Licenciado en Derecho, Universidad de Chile, Master en Derecho, Universidad de Leiden (Países Bajos), Master of Arts, Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), Curso de Derecho Internacional Público y Privado, Academia de Derecho Internacional de La Haya. Sus áreas de especialización son Derecho Internacional, y en especial la región Asia-Pacífico, Derecho Internacional del Medio Ambiente y Teoría del Derecho Ambiental y Bioderecho. Además es especialista en negociación y solución de conflictos internacionales y ambientales.
Seguir leyendoEconomía Verde: ¿El vehículo idóneo para alcanzar el ansiado desarrollo sostenible?
«La idea de una economía verde es una propuesta a nivel global y con medidas concretas, de modo que de forma integrada se podría lograr el nuevo modelo».
Por: Marta Aguilera Sánchez*
La denominada economía verde aporta un nuevo enfoque económico con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible. Se trata de un concepto propuesto originariamente en 1989 por los economistas Pearce, Markandya y Barbier, y recuperado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Así, el PNUMA adoptó esta idea en 2008 en el documento Green Economy Initiative, como una respuesta ante la crisis económica global, y en 2009 en el informe Green New Deal. Este organismo, entiende por economía verde el “sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”[1]. Esto se traduce a un sistema económico sostenible, logrando la equidad intergeneracional.
Así, los objetivos de estos dos instrumentos son fomentar la inversión en sectores que produzcan productos y servicios amigables con el ambiente (“inversiones verdes”), al mismo tiempo que conseguir que dichas inversiones reviertan en los sectores con menos recursos. Se propone que tanto el sector privado como el sector público apuesten por los sectores y empleos verdes.
Específicamente, el PNUMA propone inversiones dirigidas en 10 sectores claves (entre ellos energía, agricultura, desarrollo urbano, agua, silvicultura, pesca, protección de los ecosistemas), que llevarían rápida y efectivamente a un desarrollo más verde y orientado a la reducción de la pobreza, fundamentando la propuesta con datos y cálculos modelo concretos.
Además, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Conferencia de Río+20) celebrada en junio de 2012, una de las líneas de debate fue la economía verde, en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En el acuerdo adoptado, “El futuro que queremos”[2], se estableció que este tipo de economía, constituye uno de los instrumentos relevantes disponibles para alcanzar el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en la formulación de políticas. También se determinó que debía “contribuir a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico sostenido, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra”. De este modo, se instó a que los Estados, organismos públicos y empresas privadas adoptaran políticas de economía verde como medio para lograr alcanzar el desarrollo sostenible.
Cabe alabar esta iniciativa, en tanto que propone un medio concreto para lograr el famoso desarrollo sostenible. Podría ser el vehículo idóneo y adecuado para poder llegar a un sistema en el que el actual sistema de vida y el consumo de recursos no comprometan las necesidades de las generaciones futuras. Desde el Informe Brundtland de 1987, en el que se plasmó por primera vez esta idea, se han desarrollado numerosas concepciones y reflexiones acerca de la imperiosa necesidad de adoptar medidas para lograr dicho modelo de desarrollo.
Sin embargo, las medidas propuestas siempre han sido teóricas, genéricas y a pequeña escala. La idea de una economía verde es una propuesta a nivel global y con medidas concretas, de modo que de forma integrada se podría lograr el nuevo modelo.
No obstante, la principal crítica al respecto es que se trata de un modelo de sistema económico que no propone ningún cambio en nuestro modelo de desarrollo. Sigue siendo un sistema basado en el crecimiento económico, en la producción y en el consumo masivo de bienes y servicios.
Parece ser que no tiene en consideración el hecho de que el planeta tiene unos recursos finitos y no ilimitados, sino todo lo contrario: se plantea el crecimiento económico como la solución perfecta para lograr el bienestar y el desarrollo sostenible. Por ello, cabe plantearse si es realmente factible que este modelo consiga resultados satisfactorios a nivel ambiental, sin que se produzca ningún cambio en nuestro modelo de pensamiento o de mentalidad que conlleve a un cambio en nuestro modelo de producción y consumo.
Además, en relación a su objetivo de
En definitiva, esta podría ser una óptima iniciativa si fuera acompañada de un cambio real en nuestro modo de desarrollo actual: si modificáramos nuestro ritmo de consumo de recursos naturales y nuestros hábitos. De otro modo, este concepto simplemente reduciría la velocidad con la que nos acercamos al límite de los recursos del planeta, pero no se aporta una solución para que el final sea distinto.
[1] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), Elementos de carácter general que pueden ser utilizados por los Ministros y Jefes de Delegación para el Intercambio sobre Economía Verde (UNEP/LAC-IG.XVII/4). Ciudad de Panamá, 29 y 30 de abril de 2010.
[2] Resolución aprobada por la Asamblea General [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/66/L.56)] 66/288. El futuro que queremos (A/RES/66/288).
*Abogada, Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Derecho Ambiental, Universidad Rovira i Virgili. Pasante en FIMA.
]]>Amanda Cozzi Bas
Macarena Martinic Cristensen
Convenio con Clínica de Derecho Ambiental UDP
En su afán por establecer redes de trabajo en favor del Medio Ambiente, FIMA y el Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, han llegado a un acuerdo que permitirá a ambas instituciones asesorarse mutuamente, y así sacar el máximo provecho a los recién estrenados Tribunales Ambientales.
El convenio acordado por Ezio Costa, Director Ejecutivo de FIMA y Dominique Hervé, Directora de
Este acuerdo se une a otros que nuestra Corporación ha estado desarrollando y que también están orientados a aprovechar todas las instancias que nuestra institucionalidad ambiental dispone para la defensa de nuestro ecosistema y el de las comunidades que ven vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así mismo, este convenio se suma al que FIMA y la Universidad Alberto Hurtado han venido desarrollando desde 2012, enfocado en cuestiones académicas de derecho ambiental.
De esta forma, FIMA reafirma su compromiso en la creación y participación de redes de colaboración que permitan un trabajo profundo, consistente y propositivo en el desarrollo sustentable de nuestro país.
]]>Exitoso Seminario “Derecho a la Información y la Participación en las decisiones con impactos ambientales”
La actividad organizada por FIMA junto a junto al Departamento de Derecho Público de la Facultad y la fundación Inicitaiva de Acceso, se desarrolló el pasado lunes 22 julio.
22 de julio: Seminario "Derecho a la Información y la Participación en las decisiones con impactos ambientales: una oportunidad política para América Latina y el Caribe"
«DERECHO A LA INFORMACION Y LA PARTICIPACION EN LAS DECISIONES CON IMPACTOS AMBIENTALES: UNA OPORTUNIDAD POLITICA PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE”
Este seminario tiene por objetivo dar a conocer un proceso que se inició hace un año donde 14 países de ALC, entre ellos Chile, realizaron un compromiso político para la creación de un instrumento regional que mejore el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia.
La falta de marcos normativos, procedimientos y buenas prácticas en la materia tienen relación, entre otros aspectos, con la existencia de múltiples conflictos socio-ambientales en Chile y en los demás países.
Aprovecha esta oportunidad para conocer los compromisos del Gobierno de Chile,
PROGRAMA
10:00 – 10:15 Bienvenida y explicación de los objetivos de la agenda. Raúl Letelier, Director del Departamento de Derecho Público, Universidad Alberto Hurtado. 10:15 – 10:50 “Proceso en ALC para la creación de un instrumento para los derechos de acceso” Exponen: Sra. Constance Nalegach, Ministerio de Medio Ambiente. Sra. Andrea Sanhueza, La Iniciativa de Acceso. 10:50 – 11:10 Preguntas. 11:10 – 11:30 Café. 11:30 – 11:50 “Estado del ejercicio de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe” Expone: Sra. Valeria Torres, División Desarrollo Sostenible, CEPAL. Secretaría Técnica del proceso regional para el P10. 11:50 – 12:10 “Influencias internacionales y la Transparencia en Chile” Expone: Pablo Contreras, Investigador Asociado, Universidad Alberto Hurtado. 12:10 – 12:30 Preguntas 12:30 – 12:50 CierreEzio Costa, Director Ejecutivo Corporación FIMA
]]>Boletín FIMA Nº 15
Como todos los meses, ya está disponible el número 15 de nuestro Boletín FIMA
Destacamos en esta edición la columna de opinión de
Boletín FIMA 15
]]>Evalúan creación de organismo que asesore a comunidades ante proyectos que afecten el medio ambiente
La iniciativa está siendo discutida por el Consejo de la Sociedad civil del Servicio de Evaluación Ambiental, y buscaría la implementación de un organismo o instancia que pueda asesorar técnica y legalmente a las comunidades que serán afectadas por proyectos presentados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), y que no cuentan con recursos para hacer valer efectivamente sus derechos.
La propuesta, impulsada por FIMA, parte de la idea de que el SEIA no recoge adecuadamente la posible contradicción de intereses entre las comunidades y los titulares de proyectos, donde el Estado actúa solo como mediador, dejando a las comunidades de escasos recursos prácticamente en la indefensión.
La idea de la instancia es que pueda, al menos, leer e interpretar adecuadamente los complejos estudios de impacto ambiental y con esa información pueda apoyar a quienes recibirán los impactos de la intervención que se realizará al medio ambiente.
Para la próxima sesión del consejo de la sociedad civil del SEIA, FIMA se ha comprometido a entregar a los consejeros un informe con las opciones para dar cuerpo a esta iniciativa.
Se invita a quienes quieran aportar en este proceso, a enviar sus propuestas a fima@fima.cl
]]>Abogados de FIMA realizan talleres de capacitación en educación ambiental y empoderamiento a vecinos del Valle de LLuta
El objetivo, es asegurar que la comunidad del Río Lluta esté lo suficientemente preparada para monitorear y fiscalizar el progreso de la Evaluación Ambiental del «Proyecto Magneso Los Pumas»
Los cursos realizados durante junio y Julio, se imparten para empoderar a la ciudadanía frente al Proyecto Magneso Los Pumas de la empresa minera Hemisferio Sur, que busca realizar la explotación de magneso en la zona.
La Junta de Vigilancia del Río Lluta, ha identificado una serie de irregularidades respecto del proyecto minero “Manganeso Los Pumas”, el cual fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por la Empresa Minera Hemisferio Sur S.C.M, en agosto del 2011. La contaminación se produce, debido a que con la explotación y traslado del mineral, produce que el manganeso se deposite gradualmente en el suelo y en especial en los ecosistemas y biodiversidad que serán intervenidos dentro y fuera del Parque Nacional Lauca.
Estas irregularidades
Para apoyar a esta comunidad, la Fiscalía del Medio Ambiente ha decidido impartir talleres de capacitación sobre temas como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el procedimiento de participación ciudadana, los alcances ambientales del proyecto minero “Manganeso Los Pumas“, el Convenio 169 y los derechos que éste establece para los pueblos originarios. El objetivo, es asegurar que la comunidad del Río Lluta esté lo suficientemente preparada para monitorear y fiscalizar el progreso de la Evaluación Ambiental del Proyecto y, en caso de su aprobación por parte de la autoridad ambiental, la defensa de sus derechos por medio de la utilización de los instrumentos legales pertinentes, el monitoreo y fiscalización de la construcción del proyecto, asegurándose de que todos las medidas de mitigación y compensación comprometidas se apliquen correctamente.
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