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30 julio 2020 – Declaración frente a los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental
El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.
Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios.
Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, es su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad.
En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental1 para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto.
Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad, al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos frente a un gobierno que ha destinado fondos públicos para facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sostenible y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe.
1 https://interferencia.cl/sites/default/files/31_enero_2020_convenio_economia_sea.pdf
Firman
1. Agrupación Aisén Reserva de Vida
2. AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
3. Antuko Resiste, Movimiento Socioambiental Antuco
4. Alerta Isla Riesco
5. Asamblea Ciudadana Última Esperanza
6. Asociación gremial de hostales y afines Natales
7. Axe Tim Baue
8. Bestias del Sur Salvaje
9. Caminantes de la Niebla
10. Catemu en Movimiento
11. Centro Cultural Arrayán
12. Centro Ecológico Cultural de Longavi
13. Centro Ecosocial Latinoamericano
14. Centro ProSus
15. ChaoPescao
16. Chile Sustentable
17. Ciudadanos y Clima
18. CODEFF
19. Comisión Justicia y Paz del Vicariato Apostólico de Aysén
20. Comité Ambiental Algarrobo
21. Comité Unión Diguillín
22. Comisión de Sustentabilidad y Medioambiente del PPD
23. Comunidades de Lo Barnechea-Colina
24. Consejo de Defensa de Los Queñes
25. Coordinadora Cerro Vida y Resistencia
26. Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
27. Corporación de Defensa del Río Mapocho
28. Corporación El Canelo
29. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
30. Corporación Vecinos Camino a Farellones
31. Corporacion de Protección y Desarrollo de Camino a Farellones
32. Cverde
33. Defendamos la Ciudad
34. Defensoría Ambiental
35. Ecosistemas
36. Ética en los Bosques
37. Fundación Derecho y Defensa Animal
38. Fundación Glaciares Chilenos
39. Fundación Mar y Ciencia
40. Fundación Multitudes
41. Fundación Plantae
42. Fundación Relaves
43. Fundación Tantí
44. Fundación Terram
45. Greenpeace Chile
46. Junta de Vecinos Las Varas de Camino a Farellones
47. Llay Llay Nativo
48. Malen Leubü
49. MODATIMA Colina
50. Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble
51. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
52. Ocoa Nativa
53. ONG Aula de Mar
54. ONG Cárcava
55. ONG CEUS Chile
56. ONG Defensa Ambiental
57. ONG ECOMAR
58. ONG FIMA
59. ONG Ríos To Rivers
60. ONG Vigilante Costero
61. ONG Vinculación Territorial
62. Papudo Nativo
63. Patagonia Limpia
64. Puchuncaví Nativo
65. Real Chile
66. Red por Los Ríos Libres
67. SCAC Magallanes
68. Somos Biobío, agrupación medioambiental de Santa Bárbara
69. Territorios Colectivos
70. Wilson Reyes, Consejero Nacional Indígena
