Diversidad biológica y sostenibilidad columna en Codexverde por Fernanda Salinas

Chile ratificó en 1994 el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que tiene como objetivo principal la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Al año 2010, las partes en el convenio aprobaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, incluyendo las veinte Metas de Aichi para la Biodiversidad para el período 2011-2020.

Los objetivos de este plan eran abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad incorporándola en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad, reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible, mejorar la situación de la diversidad biológica protegiendo los ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para todos y mejorar la aplicación a través de planificación participativa, gestión de conocimientos y creación de capacidad.

Entre las Metas de Aichi se encuentra, por ejemplo, la eliminación de subsidios perjudiciales y la implementación de incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, reducir a cerca de cero la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats naturales, y conservar un 17% de los ecosistemas terrestres y aguas continentales y un 10% de las zonas marinas y costeras, restaurar y proteger ecosistemas que proveen agua y contribuyen a la salud, bienestar y medios de vida, considerando especialmente mujeres, comunidades indígenas y locales, pobres y vulnerables, restaurar al menos un 15% de las tierras degradadas y respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y los usos tradicionales.

El fracaso del cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica queda de manifiesto en Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile. En este informe se reconoce que la pérdida, degradación y fragmentación de los ecosistemas sigue siendo la principal amenaza para la biodiversidad, y que el cambio de uso de suelo, impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización, es uno de los principales factores causantes del deterioro y pérdida de ecosistemas terrestres del país. Además, reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de los acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo los relaves, que representan un riesgo para la vida y salud de las personas y los ecosistemas.

Identificadas las principales causas de la pérdida de ecosistemas naturales, se esperaría que se tomaran medidas urgentes para limitar el cambio de uso de suelo, proteger ecosistemas amenazados, restringir la afectación de ecosistemas frágiles y limitar la urbanización, al mismo tiempo que se promoviera la restauración ecológica de ecosistemas que proveen agua, salud, bienestar y medios de vida. A pesar de la urgencia ecológica y social que nos apremia, se continúa priorizando la visión economicista por encima del cuidado de la naturaleza y de las personas, como se refleja en el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) sometido a consulta pública hasta el 14 de Febrero 2020 y en el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que busca convertir al país en una potencia agroalimentaria, pesquera, acuícola y forestal, cuando la industria agrícola y forestal son responsables de un 96% del consumo de agua a nivel nacional, y los ecosistemas naturales, las personas más desposeídas, los campesinos y los crianceros sufren las consecuencias.

Aunque Chile no ha cumplido con su compromiso internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi se mantienen como un referente para que las políticas públicas se orienten a la sostenibilidad.

En Codexverde

Instan a una reactivación económica que ponga la salud y el medio ambiente en el centro del debate

En medio de lo que se prevé como la mayor crisis económica desde la del 29’ y cuando se anuncia que Chile ha entrado en sobregiro ecológico, organizaciones de la sociedad civil plantearon sus propuestas para lo que debe ser el camino a seguir para un cambio en nuestro modelo de desarrollo.

19 de mayo 2020. “Reactivación Económica Sustentable: Oportunidades tras la crisis”, fue el marco del primer encuentro virtual organizado por OPES, Oceana, Greenpeace, Chile Sustentable y ONG Fima con el objetivo de debatir los pasos a seguir en la recuperación económica tras la pandemia. En la oportunidad, se plantearon algunas de las estrategias que este grupo de organizaciones presentaron a las autoridades económicas del país, condensadas en nueve propuestas de política de reactivación «verde» de la economía.

La instancia, moderada por el Director de la ONG Fima, Ezio Costa, contó con las exposiciones de Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile; Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable; Javiera Petersen, Co-directora Ejecutiva de Opes Chile, y José Miguel Ahumada, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Los efectos adversos que el ser humano ha causado en el medio ambiente, fue uno de los temas que abrió el debate. De acuerdo a Van der Meer, las consecuencias del Covid se han visto exacerbadas por una crisis ambiental que se viene arrastrando hace años, con una sobreexplotación de los recursos que se hace evidente, por ejemplo, en la sobrepesca de nuestros océanos. Sara Larraín, concordó con este punto, agregando que “la salida de esta crisis no puede ser a través de un desarrollo económico tradicional, debe ser de la mano del medio ambiente, debe ser verde y si no es verde no hay salida”.

Activación económica a pequeña y gran escala

Dentro de las propuestas presentadas por las organizaciones se contempla el establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas que superen las 25 mil UF. Éstas deberán cumplir con requisitos medioambientales específicos en reducción de emisiones, y con plazos y procedimientos para la fijación de sus obligaciones.

Por otra parte, se ha propuesto también que el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total, sea para aquellas cuyas metas están en línea con los objetivos climáticos. Otro aspecto a destacar, es el establecimiento de políticas fiscales expansivas alineadas con la transición energética, con los compromisos climáticos y con la protección de la biodiversidad y la seguridad hídrica, para impulsar así la creación de empleo y asegurar una recuperación que traiga beneficios socioambientales a largo plazo, financiando iniciativas de privados que vayan en esa dirección.

En ese sentido, José Miguel Ahumada, señaló que “está emergiendo una salida transformadora que tiene como eje el cambio en la matriz productiva y que a su vez tiene un componente verde bastante importante”. Agregó que “Estas políticas han ido de la mano de fuerte inversión pública, de participación del Estado en las empresas que hoy día están quebrando, y yo creo que tenemos ejemplos bastante importantes, como lo que está haciendo el presidente Trudeau en Canadá, que acaba de lanzar un paquete de inversión de 1,7 millones de dólares para establecer empleos de limpieza ambiental en complejos de cañería y pozos de la industria de gasolina. Este tipo de medida ha ido de la mano de subsidios y préstamos para que las empresas puedan construir infraestructura que a su vez puedan reducir lo gases de efecto invernadero, especialmente el etanol”.

Por su parte Javiera Petersen, señaló que es muy importante fijar una dirección que ponga como eje central al medio ambiente y a las personas como centro del desarrollo tecnológico y económico “La gran oportunidad que presenta esta crisis, es que el plan de reactivación puede empezar a fijar esa dirección. La ventana que hoy tenemos posiciona al Estado para avanzar más que un período normal”, afirmó.

Las medidas impulsadas por este panel de expertos van en línea con diversas voces de todas partes del planeta y con la iniciativa C40 firmada a principios de mes por el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto a otras 39 autoridades de las principales ciudades del mundo, en la cual instan a que «la reconstrucción y la vuelta a la nueva normalidad  incorpore un sello de protección del medio ambiente».

“No podemos seguir soportando como sociedad las externalidades negativas del modelo actual que llevan adelante la mayoría de las empresas del país” dijo Ezio Costa, y agregó que “es urgente un cambio de este sistema extractivista hacia uno en armonía con el medio ambiente, impulsando el desarrollo de una economía circular. No nos olvidemos que según el último informe de Global Footprint Network (GFN), se anunció que Chile ya se encuentra sobregirado ecológicamente y terminó con los recursos naturales que debían alcanzar para todo este 2020” finalizó Costa.

Todas las medidas propuestas, están disponibles en el documento:

“Una reactivación Económica Sustentable”

Aquí la grabación del conversatorio:

¿Desperdicio o tesoro?: por Fernanda Salinas

En la naturaleza no hay basura. En la naturaleza todo lo que podría ser considerado un desperdicio, como los cuerpos muertos de los animales, las fecas, las hojas secas, se reintegran a la naturaleza en un ciclo sin fin.

Cuando los seres vivos mueren o producen desechos, los organismos detritívoros, que comen materia orgánica en descomposición, y los descomponedores, los transforman en suelo fértil. Bacterias, hongos, insectos, lombrices, escarabajos y milípedos, entre muchos otros organismos del suelo, son el centro de reciclaje de la naturaleza. Los minerales y los nutrientes que formaban parte de cuerpos o desechos, por la acción de estos organismos, quedan listos en el suelo para reintegrarse al ciclo de la vida y ser absorbidos por las plantas a través de las raíces. En este proceso además, el suelo acumula el carbono que tanto necesitamos remover de la atmósfera, quedando con una estructura, nutrientes e idoneidad para el desarrollo de la vida, que favorecen el crecimiento vigoroso de las plantas y el funcionamiento natural del ciclo del agua.

En estos días de otoño se hace evidente el aumento del volumen depositado en bolsas de basura por la caída de las hojas de árboles deciduos. Este material, que en los ecosistemas naturales compone la hojarasca, y forma parte del manto orgánico del suelo en los bosques naturales, permite la regeneración  del bosque en el tiempo y el reciclaje de materia y nutrientes. Esa capa de hojarasca, producida por las plantas, sostiene múltiples formas de vida del suelo, y mediante su descomposición, los minerales y nutrientes pueden volver a integrarse a las plantas nuevamente, circulando los nutrientes más escasos e incrementando el contenido de carbono en el suelo. En la hojarasca se alojan también las semillas, que encuentran un entorno idóneo en términos de humedad, temperatura y estructura para su germinación y posterior crecimiento.

En la ciudad, el compostaje de la hojarasca y de todos los residuos orgánicos es una alternativa real al desecho de esta valiosa materia prima. Los residuos orgánicos no son basura y componen un 58% de los residuos domiciliarios. En dos o tres meses, con un manejo adecuado, estos residuos se transforman en compost, permitiendo almacenar carbono, mejorar calidad estructural y nutritiva de nuestros suelos y macetas, idealmente destinados a cultivar hierbas, hortalizas y frutales sin necesidad de requerir de fertilizantes ni pesticidas sintéticos. Estas plantas serán sanas y vigorosas, con menor necesidad de riego, y estaremos produciendo alimentos deliciosos, saludables y nutritivos, que no han consumido combustible en su producción ni traslado, que no han contaminado suelos, agua, aire ni personas con agrotóxicos, y que nos devuelven un poco de ruralidad a la urbe.

Los ciudadanos podemos compostar todos nuestros residuos orgánicos. Haciendo esto, los vertederos tendrán una vida útil más larga, los camiones recolectores tendrán un recorrido más eficiente, consumiendo menos combustible y contaminando menos, y tendremos al poco tiempo un material precioso.

Es tiempo de contribuir de manera intencionada y consciente en el cierre de los ciclos ecosistémicos de materia y energía de nuestra ciudad. Aprendamos a reconocer y valorar los verdaderos tesoros que tenemos cada día en nuestras manos.

En Codexverde

Columna de Ezio Costa en Cooperativa: Economía y Colapso

La crisis climática y ecológica, en la que la pandemia es una de sus muchas expresiones, es una amenaza a nuestra civilización. Sus causas ya las entendemos y las soluciones están disponibles, solamente esperan el convencimiento y valentía de las sociedades y sus líderes para ser tomadas y realizadas. Sin embargo, la gran dificultad radica en que se   requiere de un considerable cambio de conductas, sobre todo de nuestra economía.

El cambio necesario en nuestra destructiva relación con la naturaleza implica al menos una radical disminución en la quema de combustibles fósiles y del extractivismo, una modificación en los patrones de producción-consumo y una variación en la manera que entendemos el desarrollo y la prosperidad.

El convencimiento para cambiar estas estructuras no es sencillo pero las circunstancias nos tienden una mano. En medio de esta pandemia hay dos cosas que sabemos, que somos capaces de cambios radicales frente a las amenazas ,y que actualmente nuestra economía no está operando con normalidad.

Que la economía no esté operando como siempre y que nos enfrentemos a la mayor recesión de nuestro tiempo de vida, significa muchas cosas.

Menos contaminación y destrucción, por una parte, pero también menos satisfacción de las necesidades materiales, entre ellas, de las necesidades básicas de las personas en situaciones más vulnerables.

La opción de volver al estado anterior a la pandemia, como una manera de solucionar los problemas de satisfacción de necesidades materiales, será empujada fuertemente desde sectores conservadores, para, precisamente, conservar poder y privilegios. Pero volver a lo anterior es volver a sumirnos en una trayectoria autodestructiva de la cual tenemos conciencia, incluso, desde antes de la aparición del COVID 19.

Con este telón de fondo, las decisiones que se tomen en los meses y años siguientes son cruciales para definir cual es nuestro futuro en el planeta y nuestra sociedad.

Es evidente que deberán tomarse medidas para favorecer el empleo, cualquier lección que podamos sacar de esta situación apunta a que no podemos seguir sosteniendo estructuras que favorezcan la extracción, precursora de la crisis; ni de la concentración, que dificulta la capacidad de resiliencia, tan necesaria en esta época

Mientras en el mediano plazo se requieren modificacionesprofundas en las estructuras, en el horizonte inmediato existen alternativas para iniciar una reactivación sustentable de la economía.

En Chile, un grupo de organizaciones ambientales y vinculadas a la economía (ChileSustentable, OPES, FIMA, Oceana y Greenpeace), han hecho una propuesta a las autoridades con una serie de medidas que mezclan las actividades de incentivo a privados e inversión pública directa acorde a un desarrollo económico sustentable.

Entre las propuestas orientadas al mundo privado, destaca la creación de incentivos y préstamos blandos a las empresas, como los ya anunciados por el gobierno, pero que tengan la toma de acciones concretas para neutralizar su huella de carbono y su impacto ambiental en un plazo determinado como exigencias mínimas a cumplir.

Es entendible, en el contexto actual que para estas empresas resulte muy deseable ser rescatadas, tener préstamos con aval del Estado y otras facilidades, pero ese esfuerzo público por ayudarlas debería responderse con un esfuerzo de estas por dejar de dañar el medio ambiente.

Aunque el objetivo de ayudar a esas empresas es la creación de empleos, ello no debe ser entendido como una contraprestación para el país, sino una externalidad positiva en su búsqueda por mayores ganancias.

En lo que se refiere a la inversión pública, destaca la solicitud de que se invierta en recuperación de ecosistemas, como infraestructura esencial para la vida y desarrollo del país.

La inversión en infraestructura siempre ha sido observada como una cuestión deseable por sus altos beneficios sociales, incluido el empleo. En estos momentos, aquella infraestructura que podría tener un mejor rendimiento es la “infraestructura verde” que nos inserte en un camino de resiliencia frente a la crisis climática.

Pensemos, por ejemplo, en la recuperación de bosques y humedales y en la protección de glaciares como actividades que podrían mejorar las condiciones hídricas en el centro y centro sur de Chile, produciendo empleo y beneficios de mediano y largo plazo que otras propuestas de infraestructura gris (como embalses o carreteras hídricas) no producen.  

Por último, en lo que se refiere a actividades público-privadas, se propone convertir a Chile en un polo de desarrollo de la industria de valorización de residuos, entendiendo la necesidad de apuntar hacia una economía circular.

Crear industria con inversión pública que cumpla con estos criterios, significaría generar conocimientos y especialistas para avanzar en una industria que, sin dudas,tendrá que aumentar su importancia durante los próximos años en el mundo.

Las cuestiones que se proponen son un mínimo para comenzar un cambio de trayectoria que deberá profundizarse luego.

La necesidad de este cambio es tal, que incluso en las últimas semanas ha sido promovido, en alguna medida, por organizaciones y líderes de corte conservador, como el FMI o la canciller alemana, Angela Merkel.

Tanto la pandemia como la crisis climática son desafíos globales de colaboración, que requieren de grandes modificaciones, pero sobre todo, de la voluntad de las sociedades de comprender que las prioridades anteriores deben cambiar a la luz de los conocimientos actuales, y que si aspiramos a seguir teniendo un medio ambiente en funcionamiento adecuado para las generaciones actuales y futuras, ese cambio es urgente.

Afortunadamente, ahora tenemos una gran oportunidad.

En Cooperativa

Pandemia, hambruna y Dominga: opinión de Fernanda Salinas

Estamos atravesando por momentos críticos, en los que tenemos que tomar importantes decisiones sobre la sociedad que queremos reconstruir desde esta pandemia, sin olvidar la crisis social y la crisis climática y ecológica que le anteceden. Cuando los economistas nos advierten que, si la economía total se paraliza, vamos a tener otro tipo de pandemia, como la hambruna, me pregunto cuántos billetes o monedas se comen, respiran y toman al día para tener energía, mantenerse sanos y llevar adelante su día a día.

Últimamente se ha promovido al Proyecto Minero Portuario Dominga como un medio para dar trabajo en medio de la crisis epidemiológica. Se olvidan que el proyecto se encuentra rechazado y en juicio en el Primer Tribunal Ambiental. Durante su extensa evaluación ambiental, fue posible reconocer el alto valor ecológico del área, tanto en tierra como en mar. Queda en evidencia que este proyecto significaría una pérdida de ecosistemas, funciones y servicios ecosistémicos tanto en tierra como en mar que el titular no es capaz de compensar.

Como humanidad, y como sociedad, debemos darnos cuenta de que son los ecosistemas naturales los que nos permiten la vida. Nos dan el aire que respiramos, el alimento que comemos y el agua que tomamos, regulan el clima, recirculan los nutrientes. Poner como un fin último y único a “la economía” no considera la relación de dependencia de la humanidad que se reconoce por el Convenio para la Diversidad Biológica y la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

Para cultivar alimentos, medicinas y textiles necesitamos agua pura, acuíferos íntegros, suelos fértiles, aire puro y un clima estable. Para pescar, mariscar y cosechar algas, necesitamos una costa y un océano libres de contaminación. Para criar ganado, para obtener cuero, carne y textiles, necesitamos lluvia para que los campos estén verdes y productivos. Para que exista turismo de la naturaleza, es fundamental conservar los paisajes, los ecosistemas y a las personas. No podemos comer hierro.

Dominga no nos salvará de la hambruna. Es fundamental que de esta crisis seamos capaces de distinguir las actividades humanas que restauran la vida de la Tierra y que contribuyen a la expresión y abundancia de la vida en el tiempo, y que las prefiramos.

En El Mostrador 

Covid-19: Organizaciones entregan a autoridades propuesta de medidas “verdes” para reactivar la economía

Ante la crisis económica y social que traerá la pandemia por el Covid19, ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a autoridades chilenas una serie de medidas que integran condiciones ambientales a las líneas de créditos de grandes empresas, potenciamiento de las economías sustentables locales e incentivar la inversión privada verde.

23 de abril 2020. Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que los efectos del COVID19 llevarán a una recesión incluso más profunda que la vivida durante la Gran Depresión. La expansión del virus no sólo traerá consecuencias sanitarias devastadoras sino que también tendrá efectos sociales considerables, lo cual sin duda agudizará  los efectos de la crisis social en nuestro país.

En la línea del llamado internacional de no volver al mismo sistema económico y social que nos trajo a esta crisis y ser conscientes que la pandemia entrega una oportunidad de cambios profundos sociales y ambientales, es que ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Gobiernos regionales y Seremis una serie de medidas para una reactivación sustentable.

“Los costos de la crisis no pueden ni debe ser una carga para las y los trabajadores de nuestro país, estamos en un momento clave para implementar políticas públicas que permitan el el cambio hacia un modelo de desarrollo económico sustentable, ecológico,  equitativo y preocupado de los derechos laborales y sociales. Para esto, necesitamos redefinir los principios que han orientado la actividad económica del país hasta ahora y dar los primeros pasos hacia una economía centrada en el cuidado del medio ambiente, las personas, el desarrollo productivo más que sólo la ganancia de utilidades” afirma Luis Silva de OPES.

En este paquete de nueve propuestas que entregan las organizaciones se encuentran el establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas, donde se entregue beneficio público a aquellas empresas que superen las 25 mil UF y que cumplan con requisitos medioambientales específicos de reducción de emisiones, estrategias de protección de cuencas, eficiencia y seguridad hídrica, protección de humedales, borde costero y restauración de ecosistemas terrestres.

Sara Larraín de Chile Sustentable agrega «Estamos preocupados del lobby para relajar las regulaciones ambientales con la excusa de la reactivación económica. Hoy estamos demandando al gobierno atenerse rigurosamente a la regulación ambiental vigente y transparentar a los ciudadanos que los dineros públicos que se aporten para el salvataje de empresas y para la reactivación económica tengan claros condicionamientos sociales y ambientales; ajustadas a objetivos climáticos, protección de la biodiversidad y equidad social»

Otra medida a implementar es el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total, con prioridad en aquellas empresas cuyas metas institucionales sean acordes con los objetivos climáticos, la protección de la biodiversidad y de las cuencas hidrográficas, incluidos los glaciares y humedales, y que, al mismo tiempo, sean estratégicas en términos de generación de empleo; el cumplimiento de la normativa ambiental pese a condiciones externas desfavorables. .

“Esta crisis sanitaria y económica nos pone en posición de tomar medidas que apunten a cambiar el modelo de desarrollo. La  reactivación económica, acá y en el mundo, debe ir en la línea de acelerar la transición hacia una economía realmente sustententable, que se haga cargo de la ineludible conexión con el medio ambiente.  La transición es necesaria de cara a la crisis climática, pues no podemos continuar un sistema destructivo que nos tiene al borde de un colapso mayor al que vivimos en estos días”, seña Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Entre otras de las medidas que proponen las diversas organizaciones se encuentran potenciar la inversión pública verde, a través del establecimiento de una red de agua potable y saneamiento total en el país, sobre todo en zonas rurales, que disminuya la brecha de carencia de alcantarillado y tratamiento de aguas.

En tanto, la pobreza energética es otro de los fenómenos que afecta diariamente a la población en el país, es por ello que el reacondicionamiento de hogares se vuelve fundamental, a través de subsidios en medidas de aislación y de recambio de cocinas y calefactores. Medida que traería una reducción importante en la emisión de contaminantes por quema de leña, la reducción del riesgo de enfermedades producidas por material particulado  y ahorros monetarios para las familias que reciben el subsidio.

“La transición a un modelo ecológico debe comenzar ahora, la política pública debe aplicarse de manera multiescalar con estos fines, reconociendo y potenciando el valor de las economías ancestrales y locales sustentables, estableciendo incentivos para una inversión privada que promueva el respeto de los derechos humanos y a valores propios del bien común. Como también avanzar decididamente en la descarbonización de la matriz energética” puntualiza Matías Asún Director Nacional de Greenpeace

Impulsar acciones de restauración ecológica, que busquen restablecer ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos e invertir en el desarrollo de una industria nacional de valorización de residuos, incentivando al mismo tiempo la transición hacia un modelo de economía circular son otros de los aspectos relevantes que deberían ser considerados por las autoridades para realizar una reactivación económica que sea sustentable con el medio ambiente.

Ver documento con propuestas

Opinión de Fernanda Salinas: Compromisos climáticos de Chile: Nada que celebrar

El pasado 9 de abril el gobierno entregó la actualización de su compromiso de reducción de emisiones y medidas para enfrentar el cambio climático[1]. Anunció con orgullo que se compromete a alcanzar el peak de emisiones de gases con efecto invernadero de Chile para el año 2025. Eso significa que como país nos comprometemos a seguir incrementando las emisiones por cinco años más. Como si a un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol alto le recetaran sedentarismo y una dieta alta en azúcar refinada, sal y grasas saturadas por cinco años más.

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene intactos sus compromisos en materia de bosques, sin atender a las recomendaciones del panel científico. Insiste en comprometer manejo de bosque nativo como medida climática, a pesar de que CONAF tramita con total falta de transparencia los planes de manejo de bosque nativo. Además, diversas evidencias nos muestran que tal manejo dista de ser sostenible: Existe una pérdida sostenida de bosques nativos en el país, autorizó ilegalmente la tala de 22.000 hectáreas de bosque nativo en la zona central del país para fines agrícolas y es responsable de la tala de unas 40 araucarias como parte de una estrategia de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional Nahuelbuta.

El Ministerio del Medio Ambiente continúa comprometiendo 130.000 hectáreas que podrían estar compuestas por monocultivos forestales de rápido crecimiento, como pinos y eucaliptus, como una contribución climática, sin ajustarse a ningún sustento científico. Existe abundante evidencia que señala a las plantaciones de la industria forestal como uno de los principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales, de la disminución en la disponibilidad hídrica y de un incremento en la incidencia y magnitud de los incendios forestales. De esta superficie, 100.000 hectáreas podrían transformarse en pulpa de celulosa, profundizando los impactos ambientales y sociales de la industria forestal en el país y sin contribuir en el largo plazo en la captura de carbono.

El compromiso del gobierno en materia de degradación y deforestación se reduce a cálculos de emisiones. Sin embargo, estos cálculos tienen profundos problemas metodológicos, como son el no contabilizar emisiones cuando la corta de bosque nativo es programada y contabilizar como degradación cuando se sustituye el bosque nativo por monocultivo de especies exóticas. No se atiende al hecho de que en Chile, de los 127 ecosistemas terrestres identificados, la mitad está amenazado y 14 han sido clasificados En Peligro o En Peligro Crítico. Ni tampoco al hecho de que en Chile se estima una pérdida de bosque nativo de hasta 71.000 hectáreas anuales en las últimas décadas[2], o que se estima una pérdida de humedales continentales de hasta un 75%[3].

Por último, el anuncio de incluir al año 2030 la restauración de paisajes en un millón de hectáreas debe revisarse en profundidad. Un Plan Nacional de Restauración de Paisajes no tiene ningún sentido si no se detiene simultánea e inmediatamente la destrucción de los ecosistemas naturales. La restauración es una opción más costosa, ineficiente e incierta que la conservación de los ecosistemas y su funcionamiento. Por otra parte, el Plan Nacional de Restauración de Paisajes (2020-2030) que se sometió a consulta pública[4] y que anuncia ser presentado el 2021, debiera ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este plan comprendía los elementos del paisaje de manera sectorizada y carecía de una aproximación integral que permitiera una restauración del paisaje para recuperar los servicios ecosistémicos esenciales.

Tal como fue sometido a consulta, el plan podría transformarse en un nuevo instrumento de fomento forestal, como el cuestionado DL 701, o en una estrategia para instalar más monocultivos de frutales. Contemplaba la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, a pesar de ser estas actividades las principales responsables de la pérdida de ecosistemas naturales y sus funciones ecológicas junto con la urbanización. Por otra parte, en el plan no existe claridad sobre cómo se definirían las prioridades territoriales, no sabemos si existirá transparencia en el proceso de definición de esas prioridades, si existirá un proceso participativo, quiénes y cómo acompañarán el proceso, ni tampoco sabemos si será un proceso vinculante y democrático. Tampoco conocemos con qué criterios se seleccionaron las regiones de Coquimbo a la Araucanía para ser objeto del plan, y cómo se estimaron las superficies por región que fueron presentadas por la Ministra Schmidt.

La crisis climática requiere de transformaciones urgentes y sin precedentes considerando los contextos locales y las necesidades de las personas. Así lo ha señalado el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. La situación en Chile es crítica y para el gobierno no lo es. Un millón de habitantes del territorio nacional no tienen acceso asegurado al agua mientras la industria agrícola y forestal es responsable de un 96% del consumo de agua a nivel nacional[5]. Más de 9 millones de habitantes están expuestos a la contaminación atmosférica[6], más de 3.000 personas mueren al año prematuramente por exposición crónica a esta contaminación y en Chile están 9 de las 10 ciudades más contaminadas de toda América Latina. Para poder detener el avance de la crisis climática es prioritario reducir emisiones, detener la destrucción de ecosistemas naturales y mantener caudales ecológicos en ríos y esteros.

El Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile[7], elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, reconoce que el cambio de uso de suelo impulsado por la industria agrícola y forestal y la urbanización son los principales causantes del deterioro de los ecosistemas terrestres del país, y reconoce que la minería afecta ecosistemas frágiles por la extracción de aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos, las faenas abandonadas, paralizadas y sus residuos, incluyendo entre ellos los relaves, que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas y al medio ambiente.

Las recomendaciones del panel científico coinciden en señalar la importancia de proteger de manera efectiva e inmediata los ecosistemas naturales remanentes, lo que se traduce en su conservación en el tiempo, evitando el cambio de uso de suelo y su degradación. No cinco turberas. No diez humedales. Todos: Bosques nativos y bosques ribereños, matorrales y pastizales, glaciares y humedales, desde bofedales, vegas, salares, bosques pantanosos, ñadis y turberas, incluyendo lagos, lagunas, pantanos, ríos, esteros y arroyos, maximizan la captura y secuestro de carbono, aseguran la provisión hídrica y la regulación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos y mantienen las condiciones para conservar la biodiversidad, aportando bienestar, beneficios y bienes a las personas. Son la infraestructura crítica que por ahora debieran estar protegidos como política de Estado, procurando el bienestar y seguridad de las personas, y avanzar en materia legislativa y regulatoria para asegurar su protección en el tiempo.

No hay nada que celebrar.

En Heinrich Böll Stiftung