El pasado 27 de enero, la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), interpuso un Recurso de Protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, por el contenido del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. El ICE es un acto emanado del servicio de evaluación ambiental que debe reunir todos los antecedentes del procedimiento. De acuerdo a la ley, se trata de la única base sobre la que debe pronunciarse la Comisión de Evaluación Ambiental. En este sentido, FIMA recurrió de protección debido a que dicho informe no tomó en cuenta varias de las observaciones que se hicieron durante el procedimiento. La más importante de estas observaciones se trata del riesgo que significa para la población cercana a la central, el hecho de que su construcción se proyecte sobre la falla Liquiñi-Ofqui y en una zona de reconocida actividad volcánica. Sin embargo, a pesar de todos los antecedentes entregados a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, nuestro recurso fue rechazado, al no considerarse que haya existido acto u omisión arbitrario o ilegal. Lo preocupante de este caso es que el razonamiento de dicho tribunal omite uno de los principios claves en materia medioambiental, tanto nacional como internacional: el Principio Preventivo. El Principio Preventivo se encuentra reconocido expresamente en el mensaje de la ley 19.300 y constituye un pilar fundamental de nuestra institucionalidad ambiental. Expresa el mensaje que “Mediante este principio se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales…”. El criterio preventivo se aplica ante riesgos conocidos, a diferencia de lo que ocurre con el principio precautorio, que se aplica en el caso de los riesgos no conocidos o en los cuales existe incertidumbre científica (como es el caso de los transgénicos y la contaminación electromagnética, por ejemplo). El principio preventivo solamente requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, que sea verosímil de producirse sobre la base de estudios especializados que lo demuestren. En su oportunidad, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) hizo notar los riesgos geológicos que significaba el proyecto, solicitando mayor información respecto de la posible remoción de masas, la sismicidad de la zona, los efectos que podría tener el calentamiento global y la posibilidad de colapso del embalse por rebalse.. Dichas observaciones no fueron contestadas satisfactoriamente por el titular y en definitiva el proyecto se aprobó obviando esta importante intervención. Como representantes de la ciudadanía en casos de interés público que amenazan el patrimonio ambiental del país, sostuvimos en dicha instancia que la falta de cumplimiento de los requisitos del ICE, constituye una importante amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ya que de mantenerse el informe tal cual, nos encontramos con que se ha decidido sobre la aprobación de un proyecto sin consideración de los riesgos que este puede conllevar. Conocida fue la catástrofe ocurrida en Italia hace unas décadas atrás. Durante la construcción de una represa en la localidad de Vajont, varios estudios geológicos sostuvieron que el lugar no era apropiado debido a la inestabilidad del terreno, especialmente por la cercanía del Monte Toc. En el año 1963 dicho monte cayó sobre el embalse levantando una ola gigantesca que destruyó poblados enteros, acabando con la vida de aproximadamente unas 2.000 personas. Las catástrofes naturales ocurridas en nuestro país durante los últimos años, tales como como terremotos y erupciones volcánicas, son acontecimientos que nuestras autoridades no pueden pasar por alto al evaluar proyectos de esta envergadura. Esto se hace especialmente patente al tenerse en consideración hechos ciertos como son la existencia de la importante falla Liquiñi Ofqui y la vigente actividad volcánica de la zona. Nuestra pregunta es: ¿Cómo se explica que las autoridades competentes hayan podido obviar la observación hecha por el SERNAGEOMIN? Ante el rechazo de nuestros argumentos en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, FIMA insistió concurriendo al máximo tribunal de la República, apelando la resolución que desestimaba nuestra acción de protección. El cambio de criterio del máximo tribunal al acoger nuestra apelación significa un avance significativo en materia ambiental, al reconocer explícitamente el criterio preventivo. La Corte Suprema estimó que la ilegalidad del ICE deriva del incumplimiento del Servicio de Evaluación Ambiental de la obligación de hacerse cargo de las condiciones fijadas por el SERNAGEOMIN, que condicionó el proyecto a la realización de una predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo. En este sentido, la Corte acoge nuestra medida de protección, dejando sin efecto el ICE y disponiéndo que previo a la evacuación del instrumento que servirá de base para la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, el titular del mismo –Energía Austral- deberá realizar el estudio de suelo pertinente, el que deberá ser incluido en el informe que se someta a dicha votación. Cómo organización de la sociedad civil hacemos un llamado a nuestras autoridades para que sus decisiones estén siempre acorde con los pilares y principios que conforman nuestra institucionalidad ambiental. Atentamente, Equipo FIMA. Foto: www.plataformaurbana.cl]]>