Si bien aún no existe certeza y precisión sobre las consencuencias que conlleva la modificación genética en organismos, si hay evidencia sobre los diversos riesgos negativos que causan los transgénicos en los ecosistemas

El día de ayer venció el plazo para hacer observaciones al proyecto de resolución del SAG respecto a la regulación de importaciones, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado, y desde el equipo de estudios de ONG Fima realizamos algunas observaciones respecto a derechos involucrados y al impacto negativo que tendría los ecosistemas del país. 

En las observaciones al proyecto del SAG, se señaló que bajo un Estado de Excepción y en plena crisis sanitaria “resultaría contraproducente levantar un proceso de participación ciudadana, ya que iría en contra del espíritu de este derecho”, aseveran.

Otro de los puntos criticados refiere a la no mención de las obligaciones establecidas en la “Ley de Bases del Medioambiente”, que señala que los proyectos que contemplen almacenamiento y acondicionamiento de transgénicos para uso futuro, deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)

Además, se advirtieron los impactos ecológicos negativos que podría traer aparejado el cultivo con semillas transgénicas en la biodiversidad y en los cultivos de nuestro país. Entre ellos, se desprende la contaminación genética hacia organismos sexualmente compatibles y el riesgo de que los organismos modificados se transformen en especies invasoras en los ecosistemas.

Finalmente, se recomendó que, ante la incertidumbre científica sobre los efectos negativos que podría producir la actividad de la liberación confinada al medio ambiente de organismos genéticamente modificados, debe restringirse el ejercicio de estas actividades potencialmente dañinas y no generar normativa más permisiva como el proyecto de resolución mencionado.

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