El derecho fundamental a un medio ambiente sano sólo será posible en la medida en que se garanticen derechos procedimentales como son el acceso a la información, la participación y la justicia, pilares para un gobierno abierto, la democracia ambiental y el desarrollo sostenible. Hoy, con el paso dado por México, América Latina y el Caribe se encuentra un paso más cerca de materializar las garantías para concretar estos derechos con la pronta entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, a dos años de su adopción.
El pasado 5 de noviembre de 2020 el Senado mexicano aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que da vía a la ratificación de este tratado, convirtiéndose en el país número once y cumpliéndose, con ello, el requisito de países ratificantes para su entrada en vigor. Para América Latina y el Caribe es un hito histórico, pues este es el primer tratado regional en asuntos ambientales que además incluye disposiciones sobre la urgencia de proteger a las y los defensores ambientales. Además, es un acuerdo que incluye herramientas para catalizar una acción climática con un enfoque de derechos, inclusiva y ambiciosa en la región.
El Acuerdo de Escazú, es el resultado de un largo proceso de negociación e intercambio sobre el principio 10 de la Declaración de Río. Escazú busca avanzar hacia la plena implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos y decisiones ambientales, poniendo énfasis en la perspectiva de género y las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Estos derechos serán fundamentales para la adecuada implementación de los compromisos asumidos por los países de la región en materia de cambio climático y biodiversidad, a nivel nacional como global.
En este contexto, es importante recordar que el Acuerdo de París compromete a los Estados a promover y contar con marcos de transparencia y participación pública adecuados para la implementación de sus compromisos climáticos. Por esto, asegurar el respeto de los derechos humanos y la efectiva implementación de los derechos de acceso, como un marco de garantías básico para la toma de decisiones, debe ser parte fundamental de la acción climática.
El año 2020 se caracteriza por la obligación de los países de presentar nuevas o actualizadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), cuyos procesos de implementación se verán sin duda beneficiados con la entrada en vigencia de Escazú.
Las organizaciones que formamos parte de CANLA felicitamos a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, que ya son parte de este importante Acuerdo. Instamos a los países faltantes a su adhesión, para continuar avanzando de manera colectiva en la implementación efectiva de los derechos de acceso, una acción climática inclusiva y centrada en los derechos humanos.
