Ciudadanos y Ongs presentan observaciones contra el uso de Tronaduras en Mina Invierno

La comunidad espera que con esta nueva etapa, el proyecto sea evaluado incluyendo todas sus externalidades negativas y finalmente sea rechazado debido al daño ecológico e impacto en las vidas de las personas. Hoy finalizan los 20 días hábiles para realizar observaciones al proyecto emplazado en Magallanes, luego de que ineditamente en marzo pasado la Corte Suprema ordenara revocar la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, de Mina Invierno para el uso de Tronaduras en Isla Riesco, y abrir el Proceso de Participación Ciudadana. En este contexto, desde Alerta Isla Riesco, AIR, junto a la comunidad y ONGs, entre las que se encuentran Chile Sustentable, Fundación Yendegaia, Codeff, Greenpeace y el Centro de Conservación Cetácea a nivel nacional y ACUE y Agrupación Ecológica Patagónica en la Región de Magallanes, entre otras, han trabajado intensamente para que la participación ciudadana refleje los impactos que este proyecto tendría para la zona, tanto por sus efectos contra el medio ambiente, como para la calidad de vida de sus vecinos y en su fuente laboral. “Desde que nos fue notificado el restablecimiento de este espacio fundamental, hemos estado trabajando sin parar para levantar observaciones técnicas hacia el proyecto de tronaduras y los impactos que generarán en el medio ambiente de Isla Riesco y para los habitantes”, comenta Ana Stipicic, coordinadora nacional de AIR. Dentro de los temas generales observados se encuentra el gran impacto que los combustibles fósiles, como en este caso el carbón, tienen para el cambio climático; el fraccionamiento del proyecto, que fue presentado de forma separada para el puerto, mina y las tronaduras; y en específico los impactos de las tronaduras para la fauna terrestre y marina y la actividad ganadera, entre otras. Además de la poca prolijidad del Servicio de Evaluación Ambiental para la difusión del proceso entre la ciudadanía. “Se puede observar que aún, pese a la decisión de la Corte Suprema que retrotrajo el procedimiento, con el objeto de que se haga la participación ciudadana (PAC), no existe una intención por parte del SEA de Magallanes de realmente facilitarla, en un lugar donde de por si, es de difícil acceso, está bastante aislado y sin embargo, la publicidad que se hizo al proceso y a los impactos del proyecto mismo, han sido bastante pobres. Esto incide finalmente, en que la Participación Ciudadana no pueda cumplir su objetivo real, que es llegar a una mejor decisión ambiental”, señaló Diego Lillo, Coordinador de Litigios de la ONG FIMA. Adicionalmente, desde Alerta Isla Riesco acusan lo poco simétrico que resulta exigir a la ciudadanía a que demuestre los impactos del proyecto “Impresiona que se le pida a las comunidades bajo sus escasos y limitados recursos, que sean ellas las que demuestren la existencia de diversos impactos ambientales, en contraposición a empresas como Copec y Ultramar que pueden acceder a contratar equipos completos de profesionales para demostrar, como lógicamente les conviene, que no pasará nada en ningún aspecto evaluado con el uso de tronaduras”, agrega Stipicic. Mina Invierno Dado el comportamiento de la compañía minera en estos años de explotación, las organizaciones creen que el proyecto Mina Invierno, desde sus inicios pretendió incorporar las tronaduras. Sin embargo, en su Estudio de Impacto Ambiental, EIA, la empresa negó sistemáticamente que usaría explosivos, aprobándose así un proyecto que no contemplaba ese método extractivo mucho más contaminante. Sólo pasados unos años, la empresa presentó una modificación al proyecto mediante Declaración de Impacto Ambiental (DIA), incorporando las tronaduras, aludiendo a que se habían encontrado con rocas más duras de lo esperado y a que el costo de producción y los valores del carbón en el mercado hacía posible que se tuviera que despedir grandes cantidades de trabajadores o que cesaran sus operaciones, lo que claramente ha constituido una presión política importante hacia las autoridades evaluadoras. Para efectos de este nuevo proceso, organizaciones sociales y personas de Magallanes solicitaron participación ciudadana, cuestión que en un comienzo fue denegada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, para la Corte Suprema, fue evidente que esto significó una ilegalidad en su tramitación y es por eso que obligó a retrotraer todo el proceso a su etapa inicial, abriéndose así una esperanza para la comunidad con la participación ciudadana.]]>