
En el contexto de los diálogos sobre una nueva Constitución y los elementos que esta debiese abordar, ONG FIMA realizó el pasado 5 de noviembre un nuevo conversatorio de “Hacia una #ConstituciónEcológica”, esta vez, enfocado en la temática de Derechos Humanos Ambientales, en el cual participaron expertos con destacada trayectoria nacional e internacional
Noviembre 2020. Tras el triunfo del apruebo en el pasado plebiscito del 25 de octubre, abrir el diálogo sobre las temáticas que debiese abordar una nueva Constitución es más importante que nunca. Uno de los temas recurrentes que ha surgido en torno a esto, ha sido el del rol del medioambiente en la nueva carta, y los derechos que este debiese tener expresados en ella. En este contexto, ONG FIMA ha realizado cinco conversatorios en torno a la idea de “Constitución Ecológica”, empezando en julio y la última realizada durante la primera semana de noviembre. En esta ocasión, el diálogo estuvo enfocado en Derechos Humanos Ambientales, con cuatro expertos/as en el tema.
Los panelistas de este último seminario fueron David Boyd, Relator Especial de la ONU de Derechos Humanos y Medio Ambiente; Valentina Durán, abogada y Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; Natalia Alfieri, abogada, asesora independiente y ex relatora del Segundo Tribunal Ambiental; Judith Schonsteiner, Profesora asociada, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, quienes hablaron sobre las falencias de la actual Constitución en materia ambiental, los desafíos ecológicos de Chile, el derecho a acceder a un medioambiente sano y más, con la moderación y presentación de Diego Lillo, abogado de ONG FIMA.
Nueva Constitución: una oportunidad para ser creativo.
“Derecho a la información ambiental, a la toma de decisiones y el acceso a la justicia cuando se vulneran los derechos ambientales, son elementos básicos que deberían estar incluidos en la Constitución de cada país”, expresó David Boyd, al hablar sobre los desafíos a los que se enfrenta Chile en torno a la creación de una nueva carta.
El relator de la ONU habló de situaciones únicas en la vida, y que esta era una de aquellas para Chile, ya que se trata de una muy buena oportunidad de incluir el reconocimiento de los principios clave de los derechos ambientales, como la precaución, equidad intergeneracional, el principio de quien contamina, paga, como francia en el 2005 y protección de los defensores del medioambiente. “Es la oportunidad para ser creativos e incluir todo esto en la Constitución”, dijo Boyd.
Además, el ambientalista habló de las múltiples posibilidades de hacer frente a la crisis del cambio climático, hablando de la participación ciudadana y la creación de nuevas organizaciones que vayan en pos de la protección de la naturaleza. “Todas las personas tenemos una responsabilidad de proteger el medioambiente”, señaló, diciendo que esto es clave para el fortalecimiento de las leyes ambientales, además de la creación de un órgano independiente para la protección de la naturaleza.
“Un medio ambiente sano incluye aire limpio, agua limpia, un clima seguro, alimentos sanos y producidos de manera sostenible, ecosistemas y biodiversidad sanos y entornos no tóxicos en los que la gente vive, trabaja y juega”, informó Boyd.
Derecho a vivir en un medioambiente sano: ¿es suficiente?
Cuando se habla del derecho a vivir en un medioambiente sano, ¿a qué se refiere esto específicamente? ¿qué es lo que se busca? Con estas reflexiones comenzó su presentación Judith Schonsteiner, para luego enfatizar en que este concepto queda corto, ya que la protección del medio ambiente requiere mucho más que un derecho antropocéntrico como el que se tiene actualmente en la Constitución chilena.
“Si solo incorporamos lo que está en los tratados (ambientales), vamos a quedar muy cortos, porque internacionalmente, Chile no ha reconocido en ningún tratado el derecho a vivir en un medioambiente sano”, señaló la profesora asociada de la Universidad Diego Portales. “La protección del medioambiente tiene que ir más allá del interés humano”, enfatizó.
Además, Schonsteiner señaló que una nueva Constitución no es la solución a todo, ya que si los/as constituyentes no están bien informados en materia ambiental, el país podría quedar con aún menos protección a la naturaleza de la que ya existe. La académica señaló que la nueva Constitución no puede descansar sólo en el derecho internacional ambiental, ya que no protegería el derecho ambiental, sino que también debe fijarse en el derecho interno del país, incluyendo una amplia participación e información de la ciudadanía, instituciones ambientales con autonomía y eficacia y consulta indígena, entre otros aspectos importantes a destacar.
Derechos de acceso: elemento clave en una nueva Constitución
En Chile, una de las grandes deudas en materia ambiental ha sido el acceso a la información, y Valentina Durán, abogada experta en el tema, se refirió en profundidad a esta temática durante su presentación en el conversatorio. Si bien explicó que el artículo 8 de la Constitución y la ley número 20.417 han avanzado en dicha temática, hay casos que han demostrado la debilidad, como lo fue Quintero-Puchuncaví en el año 2018, que dejó en evidencia la brecha que existe en materia de informar a la ciudadanía. “Este caso nos muestra nuestras deficiencias en materia de acceso, hubo varios recursos de protección que se acumularon, y estos se dirigieron en contra de las empresas y distintos organismos del estado. Para la corte suprema no fue posible condenar a las empresas, porque no había suficiente información, eso fue lo más dramático”, aseveró la abogada.
En cuanto a la nueva Constitución, Durán señaló que se trata de una buena posibilidad para avanzar en temas ambientales. “Si la Constitución es un ejercicio para imaginar acuerdos para los próximos 50 años, no puede estar fuera de esa hoja en blanco la responsabilidad de hacer frente a la crisis climática y ambiental, que amenaza tan gravemente la vida del ser humano en el planeta”, destacó.
Las dificultades de la protección ambiental
“El deber constitucional de preservar la naturaleza debe ser un piso mínimo”, señaló Natalia Alfieri, mientras presentaba sobre las Deficiencias de protección de la garantía Constitucional Ambiental, para luego describir algunos de los casos que han llegado al tribunal ambiental durante los últimos años en nuestro país.
Alfieri profundizó en el rol de los abogados en la temática de defensa ambiental, diciendo que su trabajo es clave en la lucha por integrar de mejor manera los derechos medioambientales en la Constitución y leyes. “Esto no es un juego, hay que pensar en lo que se requiere de nosotros como abogados ahora”, señaló.
Este ciclo de conversatorios ha buscado ser un espacio de aprendizaje y conversación sobre temas relevantes para la discusión constitucional a nivel nacional, en la búsqueda de una Constitución Ecológica. Si no alcanzaste a verlos en vivo, todos nuestros conversatorios están disponibles en nuestro canal de Youtube.