El profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Central y abogado de la ONG FIMA, Rodrigo Pérez, señaló que lo que se busca con estas pruebas ordenadas por la Corte de Apelaciones para ser realizadas por personal del hospital de Angol, es pesquisar si la contaminación de las aguas ha sido traspasada a los pobladores.
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“Lo que buscamos es cautelar la vida de las personas, exigiendo que se les proporcione agua potable y se fiscalice que las empresas de la zona dejen de contaminar. Por este motivo es que la demanda va en contra de quienes estarían causando el daño, pero también hacia quienes deben velar por el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable, es decir, la Seremi de Salud”, señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de la ONG FIMA y profesor de la Universidad Central.
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