- La instancia surge en respuesta a la falta de representatividad de actores e intereses de la Comisión Presidencial.
- Su objetivo es crear propuestas que permitan asegurar la participación ciudadana y la prevencion de impactos ambientales en la toma de decisiones sobre proyectos que afecten a comunidades y sus territorios.
Este lunes 28 de septiembre, sindicatos del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA), junto a los diputados Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC) y Daniel Melo (PS) además de organizaciones ciudadanas, se dieron cita en el Congreso Nacional de Santiago para lanzar la “Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP) para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.
El propósito de la reunión fue dar a conocer el establecimiento de esta Comisión Paralela a la creada por la Presidenta Michelle Bachelet, en abril de este año, para el estudio de un nuevo SEIA. Junto con esto, se dio a conocer el “Documento Diagnóstico” en el que este grupo ha estado trabajando en los últimos tres meses.
En el documento entregado por parlamentarios, sindicatos y organizaciones se señala, entre otras cosas, que “a cinco años de la reforma de la Institucionalidad Ambiental, y en un contexto de alta conflictividad frente a los proyectos de inversión, se han hecho evidentes importantes deficiencias y limitaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tanto en los procedimientos como en la institucionalidad responsable de su aplicación”.
Si bien los integrantes de esta Comisión Paralela valoraron la creación de una Comisión Presidencial, como explica Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, “existieron serias falencias en cuanto a los actores convocados y la representatividad de los mismos, y carece de equidad y proporcionalidad respecto de los intereses de la sociedad chilena. La Comisión Presidencial está compuesta mayoritariamente por representantes de los gremios cuyos proyectos son evaluados por el SEIA y las consultoras que trabajan para ellos”.
Álvaro Gómez, presidente de FENATRAMA, explicó que “con la constitución de FENATRAMA buscamos entregar a la ciudadanía una opinión fundada acerca de cómo debiera ser el sistema que evalúa los proyectos de inversión”. Además, relevó que “esta es la primera vez que trabajadores del sector público organizados, pensando en el bien común, salen a plantear propuestas, toman posición y elevan iniciativas sobre los temas ambientales. El objetivo es llevar adelante un trabajo conjunto con otras organizaciones y actores políticos que logre avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental que esté al servicio de todo el país, y no de los intereses de los grupos económicos”. Finalmente, destacó que decidieron conformar esta Comisión Paralela, la CSCP, “como respuesta ante la negativa de las autoridades de integrar a los trabajadores y otros sectores de la sociedad civil en la Comisión Presidencial para la Reforma al SEIA creada en abril recién pasado”.
Entre los elementos consignados por esta Comisión Paralela, destacan dos. Primero, se señala que los espacios de participación vigentes en el SEIA son insuficientes. Al respecto, Ezio Costa, director de la ONG FIMA, señaló “vemos que existe un déficit de democracia ambiental, especialmente asociado a la localización y características de los proyectos, que es algo que creemos se debe solucionar, pues hemos observado como este problema produce más y mayores conflictos socio-ambientales. Los problemas que enfrenta la institucionalidad requieren de mejor participación, más transparencia y mejor acceso a la justicia, basadas en un diagnóstico que incluya la visión ciudadana y de las comunidades».
El segundo elemento destacado, es que los conflictos que surgen entre los titulares de proyectos evaluados por el SEIA y las comunidades se generan en un escenario en que el Estado permanece ausente o tomando distancia de las decisiones respecto de las decisiones sobre la opción de desarrollo de los territorios. Y priorizando claramente los derechos e intereses de los inversionistas por sobre los derechos e intereses locales, bajo la lógica de que la iniciativa privada es la que impulsa el desarrollo. En este sentido, el diputado Daniel Melo (PS) destacó el rol de los parlamentarios en esta iniciativa, la que considera fundamental, sobre todo por la diversidad de actores e intereses que debieran ser convocados para el diseño de las reformas. “Estos espacios requieren del trabajo conjunto con los poderes institucionales, en este caso el Congreso. Es al Congreso a donde estas reformas llegarán finalmente. Por esto, nos parece fundamental la participación de parlamentarios en este tipo de instancias”. El diputado relevó también su “compromiso con los cambios profundos que nuestra país requiere en lo que se refiere a los derechos de las comunidades y territorios. Estos cambios deben verse plasmados en nuestra legislación ambiental”.
El diputado Gabriel Boric y los senadores Alfonso de Urresti y Antonio Horvarth también adhirieron a la iniciativa de sindicatos, organizaciones y parlamentarios, equipo que comenzará a trabajar en propuestas concretas para reformar el SEIA.
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