La relación entre las personas y la naturaleza es inseparable. Proteger el medio ambiente no es solo un deber ético: es la base de la calidad de vida, la justicia social y la seguridad humana.
Hace prácticamente 40 años lo ambiental estaba ausente del debate público. Hoy, en plena crisis climática, resulta urgente avanzar hacia políticas integrales con definiciones tempranas de alcance y coordinación, que permitan la eficiencia de los permisos sectoriales, anticipen impactos, fortalezcan la resiliencia de comunidades y ecosistemas, y garanticen condiciones dignas frente a emergencias presentes y futuras.
En este contexto, es indispensable que la protección ambiental esté al centro de la discusión presidencial. La seguridad hídrica, la conservación de ecosistemas, la transición energética justa y el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación no solo son fundamentales para garantizar una vida digna, sino que también resultan económicamente estratégicos, especialmente en un país cuya matriz productiva depende intensamente de los recursos naturales, y tenemos una alta vulnerabilidad climática. Sin protección ambiental no hay futuro.
Mantener estándares ambientales reduce costos futuros asociados a sequías, incendios, inundaciones y desertificación; aporta seguridad jurídica para la inversión; optimiza la asignación de recursos y equilibra las cargas ambientales; además de promover innovaciones que sostienen la productividad en el tiempo. Reconocer esta interdependencia demuestra que la protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, sino su base indispensable.
Por ello, hacemos un llamado a las y los candidatos presidenciales a comprometerse sin retrocesos con el medio ambiente. Como organizaciones, planteamos tres pilares mínimos para cualquier programa: No regresión, Respeto a la legislación vigente y Transparencia.
NO REGRESIÓN
El principio de no regresión establece que los estándares de protección ambiental, salud, participación y transparencia son un piso mínimo que no puede debilitarse. Chile ha avanzado en normativa ambiental y retroceder sería inaceptable.
Se requiere fortalecer los estándares actuales, mejorar los procesos evaluativos y asegurar que la evaluación ambiental sea rigurosa, predecible y basada en evidencia. Esto implica que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con información completa (líneas base sólidas, alternativas reales, medidas verificables), con definiciones tempranas de alcance y coordinación eficaz entre permisos sectoriales.
El próximo gobierno debe comprometerse a:
- Aumentar la dotación y capacidades técnicas de las instituciones que evalúan proyectos y fiscalizan la ejecución de los mismos, así como los componentes ambientales de regulaciones sectoriales (agua, energía, minería, bosques, pesca y acuicultura, entre otros) .
- Garantizar evaluaciones ambientales oportunas y coordinar los servicios sectoriales, donde suelen producirse las demoras.
RESPETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Cumplir la legislación ambiental significa aplicar integralmente las normas y tratados internacionales ratificados por Chile, incorporándolos en políticas, leyes, reglamentos y otras regulaciones con presupuestos adecuados para su implementación y fiscalización. Supone decisiones ajustadas al marco legal, con trazabilidad, transparencia y participación ciudadana, sancionando los incumplimientos.
Esto incluye:
- La Constitución y tratados internacionales (Acuerdo de París, Escazú, Marco Mundial Kunming-Montreal, entre otros).
- Las leyes marco y sectoriales (Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Servicio Nacional Forestal, Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas , Ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo, así como regulaciones sobre aguas, residuos, energía, minería, entre otras).
- Reglamentos, normas de calidad y emisión, planes de descontaminación, manejo y áreas protegidas.
- Resoluciones administrativas y obligaciones de transparencia.
La legislación ambiental chilena ha sido fruto de aprendizajes colectivos. El próximo gobierno debe aplicarla plenamente, con plazos, presupuestos y responsables claros, asegurando que:
- La salud sea eje de planes de descontaminación y evaluaciones de impacto.
- No se concentren cargas en ciertos territorios, definiendo zonas de exclusión, resguardo y restauración.
- Se fomente la implementación (apoyo a regiones y municipios) y
- Que existan sanciones efectivas que eviten que las grandes industrias traten las infracciones y las multas que deriven de ellas como costos de operación y que efectivamente sean una forma de desincentivar malas prácticas.
TRANSPARENCIA
La transparencia es esencial para la democracia. Implica que la información pública sea accesible y clara, y que también lo sea la información técnica que fundamenta decisiones estatales y privadas sobre bienes comunes.
La ciudadanía, sin importar nivel educativo, debe comprender las políticas y regulaciones ambientales, así como los impactos de proyectos de inversión e infraestructura en los territorios. Transparencia también significa dar a conocer los intereses —estatales, privados o sociales— detrás de las decisiones.
No basta con exigir transparencia activa al Estado y a la sociedad civil: también debe aplicarse a instituciones privadas y a acuerdos con el Estado. Esperamos que las y los candidatos se comprometan a avanzar en esta línea y a garantizar que la información sea comprensible y accesible para toda la población.
Firman:
- Campaña Salvemos la Patagonia
- Chile Sustentable
- Ecosistemas
- Fundación Ecosur
- Fundación Relaves
- Fundación Rewilding
- Fundación Terram
- Greenpeace
- Observatorio Ciudadano
- Oceana
- ONG FIMA
- Uno Punto Cinco
