El Indice de Democracia Ambiental (EDI por sus siglas en inglés), es la primera plataforma interactiva pública que hace seguimiento al progreso que los países tienen en la implementación de las leyes que promueve la transparencia, responsabilidad y participación pública en la toma de decisiones.
El 4 de junio realizaremos el lanzamiento con los resultados que este informe arrojó para la realidad de nuestro país. Tendremos excelentes comentaristas y esperamos que se pueda generar un buen debate que permita crear conciencia respecto a la importancia que los Derechos de Acceso tienen para la democracia y la protección de nuestro medio ambiente.
Los invitamos a estar atentos y a seguirnos con el hashtag #LanzamientoEDI.
¿Por qué es necesario medir los índices de democracia ambiental de cada país?
La democracia ambiental se basa en la idea de que la participación ciudadana real y significativa es crítica para asegurar que las decisiones sobre la tierra y recursos naturales sean tomadas adecuada y equitativamente en relación a los intereses de los ciudadanos. En ese sentido, la democracia ambiental involucra tres derechos entrelazados: La habilidad de las personas para acceder libremente a la información sobre la calidad y problemas del medio ambiente para participar significativamente en la toma de decisiones y para solicitar el cumplimiento de las leyes ambientales o compensaciones en caso de daños.
Proteger estos derechos para cada persona, especialmente los más marginados y vulnerables, es el primer paso para promover la igualdad y justicia en el desarrollo sustentable. Cuando existe la falta de estos derechos esenciales, el intercambio de información entre el gobierno y el público es ahogado y las decisiones que dañan a las comunidades y al medio ambiente, no pueden ser cuestionada o reparadas. Establecer un marco legal fuerte, es el punto de partida para el reconocimiento, protección y empoderamiento de los derechos de democracia ambiental.
EDI is the first-ever interactive public platform that tracks countries’ progress in establishing national laws to promote transparency, accountability, and public participation in environmental decision making. The launch event will explore key trends across 70 countries assessed and how these results can support efforts to strengthen environmental democracy around the world.
Environmental democracy is rooted in the idea that meaningful public participation is critical to ensuring that land and natural resource decisions adequately and equitably address citizens’ interests. At its core, environmental democracy involves three mutually reinforcing rights: the ability of people to freely access information on environmental quality and problems, to participate meaningfully in decision making, and to seek enforcement of environmental laws or compensation for harm.
Protecting these rights for any individual, especially the most marginalized and vulnerable, is the first step to promoting equity and fairness in sustainable development. When essential rights are lacking, information exchange between governments and the public is stifled and decisions that harm communities and the environment cannot be challenged or remedied. Establishing a strong legal foundation is the starting point for recognizing, protecting, and enforcing environmental democracy rights.
