[caption id="attachment_6663" align="alignleft" width="200"] M. Victoria Galleguillos Alvear
Coordinadora de Investigación
FIMA[/caption]
Hace unas semanas, Simon Upton, Director de la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE, presentó la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, documento que muy probablemente determinará los focos de la política ambiental nacional de los próximos años. Las primeras palabras de Upton al presentar el documento no se centraron en el Medio Ambiente, sino que se dirigieron a destacar el proceso de reforma legal que actualmente vive el país. Especialmente se refirió a la importancia de las reformas legales en materia de educación, recordando que Chile de acuerdo a los criterios de la OCDE se encuentra dentro de los 10 países con más desigualdad educativa[1], además de liderar el ranking de los países más desiguales[2], intentando subrayar, con estas aseveraciones, la relevancia de la cohesión social en la persecución de logros ambientales significativos.
Esta alusión a la importancia de las reformas educativas en Chile nos conduce a la evidente comunión que existe entre medio ambiente y educación, y a preguntarnos cuál es el camino que nos queda por recorrer en esta materia. El informe es claro en destacar que si bien “las consideraciones ambientales están cada vez más presentes en el sistema de educación en Chile”[3], los programas de estudios están obsoletos y se requieren actividades mucho más amplias. Sólo con estas acciones se podrá avanzar hacia una efectiva contribución de la sociedad civil en la formulación de políticas ambientales.
Sobre esto último, es importante destacar que actualmente Chile se encuentra liderando un proceso de negociación a nivel latinoamericano sobre el Principio 10 de la Declaración de Rio, el que comprende, dentro de sus ejes, la participación y el acceso a la información. No cabe duda que el Estado no puede tener como objetivo solo asegurar la disponibilidad de la información y los mecanismos de participación, sino que debe orientar su actuar a preparar a la ciudadanía para intervenir de manera activa e informada, de modo que puedan desde sus propias comunidades fiscalizar y defender sus intereses.
Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 3º letra k) indica como principio del sistema educativo chileno la sustentabilidad, indicando que “el sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones”, lo cual es destacado por la OCDE como un avance en los compromisos educacionales ambientales del país. Sin embargo, es relevante que este principio efectivamente repercuta en todos los establecimientos y con ello en el currículo escolar.
Al día de hoy el principio no está siendo adecuadamente honrado. Así, por ejemplo, el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales -que debiera ser la herramienta que asegure el cumplimiento- sigue siendo un programa voluntario y aunque han aumentado los establecimientos adscritos y las certificaciones de excelencia, es necesario avanzar hacia una cobertura generalizada de aspectos ambientales con una permanente actualización, como también invertir en la debida capacitación del profesorado en estas materias.
Otro de los elementos destacados por el informe de la OCDE dice relación con la capacitación en materias ambientales a funcionarios públicos y empresarios, especialmente PYMES, como también la necesidad de aumentar la inclusión de aspectos ambientales en la educación superior y terciaria[4]. Cabe destacar que solo una adecuada inserción de estos aspectos en la formación de profesionales y técnicos permitirá, por ejemplo, una adecuada utilización de los incentivos al cumplimiento implementados por la ley 20.417 e instaurará la anhelada cultura de la cooperación ambiental entre los agentes regulados.
Por otro lado, la educación ambiental es un elemento esencial a la hora de abordar el desafío del cambio climático. En este sentido, el Segundo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022), actualmente en consulta pública, aborda la educación y sensibilización en este tema. El plan propone acciones relevantes que parecen estar encaminadas en el sentido correcto, sin embargo, la ausencia del Ministerio de Educación como organismo responsable de la mayoría de las acciones hace temer la falta de una debida y coordinada implementación de las mismas.
Finalmente, el informe señala que la ciudadanía chilena demuestra un alto grado de conciencia ambiental[5], cuestión que también se evidencia en los primeros resultados del proceso de encuentros locales para una nueva constitución en Chile, que localizaron al medio ambiente dentro de los principios, derechos y deberes más importantes.
La educación ambiental es uno los elementos primordiales para iniciar un camino que nos permita transformar dicha preocupación ciudadana por cuestiones ambientales, en acciones concretas de protección del medio ambiente que compartimos.
[1] Informe OCDE, Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar, Febrero 2016.
[2] Estudios Económicos de la OCDE, Chile, Noviembre, 2015.
[3] Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, 2016, p.30.
[4]Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, 2016 p.171.
[5]Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, 2016 p. 134.
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