Por Ezio Costa y Pedro Glatz
El reciente acuerdo entre parte de la oposición y el Gobierno contiene elementos que deben preocuparnos y, sobre todo, ser materia de un análisis más profundo. Son particularmente llamativas las menciones referidas a materias ambientales, por la falta de conceptos de largo plazo y la falsa pretensión de estar fomentando una inversión “verde”. La urgencia es clara, la sequía permanente y otros desastres ambientales nos lo recuerdan de manera constante.
Una reactivación económica en clave de armonía con el medio ambiente contiene dos elementos esenciales. El primero es entender la necesidad de un cambio de rumbo en materia económica para tener un futuro posible en el combate a la crisis climática y ecológica; el segundo es comenzar el trazado de un camino que permita el bienestar material de las personas, sin que ello comprometa la existencia de los ecosistemas ni el bienestar de las generaciones futuras.
El acuerdo, sin embargo, no mira estas variables sino que intenta pintar de verde las mismas viejas soluciones que nos han traído a la crisis en la que estamos. En efecto, en materia ambiental se fija principalmente en dos cosas: más inversión y más velocidad de inversión. Ambas cosas, con la enceguecida visión del crecimiento del PIB como principal objetivo, y sin mirar impactos, efectos ni otras variables.
- Acelerando la inversión
Las primeras medidas preocupantes, son las que apuntan al “fast track” de los proyectos en su tramitación administrativa, y mientras no es por sí negativo hacer más eficientes los procesos, la manera en que se hace es fundamental. El Acuerdo menciona las recomendaciones del Consejo Nacional de Productividad (CNP) como base para la “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión”. Este documento propone medidas en distintos ámbitos y mientras muchas de ellas parecen positivas y deben explorarse, considerando los problemas endémicos que nuestro modelo de desarrollo demuestra (entre ellos, el bajo crecimiento de la productividad), el análisis debe ser en detalle. Analizamos acá solo dos de las numerosas medidas propuestas, entendiendo que ellas han sido parte central de la discusión para el acuerdo.
El “fast track” o “modernización”, apunta principalmente a modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La necesidad de realizar cambios en este instrumento viene discutiéndose hace años, incluyendo comisiones gubernamentales y ciudadanas, además de un fuerte lobby empresarial. El Gobierno de Sebastián Piñera lo consideró prioritario y presentó dos proyectos de ley para reformarlo, los cuales no encontraron apoyo en el Congreso, por lo que es prácticamente imposible que sean aprobados.
En ese marco, entrando al análisis del contenido de las propuestas del CNP, una de sus recomendaciones (2.5.1)[1] parece especialmente preocupante, ya que propone la distinción de componentes ambientales en la Resolución de Calificación Ambiental, entre relevantes y secundarios, lo que a todas luces es materia de ley y no puede ser ejecutado sin modificaciones a la Ley 19.300. La recomendación desliza la posibilidad de que se haga esta priorización por vía reglamentaria, pero el principio de legalidad protege a los ecosistemas en este ámbito y debemos estar atentos a que no se intenten cambios reglamentarios para evadir este principio.
Una segunda recomendación que nos preocupa es la que propone la creación de un sistema de trazabilidad del proceso de aprobación de proyectos de inversión. Si bien la trazabilidad en sí misma no es un problema, en este punto hay dos elementos complejos relacionados con incentivos que podrían quedar mal puestos. Al solicitarles a los funcionarios del SEA que estimen el plazo necesario para evaluar proyectos, se corre el riesgo de no ser capaces de establecer un promedio que dé cuenta de la diversidad de iniciativas que los funcionarios deben evaluar y este sistema puede incidir en la calidad de la evaluación, cuando sabemos que la demanda de evaluación excede con creces las capacidades operativas del Servicio de Evaluación Ambiental.
La demora en la tramitación de los proyectos se produce sobre todo por la falta de información relevante en los Estudios que presentan los titulares, los que deben ser revisados por el Estado y vueltos a hacer por los titulares. Una medida sencilla, que haría considerablemente más eficiente el sistema y aumentaría la certeza no solo para los titulares sino para todos, es que las consultoras contratadas para hacer estudios y declaraciones fueran pagadas por los titulares, pero contratadas mediante licitación por el Estado. [2]Esto, además, permitiría avanzar rápidamente hacia la construcción de líneas de base públicas, incorporando la recomendación 3.16 de la Comisión de Productividad, de estandarización de información. [3]
Adicionalmente, estas modificaciones se pondrían en manos de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, organismo público de carácter ilégitimo que es una muestra patente de un ánimo de intervención pro empresa en la toma de decisiones de la Administración del Estado.
Esta Oficina ha sido fuertemente resistida desde su creación, a comienzos del actual Gobierno, pues funciona en la práctica como una oficina de lobby pagada con recursos públicos, para facilitar la aprobación de muchos proyectos. El gran logro de esta oficina ha sido generar una erosión considerable del aparato estatal, mermando la escasa confianza que la ciudadanía podía tener en las decisiones ambientales. Su carta de iniciativas incluye ,entre otros, proyectos generadores de conflictos socioambientales tan simbólicos como Dominga y Alto Maipo. Pero quizás la peor característica de esta oficina, es que no tenga absolutamente ninguna variable de sustentabilidad para elegir los proyectos que apoya, haciendo en su nombre un falso uso del concepto que solo contribuye a su deslegitimización.
- La Inversión “verde”
Al igual como sucede con la oficina de proyectos sustentables y su uso inadecuado del concepto, el acuerdo propone algo similar en lo que llama “Inversión con énfasis verde y mitigación de cambio climático”, donde incluye inversión pública ligada «a construcción embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en ERNC.” (sic). Esta iniciativa pareciera tener una inspiración keynesiana en el sentido de propender a la construcción de infraestructura como modo de generación de empleo e inversión, pero su componente verde es prácticamente inexistente.
En primer lugar, se insiste, en relación con la crisis hídrica, en una solución con altísimos impactos ambientales y que no tiene viabilidad técnica ni política, como son las grandes obras de embalses y riego. Dichas obras alteran aún más los degradados ecosistemas en los que se emplazarían y requieren de una serie de actividades que de por sí son generadoras de impactos ambientales y gases de efecto invernadero. La inviabilidad técnica tiene que ver no solo con dichos impactos, sino también con la proyección sobre caudales de agua en la zona central de Chile. [4]
La inviabilidad política es tal, que en una reciente consulta del Gobierno[5], este tipo de iniciativas estuvo muy por debajo de aquellas relacionadas con proteger el medio ambiente y los ecosistemas. Esto, a pesar de que (i) el Gobierno constituyó una mesa asesora del agua con un profundo sesgo hacia la industria, (ii) hizo esta consulta sin estándares mínimos de participación, (iii) la consulta intentaba validar sus propuestas (forzando la selección de varias alternativas) y (iv) grandes movimientos y organizaciones dedicadas al agua, se excluyeron de participar y llamaron a no hacerlo. [6]
La inversión pública que se requiere en esta área, debe ser apuntada a soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en lo relativo a la recuperación de las cuencas y la protección del ciclo hídrico. En la recuperación de ecosistemas hay una posibilidad de generación de empleo y de mejora de las condiciones ambientales, con una visión de futuro e impacto positivo de largo plazo. En el plano urbano, avanzar en la implementación de infraestructura verde significaría también generar empleos, inversión y mejorar las condiciones de vida de las personas. En el caso de Santiago, incluso los estudios al respecto se encuentran avanzados y esperando ejecución.[7]
A modo de conclusión, queremos reiterar nuestro llamado a iniciar una reactivación efectivamente sostenible, tal como se ha planteado por numerosas iniciativas[8]. Para ello debemos poner el norte en la rápida transición a una matriz energética renovable, un plan de inversión decisivo en fomento al transporte público, la renovación y construcción de vivienda sustentable, el fomento a la economía circular y un sistema alimentario sostenible. El impulso a nuestra economía no debe ser a costa de los ecosistemas y debe surgir de un proyecto país de nuevo modelo de desarrollo que cuente con legitimidad democrática y que esté orientado hacia el bienestar de largo plazo y no a un crecimiento del PIB a cambio de la destrucción de los ecosistemas y el sustento de la vida.
