Antonia Berríos

Abogada de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros

La noticia del reciente fallo de la Corte Suprema en la causa de Dominga abre una interesante la posibilidad al rechazo definitivo del proyecto. En esta causa se conocieron los recursos de casación presentados por defensores del medio ambiente en contra de la sentencia del tribunal ambiental que había dado una nueva oportunidad a la mina de hierro que se ubicaría en La Higuera, zona conocida mundialmente como hotspot de biodiversidad, y ordenaba una nueva votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. En dicha sentencia, el tribunal puntualizó que sí reconocía falencias en la evaluación, lo que hacía que no pudiera revocarse sin más la resolución, y que debía volverse atrás para una nueva evaluación.

En paralelo al procedimiento que llevaba adelante la Corte Suprema, y que culminó la semana pasada, se ejecutó la sentencia del tribunal ambiental. Esto se hizo, sin embargo, sin llevar adelante una nueva evaluación ambiental como se había ordenado, sino que aprobando lisa y llanamente el proyecto rechazado el 2017. Así, los acontecimientos parecen un extraño déjà vu, pero que esta vez puede tener un desenlace distinto y tal vez definitivo. El encargado de darle ese giro es la ciudadanía, que a través de reclamaciones y solicitudes de invalidación presentadas recientemente, pusieron a disposición de las autoridades las razones de por qué este proyecto resulta inviable ante el ordenamiento jurídico vigente.

Al día de hoy, ya sea por nuestra intrincada y rica geografía, por nuestra historia marcada por eventos de la naturaleza, o bien por la alta vulnerabilidad del país frente a estos cambios, las y los chilenas/os tenemos una gran sensibilidad frente al cuidado del medioambiente. Así, es posible ver cada vez más cómo las demandas ambientales son entendidas como demandas sociales, formando parte de aquellos requisitos mínimos de dignidad dentro del discurso común.

En la historia del último tiempo, esta revalorización por la conservación de entornos naturales se ha hecho notar en la ponderación ciudadana que se ha dado sobre proyectos de inversión que ofrecían gran desarrollo y una idea de progreso, pero con un alto costo ambiental. Mientras los precursores de las iniciativas aseguran que sus proyectos resultan indispensables para el correcto y mejor desarrollo del país, frecuentemente equiparando su valor en trabajos, carreteras o impuestos que entrarán a arcas fiscales, otras voces se alzan para llamar la atención sobre lo injusto del intercambio.

Por alguna razón, tal vez otro tipo de déjà vu, personas que han visto el retroceso de la naturaleza a lo largo de su vida y otras que temen que para el tiempo en que ellos crezcan ya nada de eso quede, tienen el mismo sentir. No puede predecirse con certeza el resultado de la suma, ¿realmente ganaremos todos?

Algunos de esos proyectos se construyeron y hoy lamentamos las consecuencias, algunos incluso resultan inviables económicamente, otros transformaron bahías en zonas inseguras para crecer y otros no fueron capaces de cumplir el mandato de no causar daño al medio ambiente, porque este daño era parte del diseño. En algunas oportunidades sí se logró evitar el daño y evitar su construcción, permitiéndonos comprobar que esa promesa de generación eléctrica, de empleo y crecimiento puede ser superada por alternativas limpias.

Entonces, sí es posible aprender de la historia. Cuando un proyecto no aporta toda la información necesaria para descartar sus impactos o hacerse cargo de ellos, ofrece medidas que causarán pérdida neta de biodiversidad y toda la evidencia técnica y científica existente apunta a la ocurrencia de un daño irreparable, debemos poner alto.

En el caso del proyecto Dominga, este contempla dos excavaciones para explotar a rajo abierto en la zona más austral del desierto florido destruyendo más de 11 mil hectáreas; perforar el acuífero Los Choros, haciendo aflorar irremediable e indefinidamente las aguas del acuífero que alimenta a los agricultores del valle; un mega puerto en la bahía de una zona que se ha denominado como el “Galápagos” chileno y, en la misma zona, una planta de descarga de salmueras, tránsito de naves cargueras, plantas de procesos, instalaciones industriales que transformarán este espacio natural mundialmente reconocido por su valor ambiental, en una zona industrial, con los impactos lumínicos, de ruido, emisiones y paisaje que eso significa.

La reciente sentencia de la Corte Suprema, sin respaldar de forma alguna el proyecto Dominga, nos recuerda que el Comité de Ministros tiene una amplia competencia para resolver. Deberá hacerlo, según la misma sentencia, apreciando los antecedentes técnicos, de los que tiene suficientes para rechazar la decisión, y también los aspectos de mérito, oportunidad para reflejar un análisis a la altura de lo que espera la ciudadanía, que no está dispuesta a sacrificar nuevamente el medio ambiente a cambio de un mal y desigual negocio.

Columna publicada en La Tercera – 23/05/2022