«Las personas que vivimos en zonas de sacrificio vivimos con el miedo de no poder hacer nada al respecto en temas ambientales» – Manuel Carvajal, de Despierta Mejillones
¿Qué son las zonas de sacrificio? ¿Se puede revertir el profundo daño ambiental que existe en estos sectores? ONG FIMA, en conjunto con Chile Sustentable, Coordinadora Despierta Mejillones y coalición Chao Carbón organizaron un conversatorio en el cual se profundizó en la temática de las zonas de sacrificio en Chile, presentando no solo los problemas, sino que posibles respuesta y soluciones al conflicto medio ambiental que afecta al país.
Noviembre 2020. Quintero y Puchuncaví son dos ejemplos claros que dejaron en evidencia el olvido y falta de prevención por parte del gobierno y las grandes empresas termoeléctricas, que transformaron estos sectores en zonas de sacrificio, lugares donde el daño ambiental es profundo y prácticamente irreversible. Por antecedentes como este caso, fue que la primera semana de noviembre estuvo marcada por las discusiones ambientales del proyecto de Ley de Cierre de Termoeléctricas a carbón al año 2025, iniciativa que es impulsada por distintos grupos, entre ellos #ChaoCarbón, que agrupa a organizaciones a lo largo de Chile que buscan terminar con las termoeléctricas a Carbón y las zonas de sacrificio
En este contexto se realizó el conversatorio “Una nueva Constitución para terminar con las zonas de sacrificio”, organizado por ONG FIMA, Chile Sustentable, Coordinadora Despierta Mejillones y coalición Chao Carbón, el pasado 3 de noviembre. La instancia contó con la participación de Claudia Fuentes, encargada de proyectos de descarbonización en Chile Sustentable; Manuel Carvajal, de Despierta Mejillones; Doris Zamorano, dirigente social de Huasco y miembro de CRAS Huasco; Felipe Pino, abogado de ONG FIMA y Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA.
En el conversatorio se abordaron distintas temáticas, como los impactos ambientales negativos del desarrollo industrial, el concepto de zonas de sacrificio, los casos de contaminación ambiental de Mejillones y Huasco, y las posibilidades que trae consigo una nueva Constitución y proceso constituyente en materia ambiental.
El contexto histórico y social de las zonas de sacrificio
En la década de los 60, en Chile se celebraba la industrialización: traía oportunidades de trabajo y era un ideal de progreso, donde se hacían grandes construcciones para impulsar el llamado Modelo de Sustitución de Importaciones, creando industrias estratégicas en el país. ¿El problema? Todo esto se hizo sin una pizca de conciencia ambiental. Así lo explicó Carolina Fuentes, experta en el tema, quien durante el conversatorio del pasado 3 de noviembre habló sobre el sacrificio socioambiental en los discursos de desarrollo y profundizó en la definición de las llamadas zonas de sacrificio.
Fuentes explicó que el término “zona de sacrificio” no es un concepto técnico ni categoría jurídica que se pueda encontrar en una ley específica, sino más bien una denominación que ha sido utilizada en Chile -desde hace diez años aproximadamente- por organizaciones, la sociedad civil y la propia ciudadanía, que empezaron a denunciar impactos ambientales que se venían produciendo de forma permanente en ciertos territorios, donde las poblaciones estaban sometidas a contaminación u otro impacto socioambiental. “Es una categoría social y política en construcción que sirve para denunciar -y tratar de revertir- una situación éticamente inadmisible. Son consecuencia de un estado que no ha sido capaz de hacerse cargo de estos impactos, de un mal desarrollo, de proyectos mal manejados”, dijo Fuentes.
Por otra parte, la encargada de proyectos de descarbonización de Chile Sustentable contó que en un comienzo las zonas de sacrificio eran cinco: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero y Puchuncaví, lugares industriales con mucha presencia de termoeléctricas, fundiciones y/o puertos, pero que en la actualidad, el concepto se ha ampliado para territorios con extrema sequía o basurales como en Til Til.
Pero, ¿qué hace que una zona de sacrificio sea denominada como tal? Durante su exposición, Fuentes indicó que hay 118 conflictos socioambientales en Chile, pero no todos estos son zonas de sacrificio, ya que para caer en esa categoría debe existir una vulneración sistemática a lo largo del tiempo, que implique que la gestión medioambiental no puede hacerse cargo, ya que la zona de sacrificio excede las competencias institucionales.
«Hay lugares cuyos habitantes parecen haber sido condenados a vivir en un ambiente severamente contaminado. Es una vulneración de sus derechos más básicos, como salud, educación, trabajo”, aseveró Fuentes.
La lucha del Huasco
Cuando corre viento, la contaminación en Huasco se siente más que nunca: el aire prácticamente no se puede respirar. La población vive en constante alerta, con cinco termoeléctricas en el territorio, y un vertedero de cenizas que está totalmente sobrepasado. Así indicó Doris Zamorano, habitante del Valle de Huasco, durante su presentación en el conversatorio.
“Vivir en una zona de sacrificio significa estar con constantes malestares”, estableció Zamorano, para luego explicar que la contaminación en Huasco ha dejado severas consecuencias: las economías locales, el agua, el aire y el suelo están devastados por las industrias contaminantes. «Aquí en Huasco hay un problema de fondo, que es un problema social. Las empresas juegan con la necesidad de las personas, juegan con la promesa del progreso y desarrollo para todos, y no es así. Lo único que ganamos es enfermedades y división».
A su vez, Doris Zamorano explicó que los grupos ambientalistas del Huasco, en conjunto con la población, han hecho explícitas sus demandas por el cierre de las termoeléctricas, a pesar de que el daño ya está hecho, y que esperan que el congreso apruebe pronto la ley de cierre al 2025 de estas empresas. “Tenemos que luchar por una ley de zona de sacrificio, porque es bastante difícil vivir en una”, finalizó la activista ambiental.
El olvido de Mejillones
“Mejillones es la zona con más centrales termoeléctricas a nivel nacional, son nueve”. Así comenzó su presentación Manuel Carvajal, el defensor ambiental de Mejillones, quien luego señaló que uno de los grandes desafíos de una nueva Constitución sería justamente la solución de los problemas medioambientales que afectan a las zonas de sacrificio del país, como es el caso de la comuna de Mejillones.
Para Carvajal, el principal problema está en que las autoridades y entes reguladores no han sabido enfrentarse al problema de la contaminación, y sus continuas decisiones erradas han profundizado los conflictos. «Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro modelo tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque este trabaja para el empresario y no en pos de la gente. No es un ente fiscalizador válido», señaló.
«Necesitamos una constitución más medioambiental, debemos alinearnos en eso. Las personas que vivimos en zonas de sacrificio vivimos con el miedo de no poder hacer nada al respecto en temas ambientales. Debemos presionar a los constituyentes, ellos son los que verán las reglas del juego en una nueva constitución», finalizó el activista de Despierta Mejillones.
#ChaoCarbón: justicia ambiental para Chile
En las pasadas elecciones del 25 de octubre el apruebo tuvo una victoria avasalladora en el país, ganando casi con un 80% del total de los votos. En las distintas zonas de conflictos ambientales de Chile el panorama no fue distinto: el apruebo ganó con casi un 90% de los votos en estos sectores, dando esperanza de que una nueva carta enfrente de mejor manera los profundos problemas medioambientales del país.
Felipe Pino, abogado de ONG Fima, comenzó su presentación en el conversatorio señalando estos datos, para luego adentrarse en el concepto de justicia ambiental: “se refiere a la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales”. Las cargas, en este caso, serían los riesgos y costos de las actividades que afectan al medioambiente -como termoeléctricas a carbón- mientras que los beneficios son los servicios ecosistémicos aprovechables por las personas, como el agua y alimentos. La justicia ambiental significaría también, que las personas cuenten con una participación activa en la toma de decisiones ambientales, asegurando su derecho de acceso.
Luego de esto, Pino se refirió a la presencia del medioambiente en la actual Constitución, señalando que no es suficiente, ya que se trata de una manera muy amplia, sin especificar en detalles. Por otra parte, el abogado de Fima señaló que el concepto de contaminación es ambiguo en la ley, lo que ha permitido aprovechamientos por parte de distintas empresas, haciendo que los conflictos ambientales escalen a mayor velocidad, afectando a un gran número de personas.
“El cambio está en el proceso constituyente”, sostuvo Pino, quien después explicó que la reformulación de la garantía constitucional para vivir en un medioambiente libre de contaminación, y la incorporación del concepto de justicia ambiental como principio constitucional, son los primeros pasos para una actualización de la institucionalidad y legislación ambiental.
“Una Constitución Ecológica no significa el fin de las zonas de sacrificio, pero si un cambio en el modelo que sostiene a estas. Si o si va a ser la primera piedra para asentar una nueva relación entre la sociedad y el medioambiente. Es un momento histórico que tenemos que aprovechar, no podemos esperar más para tener una Constitución ecológica”, señaló.
El conversatorio quedó grabado y disponible para su reproducción en el canal de Youtube de ONG FIMA, y puedes verlo aquí.
