Un estudio comparado de marcos regulatorios en Australia, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos y las Islas Marshall identifica las condiciones legales e institucionales que permiten usar datos satelitales como prueba válida contra la pesca ilegal, y traza una hoja de ruta para que América Latina pueda hacer lo mismo.
De acuerdo a Naciones Unidas, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares a nivel mundial, y es considerada el tercer negocio ilícito más lucrativo del planeta. En América Latina, su impacto va más allá de lo económico: destruye ecosistemas marinos, amenaza la soberanía alimentaria de comunidades costeras y se asocia a delitos graves como la trata de personas y el trabajo forzado.
Pese a ello, los marcos normativos de la región presentan vacíos importantes para sancionarla de manera efectiva, en especial cuando se trata de flotas extranjeras que operan en zonas de difícil patrullaje. Casos recientes en Chile, Perú y Argentina han documentado cómo estas flotas operan de manera sistemática en los límites de las zonas económicas exclusivas, aprovechando las dificultades de patrullaje en alta mar para evadir la fiscalización.
Para abordar ese desafío, el proyecto Legal Ocean Watch (LOW) —liderado por ONG FIMA de Chile y que reúne a organizaciones de la sociedad civil de México, Panamá y Perú— presentó el informe “Prácticas vanguardistas (líderes) en la recolección y uso de datos digitales en la gobernanza pesquera” (Leading Practices in the Collection and Use of E-Data in Fisheries Governance, en su nombre original en inglés). Se trata de un estudio comparado elaborado por expertos académicos de diferentes nacionalidades que examina los sistemas regulatorios de Australia, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos y la República de las Islas Marshall, y extrae lecciones concretas para las prácticas efectivas y eficientes de regulación pesquera.
Datos desde el espacio como evidencia jurídica: qué dice el informe
La principal conclusión del informe es que los datos electrónicos ya funcionan como medio de prueba válido en varios países, sin necesidad de legislación específica para cada tecnología. Lo que sí resulta indispensable es que los datos puedan demostrar su origen y que no han sido alterados, de modo que sean aceptados como prueba válida ante un tribunal. Además, el estudio concluye que estos sistemas son una alternativa costo-eficiente frente a los patrullajes físicos tradicionales, en contextos de capacidad estatal limitada, como los de gran parte de América Latina.
El informe identifica cinco recomendaciones para la implementación de estas prácticas: analizar comprensivamente las capacidades y necesidades locales; combinar múltiples tecnologías de rastreo y monitoreo; coordinar entre las instituciones del Estado; e implementar procesos de verificación y cadena de custodia de datos claros.
Al respecto, Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para América Latina del proyecto Legal Ocean Watch, advirtió que “los desafíos para la región están en dos áreas: la primera es en la coordinación regional entre las regulaciones estatales, y la segunda, en relación a la participación de las personas, entregar más transparencia y acceso a la información al público para que puedan apoyar la gestión fiscalizadora”.
Desde Panamá, Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y parte del proyecto LOW, destacó que el informe identificó una oportunidad concreta para el país. Si bien la Ley de Pesca de 2021 panameña establece el uso obligatorio de monitoreo satelital, su reglamento priorizó solo cierto tipo de embarcaciones, dejando fuera a cientos de barcos. Sin embargo, una interpretación adecuada de la normativa vigente podría cambiar eso. “400 embarcaciones palangreras de pequeña escala podrían sumarse al sistema de monitoreo satelital sin ningún cambio normativo adicional, fortaleciendo la fiscalización del uso sostenible de los recursos pesqueros”.
Un precedente regional
Junto a la elaboración de este informe, el proyecto LOW además impulsó resultados concretos en materia de persecución de la pesca ilegal. En Chile, ONG FIMA presentó en marzo de 2026 la primera denuncia judicial sustentada íntegramente en evidencia satelital ante el Juzgado Civil de Iquique contra una empresa extranjera por presunta pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva, en un escenario donde el 96% de los casos de pesca ilegal queda sin sanción.
“El caso chileno demostró que hoy es posible ver y denunciar actividades ilegales en el mar que antes no estaban a la vista, sin necesidad de patrullarlo directamente. Eso cambia todo: tanto los Estados como las personas comunes y corrientes pueden convertirse en defensores de la soberanía nacional sobre los recursos pesqueros y del ecosistema marino. Este informe recoge importantes recomendaciones que permitirían que esta evidencia pueda usarse de manera efectiva en procesos en toda la región”, explicó Berríos.
Ábrego coincidió en que la tecnología satelital abre una oportunidad que no puede desaprovecharse, especialmente en países con pocos recursos pero grandes extensiones de mar que fiscalizar: “Ante la carencia de recursos suficientes para la gestión pesquera, un país como Panamá tiene una gran oportunidad en la tecnología satelital. El mayor potencial de la sociedad civil es ser un consumidor informado y exigir la adecuada implementación de estos sistemas”.
Es precisamente esa discusión la que convocó en Ciudad de Panamá a organizaciones civiles, agencias públicas y expertos internacionales como SkyTruth, Global Fishing Watch y la Red Internacional de Monitoreo y Control (IMCS), con el objetivo de nutrir el debate sobre política pública en torno a la gobernanza oceánica y la presentación de los resultados del proyecto en los cuatro países participantes.
Sobre Legal Ocean Watch
Legal Ocean Watch es un proyecto regional liderado por ONG FIMA (Chile) con la participación de Defensa Ambiental del Noroeste (DAN de México), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM de Panamá) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR de Perú). La iniciativa busca fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil para utilizar datos satelitales, como el sistema AIS, el VMS e imágenes de la NASA, en estrategias legales y administrativas contra la pesca ilegal. A largo plazo, el proyecto apunta a fortalecer la capacidad de gobernar el océano a través de la regulación y aplicación efectiva de las leyes en el mar, contribuyendo a la protección de los océanos y de las comunidades costeras.
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