Los Estados son en gran parte responsables de llevar a cabo iniciativas como estas, pero la Sociedad Civil también tiene el deber de difundir y participar, en consecuencia con las peticiones y demandas realizadas a lo largo de años.
Por: Jorge Ossandon R.
Investigador de Fima
Ayudante ad-honorem del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.
El cambio climático, en sus aspectos jurídicos, políticos y económicos no son por estos días parte del debate público nacional, en el contexto de la reciente elección presidencial. Sin embargo, más allá de la coyuntura electoral, muchas actividades e iniciativas se están llevando a cabo para discutir y afrontar un problema global, y en los cuales el Estado de Chile y la Sociedad Civil están participando activamente, cada vez con mayores recursos humanos y financieros. Una de las principales iniciativas actuales impulsadas desde el Estado, y en cumplimiento de los compromisos internacionales, es el proceso de consulta ciudadana el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, abierto hasta el 23 de diciembre de 2013.
Otra de las actividades, en la cuales también está participando FIMA, es el Programa Nacional de Gestión del Carbono, impulsado por la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, que tiene como finalidad evaluar y registrar voluntariamente inventarios de GEI. Esta actividad forma parte del Programa Low Emission Capacity Building – Chile (que tiene como pilares esenciales el Sistema Nacional de Inventarios de GEI, el Programa de Gestión del Carbono, el Registro MRV[1] para NAMAs y las estrategias de desarrollo de bajas emisiones).
Los Estados son en gran parte responsables de llevar a cabo iniciativas como estas, pero la Sociedad Civil también tiene el deber de difundir y participar, en consecuencia con las peticiones y demandas realizadas a lo largo de años.
Avances en materia de Cambio Climático en Chile
A nivel de políticas públicas existen algunos frutos, por ejemplo hemos visto como del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático: 2008-2012” (PANCC) de la CONAMA se desprendió la elaboración de Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, uno de los cuales fue lanzado en Octubre de 2013 respecto del sector silvoagropecuario, queda esperar este tipo de iniciativas y compromisos en otras áreas como la forestal, pesca, minería o construcción. Este último es especialmente necesario dada la importancia relativa del cambio de uso de suelo como una actividad que contribuye de forma sustancial al Cambio Climático.[2] Estos planes, trabajados y elaborados entre el Ministerio del Medio Ambiente y el ministerio sectorial dan cuenta de la expansión que dentro del Estado ha tenido el tema. Otro ejemplo positivo de este fenómeno es el cambio del “Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global” por el “Comité Asesor sobre Cambio Climático” mediante Resolución Exenta N° 197 de 19 de marzo de 2013, pasando a ser integrado por 16 ministerios. La difusión de la información disponible dentro del Estado es crucial para generar cambios sustanciales dentro del aparato público.
La incertidumbre que nos propone el cambio climático es incuestionable, pero algo hemos avanzado, la barrera se ha corrido más allá que cuando con anterioridad las discusiones se centraban en determinar la existencia o no del fenómeno. Hoy los temas son otros, ya no se trata de si sube el nivel del mar o no, sino de cuánto y a qué velocidad. También surgen nuevos conceptos para afrontar el problema: la mala adaptación[3], el concepto de managed retreat[4] o la consideración por la Comunidad Internacional de las pérdidas y los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos en poblaciones vulnerables en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Varsovia (CP19).
Falencias y carencias en materia de Cambio Climático
Si bien es importante reconocer los avances, también es oportuno discutir las carencias. La incorporación en los instrumentos de planificación territorial e incluso en el SEIA de aspectos asociados al Cambio Climático son asuntos a analizar.
Existen ciertos aspectos aún no suficientemente regulados, como los llamados contaminantes de vida corta (CCVC), agentes
No debemos olvidar que el aire y la atmósfera han sido elementos importantes en el desarrollo del derecho ambiental[10], y sin duda seguirá siendo así, sobre todo a partir de los acuerdos multilaterales, desde las negociaciones en torno al Convenio sobre la contaminación transfronteriza a gran distancia (1979), en materia de capa de ozono y el protocolo de Montreal (1989), hasta las negociaciones en torno al cambio climático como fue la firma del protocolo de Kioto (1997, con vigencia desde 2005) y las discusiones en torno a la creación de un nuevo acuerdo climático universal del próximo año en Perú (CO20), la concretización del instrumento en París (CP21) y su entrada en vigencia en 2020.
El rol del Estado y las ONG como FIMA son cruciales, el primero creando oportunidades de participación como la consulta ciudadana el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, las segundas participando activamente en esas instancias pero también incorporando nuevas demandas y sumando a más actores en el proceso, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático será en Latinoamérica.
[10] OSSANDÓN R., Jorge. Regulación del material particulado MP2,5. Evolución normativa y propuestas para la derogación o vigencia de la regulación anterior. En: VI Jornadas de Derecho Ambiental. Universidad de Chile. Thomson Reuters. 2012. p. 442.
