Un grupo de instituciones conformado por ACIJ (Argentina), Dejusticia (Colombia), FIMA (Chile), LABA (Brasil), CEJA-OEA, DPLF (regional) y la Red de Empoderamiento Jurídico (global) elaboraron una encuesta de percepción dirigida a organizaciones de la sociedad civil y diversos actores que interactúan con los sistemas de justicia de la región (como universidades, abogadas y abogados, promotores y promotoras legales, centros de estudios, entre otros) para conocer la situación de acceso a la justicia en América Latina en el contexto de pandemia de covid-19, y hoy se realizará el lanzamiento del informe a través de un evento online.
Diciembre 2020. Luego de realizar encuestas, y a partir de los resultados de estas, se elaboró el “Reporte sobre la situación de acceso a la justicia en contexto de pandemia, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y activistas”. De la encuesta participaron 42 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela). El lanzamiento se realizará hoy a las 12 hrs (Chile y Argentina) y será de manera online, con distitnos/as panelistas, entre las cuales se encuentra Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA.
La pandemia provocada por el COVID-19 profundizó aún más las desigualdades en América Latina, haciendo que los grupos vulnerabilizados se encuentren más afectados con el aumento de la pobreza y el desempleo, y con menor protección social y sanitaria . En este marco los problemas de acceso a la justicia impactaron de manera desigual y diferenciada en grupos, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Si bien muchas de las problemáticas son estructurales y, por lo tanto, preexistentes a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, es a partir de ésta y de las medidas de distanciamiento social obligatorio, de la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales y del establecimiento de medidas de excepción en los poderes del Estado, que las desigualdades sociales, económicas, ambientales y políticas se visibilizan y profundizan con mucha más intensidad.
De la sistematización y análisis de la información recolectada -vinculada a la situación existente entre los meses de marzo a octubre- se identificaron patrones de vulneración de derechos que se repiten en los distintos países de la región. Por ejemplo:
- Casi la totalidad de los países de la región suspendieron o limitaron las funciones del Poder Judicial, y por esto, las personas no cuentan con vías adecuadas para canalizar sus conflictos y se acentúa la no accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios de justicia.
- En 12 de los 17 países analizados se adoptaron medidas de excepción constitucional y se dio un proceso de acumulación de funciones en los poderes ejecutivos y en ocho de 17 países se suspendieron las funciones de los poderes legislativos.
- En la mayoría de los países se suspendieron las actividades jurisdiccionales dejando un “servicio mínimo”, sin que se reportara un aumento de la capacidad instalada de los Poderes judiciales para dar respuesta a la demanda adicional provocada por el COVID-19.
- Los Poderes Judiciales respondieron de manera limitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales y fueron percibidos por las y los encuestados como poco efectivos para resolver conflictos generados a partir de la pandemia.
- Los procesos de incorporación de TICs se han acelerado y profundizado a partir de la pandemia en los Poderes Judiciales de toda la región, aunque sólo siete países adoptaron un enfoque diferencial buscando reducir la brecha digital.
- A partir de la pandemia, se profundizaron las barreras que afectan a los grupos vulnerabilizados en su vinculación con los servicios de justicia y la asistencia legal gratuita se vio afectada por la suspensión de los servicios de justicia y por los cambios en la modalidad de prestación.
A partir de los datos obtenidos, el reporte señala la necesidad de que los poderes judiciales den cuenta de las medidas que están siendo tomadas en pos de garantizar la reanudación plena del servicio de justicia. En este escenario, los distintos poderes judiciales no pueden limitarse a cumplir funciones jurisdiccionales mínimas, sino que resulta necesario que se generen y amplien sus funciones para poder dar respuesta a una emergente demanda social provocada por las medidas de aislamiento sanitario.
Las organizaciones participantes de la elaboración de este trabajo esperan que este informe regional pueda servir a las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos, y otros actores para incidir en las políticas y decisiones públicas locales, nacionales y regionales que tiendan a revertir algunas de la barreras que enfrentan los grupos vulnerabilizados para acceder a la justicia en este particular contexto y más allá de él.
Además, este diagnóstico tiene el potencial de constituirse en un insumo para la elaboración de un “Acuerdo Regional por el Acceso a la Justicia” que servirá para acompañar, acelerar y potenciar los procesos jurídicos comunitarios, al igual que para aportar a los cambios institucionales, culturales y económicos que nuestros países deben realizar con miras a brindar un servicio de justicia igualitario, oportuno, de calidad, accesible y eficaz.
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