Conservación Cetácea

15. Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos (CIFAMAC)

16. Centro Ecosocial Latinoamericano

17. Chao Pescao

18. Chile Ambiente

19. Chile Sustentable

20. Ciudadanos y Clima

21. Codeff

22. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

23. Corporación La Caleta

24. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.

25. Daniel Elsberg, vecino Isla Riesco

26. Diego Ibáñez, Diputado por la Región de Valparaíso

27. Diputado Félix González

28. Ecosistemas

29. Enrique Acorssi, ex diputado

30. Escazú Ahora Chile

31. Escuela Agroecologica Germinar

32. Ética de los Bosques

33. Frente de Defensa Ecológico Austral

34. Fridays For Future Chile

35. Fundación Gaia Pacha, Bolivia

36. Fundación Lenga

37. Fundación Mar y Ciencia

38. Fundación Multitudes

39. Fundación Relaves

40. Fundación Territorios Colectivos

41. Fundación Trapananda

42. Greenpeace

43. Grupo Geología Ambiental de la SGCh

44. Guido Girardi, Médico cirujano y Senador por Santiago y Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación

45. Hernan Mladinic, ex- Director Ejecutivo de Tompkins Conservation (2008-2018).

46. Hernán Valdenegro, Médico Veterinario

47. Despierta Mejillones

48. Jorge Canals, ex Subsecretario de Medio Ambiente

49. Jose Vera Giusti, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Master of Arts in Economic Development, Boston University

50. Juan Luis Castro,Médico Cirujano y Diputado por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

51. Laura Albornoz, Abogada

52. Lorena Castex, vecina Isla Riesco

53. Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente

54. Mauricio Folchi, Historiador Universidad de Chile

55. Mejiambiente

56. Miguel Márquez Díaz, Director Ejecutivo EnergiaInteligente Ltda

57. Movimiento Ciudadano Pro Verde

58. Movimiento MOVILIZÁNDONOS por una cultura de derechos de la Niñez y Adolescencia

59. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, PuchuncavíQuintero

60. Mujeres en Resistencia

61. Nicolas Butorovic Alvarado, Licenciado en Ciencias, Climatólogo

62. Nicolo Gligo, Ingeniero Agrónomo, Premio Nacional de Medio Ambiente 2001

63. Oceana

64. ONG FIMA

65. ONG Rebrota

66. Oscar Vargas Zec, Ex Seremi de Salud de Magallanes

67. Patagonia Limpia

68. Real Chile

69. Ricardo Celis, Médico Cirujano y Diputado por la Región de La Araucanía

70. Ríos Vivos, Colombia

71. Sociedad Civil por la Acción Climática

72. Sociedad Civil por la Acción Climática – Magallanes

73. Sociedad Civil por la Acción Climática, Antofagasta

74. Terram

75. Vigilante Costero ONG