Alianza Humboldt celebra nuevo revés que sepulta aspiraciones de Minera Dominga

  • Corte Suprema descarta vicios formales en rechazo de proyecto Dominga
  • Antecedentes técnicos y científicos revelan la insuficiencia del proyecto

 

Santiago, 26 de septiembre, 2019. Como un gran paso calificaron desde Alianza Humboldt el fallo dado a conocer por la Corte Suprema. Tras meses de espera, el máximo tribunal desestimó los argumentos presentados por Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, que había acusado vicios formales en el rechazo que su iniciativa había sufrido en el Comité de Ministros y la Comisión Regional.

Además, la Corte Suprema acogió los argumentos de los opositores al proyecto, las cuales señalaban que el Primer Tribunal Ambiental no se había pronunciado sobre los aspectos técnicos y científicos que avalaban el por qué Dominga debía mantenerse rechazado.

“La sentencia de la Corte Suprema termina por sepultar el proyecto minero portuario Dominga porque rechaza que el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo hayan incurrido en algún tipo de vicio formal, que es lo que esgrimía Dominga”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, organización miembro de la Alianza Humboldt. “Ahora el Tribunal Ambiental tendrá que ver los temas de fondo, que son la deficiencia en la línea de base y sobre la cual prácticamente todos los científicos relevantes del país han señalado que es insuficiente”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo de ONG FIMA, el abogado Ezio Costa, explicó que el fallo “acoge casi todas las reclamaciones que nosotros hicimos. Se nos da la razón en cuestiones muy relevantes como el hecho de que los terceros pueden interponer recursos de casación, con eso se amplía el acceso a la justicia”. Costa añadió que “este fallo tiene consideraciones muy notables como la falta de cuidado que existió por parte del Tribunal Ambiental en revisar las cuestiones de fondo, habiendo hecho solo un análisis de forma que era evidentemente poco profundo, sin dejar espacio para la verdadera discusión sobre los impactos”.

La sentencia del máximo tribunal señala que “esta Corte ordenará remitir los antecedentes al referido tribunal para que se pronuncie respecto de aquellas materias que fueron omitidas”, agregando que el Primer Tribunal Ambiental “a través de Ministros no inhabilitados, conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento”.

Desde Alianza Humboldt señalaron que se trata de un paso muy importante para intentar preservar el Archipiélago Humboldt, un lugar único en el país. “Llama la atención que nuevamente sea la Corte Suprema la que señale el camino que se debe seguir en materia de protección ambiental”, afirmó Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile. “Ojalá el gobierno comprenda que debe estar más cerca de las personas y el cuidado del patrimonio medio ambiental del país y más lejano de las empresas y la defensa de proyectos que en el momento de emergencia climática que enfrentamos resultan completamente inadmisibles», puntualizó.

Desde la organización Chao Pescao advirtieron que seguirán movilizándose y avanzando “en el impulso de un área marina protegida real con el fin de preservar actividades sustentables como la pesca artesanal y el turismo”, señaló Cristóbal Díaz de Valdés.

El proyecto minero portuario Dominga fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en marzo 2017, por presentar una deficiente línea de base para el medio marino, poner en riesgo las reservas marinas de la zona, y por presentar medidas de mitigación insuficientes, entre otros argumentos. En agosto de ese mismo año, y por las mismas razones, el Comité de Ministros confirmó el rechazo. Posteriormente, Andes Iron reclamó ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia que determinó que el rechazo no cumplió con el proceso administrativo y ordenó que el proyecto se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Ante tal sentencia, organizaciones locales y medio ambientales interpusieron recursos de casación alegando que el fallo del Tribunal Ambiental no se pronunció sobre los aspectos técnicos.

Dominga consideraba la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre en sólo 26,5 años de vida útil. Además, incluía un puerto de embarque que se ubicaría a 10 kilómetros del puerto Cruz Grande de CAP. Ambas industrias, se emplazarían en el centro del Archipiélago de Humboldt, donde se encuentran las reservas marinas Islas Choros y Damas e Isla Chañaral, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que alberga el 80% de la población mundial de esta especie. Asimismo, es zona de reproducción, alimentación y migración de animales como el chungungo, el pato yunco, las ballenas azul y fin, todos en peligro de extinción.

Desde la Higuera, comunidad que se vería amenazada por este proyecto, han celebrado la noticia dada a conocer por la Corte Suprema. Rosa Rojas, presidenta del Movimiento en Defensa del Medioambiente, MODEMA, afirmó que “seguiremos adelante hasta sacar este proyecto de un lugar que es patrimonio de todos los chilenos”.

Recordemos que en la misma zona donde pretendía instalarse el mega puerto de Andes Iron, hace más de 10 años se ha intentado generar un Área Marina Protegida de Múltiples Usos, debido a la riqueza marina de la zona, una de las más importantes de toda la corriente de Humboldt. La propuesta, que fue entregada por Oceana, fue sociabilizada por la comunidad y se mantiene a la espera de ser aprobada por las autoridades medioambientales del país.

Alianza Humboldt está formada además por las organizaciones Oceana, Greenpeace, Sea Shepherd, Parley, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, ONG FIMA, Defensoría Ambiental, Geute, Ecosistemas, Fundación Jane Goodall, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Aula de Mar, Panthalassa, Codesa y C-Verde; junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, la cual está compuesta por Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco, y otras 90 organizaciones regionales.

 

Audiencia histórica: ORGANIZACIONES ALERTAN A LA CIDH DE LOS IMPACTOS DE LA CRISIS CLIMÁTICA EN LOS DERECHOS HUMANOS

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad.

Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.

El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz.

Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis.

Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática.

En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación.

Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas.

Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática.

«Hubo una excelente recepción de las comisionadas sobre el tema que planteamos las organizaciones. El cambio climático afecta tres veces en los derechos humanos de los más vulnerables. Primero cuando se extraen y queman los combustibles fósiles o cuando se deforesta, luego cuando el daño al clima los impacta con eventos extremos, y finalmente cuando las soluciones son mal implementadas. Lo vemos en las zonas de sacrificio, donde tienen que respirar el carbón, soportar luego la sequía y pérdida de recursos marinos y por último que se les quiera instalar proyectos industriales de desalación, por ejemplo» señaló Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, quien expuso en la audiencia.

La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica).

En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a:

  1. Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras.
  2. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual.
  3. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática.
  4.     Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Y a la Comisión le solicitaron:

  1. Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos.
  2. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23.
  3. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio.
  4. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados.
  5. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.

Puedes ver la audiencia en este link: https://www.youtube.com/watch?v=THZYEPeytm0&t=309s

 

ONG FIMA y NAMATI publican Informe sobre Estado del ODS 16 sobre acceso a la Justicia en Chile

En 2015, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), buscando que cada país organice sus prioridades y políticas para avanzar hacia la consecución del desarrollo sostenible. El ODS 16 compromete a los países a: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, encontrándose dentro de este objetivo, la meta 16.3, que insta a los gobiernos a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (énfasis nuestro).

Cada cuatro años cada país debe realizar una revisión e informar sobre los progresos realizados a Naciones Unidas en el Foro Político de Alto Nivel (o HLPF por sus siglas en inglés), y para ello, cada objetivo contempla una serie de indicadores que deben ser medidos por cada país. En julio del presente año, Chile presentó su Informe Nacional Voluntario, actualizando los avances de los indicadores de la agenda 2030, incluyendo al ODS 16.3.

En este contexto, la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) con al apoyo de Namati: Innovations in Legal Empowerment, elaboraron un informe alternativo o diagnóstico, con el fin de: i. Identificar avances, dificultades y desafíos en la implementación del ODS 16.3, con foco en el acceso a justicia ambiental; ii. Difundir estos hallazgos y realizar recomendaciones para que Chile impulse medidas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile.

Este esfuerzo se enmarca también, en el proceso de firma del Acuerdo Regional de Escazú, adoptado en nuestra región en 2018, el cual obliga a los Estados a establecer políticas y tomar medidas legislativas en orden a permitir el desarrollo pleno de los derechos de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones públicas y a la justicia en asuntos ambientales. En este último aspecto, dispone en su artículo 8 numeral cuarto, que las partes deben “reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia”.

Para ello, en primer lugar, el informe realiza una revisión de la información contenida en diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales, correspondientes a índices de medición, estudios o informes de centros de investigación, como datos o cuentas públicas de organismos públicos de Chile. Además, se ha utilizado también una estrategia metodológica participativa para conocer las impresiones y percepciones de actores clave en esta materia. Dicha información se organizó en torno a los siguientes temas: i. Órganos competentes e independientes; ii. Acciones o recursos oportunos y efectivos para reclamar; iii. Legitimación activa amplia para la defensa del medio ambiente; iv. Asequibilidad de los procedimientos y acceso a la asistencia legal; v. Reparaciones efectivas y oportunas vi. Ejecución y cumplimiento de las decisiones; vii. Transparencia; y viii. Situación de defensores de derechos humanos y medio ambiente.

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