- Por Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA
Señor Director:
A propósito del oficio del Ministerio de Medio Ambiente que suspende el otorgamiento de nuevas concesiones de salmonicultura en áreas protegidas, aplicando la promulgada Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el gremio salmonero ha intentado crear la idea de que es un acto antojadizo. Este relato se suma al de la “permisología” y las oportunidades económicas que el país estaría perdiendo producto del largo tiempo que lleva la evaluación del proyecto. Este discurso ideológicamente cargado omite que la ley SBAP se discutió por más de 10 años y que en su tramitación resultó perjudicada la protección ambiental, precisamente por la presión en favor de ciertas industrias, quienes contra todo sentido común, aún pueden estar instaladas en áreas protegidas. La ley, sin embargo, tiene un mínimo de consideración: las futuras concesiones deben contar con un plan de manejo y la actividad debe ser compatible con el área protegida.
A pesar de los conocidos problemas ambientales en Chile y no obstante haber quedado en una posición privilegiada con la nueva ley, la industria salmonera hace gala de su voracidad. En lugar de plegarse al cumplimiento de la ley parece dedicar su esfuerzo a denostar la labor que el Estado hace para compatibilizar la existencia de este sector productivo con la necesaria protección ambiental.
El discurso adversarial entre ambiente y producción económica no tiene sentido. El desarrollo del país no se logra destruyendo la naturaleza, sino innovando y mejorando procesos. En miras a la tramitación de una ley de acuicultura, así como de la entrada en vigencia del SBAP, es deber de las industrias hacerlo mejor para las actuales y futuras generaciones.
Columna publicada en La Segunda – 18/10/23
